Perú cancela licencia a fundición de minera estadounidense
Published by MAC on 2010-08-10Source: Associated Press, IPS, La Republica
...Pero no por los próximos 20 meses
El presidente peruano Alan Garcia acusó a Doe Run Peru de "jugar" y aseguró que la licencia para operar la fundición de La Oroya sería cancelada.
Sin embargo, esto no significa el cierre de la operación per se, ya que la ley estipula otros 20 meses de gracia a la multinacional para cumplir con sus obligaciones ambientales.
Presumiblemente, esto no dejará satisfechos a sus trabajadores ni a quienes, por otra parte, demandan que la empresa levante su campamento tóxico y se vaya del país definitivamente.
Doe Run se burla del gobierno
La Republica
3 de agosto, 2010
Con las manos atadas. Recién se podrá decidir el cierre de la empresa en el 2012. Según ley que amplió el PAMA, Osinergmín podrá tomar esa medida dentro de 20 meses. Empresa solo recibirá multas por no reiniciar operaciones.
Una tensa y larga espera. Pese al anuncio del presidente de la República, Alan García, de levantarle la licencia a Doe Run, el gobierno recién podría decidir el cierre de la empresa aún dentro de 20 meses, es decir, en marzo del 2012.
Ello pues la Ley 29410 –aprobada por el Congreso en setiembre del 2009– amplió el plazo para el cumplimiento del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) por 30 meses.
Este se dividió en dos etapas: se estableció un primer plazo de 10 meses para acreditar el financiamiento del proyecto “Planta de ácido sulfúrico y modificación del circuito de cobre” y el reinicio de operaciones de la planta. Este primer plazo se acaba de cumplir el pasado 27 de julio y la empresa no ha logrado reiniciar sus operaciones ni acreditar la obtención de financiamiento.
Para la segunda etapa se estableció un plazo de 20 meses, en los que la metalúrgica debía concluir la planta de ácido sulfúrico.
Aún restan 20 meses de plazo
Asimismo el Decreto Supremo 075-2009-EM, que regula la Ley 29410, establece que recién después de haberse vencido el segundo plazo de 20 meses, Osinergmín puede ordenar el cese parcial o total de las operaciones de la fundición. En caso de incumplir el primer plazo, el decreto solo establece multas, pero no el cierre.
“Vencido el plazo máximo total de veinte (20) meses, Osinergmín efectuará una auditoría a fin de determinar el cumplimiento total de las obligaciones del titular minero respecto al proyecto. En caso de que la empresa no haya cumplido con el íntegro de las obligaciones asumidas en virtud de la Ley 29410, Osinergmín ordenará el cese parcial o total de la operación del Complejo Metalúrgico La Oroya”, señala el decreto.
Al parecer el anuncio del mandatario de cancelarle a Doe Run la licencia de funcionamiento tuvo más asidero en su propia emoción que en la legislación vigente.
Solo notificaron incumplimiento
Por ello ayer el Ministerio de Energía y Minas (MEM), mediante Resolución 289-2010-MEM-DGM, solo notificó a Doe Run el incumplimiento de los compromisos del primer plazo, pero no menciona la posibilidad de cierre de la empresa, solo da cuenta al Osinergmín del incumplimiento.
Al respecto la ex directora de Minería del MEM María Chappuis refirió que en cualquier momento del segundo plazo Doe Run puede reiniciar sus operaciones, ya que la legislación se lo permite. “Un proceso de cierre no es simplemente cerrar con candado las puertas de la fundición y mandarlos a todos a su casa, es mucho más complejo que eso”, apuntó.
Insisten en que sí cumplirán
Asimismo, ayer en horas de la tarde la metalúrgica emitió un nuevo comunicado en el que aseguró cumplirá sus compromisos ambientales y financieros dentro de los 20 meses que aún le restan de plazo. “Reajustaremos los cronogramas de ejecución que compensen el retraso del reinicio de operaciones para concluir el último proyecto ambiental”, prometieron.
Datos
Incumplimientos. Doe Run no ha presentado la documentación que acredite la obtención del financiamiento, tampoco ha constituido las garantías ni ha modificado el contrato de fideicomiso y no ha repuesto las cartas fianza ejecutadas.
Ambiente. La resolución del MEM también está dirigida al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente, pues también empezará a fiscalizar al sector minero.
Los trabajadores siguen a la espera
Por la mañana de ayer los trabajadores asistieron a la planta de Doe Run en La Oroya para dejar constancia de su asistencia, pero esta siguió paralizada y tuvieron que retirarse. El presidente de la Federación de Trabajadores Mineros del Perú y representante de los trabajadores de Doe Run, Luis Castillo, afirmó que la situación se torna incontrolable y esperan una solución inmediata.
Por la tarde, el sindicato de trabajadores se reunió con representantes de la empresa en el Ministerio de Trabajo para llegar a una salida ante la paralización de la empresa. Royberto Guzmán, secretario general del sindicato, no quiso adelantar algún posible acuerdo con la empresa.
El pasado 3 de marzo, Doe Run solicitó ante Indecopi su acogimiento al procedimiento concursal preventivo, pedido que actualmente se encuentra en trámite.
Perú cancela licencia a minera estadounidense Doe Run
The Associated Press
28 de julio, 2010
LIMA -- El presidente Alan García anunció el miércoles la cancelación de la licencia de funcionamiento de la minera estadounidense Doe Run luego que el martes venció el plazo de diez meses otorgado por el gobierno.
"Se debe impedir que una empresa abuse del país o lo chantajee como es el caso de Doe Run. Vencido el plazo sin solucionar la contaminación ambiental se cancelará la licencia de funcionamiento", dijo García en su discurso anual por el día de la fiesta nacional.
El viceministro de Minas, Fernando Gala, explicó a The Associated Press "que probablemente el viernes o el lunes el gobierno publicará la resolución de cancelación oficial emitida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM)".
El MEM indicó el miércoles que Doe Run "no ha presentado la documentación sustentatoria que acredite la obtención del financiamiento, tampoco ha constituido las garantías, ni ha modificado el contrato de fideicomiso y no ha repuesto las cartas fianza ejecutadas".
La minera estadounidense tiene una deuda de 110 millones de dólares con proveedores y aún le falta ejecutar inversiones pendientes de un programa ambiental por unos 150 millones de dólares.
El viceministro de Minas indicó que el gobierno maneja un proyecto laboral alterno para los casi 3.500 trabajadores de la minera. "Hay una alternativa del Estado que está lista", indicó Gala.
Doe Run, subsidiaria de la estadounidense Renco, paralizó la totalidad de sus actividades en junio de 2009 y enfrenta serias dificultades económicas luego que un grupo de bancos le cortó un crédito vital el año pasado.
La minera, que opera desde 1997 el complejo metalúrgico de La Oroya en los Andes centrales del país, declaró al gobierno en marzo su imposibilidad de cumplir un programa ambiental obligatorio y que ha prorrogado desde 2004.
Según el portal de internet de la compañía el complejo metalúrgico de La Oroya transforma mineral poli-metálico en cobre, zinc, plata, plomo, indio, bismuto, oro, selenio, telurio y antimonio y nueve subproductos.
La ciudad de La Oroya figura en el sexto puesto en una lista de los diez lugares con mayor contaminación ambiental en el mundo, según el Instituto Blacksmith, una organización ecologista con sede en Nueva York.
Adiós a Doe Run
Milagros Salazar
IPS
28 de julio 2010
LIMA - El presidente de Perú, Alan García, confirmó este miércoles que se le revocará a la empresa estadounidense Doe Run el permiso para operar el centro metalúrgico de La Oroya, una de las ciudades más contaminadas del mundo, debido a que no reanudó sus actividades en la víspera, como estipula la ley.
En un mensaje dirigido al país desde el Congreso legislativo, García dijo que, "vencido el plazo, se aplicará estrictamente la ley y se le cancelará (a Doe Run) la licencia de funcionamiento".
"Se debe impedir que una empresa abuse del país o lo chantajee, como es el caso de Doe Run en Junín", agregó.
La firma trasnacional "queda sujeta a la legislación nacional vigente, específicamente a la Ley del Cierre de Minas y su reglamento (…) así como a las demás normas que resulten aplicables y estará sujeta a la responsabilidad administrativa, civil y penal que corresponda", señala un comunicado del Ministerio de Energía y Minas (MEM) difundido el martes.
Ese día finalizaba el plazo de 10 meses otorgado por el Estado para reanudar sus actividades tras declararse en quiebra.
Antes del pronunciamiento del mandatario, fuentes de los organismos fiscalizadores del sector minero habían confirmado a IPS que en este caso las normas contemplan como sanción el cierre de las operaciones de la empresa.
Tras conocerse la noticia, el vicepresidente corporativo de Asuntos Ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, manifestó que se evaluará la decisión tomada por el gobierno.
Además, aseguró que horas antes de vencerse el plazo, la empresa planteó una nueva propuesta a las proveedoras de concentrados a quienes les adeuda dinero, la cual habría sido aceptada por una de ellas.
Mientras, en La Oroya, ubicada en la región centroandina de Junín y considerada una de las más contaminadas del mundo, los trabajadores continuaban exigiendo su derecho al trabajo y otro sector de la población defendiendo su derecho a la salud que se vio afectada en los últimos años por los gases tóxicos emanados por el complejo metalúrgico.
Unos 35.000 habitantes soportan las emanaciones de dióxido de azufre, plomo y cadmio de las chimeneas de Doe Run. Mediante la ley 29.410, promulgada el 26 de septiembre de 2009, el parlamento legislativo amplió en 10 meses el plazo para que la empresa consiguiera el financiamiento del proyecto de una planta de ácido sulfúrico de la línea de cobre y reiniciara sus operaciones, y le concedió 20 meses adicionales para que concluyera la construcción de la obra.
Según los expertos, la mencionada planta era la más importante para reducir la contaminación y formaba parte del Programa de Ampliación y Manejo Ambiental (PAMA) que Doe Run ha incumplido de manera sistemática y por el que había pedido hasta cuatro prórrogas desde que en 1997 se hizo cargo de la fundición.
Para ello, la empresa debía invertir entre 140 y 150 millones de dólares, sin contar la deuda de aproximadamente 120 millones de dólares que mantiene con proveedores.
En su comunicado, el MEM señala que comprobó junto con representantes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente, que la empresa no reinició sus operaciones en la fecha exigida por la ley.
El MEM emitirá una Resolución Directoral el jueves para formalizar la declaración del incumplimiento.
Osinergmin, que el 22 de este mes transfirió las competencias de fiscalización ambiental del sector minero a la OEFA, informó a IPS que la empresa no cumplió ocho de las nueve obligaciones que le exigía la ley durante los 10 primeros meses. Sólo logró entregar el plan de obras y construcción del proyecto.
Los otros incumplimientos corresponden a la presentación de un plan de reinicio de operaciones a los 30 días de publicarse la norma, el esquema completo de garantías en el mismo plazo y un programa de refinanciamiento en 60 días.
A esto se suma la renovación de dos cartas fianzas, una por de cuatro millones de dólares aproximadamente y otra por 14 millones de dólares en promedio, además de la suscripción de la escritura pública de la modificación de un contrato de fideicomiso dentro de los seis meses de entrada en vigencia la ley, así como constituir garantías.
Pero adelantándose a cualquier pronunciamiento del gobierno, Doe Run emitió un comunicado de prensa la noche del lunes informando que debido "a los avances significativos alcanzados, la empresa seguirá trabajando para reiniciar las operaciones".
La compañía aseguró que el 14 de este mes presentó a sus acreedores un plan de negocios, el cual fue recibido "positivamente".
Sin embargo, tal acuerdo se frustró porque una de las empresas a las que debe Doe Run, Cormin, solicitó el inicio de un proceso concursal ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que podría decidir sobre la reestructuración o liquidación de la empresa.
Doe Run propone al gobierno continuar pagando a sus trabajadores 70 por ciento de sus remuneraciones.
"Lo que debe garantizarse ante todo es la fuente de trabajo. El gobierno debe comprender. Queremos que se reinicien las operaciones cuanto antes, no podemos esperar más", aseguró a IPS el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Doe Run, Royberto Guzmán, quien enfatizó que ya son 13 meses de paralización del complejo.
La ministra de Trabajo, Manuela García, indicó que el gobierno tiene un plan que otorga una alternativa laboral a los trabajadores, pero el dirigente Guzmán rechaza tal iniciativa porque asegura que "es una reacción de última hora".
Según García, la empresa cuenta con más de 3.000 trabajadores, pero 2.500 son del complejo metalúrgico y el resto de su unidad minera Cobriza.
"El gobierno tiene que pensar en la viabilidad económica de La Oroya en su conjunto, no sólo de los trabajadores sino de los pobladores que dependen de las otras actividades que genera el complejo", manifestó a IPS el economista José De Echave, de la no gubernamental CooperAcción.
De Echave advirtió que es posible que la empresa incluso acuda al Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI) para demandar al Estado si se concreta el cierre de sus actividades porque el Tratado de Libre Comercio que Perú suscribió con Estados Unidos le da esa posibilidad.
Por su parte, la ex directora general de Minería, Marita Chappuis, indicó a IPS que de volver a reiniciarse las operaciones con otra empresa, "lo ideal sería que antes se termine la construcción de la planta de ácido sulfúrico" para garantizar la salud de la población.