Llaman al diálogo ante protestas contra reforma de la ley minera en Panamá

Pueblos Indígenas en pie de guerra: consideran que la reforma del Código Minero es inconsulta.

Experto de la ONU llama al diálogo ante protestas indígenas contra la reforma de la ley minera en Panamá

http://unsr.jamesanaya.org/

15 defebrero 2011

GINEBRA - El Relator Especial de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, advierte sobre la situación de creciente conflictividad social en Panamá en relación con el proceso de reforma del Código de Recursos Minerales.

En las últimas semanas, durante la discusión y aprobación en la Asamblea Nacional del proyecto de ley N. 277 que reforma el Código de Recursos Minerales, se han llevado a cabo varios actos de protesta por parte de pueblos y organizaciones indígenas y otros sectores sociales. Durante estas manifestaciones se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en los que varias personas resultaron heridas y otras detenidas.

"Tengo conocimiento de que se ha convocado a nuevas movilizaciones para los próximos días. En este marco, insto al Gobierno de Panamá a que tome todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que participen en las manifestaciones y evitar que se produzcan actos que puedan afectar la vida y la integridad de las mismas", enfatizó el Relator Especial.

Al mismo tiempo, el Relator Especial señala la importancia de iniciar, a la mayor brevedad, un proceso de consulta de buena fe con los pueblos indígenas, con el fin de encontrar una salida pacífica a esta situación de tensión y tratar los problemas de fondo a esta situación, relacionados con las reformas propuestas al Código de Recursos Minerales.

Peligro de estallido social en Panamá por minería
Pueblos indígenas se sublevan contra la reforma legal del gobierno de Martinelli, que ofrece sus tierras a empresas extranjeras.

Fernando de Dios

http://www.contrapunto.com.sv

18 Febrero 2011

SAN SALVADOR – La reforma al Código de Recursos Minerales sancionada el pasado jueves por el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, provocó el rechazo de numerosos sectores sociales, encabezados por los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, al occidente del país.

Estos han protagonizado protestas durante las últimas semanas y la situación amenaza con reeditar la violenta represión que se produjo en la provincia de Bocas de Toro, en julio pasado, que costó la vida a 10 personas.

El principal punto de discordia es que el gobierno panameño permitirá la entrada en el país de corporaciones extranjeras para la explotación de su subsuelo, mediante el asocio con empresas nacionales, creando entidades mixtas.

También establece un alza considerable de las regalías, así como de las multas por extracción ilegal y de las fianzas de concesión de permisos.

El 40 por ciento de esas regalías irán a parar a las comunidades y comarcas colindantes con las explotaciones mineras.

Según un comunicado de la Presidencia de Panamá, con esta nueva normativa las empresas mineras aportarán más a las comunidades, a los municipios y al Estado, además de abrirse la posibilidad de que se creen más puestos de trabajo.

“Ahora Panamá contará con normas de respeto y responsabilidad del medio ambiente, ya que se establece como condición obligatoria que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos mineros deberá incluir el impacto social, tomando en consideración las características culturales de la población afectada”, añade.

El pasado miércoles, día en que el Parlamento de Panamá aprobó el decreto legislativo, se produjeron las protestas más importantes, con cortes de carreteras y concentraciones ante el palacio legislativo y la participación de grupos indígenas, de estudiantes universitarios y otras organizaciones ciudadanas.

En algunos casos se produjeron enfrentamientos con la policía y hubo varias decenas de heridos. También hubo detenciones. A diferencia a lo ocurrido en la provincia de Bocas de Toro, en esta ocasión la policía no disparó a los manifestantes y no hubo que lamentar muertos.

No obstante, los pueblos indígenas de la comarca Ngäbe Buglé sostienen que defenderán con su vida sus tierras, lo único que tienen, y cuya protección está establecida en la Constitución de la República.

El jueves dieron de plazo al presidente hasta el 24 de febrero para derogar la reforma legislativa, según el líder de la Coordinadora de Lucha contra la Explotación Minera, Rogelio Montezuma.

En opinión del encargado de minería del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (Ceicom), David Pereira, estas luchas “pueden ir en aumento porque la gente sabe que en el fondo lo que está en juego es las posibilidades de que ellos continúen viviendo y disfrutando de la calidad de vida que tienen en esos territorios”.

En la comarca Ngäbe Buglé se encuentra Cerro Colorado, el yacimiento de cobre más importante de la región y uno de los más grandes del mundo.

Su explotación, temen los pobladores tradicionales, contaminará su agua y sus suelos, deforestará  su territorio y en muchos casos les obligará a desplazarse.

Es decir, romperá por completo una forma de vida tradicional que vienen conservando desde hace siglos, basada en una relación de respeto y aprovechamiento sostenible de lo que ellos llaman “la madre tierra”.

A cambio el gobierno les ofrece dinero y puestos de trabajo en empresas transnacionales.

El amigo coreano

Tras su reunión con el presidente de Crea del Sur, Lee Myung-bak, el pasado mes de junio, Martinelli declaró ufanado que la relación con el país oriental iba a ser muy beneficiosa para Panamá.

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli y su homólogo de Corea del Sur, Lee Myung-bak, en una de sus reuniones

Cuatro meses después, se convirtió  en el primer presidente de su país en visitar Corea del Sur. La explotación minera y el desarrollo de las infraestructuras fueron los principales puntos de la agenda de ambos mandatarios.

El pasado jueves, tras sancionar la reforma del Código Minero, Martinelli conversó por teléfono con Lee, para informarle, según una nota de la Casa Presidencial surcoreana, a lo que el mandatario asiático respondió mostrando su satisfacción.

"El presidente Lee expresó  su satisfacción por la rápida revisión de la ley para la industria minera bajo el excelente liderazgo del presidente Martinelli", indicaba el comunicado.

En opinión de Francisco Sánchez Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), principal partido de oposición, lo que se produjo fue una "burda transacción económica a costa de la ecología".

Ese mismo comunicado informó  de que Lee y Martinelli acordaron que cooperarán para avanzar en la creación de un Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y los países de Centroamérica.

Además de esta reforma en Panamá, Honduras y El Salvador avanzan hacia un Tratado de Libre Comercio con Canadá, país cuyas empresas mineras están muy interesadas en el rico subsuelo centroamericano.

Poco a poco, estos países, guiados por sus empresas, van ganando la partida gracias a la complicidad de los políticos locales.

Autoritarismo civil

El presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el panameño Dorindo Cortez, fue muy duro en su crítica a esta reforma legal.

“Estamos opuestos a que se entregue gran parte del territorio nacional para el desarrollo de proyectos mineros que ponen en peligro las economías familiares, el desarrollo sostenible y un modo de vida de las etnias tradicionales”, dijo Cortez.

Invitado a la reunión de vicepresidentes celebrada en El Salvador este jueves, declaró que el Parlacen apoya la lucha de los pueblos contra la explotación minera.

“Tenemos la visión de llamar a todos los gobiernos a que los proyectos económicos sean sustentables y sostenibles y que no se ponga en peligro el modo de vida de la gente que lucha con grandes sacrificios”, manifestó.

Cortez lamentó que el presidente Martinelli esté dando la espalda a estas cuestiones y se esté centrando en la ganancia económica de estos proyectos, que según sus palabras, “al final van en beneficio de intereses muy particulares, no necesariamente nacionales, en detrimento de la población panameña”.

El presidente del Parlacen lamentó la deriva del gobierno panameño hacia “un autoritarismo de carácter civil”, que está haciendo desvanecerse los avances democráticos del país en las últimas décadas.

Para Cortez, la reforma del Código Minero es un paso más en la política de un presidente que “dice que resalta la vía empresarial pero que desconoce derechos humanos; dice que caminó los zapatos del pueblo, pero ahora ha olvidado esos zapatos y lo que hace es pegarle al pueblo con esos mismos zapatos”.

También se mostró preocupado por las consecuencias que pueden tener las protestas que seguramente seguirán dándose y deseó que no se repita lo ocurrido en julio en Bocas de Toro.

“Esas movilizaciones no van a terminar y nosotros esperamos que el gobierno aguante las armas, no utilice la represión contra estos pueblos que lo que hacen es defender lo poco que tienen”.

Debate minero se centra en la explotación de Cerro Colorado
Indígenas de las comarcas están en pie de guerra y amenazan con ir a las calles a protestar, pues consideran que la ley que reformó el Código Minero es inconsulta y nunca llegó a sus pueblos.

Xenia De León

PA-DIGITAL

21 de febrero 2011

La Policía ha movilizado más unidades para replegar a los manifestantes.
El Gobierno, a través de un escueto comunicado, se comprometió ayer a no iniciar, promover ni aprobar durante la gestión del presidente Ricardo Martinelli, la explotación de Cerro Colorado ni ningún otro yacimiento en las áreas indígenas.

Sin embargo, la información oficial, que tenía solo un párrafo, destaca que sí sería posible si lo piden las autoridades comarcales.

Explica que la decisión se da atendiendo a la preocupación evidenciada de los dirigentes de la Comarca Ngöbe Buglé, que están en contra de esa explotación.

Esta decisión no ha impedido que los grupos indígenas hayan anunciado una movilización y cierre de calles mañana, en San Félix, y amenazaron con ir hasta las últimas consecuencias en rechazo a la ley minera.

El viceministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, manifestó que la decisión del Gobierno demuestra que con la reforma no se tenía ninguna intención de desarrollar ni explotar Cerro Colorado.

Expresó que, por el contrario, buscaban adecuar el Código a la realidad nacional, por lo que subieron las multas, las tarifas y los cánones.

Además, se incluyen artículos para proteger el ambiente.

Mientras el diputado del Partido Popular, Irene Gallego, sostuvo que apoya a sus compañeros por la forma inconsulta del Gobierno para aprobar un proyecto y permitir que vengan empresas extranjeras a adueñarse de los territorios del pueblo Ngöbe.

En tanto, su colega Crescencia Prado, también de la comarca, solicitó en sus intervenciones en la Asamblea que se excluyera a las comarcas de la ley.

Las reformas al Código Minero fueron aprobadas en tercer debate en la Asamblea el jueves 10 de febrero y se convirtieron en Ley de la República el viernes.

Los líderes de la Etnia Ngöbe Buglé, que viven en la comarca, se oponen a la explotación de los ricos yacimientos de cobre de Cerro Colorado, el segundo más grande del mundo.

Esto, por el riesgo de contaminación de los acuíferos, la deforestación y el temor al desplazamiento de sus tierras.