Preocupaci贸n por acusaciones de terrorismo a l铆deres sociales en Ecuador
Published by MAC on 2011-02-14Source: Cadtm, Acci贸n Ecol贸gica, Cedhu, Diario Hoy
Liberaci贸n de los l铆deres Pepe Acacho, Pedro Mashaint y Fidel Kaniras.
El primero de febrero de 2011 José Acacho González, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, y Pedro Mahshiant Chamik y Fidel Kaniras Taish, fueron detenidos con cargos de terrorismo.
A pesar de que el martes los tres fueron liberados bajo Habeas Corpus, los cargos por terrorismo y sabotaje que numerosos defensores de Derechos Humanos y el medio ambiente en el Ecuador siguen siendo motivo de grave preocupación. Según ECUARUNARI, la Confederación Kichwa, hay una política de "criminalizar la protesta social" que ha dado lugar a la presentación de más de 189 demandas contra los líderes y las organizaciones.
Estos actos se llevan a cabo en relación con el interés del Estado por implementar proyectos mineros a gran escala y a cielo abierto en tierras indígenas, y la ley de aguas que las comunidades indígenas consideran que no protege suficientemente sus recursos. Las actividades mineras han contribuido al crecimiento de los conflictos sociales y han dado lugar a la violación de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
Por último, la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Ecuménica por los Derechos Humanos (CEDHU) del Ecuador publicaron un informe sobre la minería a gran escala y violaciones de los Derechos Humanos enfocandose en los casos relacionados con la empresa Corriente Resources. Ver: Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración de derechos humanos (Resumen ejecutivo)
La liberación de los líderes Shuar y sus implicaciones para el Ecuador de hoy
Mario Melo
http://www.cadtm.org
11 de febrero 2011
La mañana del martes 8 de febrero de 2011, la Tercera Sala de la Corte Provincial de Pichincha aceptó el Habeas Corpus planteado por la defensa de los tres líderes indígenas Shuar que una semana antes fueron detenidos en la provincia amazónica de Morona Santiago, Ecuador, y trasladados hasta el antiguo Penal García Moreno de Quito, mediante un espectacular operativo policial que conmocionó a la opinión pública.
La liberación de los líderes Pepe Acacho, Pedro Mashaint y Fidel Kaniras tiene al menos tres implicaciones políticas importantes en la coyuntura que atraviesa el Ecuador:
1. Respecto al movimiento indígena, ha quedado demostrado que la CONAIE tenía razón cuando afirmaba que la detención de los tres líderes Shuar era arbitraria e inconstitucional. Ha quedado claro, además, que el tono de autosuficiencia con el que las autoridades abordaron el tema así como el desproporcionado despliegue de fuerza para la captura y traslado de los detenidos a Quito, como si de peligrosos terroristas se tratara, no tenían justificación y terminaron siendo el marco de una actuación ilegal que violó derechos constitucionales.
2. Respecto al juez de la provincia de Morona Santiago que procesa a los líderes Shuar, la concesión del Habeas Corpus deja una estela de duda sobre la probidad e imparcialidad de sus actuaciones. Los alegatos expuestos por la defensa de los detenidos para solicitar el Habeas Corpus y la argumentación de la Corte para concederlo son contundentes: el juez de Morona aceptó la acusación particular de la Procuraduría General del Estado presentada fuera de tiempo; acumuló en un solo proceso uno por sabotaje y terrorismo y otro por homicidio, violando la disposición del Código de Procedimiento Penal que prescribe “un proceso por cada delito”; revocó las medidas alternativas sin constancia en el expediente de que hayan sido incumplidas por los procesados y dictó la orden de prisión sin que el fiscal lo haya solicitado; la manera en que fue redactada la boleta de captura es francamente defectuosa …, ¿desconocimiento de la Ley? ¿presiones políticas? No sabemos. Lo que sí sabemos es que sin debido proceso no hay justicia.
3. Demuestra además que la estrategia de criminalizar a los líderes indígenas que protagonizan manifestaciones en contra de las políticas gubernamentales, especialmente las vinculadas con explotación de recursos naturales, acusándoles, ligeramente, de sabotaje y terrorismo, empieza a hacer agua, pues los objetivos que se buscaría alcanzar, la estigmatización de los líderes y la división de las organizaciones, no se logran. La opinión pública nacional e internacional y la gente de la calle miraron mal la desproporción de las acusaciones y de las actuaciones de la justicia penal en este caso y se mostró solidaria con los indígenas presos. Por otra parte, la reacción del movimiento indígena de la CONAIE fue unitaria en defensa de sus compañeros y se anunciaban recias jornadas de protesta en caso de que continuaran en prisión.
Es importante el que no se deje pasar el abuso. La criminalización por terrorismo a los que se oponen a determinadas políticas puede convertirse en una bola de nieve que arrastre al que es y al que no es.
Países hermanos ya han pasado por eso y los traumas perduran por generaciones.
En el fondo, no hay que perder de vista que la detención y posterior liberación de Pepe Acacho, Pedro Mashaint y Fidel Kaniras no son sino un episodio de una saga trágica. El Gobierno y la Asamblea Nacional, al
haber puesto en vigencia la Ley de Minería y haber intentado hacer lo mismo con la Ley de Aguas, sin haber construido al menos un mínimo acuerdo con las nacionalidades indígenas directamente afectadas por sus
disposiciones y violando el derecho a la consulta prelegislativa que prescribe la Constitución como un derecho colectivo indígena, generó condiciones para que la efervescencia social se desatara.
El levantamiento indígena de septiembre de 2009 tuvo sus manifestaciones más álgidas entre los Shuar, nacionalidad amazónica directamente afectada por la política gubernamental de apertura a la gran minería
metálica. El 30 de septiembre de 2009 cae muerto Bosco Wisuma, profesor Shuar que, junto con sus hermanos participaba en las protestas en las afueras de la ciudad amazónica de Macas. Momentos antes el diálogo entre
los dirigentes indígenas y los representantes de gobierno había fracasado en Macas y la policía desalojaba los manifestantes mediante un recio operativo.
Las responsabilidades por la violencia y la muerte de Bosco Wisuma son grandes y deben ser asumidas por todos quienes contribuyeron a generar las condiciones para que ese hecho lamentable se produzca. No es justo
pretender que el peso de la responsabilidad se cargue solo sobre los hombros de quienes, amparados en su derecho constitucional a la resistencia, lideraron la protesta en la que participaba la víctima, mientras aquellos otros que provocaron la protesta, los que se negaron al diálogo, los que se levantaron de la mesa de acuerdos, los que ordenaron la represión y los que la ejecutaron, sencillamente se lavan las manos.
Amnistía para los criminalizados de Nabón
Acción Ecológica
9 de febrero 2011
Se convoca a organizaciones sociales, ciudadanas y ciudadanos de Cuenca y el Azuay a concentrarse en este viernes 11 de febrero, para demandar justicia para 7 personas criminalizadas por defender los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. La cita es en el Parque Calderón, a las 8h30.
Este viernes 11 de febrero, a las 9h00, la Defensoría del Pueblo del Ecuador presentará ante la Corte Provincial de Justicia del Azuay una petición para que se cumpla la amnistía otorgada por la Asamblea Nacional Constituyente, en favor de siete personas oriundas del cantón Nabón.
A principios de este año, la Corte Provincial de Justicia del Azuay, desconociendo la amnistía Asamblea Constituyente, sentenció a este grupo de personas, por cargos de sabotaje y terrorismo, a 8 años de reclusión. Se les imputó estos cargos, por ejercer su derecho a la protesta contra la concesión de su territorio y sus recusos básicos, principalmente el agua, a la compañía minera Explorsur, perteneciente al Grupo Eljuri.
El 14 de marzo del 2008, la Asamblea Constituyente, resolvió vía amnistía, unos 600 casos de acusaciones de terrorismo. Sostuvo “que las personas enjuiciadas se han visto en la necesidad de ejercer el derecho al reclamo en defensa de los recursos naturales y por alcanzar una vida digna dentro de un ambiente ecológicamente sano y libre de contaminación (...) y que las acciones de movilización y reclamo de las comunidades son de naturaleza esencialmente política y de reivindicación social”.
Los nombres de los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza de Nabón son:
Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín (Presidente de la Junta Parroquial de Cochapata)
Manuel Remigio Capelo Erraez
Plutarco Patiño Patiño (ex Concejal de Nabón)
Vinicio Saravio Jaya Quezada (Concejal de Nabón)
Celso Amable Patiño Quezada (Teniente Político de Nabón)
Luis Nelson Sanmartín Mora
Segundo Olmedo Sanmartín Mora
SOLIDARICÉMONOS
CON LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA DE NABÓN,
TE ESPERAMOS
NOTA: La presidencia de la Corte Provincial del Azuay, donde será presentada la petición por parte de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, está situada en las calles Luis Cordero y Sucre.
Jueza concedió hábeas corpus
http://www.hoy.com.ec/
9 Febrero 2011
El dirigente shuar y sus dos compañeros recuperaron ayer su libertad luego de haber permanecido ocho días detenidos en el ex penal García Moreno. Hoy, en Sucúa, la Ficsh realizará una celebración.
El dirigente shuar, José Acacho, así como sus compañeros Pedro Mashiant y Fidel Kaniras recuperaron ayer su libertad, después de que la jueza de la segunda sala de lo laboral, niñez y adolescencia de la Corte de Justicia de Pichincha, María Cristina Narváez, aceptara el pedido de hábeas corpus que solicitó el abogado defensor de los indígenas, Julio Sarango, el pasado viernes.
Narváez explicó que el presidente de la Corte de Justicia de Morona Santiago, Miguel Villamagua, dictó la orden de captura para Acacho, Mashiant y Kaniras, cuando estos estaban cumpliendo con una medida sustitutiva, por ello, calificó a la prisión de los tres shuaras como "arbitraria, ilegal e ilegítima" y les concedió la libertad inmediata.
La resolución de la jueza produjo emoción en los presentes "libertad, libertad", exclamaban. Acacho agradeció también el apoyo de las organizaciones indígenas y cuestionó la intromisión del Gobierno en la Justicia, antes de dejar la Corte.
En tanto, en los exteriores del organismo la lluvia y el frío no aplacaron la firmeza de los shuaras, quienes por segundo día consecutivo se mantuvieron alertas hasta conocer el pronunciamiento de Narváez.
Francisco Shiki, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) dijo que hoy, en Sucúa, celebrarían la liberación de sus tres compañeros, quienes fueron acusados de sabotaje y terrorismo por los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2009 en Dayuma, Morona Santiago, en donde falleció el profesor, Bosco Wisuma.
Samuel Yakun, ex vicepresidente de la Ficsh, dijo que la liberación de los tres indígenas ha generado emoción entre los shuaras, no obstante, señaló que hasta no vean a sus compañeros fuera del ex penal García Moreno no estarán tranquilos. "Mientras no veamos a nuestros hermanos libres, sin esposas en sus manos, no vamos a estar satisfechos", dijo.
Julio Sarango, abogado defensor de Acacho y sus compañeros, dijo que luego de esta resolución el proceso deberá continuar hasta que se absuelva a los tres indígenas. Asimismo, dijo que no descartarán tomar acciones legales contra el Estado, pues se ha cometido una violación de los derechos humanos de sus defendidos. "Vamos a demandar al Estado, es necesario hacerlo para sentar un precedente y así evitar que esto vuelva a ocurrir", advirtió.
Al cierre de esta edición, Acacho, Mashiant y Kaniras salieron del ex Penal, luego de estar ocho días detenidos. (MPP)
Intervención minera a gran escala en Ecuador: la urgencia de una moratoria para prevenir las violaciones de derechos humanos
Cedhu - http://www.cedhu.org/
12 de enero 2011
Una misión internacional acudirá a Quito del 11 al 13 de enero 2011 para presentar las conclusiones y recomendaciones del informe, a las autoridades gubernamentales, al sector minero, a los medios de comunicación y a actores de la sociedad civil.
En este informe, la FIDH y la CEDHU demuestran y denuncian:
• la ausencia de mecanismos de consulta apropiados;
• un proceso de adquisición de tierras caracterizado por irregularidades que perjudican el derecho a la vivienda y al no desplazamiento;
• la ausencia de garantías para proteger a las poblaciones frente a los impactos medioambientales
que produciría la extracción minera a gran escala especialmente en relación al derecho al agua;
• la represión y criminalización a personas opuestas a los proyectos mineros a gran escala, en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago.
“Estas prácticas se traducen en violación a los derechos fundamentales como el derecho a la integridad física y personal, la libertad y la seguridad individual, la libre expresión, la dignidad humana y el derecho a un trato equitativo”, recuerda Elsie Monge, Directora ejecutiva de la CEDHU.
Entre las recomendaciones dirigidas a las autoridades ecuatorianas y canadienses como a las empresas mineras, la FIDH y la CEDHU consta la suspensión de las actividades del proyecto Mirador, a fin de que:
• las personas y comunidades afectadas sean debidamente consultadas;
• los riesgos medioambientales de la región sean analizados a profundidad y de manera independiente;
• se instauren mecanismos para otorgar seguridad jurídica a las tierras indígenas y campesinas;
• se suspendan las investigaciones y acciones judiciales o administrativas pesan sobre las personas que defienden sus derechos y territorios.
“El Estado y las empresas deben cesar todo tipo de hostigamiento judicial que intenta disuadir a las personas que se oponen a los proyectos mineros”, afirma Luis Guillermo Pérez, Secretario General de la FIDH.
La Ligue des droits et libertés de Québec (Canadá) se une a la FIDH y a la CEDHU exigiendo al gobierno canadiense que asuma su responsabilidad. “Dos meses después del rechazo de los parlamentarios canadienses al proyecto de ley sobre la Responsabilidad de las empresas en cuanto a actividades mineras, petroleras o de gas, en países en desarrollo, este informe insiste en la necesidad y urgencia de adoptar medidas legislativas que obliguen a las empresas mineras a respetar los derechos humanos, independientemente de país o circunstancia”, afirma Dominique Peschard, presidente de la Ligue des droits et libertés du Québec.