Denuncian filtración de sentencia en caso Crucitas, Costa Rica

Denuncian corrupción de minera Infinito Gold en ámbito internacional
Divulgan ataque de minera canadiense a institucionalidad en Costa Rica.

Elpais.cr

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22 de noviembre 2011

San José - Investigar y divulgar en Canadá el ataque a la institucionalidad de Costa Rica, por parte de una transnacional minera, fue solicitado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), capítulo de la Región Mesoamericana.

La ANEP dio cuenta que se encuentra involucrada  la empresa minera canadiense Infinito Gold Ltda., cuya subsidiaria en Costa Rica es Industrias Infinito S.A., accionante  en un proceso Contencioso Administrativo ante la Sala Primera de la de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país.

En nota al representante mesoamericano de ISP, Oscar Rodríguez León, solicitan estudiar la posibilidad de hacer de público conocimiento en Canadá y en los demás países de la región, el ataque a la institucionalidad de Costa Rica, por medio de la filtración de un borrador de sentencia de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia.

La ANEP da cuenta a la ISP sobre información ventilada ante la prensa desde hace 10 días, y según denuncias del ex vocero de Industrias Infinito S. A., periodista y abogado, William Méndez Garita, un borrador de "la sentencia que definiría con calidad de cosa juzgada el futuro de la empresa en Costa Rica fue sustraído del despacho  y entregado a los representantes legales de Industrias Infinito S. A., así como a dos de sus funcionarios canadienses".

"El señor Moisés Fachler, Magistrado Suplente de la indicada sala judicial, figura como  sospechoso ante el Ministerio Público por  la entrega del borrador de sentencia,   lo que agrega mayor consternación en nuestro país y a las varias organizaciones sociales que estamos repudiando públicamente este grave acto que trasciende la lucha contra este proyecto minero, la lucha ecologista  y directamente atenta  contra la independencia del Poder Judicial y de los jueces costarricenses y demás institucionalidad pública  de nuestro país", precisa la nota.

Por ello, la ANEP hace a Rodríguez "un vehemente llamado para que, por su intermedio, las organizaciones sindicales y sociales de Canadá, exijan al Gobierno canadiense la más completa investigación de las presuntas actuaciones  ilícitas de la empresa Infinito Gold Ltda., con sede  en Calgary, Alberta;  y su  subsidiaria con sede en Costa Rica, Industrias Infinito S.A., para llegar hasta las últimas consecuencias de estos actos bochornosos que han socavado la independencia del Poder Judicial  y la soberanía de nuestro país".

"Considerando la pertenencia de la ANEP a la ISP, nos sentimos legitimados para formular la anterior solicitud; valorando el amplio espacio de incidencia de vuestra organización ya no solamente en la propia Canadá, sino en todo el continente americano y más allá de éste", resalta la organización.

Como documentación que demuestra la indignación y la vergüenza nacional sobre el caso, la ANEP envía informaciones divulgadas por diversos medios de comunicación, que incluye el editorial de ese medio, divulgado este lunes y visible en: La trama Crucitas y la pobreza democrática.

Abogados de minera Crucitas sacan provecho a su propio dolo
Diputado Villalta solicita a Sala IV no ser cómplice de red delictiva.

Elpais.cr

17 de noviembre 2011

San José - Que la Sala Constitucional de Costa Rica no sea cómplice de la agresión a la institucionalidad, por el robo y filtración de un borrador de fallo de la Sala Primera en el caso Crucitas, solicita el legislador del Partido Frente Amplio, José María Villalta.

En declaraciones a este medio, Villalta dijo que hace el llamado como ciudadano para defender la institucionalidad del país, que hoy está amenazada por acciones delictivas para permitir una actividad contaminante como la minería de oro a cielo abierto.

En la Región Huetar Norte de Costa Rica, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua, la transnacional canadiense Infinito Gold pretende construir en Las Crucitas una mina de oro a cielo abierto.

"La credibilidad y la independencia del Poder Judicial ya ha sido seriamente mancillada por las actuaciones indebidas del un magistrado suplente y de los personeros de Industrias Infinito. Como ciudadano costarricense les ruego: no sean cómplices de esta agresión a la institucionalidad del país", expresó.

Villalta recordó que la prensa ha informado ampliamente sobre la filtración de un borrador de resolución que se trabajaba a lo interno de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, como acto preparatorio para resolver los recursos de casación presentados contra la sentencia que declaró ilegal el proyecto minero Crucitas.

"Este acto delictivo habría sido cometido por un magistrado suplente de la Sala Primera, en reunión realizada con personeros de la empresa minera Industrias Infinito y sus abogados, según declaró un testigo presencial de dicha reunión ante el Ministerio Público", añadió.

En dicha reunión habría participado también Juan Carlos Hernández Jiménez, representante de Industrias Infinito y el abogado Rubén Hernández, apoderado especial de la citada empresa minera.

Acto seguido, el 11 de noviembre de 2011, Juan Carlos Hernández -actuando en representación de Industrias Infinito- interpuso una acción de inconstitucionalidad que se tramita en la Sala Constitucional bajo el expediente Nº 11-14462-007-CO.

"Esa acción precisamente va dirigida contra la jurisprudencia de la Sala Primera sobre los alcances de las sentencias de la Sala IV, respecto a asuntos sometidos a conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa y la competencia de esta última para conocer juicios de legalidad sobre asuntos que previamente han sido conocidos por la jurisdicción constitucional", denunció.

Villalta sostiene que de forma clara, dicha acción pretende impedir que la Sala Primera emita una sentencia firme sobre el caso Crucitas, atacando la jurisprudencia que dicho Tribunal podría utilizar para resolver.

"Es evidente que la presentación de esta acción es una consecuencia directa de la filtración del borrador. A través de este acto, Industrias Infinito obtuvo una ventaja indebida que pretende utilizar dolosamente en su propio beneficio", advirtió el legislador.

Para Villalta, mediante la obtención ilegal del borrador de sentencia los abogados de la trasnacional minera tuvieron conocimiento de los argumentos que estaban valorando las y los magistrados de la Sala Primera para resolver el caso.

"Esta actuación delictiva les permitió conocer elementos esenciales de la posible decisión final de dicho Tribunal, para utilizarlos en su propio beneficio", reiteró.

Indicó que "valiéndose de esta información confidencial pretenden entorpecer el dictado de una resolución final por parte de la Sala Primera, haciendo un uso abusivo y fraudulento de la jurisdicción constitucional".

Minera

"Industrias Infinito participó activamente de la ilegal filtración del borrador de la sentencia de la Sala Primera. Sus personeros concertaron la reunión con el magistrado suplente implicado. Recibieron los borradores sin objetar esta actuación contraria a la ética, la legalidad y la independencia del Poder Judicial. En ningún momento denunciaron la filtración del borrador. Por el contrario, intentan utilizarla en su beneficio para cuestionar la imparcialidad de las y los magistrados de la Sala Primera e impedir el dictado de una sentencia firme en este caso", explicó Villalta.

Por ello, dijo que, "en este sentido, la presentación de la acción de inconstitucionalidad en cuestión forma parte de un fraude procesal iniciado con la filtración del borrador de la sentencia. Esta acción es una consecuencia directa de ese hecho delictivo. A través de ella la empresa obtuvo una ventaja procesal indebida respecto a las otras partes del litigio y ahora pretende explotarla sacando provecho de su propio dolo para impedir que la Sala Primera dicte con independencia una sentencia firme".

"Para estos fines ilícitos también pretende utilizar a la Sala Constitucional", sostiene Villalta.

El legislador manifestó que "ante la gravedad de los hechos descritos", solicita públicamente de la manera más respetuosa "no permitir que los utilicen para consumar semejante fraude con la justicia costarricense".

"Por favor, no vuelvan a ver para otro lado. Valoren estos hechos a la hora de resolver sobre este caso", dijo Villalta al hacer la petición a los magistrados.

Finalmente, advirtió que "la credibilidad y la independencia del Poder Judicial ya ha sido seriamente mancillada por las actuaciones indebidas de un magistrado suplente y de los personeros de Industrias Infinito".

"Como ciudadano costarricense les ruego: no sean cómplices de esta agresión a la institucionalidad del país", exclamó.

Filibusteros

Para Villalta lo sucedido en este caso "es un golpe de Estado al Poder Judicial, porque la sustracción del borrador ha sido utilizada con la intención de callar, de sacar del ruedo o a la Sala Primera y al Tribunal Contencioso ante la sola posibilidad de que puedan confirmar la sentencia del Caso Crucitas".

"Es una maniobra en la que está implicada la empresa transnacional directamente, que recibió y manipulo los borradores, que los está usando para su propio beneficio y la industria Infinito corrió a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de la Sala Primera, que la Sala iba a usar para resolver el caso", continuó el legislador.

"Eso no lo podrían haber hecho sino tuvieran los borradores y lamentablemente están implicando a la Sala Constitucional, porque si la Sala Constitucional admite esa acción presentada por industrias Infinito sería cómplice de este fraude procesal, aquí hay un acto donde se quiere usar un hecho delictivo como es el robo de un borrador de una sentencia para usarlo en beneficio de una de las partes del caso Crucitas e impedir que se pronuncien los Tribunales de Justicia", ahondó Villalta.

Según el diputado, "Infinito lo que pretende es poner en entredicho la independencia de los magistrados de la Sala Primera, para poderlos recusar o bien lo que buscan es retrasar, entorpecer el proceso, que no puedan emitir el fallo para tener tiempo de acudir a un arbitraje internacional o bien que la Sala Constitucional les vuelva a hacer el favor".

Villalta fue enfático al asegurar que "esto es como cuando cae un capo mafioso, después todas las redes mafiosas mueven sus influencias para evitar que el capo vaya a la cárcel, aquí lo que estamos es ante actos de delincuencia para impedir que se juzgue con las reglas de la justicia con las que se procesa al resto de ciudadanos a políticos poderosos que cometieron actos de corrupción y violaron la Ley en el caso Crucitas".

"Eso lo dicen los propios jueces que elevan el caso al ministerio público, bueno con esa sentencia del Tribunal Contencioso ocurrió algo casi milagroso, por una vez los Arias fueron mandados al banquillo de los acusados por violar la Ley, en conducta que podría constituir delito, bueno apenas sucede eso se mueve toda la maquinaria de esas redes mafiosas para impedir a toda costa que se confirme una resolución que cuestiona a los hermanos Arias por violar la Ley ambiental de Costa Rica", aseguró Villalta Florez-Estrada.

Por último, el legislador hizo ver que "Si el gobierno de Costa Rica fuera firme y honesto, expulsaría a estos delincuentes de Costa Rica, por violentar las instituciones de este país, por violentar la soberanía, esa es una empresa filibustera, una empresa que intenta a toda costa obtener un beneficio sin importarle si tiene que pisotear, dañar, violar, las instituciones de este país, lo que pasa es que al gobierno le falta firmeza, ojala estuviera aquí Rodrigo Carazo, o un presidente que tuviera dignidad porque hace rato habrían sido deportados esos delincuentes de este país".

Fachler es el primer imputado por filtración de sentencia
Moisés Fachler Grunspan pasó de magistrado suplente a ser imputado por la fuga del borrador de la sentencia del caso de la mina Crucitas, que ve la Sala Primera.

Luis Miguel Herrera C.

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17 de noviembre 2011

Ayer la Fiscalía General indagó al exmagistrado suplente, que ahora figura como el primer imputado en la causa penal que se sigue desde la semana anterior.

Incumplimiento de deberes y revelación de secreto, establecidos en los artículos 332 y 339 del Código Penal, son los delitos que se le imputan a Fachler.

Según la Fiscalía, la línea de la investigación se dirige a determinar quién es la persona o personas responsables de haber filtrado el proyecto de sentencia.

El ahora imputado no brindó declaraciones a La Nación, pese a que este medio llamó en reiteradas ocasiones para conversar con él.

Además, se intentó localizarlo en su casa de habitación, en Escazú; no obstante, allí nos remitieron a su oficina, en el paseo Colón, San José, donde tampoco nos atendió.

En declaraciones hechas por Fachler a Noticias Repretel, dijo que él se reunió con la esposa de Juan Carlos Obando, gerente de Industrias Infinito, firma minera, para ver el caso que lo tiene en la cárcel desde setiembre.

“La señora, en los días que no soy magistrado, me llamó para que revisara el expediente; ella me dio los datos y luego me fui”, dijo.

Gerente de minera cumple pena en cárcel
El gerente de Relaciones Corporativas de Industrias Infinito, Juan Carlos Obando Umaña, se encuentra en prisión desde el viernes 2 de setiembre.

Irene Vizcaíno

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16 de noviembre 2011

El suyo era uno de los rostros más conocidos en relación con el desarrollo y defensa del proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos, Alajuela.

Obando descuenta una pena de un año de prisión que le impuso el Tribunal Penal de Hacienda en enero y la Sala Tercera de la Corte Suprema lo dejó firme en julio.

A él se le encontró responsable del delito de cohecho impropio en la modalidad de penalidad de corruptor, conducta en la que incurrió en el 2005, cuando fungía como gerente de la firma EBI de Costa Rica, dedicada a la recolección y tratamiento de basura.

Para ese época, EBI tramitaba la instalación de un relleno sanitario en la comunidad de El Huaso, en el cantón de Aserrí.

Obando entregó $45.000 al entonces alcalde de Aserrí, Mario Morales, para que recuperara una casa. Ambos alegaron que era un préstamo personal.

Para el Tribunal, Obando “a sabiendas de la condición de funcionario público de Morales, le proporcionó una dádiva indebida para hacer actos futuros, propios de sus funciones, hechos algunos de ellos concretos y ciertos y otros futuros y eventuales”.