CIDH ordena suspender actividades en la mina Marlin, Guatemala

CIDH ordena suspender actividades de Marlin

C. BONILLO, A. RAMÍREZ Y G. CONTRERAS

22 de mayo, 2010

http://www.prensalibre.com/

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio al Estado de Guatemala un plazo de 20 días para que suspenda las actividades de la mina Marlin, que extrae oro y plata en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos.

Con el objetivo de garantizar “la vida e integridad de los habitantes de estos municipios”, en su mayoría de las etnias mam y sipakapense, la CIDH emitió medidas cautelares el jueves último, entre ellas la suspensión de actividades en la mina y la implementación de acciones para prevenir la contaminación ambiental, hasta que adopte una decisión final.

La Comisión pidió tomar disposiciones para descontaminar las fuentes de agua de las 18 comunidades afectadas por la mina, y asegurar el acceso al líquido vital para consumo humano. Requirió que se atiendan los problemas de salud para identificar a las personas que pudieron haber sido afectadas con la contaminación, para que se les provea de la atención médica pertinente.

Con la emisión de estas medidas cautelares, “la CIDH le dice al Estado que hay una situación de riesgo inminente e irreversible”, explicó María Isabel Rivero, directora de comunicación de ese organismo.

Rivero recordó que esas medidas “son vinculantes” y, por tanto, de obligado cumplimiento por parte del Estado guatemalteco, aunque no existen sanciones en caso de que no se atiendan.

En la notificación que envió aquella instancia se le solicita al Estado que en 20 días informe sobre las medidas tomadas, y en forma periódica, de la evolución de estas. Señala que se decidirá sobre su prolongación una vez sean oídas todas las partes y se evalúe la situación.

En ese mismo plazo, la CIDH le pidió al Estado que presente un informe sobre “las supuestas acciones de persecución y hostigamiento realizadas por las autoridades y a instancia de la empresa hacia personas que se oponen a la mina”. Solicitó información sobre daños a viviendas por el uso de explosivos, y la emisión y materialización de órdenes de captura de líderes de comunidades contrarias a la mina.

La revista Physicians for Human Rights presentó un estudio sobre la contaminación en el agua y personas, ocasionada por las actividades de esa mina.

Posición gubernamental

El presidente Álvaro Colom asintió con la cabeza cuando se le preguntó si cumplirá la recomendación de pedir la suspensión de la citada mina. “Habría que ver el contenido científico y técnico de todo el estudio (de la referida revista), porque la contaminación no se debe permitir”, dijo.

“Obviamente si se comprueba que hay contaminación tendrían que tomarse medidas drásticas en ese sentido”, indicó Colom, aunque no fue explícito sobre si ordenará el cierre de la mina Marlin.

José Cruz, del Colectivo Madreselva, indicó que esto muestra que acudir a instancias internacionales “es la única opción que les queda a las comunidades, ante la violación del Estado de Guatemala de sus propias leyes”.