Estudio comprueba contaminación con metales tóxicos en mina Marlin

Estudio comprueba contaminación con metales tóxicos en mina Marlin

La Hora, Guatemala

18 de Mayo de 2010

Científicos de Salud Ambiental de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, informan que muestras de orina y sangre de vecinos de la Mina Marlin en Guatemala indican niveles más elevados de metales potencialmente tóxicos, que las de personas que residen más alejadas de la mina.

En cuanto a los impactos en el ambiente, los investigadores también informan que hay diferencias importantes en la calidad de muestras de agua tomadas en quebradas mina abajo, comparadas con muestras de un sitio mina arriba, y de un río mina abajo, pero más alejado. Los científicos advierten que la exposición a metales causada por la mina probablemente aumentará con el tiempo, y puede perdurar durante décadas.

"Poco se sabe sobre los impactos cumulativos y combinados en la salud humana -especialmente de niños- luego de exposición crónica a mezclas complejas en el mundo real," dijo Howard Hu, director del Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental de la Universidad de Michigan, coautor del informe sobre la Mina Marlin, junto con Niladri Basu, catedrático auxiliar de Ciencias de Salud Ambiental en el mismo Departamento.

"Por lo tanto, es imprescindible que se realicen estudios epidemiológicos y ambientales, de gran escala y de larga duración, para hacer un seguimiento," dijo Basu.

El estudio científico, coordinado y publicado hoy, por Physicians for Human Rights (Médicos para los Derechos Humanos), analiza los impactos en la salud y en el ambiente de la Mina Marlin, propiedad de la empresa Goldcorp de Canadá, por medio de su subsidiario guatemalteco, Montana Exploradora, Inc.

El estudio concluye que una muestra de vecinos de la mina tiene niveles más elevados de mercurio, cobre, arsénico y zinc en la orina, y de plomo en la sangre, que una muestra de personas que viven a siete kilómetros de distancia de la mina.

Un equipo que incluye el investigador principal del estudio, presentó hoy las conclusiones a las comunidades cercanas de la mina en San Miguel Ixtahuacán. Algunos miembros de las comunidades se preocupaban si algunas enfermedades fueran causadas por la mina.

El estudio advierte que no queda claro si la magnitud actual de las elevaciones en los niveles de materiales tóxicos constituye una amenaza importante a la salud. Aún cuando cada metal en cuestión es tóxico en niveles suficiente altos, ninguno de los niveles en el estudio sobrepasó los niveles considerados aceptables por el Centro de Control y Prevención de la Enfermedad de los Estados Unidos, y por estándares científicos ampliamente reconocidos.

La Mina Marlin comenzó a funcionar en el 2005 y se espera que continúe en operaciones durante la mayor parte de la década actual.

RECOMENDACIONES

El estudio recomienda que las investigaciones de seguimiento de salud y del medioambiente sean supervisados por una comisión independiente. "Este panel permitirá un foro transparente que facilite el diálogo en confianza entre las partes interesadas", dice el informe.

Al publicar el estudio, Physicians for Human Rights comentó que el informe implica un mensaje implícito al gobierno de Guatemala sobre sus deberes hacia los ciudadanos. "El Estado es responsable, no solo de proteger a los ciudadanos frente a los daños en la salud por la posible contaminación ambiental, sino también tiene deberes positivos para prevenir nuevos riesgos a la salud, que pueden ser causados por esta y otras minas," dijo Susannah Sirkin, sub-directora de Physicians for Human Rights.

Los autores advierten que el estudio, que analiza muestras tomadas a 23 personas en la vecindad de la mina durante una semana en agosto de 2009, no puede verse como definitivo, sino que debe de ser visto como una investigación preliminar y de referencia. No obstante, los resultados "otorgaron patrones cualitativos y generales que permiten elaborar conclusiones."

Muestras tomadas de quebradas cerca de la mina tienen niveles considerablemente más altos de pH (una medida de ácido), conductividad y temperatura, así como de aluminio, manganeso, cobalto y, en una quebrada, arsénico. Además, los investigadores comparan una muestra de trabajadores de la mina con una muestra de personas que no trabajan en la mina, y no encuentran ninguna diferencia importante entre los niveles de metales pesados en la orina y sangre. Esto es debido a que los trabajadores de la mina tienen acceso a una dieta mejor y a servicios médicos proporcionados por la administración de la mina, se consideran en mejores condiciones generales de salud.

El estudio no encuentra relación importante entre niveles de metales pesados y las erupciones severas de piel y enfermedades respiratorias sufridas por algunas personas que residen cerca de la mina, sobre todo niños y ancianos. Cabe aclarar, sin embargo, que el estudio no tomó muestras de orina o de sangre de niños, debido al protocolo de consentimiento informado aprobado por el "Institucional Review Board" de la Universidad. Ni tampoco se tomaron muestras de las personas que se habían quejado de tales enfermedades. Erupciones de piel y efectos respiratorios, observa el estudio, son compatibles con exposición a cianuro, que se utiliza en la mina, pero que no fue analizado por el estudio.

INVESTIGACIÓN

La investigación se realizó a solicitud del Panel Independiente Internacional sobre los Impactos en los Derechos Humanos de la Mina Marlin. El Panel se integra por tres abogados académicos de la Universidad de Notre Dame, y por un abogado de Oxfam Américas. El Panel tomará en cuenta el estudio como un elemento de su análisis. Financiamiento para el estudio se proporcionó por la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede en Washington, D.C.

El Panel contrató con Physicians for Human Rights y el equipo de la Universidad de Michigan para realizar un análisis independiente e imparcial sobre los impactos de la mina en la salud y en el medioambiente. Physicians for Human Rights moviliza a los profesionales de salud para promover la salud y la dignidad de todos, por medio de la protección a los derechos humanos. La organización compartió el Premio Nobel de la Paz en 1997. La Mina Marlin se ubica en el Departamento de San Marcos, en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. Cuenta tanto con una mina superficial como con una mina subterránea. Se utiliza un proceso con cianuro para extraer oro y plata de la roca.

REACCIONES

Al ser consultado Jorge Mario Sandoval, asesor jurídico de Montana Exploradora, indicó que "metales existen en todos los ríos de Guatemala. Alrededor de la mina Marlin existen metales en los cuerpos hídricos. La información disponible lo demuestra. La líneas base de agua de Marlin y que se reflejó la presencia de metales en las aguas antes que éstos lleguen a la mina".

Asimismo, Sandoval explicó que la mina no ha realizado ninguna descarga de aguas residuales al medio ambiente hasta la fecha y la calidad del agua no ha sido afectada por las actividades mineras en la zona.

"Estos datos son consistentes con el programa de monitoreo de los trabajadores en Marlin. La política de la empresa contiene un programa de muestreo de sangre y orina de los trabajadores expuestos a minerales cada seis meses. Las muestras son analizadas en el Departamento de Toxicología de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad San Carlos de Guatemala, los parámetros analizados son plomo, hierro, mercurio, y cobre. Los resultados revelan niveles de metales pesados por debajo de los niveles aceptables en el programa de monitoreo en Marlin. Informes científicos para probar que niveles de metales pesados en los trabajadores son por debajo de los límites aceptables. Adicionalmente varias entidades del gobierno Guatemalteco tienen los datos confirmando que no hay cambios en la calidad del agua", explica el asesor jurídico.

También indicó que las poblaciones cercanas a la mina, no consumen el agua de los ríos, ello tienen nacimientos de agua propios. Estudios han comprobado que la actividad de la Mina Marlin no afecta de ninguna manera los nacimientos de las comunidades ni la calidad del agua de los ríos de la zona.

Alfredo Pokus, viceministro de Energía y Minas, indicó que la cartera no conoce el estudio en cuestión, pero que tomará en cuenta la información para realizar el análisis respectivo.

Asimismo, manifestó que se trabajará en conjunto con el Ministerio de Salud y con la Comisión de Transparencia del Congreso, en donde además se encuentran los Ministerios de Comunicaciones y Ambiente.

Además, indicó que se realizan los monitoreos necesarios en las aguas cercanas a la Mina Marlin y que hasta el momento no se han presentado resultados de que estas podrían causar algún problema a la población.

Diario La Hora intentó obtener la reacción de los ministros de Salud y de Ambiente, pero no respondieron a las llamadas telefónicas.

Tribunal de los Pueblos acusa a multinacionales de violar los DDHH y a la UE de cómplice

Prensalibre.com

17 de mayo, 2010

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) presentó este lunes el fallo recogido en un texto provisional en el que se acusa a las empresas transnacionales europeas de conductas que infringen los derechos civiles, económicos, sociales y medioambientales de los pueblos latinoamericanos y en el que se califica de "cómplice" a la Unión Europea (UE) por su omisión o falta de actuación ante estas violaciones. Entre los casos se condenó la violación de los derechos de los pueblos indígenas por la multinacional minera Goldcorp en Guatemala.

"Al amparo del Derecho Internacional, de la declaración de los Derechos Humanos y la declaración de los Derechos de los Pueblos" y con los testimonios documentados de las víctimas, el tribunal ha solicitado a Naciones Unidas que se cumpla una serie de "medidas cautelares" entre las que se encuentran la suspensión inmediata de todos los grandes proyectos de las empresas europeas denunciadas, 30 de ellas españolas, en territorios latinoamericanos.

Perfecto Andrés Ibáñez, miembro del TPP y magistrado del Tribunal Supremo español, ha presentado el fallo del "tribunal no institucional", que se ha basado en un marco jurídico que "tiene vigencia razonable en la Unión Europea" pero que es inexistente en los países en los que estas empresas llevan a cabo sus planes económicos. Al respecto, Ibañez indicó que "aunque es desconocido, existe el marco jurídico para enjuiciar estas causas".

Este fallo, que tiene como objetivo incidir en la opinión y dar visibilidad a situaciones de "injusticia", denuncia que los actores económicos como las multinacionales son "impunes y lo son porque tienen cómplices en el espacio político. Espacio de los gobiernos, de las instituciones multilaterales y de la gobernanza de las grandes regiones", señaló el director de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS), Marcos Arruda.

Subrayó que se debe cambiar la situación de impunidad a una situación de responsabilidad debido a que los gobiernos y las empresas deben de estar al "servicio del ser humano y de la sociedad y no al servicio de sus propios intereses egoístas de ganancias y acumulación de poder".

El caso Goldcorp

En el caso de Guatemala se condenó la violación de los derechos de los pueblos indígenas por la multinacional minera Goldcorp, acusada de violar los derechos de los pueblos indígenas de  por la explotación en el departamento de San Marcos. El proyecto de Goldcorp también viola el derecho a la salud, a la protección del medio ambiente y al acceso al agua, entre otros.

Los elevados beneficios de la compañía se destinan a los fondos de pensiones de accionistas procedentes de Suecia, Noruega e Irlanda. Los impactos sociales de la minera benefician el pago de las pensiones privadas en Europa.

El caso será presentado por las entidades Frente de Defensa Miguelense (Fredemi), Collectif Guatemala (Francia), Ayuda de la Iglesia de Noruega y Solidaridad Suecia-América Latina.

La Mina Marlin I, operada por la subsidiaria de Goldcorp en Guatemala, Montana Exploradora, se encuentra en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa del departamento de San Marcos.

Varios de los derechos violados por la empresa se encuentran protegidos bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y la propia Constitución guatemalteca.

Según los denunciantes, el accionar de Goldcorp ha contado con el consentimiento del Estado Guatemalteco" y la "complicidad" de varios fondos de pensiones europeos, que son accionistas de la corporación canadiense. Hay fondos provenientes de Suecia por US$31.2 millones, el fondo de pensión al extranjero de Noruega con US$86.6 millones y el Fondo Nacional de Reservas de Pensiones de Irlanda, con US$3 millones.

Se responsabiliza al Estado de Guatemala por crear un marco legal que favorece a las empresas, por no informar ni consultar a las poblaciones de Sipacapa y San Miguel antes de otorgar el permiso minero y por desplegar fuerzas de seguridad en la zona. Agregan que el Estado ha utilizado el aparato de justicia para criminalizar las luchas sociales.

Asimismo, el caso presentado ante el TPP estipula que el Banco Mundial ha financiado la construcción de carreteras y de tendido eléctrico para las operaciones de la mina, sin realizar las consultas necesarias. Además, el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han presionado al Estado guatemalteco para que se desarrollara un nuevo marco legal para atraer las inversiones extranjeras, especialmente en el sector minero. "Los estados europeos como miembros y donantes al Banco Mundial son entonces cómplices en las violaciones", dice el escrito entregado al Tribunal.

El Frente de Defensa Miguelense, Collectif Guatemala (Francia), Ayuda de la Iglesia de Noruega y Solidaridad Suecia-América Latina exigen que el parlamento de la Unión Europea reclame a los gobiernos de Suecia, Noruega e Irlanda que sus administradores de fondos de pensión actúen con rapidez y en forma efectiva ante acusaciones de comunidades y organizaciones sociales. Presionan además para que las poblaciones afectadas sean compensadas, que se atiendan sus demandas y que el Estado de Guatemala respete las recomendaciones de la OIT.

Es que la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de esa organización solicitó en febrero la suspensión inmediata de las operaciones en la Mina Marlin I. Expresó su preocupación porque el gobierno "reitera la información presentada con anterioridad", lo que trae aparejado "falta de progresos", según información de la Red de Colaboradores de TeleSUR-Guatemala. Los expertos demandaron nuevos estudios, un proceso de consulta previa con las comunidades locales e información detallada.

A su vez, la dirigente comunitaria de Guatemala, Ramona Chacón, denunció la represión de la empresa Cementos Progreso, en complicidad con la multinacional suiza Holcim, contra las comunidades y sus representantes". Ramona recordó la crueldad de esta empresa poniendo ejemplos concretos: "uno de nuestros dirigentes ha sido condenado a 150 años de prisión y su hijo ha sido torturado y asesinado por oponerse a las prácticas de la cementera". Sus palabras fueron especialmente emotivas cuando concluyó que "no lograrán que abandonemos nuestra lucha en defensa de la madre tierra, de la que dependen todas nuestras comunidades".

¿Qué es el tribunal?  

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) tiene su origen en 1979 en el llamado Tribunal Russell, un tribunal 'inventado' desde la sociedad civil para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos en la guerra contra el pueblo de Vietnam. Ante la ausencia de instrumentos efectivos para defender a la gente y enjuiciar al poder, históricamente se ha vuelto necesario inventar nuevos repertorios de acción. Es el caso de reconstrucciones ciudadanas simbólicas como las consultas sociales (cuando el Estado se niega a plantear ciertas discusiones), las cumbres alternativas (cuando los gobiernos toman grandes decisiones internacionales a espaldas de la gente), las contrajuntas (cuando las juntas de accionistas se olvidan de todo menos de sus beneficios) o los propios tribunales de opinión (una respuesta popular cuando las élites que gobiernan los Estados bloquean cualquier iniciativa para juzgar poderes fácticos aparentemente intocables).