OIT pide al gobierno de Venezuela liberar al secretario general de Sintraferrominera

En Venezuela cada vez más protestas, y más reprimidas

Humberto Márquez

IPS

10 de diciembre 2010

CARACAS - Rubén González, un obrero soldador de 51 años, socialista y secretario general de un sindicato del hierro, lleva más de un año preso en Venezuela por encabezar una protesta de centenares de sus compañeros a las puertas de la mina San Isidro, en Ciudad Piar, 550 kilómetros al sudeste de la capital.

"Durante 15 días a partir del 9 de agosto de 2009, los trabajadores permanecieron en el portón de la empresa (estatal Ferrominera Orinoco), en huelga pacífica, reclamando el pago de salarios conforme a la convención colectiva", recordó González a IPS, por teléfono, desde la sede policial en la sudoriental Ciudad Guayana donde está recluido.

La protesta concluyó con la firma de un compromiso de pago firmado por las partes en el mismo portón, pero unos días después González fue detenido y se inició un lento juicio en su contra bajo cargos de "agavillamiento" (asociación ilícita), instigación a delinquir, restricción a la libertad de trabajo y violación de zonas declaradas como de seguridad.

El de González fue considerado un caso emblemático por la organización Provea al acompañar su informe anual sobre la situación de los derechos humanos con un estudio sobre la década de protestas en Venezuela 2000-2010, en coincidencia con la conmemoración este viernes 10 del Día Internacional de los Derechos Humanos.

"Desde 2005 se inició un proceso creciente de criminalización de la protesta social, usando el sistema de administración de justicia. A la fecha, más de 2.400 personas se encuentran procesadas por ejercer el derecho a la protesta pacífica", señaló a IPS la abogada Mariana Belalba, coordinadora del estudio.

Ello en el marco de un incremento sostenido de la protesta popular, pues entre octubre de 1999 y septiembre de 2010 hubo 19.250 protestas de calle en Venezuela. De un promedio de 1.200 a 1.500 en los primeros años de la década se pasó a 2.893 en 2008-2009 y a 3.315 en el período 2009-2010, según Belalba.

El informe sobre la década viene a representar un balance de la situación de derechos humanos en el país del gobierno del izquierdista Hugo Chávez, en el poder desde febrero de 1999.

González dijo que "mi caso lo usan para tratar de detener las luchas de los obreros de las empresas básicas (hierro, acero, aluminio, hidroelectricidad) en Guayana y vulnerar sus derechos y reivindicaciones". Guyana es un estado, en el sudeste del país, de gran riqueza minera, hídrica y ecológica.

Responsables de esas empresas estatales en ocasiones acusan a los trabajadores que exigen reivindicaciones como saboteadores o desestabilizadores, deploró González.

En su caso subrayó que "nunca hicimos sabotaje y protestamos pacíficamente", pero además recordó que no ha sido opositor sino activo seguidor de Chávez, ex concejal en la zona y organizador del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela en Ciudad Piar.

Sindicalistas de oposición consideran a González desde "una víctima de una justicia amañada" hasta "un preso político", en tanto el dirigente lamentó que algunos de sus compañeros en la directiva del sindicato nombrasen a otro activista como su reemplazo temporal "para conducirse de manera complaciente con la empresa".

José Rodríguez, ex secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y actual director laboral de la estatal Siderúrgica del Orinoco, opinó que "estamos convencidos de que esto no es una política aislada, es una política de Estado, que llamamos criminalización de la lucha. Lo que le pase a Rubén nos puede pasar a nosotros".

El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo pidió al gobierno de Venezuela que a González "se le libere sin demora en espera de la sentencia y que sea debidamente indemnizado por los daños y perjuicios sufridos".

Además el Comité expresó su "preocupación ante la acumulación de delitos a la que se enfrentan estos sindicalistas (González y otros de la región de Guayana) por actividades relacionadas con el ejercicio de los derechos sindicales".

La alegada persecución judicial se ha acompañado de la represión de la protesta en la misma calle, que fue baja la primera mitad de la década, con 54 manifestaciones reprimidas en 2000 y sólo 18 en 2005. Pero se incrementó en la segunda mitad, con 187 protestas reprimidas en 2008-2009 y 150 en 2009-2010.

Llamativamente, durante la primera mitad de la década el signo dominante de la protesta callejera era la política, al exigir los manifestantes derechos civiles y políticos, mientras que desde octubre de 2004 hasta septiembre de 2010 predominan las protestas por derechos económicos, sociales y culturales.

De las 19.250 protestas registradas en la década, 71 por ciento demandaron derechos económicos y sociales, 26 por ciento exigieron derechos civiles y políticos, y del resto no se registró una determinación específica.

Las modalidades más usadas han sido el cierre de vías (5.913), concentraciones (5.093), las marchas (1.290) y la toma de establecimientos (1.506).

También hay una creciente radicalización de la protesta. El coordinador general de Provea, Marino Alvarado, puso como ejemplo que en el periodo 2009-2010 se registraron 103 personas en huelga de hambre, mientras en el periodo precedente solo se conoció un caso.

"Desde 2005 se han incrementado las acciones legales y políticas para restringir el derecho a la protesta, como reformas al Código Penal con normas de desacato -que castigan ofensas a las autoridades- y sanciones más severas a quienes interrumpan el tránsito por vías o el funcionamiento de entes públicos", observó Belalba.

Hace un mes 33 personas que se negaban a abandonar un vagón del atestado y demorado Metro de Caracas (tren subterráneo), enojados porque se les obligaba a cambiar de tren al cabo de una larga espera, fueron arrestadas y acusados de obstruir vías férreas y resistirse a la autoridad. En esta oportunidad, un juez los liberó completamente a las 36 horas.

El estudio considera que declaraciones de funcionarios civiles y militares "incitan a los organismos a reprimir", y cita como ejemplo la declaración de Chávez en enero de 2009 al ordenar a los cuerpos de seguridad que "a quien salga a quemar un carro, unos árboles o trancar una calle, me le echan gas del bueno y me lo meten preso".

"Del trato de la policía aquí donde estoy preso no tengo quejas, los agentes comprenden que soy un obrero castigado por una protesta laboral", dijo González. "Pero sí da dolor ver que salen libres criminales, narcotraficantes o violadores mientras William Saud o yo permanecemos detenidos", dijo González.

Saud, de 61 años, enfermo de la próstata y con cáncer de piel según informes médicos, está preso desde hace más de dos años en Guayana tras encabezar una protesta de trabajadores de la empresa aurífera canadiense Crystallex, acusado como González de agavillamiento e instigación a delinquir.

OIT cuestiona acciones legales contra sindicalistas
Organismo pide liberación inmediata e indemnización a Rubén González

EL UNIVERSAL

20 de noviembre 2010

El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que los delitos imputados a los dirigentes sindicales que enfrentan procesos judiciales por protestar no son proporcionales a las acciones que ejercieron.

Su último informe, que fue debatido en la última reunión del Consejo de Administración del organismo con sede en Suiza, indica que "aunque haya podido haber ciertos excesos (por parte de los sindicalistas), las sanciones deberían guardar siempre proporción con las eventuales faltas cometidas".

El informe se inició gracias a una denuncia entregada hace un año a la OIT por el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (Sunep-CVG).

Un grupo de trabajadores de las empresas básicas enfrentan acusaciones como agavillamiento, violación a la libertad de tránsito, instigación a delinquir, apropiación indebida, restricción a la libertad de trabajo e incumplimiento del régimen especial de la zona de seguridad, entre otros.

La organización laboral no entiende el objetivo de las detenciones y de los regímenes de presentación regular ante las autoridades aplicados a los dirigentes, que "pueden tener un efecto perjudicial y disuasorio en el ejercicio de los derechos sindicales".

En tal sentido, la OIT pide que al secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, se le libere "sin demora en espera de la sentencia y que sea debidamente indemnizado por los daños y perjuicios sufridos".

Asimismo, exigió al Gobierno venezolano modificar parcialmente la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación por considerar que la misma afecta el derecho de los trabajadores protestar y a la huelga.

El organismo internacional destaca que el artículo 56 de la normativa habla de las penas de prisión de cinco a 10 años a los responsables de actividades que perturben o afecten "a la organización o funcionamiento de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económica social del país" .

La OIT alertó que existen casos judiciales a trabajadores con retardos procesales. Por ello, conminó al Gobierno a instar al poder judicial a resolver esto.

Igualmente, el organismo se mostró preocupado por el asesinato de cinco dirigentes sindicales, casos sobre los que exigen "identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos de manera que los sindicalistas puedan realizar sus actividades en un clima libre de violencia y miedo". Pidieron a la CTV datos sobre 200 presuntos sicariatos.