Declaración: Recursos naturales y la misión de la Iglesia en América Latina

Published by MAC on 2011-07-25
Source: CELAM

SEMINARIO INTERNACIONAL

Industrias extractivas (minería e hidrocarburos), la problemática de los recursos naturales no renovables en América Latina y la Misión de la Iglesia, Lima, 14-16 de junio de 2011

DOCUMENTO CONCLUSIVO

 

La Iglesia reconoce la importancia de las industrias extractivas y el servicio  que pueden brindar a la comunidad humana, a las economías y al progreso de toda la sociedad.

Saluda la responsabilidad de los diferentes actores (empresarios, funcionarios del Estado, profesionales ingenieros y técnicos) que se esfuerzan en ir más allá del cumplimiento de las normas legales para proteger la integridad física de los trabajadores, de las poblaciones locales y de los pueblos indígenas y para cuidar el medio ambiente. La Iglesia valora estas prácticas responsables que promueven el bienestar de las personas en base al derecho y a las prácticas democráticas.

1.    Se constata que, en la mayoría de los países de América Latina y El Caribe, hay una expansión acelerada de las industrias extractivas, formales e informales, cuyas actividades tienen, muchas veces, impactos negativos en la vida de las poblaciones aledañas. Como dice el documento de Aparecida: “...hay una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región” (DA[1] 43).

2.    La Iglesia no puede ser indiferente a las preocupaciones, las angustias y la tristeza de las personas, sobre todo de los pobres y afligidos.[2] Por ello el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) con el apoyo de MISEREOR, organizó un seminario sobre “Industrias extractivas y la misión de la Iglesia” durante los días 14 al 16 de junio de 2011 en Chaclacayo, Perú. Participaron arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosas, líderes sociales, profesionales y académicos de 17 países de América Latina, El Caribe, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Europa.

3.    El objetivo de dicho encuentro fue analizar las consecuencias de las actividades extractivistas en el aspecto  social, político, económico y ecológico y desarrollar líneas pastorales.

4.    El seminario tenía como antecedentes los encuentros de Quito (3– 8 de agosto de 2009), Manaos (1–4 de octubre de 2009), Buenos Aires (20–25 de agosto de 2010), Roma (1–2 de octubre de 2010) en los que se reflexionó sobre diversas dimensiones relacionadas con el bien común global y el Cuidado de la Creación.

5.    Comenzamos nuestras reflexiones con un análisis de la realidad que fue enriquecido por una lectura de fe a la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia para determinar las líneas de acción pastoral más adecuadas. Porque “[…] los principios generales de la doctrina social se llevan a la práctica comúnmente mediante tres fases… que suelen expresarse con estos tres verbos: ver, juzgar y actuar”[3].

      EL PLANETA HERIDO     

8.   Junto con el crecimiento de las industrias extractivas a nivel mundial, notamos una relocalización de los flujos de inversión, motivada por la recuperación de los precios de los minerales. Hay nuevos actores en escena como Brasil, India y China que contribuyen al incremento de la demanda. Ello incide significativamente en el incremento de los precios de los metales. Existe, pues, una demanda cada vez mayor de materias primas tanto por parte de los países emergentes como de los países industrializados. Algunos de éstos últimos, incluso, han desarrollado estrategias de mediano y largo plazo para garantizar su abastecimiento, llegando a declarar dicho abastecimiento como un interés de seguridad nacional.

9.   En el Seminario se analizaron varios testimonios sobre conflictos entre poblaciones afectadas por las actividades extractivas, el Estado y las empresas privadas en diferentes países de América Latina, testimonios que son reflejos de una grave problemática social y ambiental.

10. En ciertos casos se constata un comportamiento irresponsable de las empresas transnacionales porque en el desarrollo de sus actividades no se rigen por los estándares sociales y ambientales reconocidos internacionalmente, mientras que muchos Estados nacionales permanecen indiferentes o pasivos frente a estas prácticas indebidas.

11. Se ha comprobado que el desarrollo de actividades industriales para la exploración y explotación minera y de hidrocarburos genera una liberación, dispersión y deposición de productos químicos y residuos de diversa naturaleza, tales como cianuro de sodio, plomo, arsénico, uranio, mercurio y otros metales pesados. Ellos contaminan directamente o por infiltración, los recursos hídricos (glaciares, lagos, ríos y el agua en el subsuelo), el aire y el suelo. En algunos casos la contaminación perdura por miles de años, provocando graves enfermedades y mutaciones genéticas. Este hecho, sumado a la destrucción de suelos (lixiviación) y de paisajes – que para algunas comunidades indígenas son considerados sagrados- , perjudica sensiblemente la calidad de vida tanto de las personas como de animales y plantas. Se constata la aparición y el incremento de enfermedades entre los pobladores del lugar y de las comunidades aledañas afectadas por la actividad minera informal y en ciertos casos por la actividad formal. En la mayoría de los casos los trabajadores y pobladores quedan abandonados a su suerte.

12. Generalmente las industrias extractivas que no manejan correctamente el recurso hídrico, afectan el derecho humano al agua como bien público, la producción de alimentos y la agricultura. Eso provoca migración, convirtiéndose comunidades enteras en “refugiados ambientales”, víctimas de una economía informal y en ciertos casos por la actividad formal de índole neoliberal basada fuertemente en el extractivismo y la venta de materia prima en el mercado mundial. Ello trae como consecuencia la ruptura de los invalorables proyectos de vida de las comunidades.

13. Se observa a la vez una creciente concentración de derechos de la propiedad y del uso concesionario de tierras en las manos de empresas transnacionales que, en muchos casos, también ejercen un fuerte control social sobre amplios territorios.

14. Las empresas extractivas y, sobre todo la minería, son actividades que requieren mucha tecnología y emplean poca mano de obra. Es cierto que se generan puestos de trabajo, pero éstos son por tiempos limitados y, en muchos casos, en situaciones de sub-contratas laborales o “services” que lesionan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En el caso de la minería informal se observa un aumento de la mortalidad por accidentes de trabajo. Es justo reconocer que ha decrecido considerablemente el número de obreros que mueren a causa de accidentes de trabajo por incumplimiento de las normas de seguridad en el caso de la minería formal.

15. Los aportes tributarios de las empresas extractivas incrementan sustantivamente los ingresos del Estado. Pero por otra parte hay exoneraciones o convenios de estabilidad comercial, tributaria y ambiental que minimizan dichas aportaciones. En el caso de Centroamérica se ha generalizado una política de exoneraciones fiscales que han reducido las obligaciones tributarias a un rango de sólo 5%. Por eso en varios países de la región cuyas empresas han incrementado de manera considerable sus ganancias a causa del alto precio de los metales, se encuentra en debate el tema del impuesto a las sobre ganancias mineras.

16. Se observa también con preocupación que en diferentes países de América Latina la minería informal está causando graves daños a la salud de las personas y al medio ambiente, anulando todos los ciclos vitales en donde se desarrolla.

LOS ESTADOS

 

17. Las actividades extractivas mayormente son realizadas por empresas privadas transnacionales y, frente al poder económico de éstas, se observa un debilitamiento de los estados nacionales y de su soberanía sobre todo en los niveles de gobierno local. Muchas veces los gobiernos nacionales no cumplen satisfactoriamente su función de generar y exigir el cumplimiento de las normas nacionales  de protección del ambiente, permitiendo la flexibilización de los marcos regulatorios y usando los vacíos legales a favor de las empresas, en lugar de defender y proteger los derechos de la población que es la responsabilidad fundamental de todo Estado.

18. Observamos un incremento de la corrupción y un debilitamiento de la gobernabilidad así como del sistema de justicia. Muchas veces se comprueba una falta de transparencia acerca de los contenidos de los documentos que regulan las relaciones entre el Estado y las Empresa extractivas, entre otros: contratos de concesión; estudios de impacto socio-ambiental; informes de monitoreo ambiental del ejercicio de emprendimiento. En muchos países de América Latina y de El Caribe el acceso libre a los registros actualizados de las concesiones mineras no está garantizado.

19. Muchos de los conflictos socio ambientales se dan porque: “En las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas” (Documento de Aparecida, 84). Y cuando se generan conflictos no se han establecido mecanismos de diálogo, por lo que a menudo se tiende a criminalizar la protesta social.

En muchas ocasiones las Fuerzas de Seguridad de los Estados, o privadas, atropellan los derechos de las poblaciones. A veces grupos guerrilleros armados o paramilitares están involucrados en la explotación de los bienes naturales, y, en otros casos, impiden con violencia las actividades extractivas.

De parte del Estado a menudo no se practica la consulta previa a los pueblos indígenas, posibles de ser afectados, la cual debe ser ejecutada a través del Estado sin delegación a los sectores privados, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT en su Art.6.2, y la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en su Art.19. En particular frecuentemente los Estados son ineficientes en ejecutar las funciones públicas de revisión de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), la aprobación de las Certificaciones ambientales así como el monitoreo del desempeño ambiental de los emprendimientos. Ello genera contextos que son propicios para la corrupción y las relaciones impropias entre funcionarios públicos y el sector privado. Se debe garantizar asimismo un mínimo de libertad, información y buena fe con miras a alcanzar el consentimiento libre e informado de los pueblos implicados.

De la misma manera corresponde profundizar en los demás aspectos la observancia del mencionado Convenio 169 de la OIT, así como los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Asimismo se destaca la falta de mecanismos efectivos para conminar y sancionar a las corporaciones multinacionales cuando incurren en violaciones de garantías reconocidas a nivel nacional e internacional.

      LA IGLESIA

20. Estamos en un escenario de incremento de los conflictos socio-ambientales en el Continente. Nos preocupa la situación de muchos agentes pastorales y líderes sociales, de defensores y defensoras de los Derechos Humanos así como a las personas que trabajan para la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales que vienen siendo amenazados, perseguidos. Pero Jesús los fortalece al afirmar: “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de los Cielos.”(Mt 5,9–10). Nuestros pueblos anhelan un desarrollo que sea humano, integral, solidario y sostenible (cfr. DA 474c).

21. Por otro lado destaca el acompañamiento e involucramiento de la Iglesia en los procesos formativos y en la toma de conciencia de las comunidades. Su presencia activa, al lado de la población ha sido decisiva para facilitar el diálogo y evitar la violencia, así como para invocar la solidaridad de la sociedad civil a escala internacional y las experiencias de alianzas, como por ejemplo, entre sindicatos de las empresas, cooperativas y otras organizaciones con las comunidades afectadas. Es clave conocer, documentar y sistematizar estas experiencias y sacar lecciones para lograr interactuar  eficazmente con las empresas extractivas y los poderes públicos.

SEÑALES ALENTADORAS

22. Si bien prevalece en varios países un modelo económico neoliberal asentado en el extractivismo, constatamos con esperanza el surgimiento de nuevos enfoques de desarrollo que se proyectan hacia propuestas integrales, incorporando las dimensiones sociales, culturales y ambientales.

23. Las poblaciones han desarrollado estrategias diversas entre las que están la puesta en escena de nuevas organizaciones que han reaccionado frente al conflicto, con el desarrollo de capacidades para adquirir mayores conocimientos y elaborar propuestas. También se vienen dando alianzas con otros sectores sociales, buscando la incidencia en las políticas públicas. Así se están  logrando aprendizajes en la perspectiva de construir escenarios  de transición alternativos al extractivismo incontrolado.

24. En los países industrializados de mayores ingresos surgen importantes movimientos ciudadanos que cuestionan  el estilo de vida consumista  y plantean la solidaridad con las comunidades y pueblos del sur y el seguimiento e incidencia sobre el comportamiento de las empresas y las políticas públicas de dichos países. También se han desarrollado interesantes mecanismos de certificación internacional y comercio solidario que ayudan a los consumidores de los países más ricos a adquirir productos que se han elaborado minimizando la contaminación y los impactos socio-ambientales negativos sobre los ecosistemas de los países del sur y sobre los hombres y mujeres que allí viven.

25. Hay algunas experiencias que muestran que es posible pensar en una actividad extractiva racional y responsable que coexista con la agricultura, se desarrolle de acuerdo a los estándares internacionales y por ende tenga en cuenta la sostenibilidad, la inclusión social, la regulación y la máxima reducción de los efectos en el ambiente. Es necesario informarse y conocer cuáles son los marcos normativos, sociales, culturales y políticos que han posibilitado dichas experiencias para ver en qué medida son replicables en otros lugares.

LA TIERRA, CASA COMÚN Y LUGAR DE COMUNIÓN

 

26. Según la fe cristiana nuestra tierra es creación de Dios. Por ello tenemos que tratarla con respeto. Los seres humanos, creados a imagen de Dios (Gen 1,26), están llamados a ser administradores responsables de los bienes de la creación. No tenemos el derecho de explotar los recursos de la tierra, “arrasando irracionalmente las fuentes de vida” (DA 471). Dios creó la vida en su gran diversidad (Gen 1, 11–12.20). Nuestro continente de América Latina tiene una de las más grandes variedades de flora y fauna de toda la tierra.[4] Esta es una herencia gratuita y frágil “que recibimos para proteger” (DA 471).

27. Una base sustancial del cuidado de los bienes de la creación es la alianza del Creador con todos los seres vivientes (Gen 9,17). La Doctrina Social de la Iglesia enfatiza que “una correcta concepción del medio ambiente no puede reducir utilitariamente la naturaleza a un mero objeto de manipulación y explotación”[5]. Por el contrario, la intervención del ser humano en la naturaleza se debe regir por el respeto a las otras personas y sus derechos y por el respeto hacia las demás criaturas vivientes.[6] Ello implica también la responsabilidad de que las generaciones futuras puedan heredar una tierra habitable.

28. Reafirmamos la necesidad de preservar el planeta tierra como “casa común” de todos los seres vivientes. El Beato Papa Juan Pablo II nos advirtió de los riesgos que conlleva considerar al planeta únicamente como una fuente de recursos económicos: ”[...] el ambiente como ‘recurso’ pone en peligro el ambiente como ‘casa’”[7]. Por esta razón se requiere evaluar el costo ambiental a largo plazo de las actividades extractivas, junto a las demás actividades lícitas como la ganadería, la agricultura, la acuicultura o ilícitas, como el cultivo de coca o amapola para el narcotráfico.

29. Jesús anunció con sus palabras y hechos que Dios es el Dios de la Vida. La fidelidad al Evangelio nos exige contemplar la vida como don de Dios en toda la creación. Esta dimensión integral e interdependiente de todo lo creado compromete la responsabilidad humana.

30. Existe un vínculo estrecho entre el seguimiento de Jesús y la misión. La misión debe estar al servicio de la vida de los pueblos en Latinoamérica. Así lo recalcan los obispos en el documento conclusivo de Aparecida cuando dicen: “La misión evangelizadora no puede ir separada de la solidaridad con los pueblos y su promoción integral” (DA 545). Pues “las condiciones de vida de muchos abandonados, excluidos e ignorados en su miseria, y su dolor, contradicen el proyecto del Padre e interpelan a los creyentes a un mayor compromiso a favor de la cultura y de la vida. El Reino de Vida que Cristo vino a traer es incompatible con esas situaciones inhumanas. Si pretendemos cerrar los ojos ante estas realidades no somos defensores de la vida del Reino y nos situamos en el camino de la muerte.” (DA 358).

31. Vivir según el Espíritu de Jesús, nos llama a reafirmar la opción por los pobres, los destinatarios preferidos del Reino y las primeros víctimas de los efectos negativos del modelo socio-económico vigente y de los desastres naturales generados como consecuencia del cambio climático global.

32. En la búsqueda de un desarrollo integral y solidario nos inspira y nos ayuda la vivencia espiritual de los pueblos indígenas y afro descendientes quienes desde sus orígenes se sienten parte de la “madre tierra” y se relacionan con ella como “matriz de la vida”. En las culturas originarias hay un espíritu que descubre la sabiduría y la fuerza de Dios en la creación. Eso les incentiva a buscar el ‘Buen Vivir’. Reconociendo esta realidad, en abril del 2009, todas las naciones del mundo, reunidas en la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad una resolución que designa el 24 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra.

33. Respecto a las actividades de las industrias extractivas y al uso de los recursos naturales no renovables hay que tener presente el principio del destino universal de los bienes de la creación, especialmente de los recursos de vital importancia como el agua, el aire, la tierra. Este es el principio fundamental de todo el orden ético-social.[8]

34. El modelo económico actual se sustenta en la matriz energética de combustibles fósiles, en la persecución del lucro a todo costo y en una escalada de consumo, aparentemente sin límites, lo que conlleva la sobreexplotación y, por consiguiente, la creciente escasez de recursos naturales no renovables y el calentamiento global debido a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en conjunción con el agravamiento del fenómeno del cambio climático global... El deshielo acelerado de los polos, los glaciares tropicales andinos y la deforestación de la Amazonia son algunos síntomas, entre otros, de la insostenibilidad del modelo económico presente. Este modelo promueve la desigualdad y el individualismo y pone en peligro la sobrevivencia del planeta. Frente a ello el documento de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericana en Aparecida nos plantea el desafío de “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario” (DA 474c).

35. Otro principio fundamental de la Doctrina Social que guía a la Iglesia en su compromiso de promover un desarrollo integral y sostenible, es el principio del bien común. “Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad.”[9]. El Papa Benedicto XVI afirma, que en la construcción de un orden social justo la Iglesia “no puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. No obstante, le interesa sobremanera a la Iglesia trabajar por la justicia, esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien”[10].

36. Asimismo recuerda que “la Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la Creación y se siente en el deber de ejercerla también en el ámbito público, para defender la tierra, el agua y el aire, dones de Dios Creador para todos, y proteger a la persona humana”[11]. En este sentido cabe subrayar de nuevo la gran relevancia de la biodiversidad tan rica en nuestro Continente, la cual es imprescindible para una vida saludable en la tierra. Este hecho debería ser valorado por los países del Norte.

 

USAR LOS BIENES DE LA CREACIÓN CON RESPONSABILIDAD CUIDADOSA[12]

 

37. Junto con otros actores en la sociedad la Iglesia trabaja para fortalecer la dimensión ética en la política y en la economía. Quiere “servir a la formación de las conciencias en la política y contribuir a que crezca la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a ella, aun cuando esto estuviera en contraste con situaciones de intereses personales.”[13] No es posible lograr un desarrollo integral, solidario y sostenible sin la dimensión ética.

 

38. Cumpliendo su misión de trabajar por la reconciliación y la unidad, por el respeto a la dignidad de cada persona y por el bien común (cfr. LG 1), la Iglesia sigue promoviendo un diálogo abierto y transparente entre los diferentes actores de la sociedad que están involucrados en los conflictos socio-ambientales. De esta manera la Iglesia desea ayudar, en cada caso a frenar el escalamiento de los conflictos, a evitar los desenlaces violentos y a encontrar una solución justa y sostenible.

39. La Iglesia invoca a los Estados para que establezcan un marco político y legal que regularice la actividad extractiva según los estándares socio-culturales y ambientales internacionales, proteja los derechos de la población aledaña a los yacimientos y vele por el cumplimiento de los contratos establecidos con las empresas. 

40. A la vez la Iglesia exhorta al Estado  a que, antes de autorizar el inicio de cualquier actividad extractiva,  garantice la consulta previa así como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Las normas legales de la mayoría de los países de América Latina prevén que el Estudio de Impacto Ambiental sea realizado por las Empresas concesionarias antes de realizar el proyecto extractivo, como parte de las condiciones que lleven a su aprobación. Los EIA son, por lo tanto, un documento de las partes interesadas. Por esta razón es necesaria que la función pública de revisión de los EIA sea realizada con imparcialidad y según criterios científicos internacionalmente establecidos. También la Iglesia exhorta al Estado a informar a la población adecuadamente sobre los resultados del estudio.

41. De la misma manera pide al Estado que implemente, aplique y lleve a cabo procesos de consulta, facilitando la participación de los/las representantes de los pueblos y comunidades indígenas afectadas por los proyectos mineros en la toma de decisiones sobre la  posible realización de dichos proyectos.

42. La Iglesia recuerda al Estado y a las empresas mineras que “es urgente llegar a conjugar la tecnología con una fuerte dimensión ética”[14] y que hay que incentivar “la investigación y la explotación de energías limpias que preserven el patrimonio de la creación y sean inofensivas para los seres humanos”[15] y recalca que estas deben ser prioridades políticas y económicas.[16]

43. La Iglesia pide con insistencia que las empresas mineras actúen con responsabilidad social y ambiental, respeten los contratos establecidos, velen por la seguridad y la salud de sus trabajadores y les den una remuneración justa. Al Estado queda la fundamental tarea de verificar que así sea, función que debe realizar con imparcialidad, rigor técnico y transparencia.

44. Asimismo siente el deber de promover entre los empresarios una ética basada en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

45. Respecto de la consulta previa la Iglesia reafirma su compromiso de contribuir con la difusión de toda información amplia, plural y objetiva sobre el complejo tema de las industrias extractivas, así como de los beneficios y riesgos que ésta conlleva, a través de su red de radios y otros medios de comunicación. Con ello la Iglesia desea contribuir a que la población pueda estar informada y tomar una decisión fundada y crítica, elaborando propuestas alternativas para defender sus derechos vía la argumentación y el dialogo.

46. La Iglesia se compromete a empeñar sus “esfuerzos en la promulgación de políticas públicas y participaciones ciudadanas que garanticen la protección, conservación y restauración de la naturaleza” (DA 474d). Para ello, en la pastoral se deben diseñar con creatividad acciones concretas que tengan incidencia en los Estados para la aprobación de políticas sociales y económicas que atiendan las variadas necesidades de la población y conduzcan hacia un desarrollo sostenible” (DA 403). Por lo mismo sigue apoyando a la sociedad civil a “determinar medidas de monitoreo y control social sobre la aplicación en los países de los estándares ambientales internacionales” (DA 474e).

47. La Iglesia acoge el llamado de SS. Benedicto XVI de que es necesario un “cambio de mentalidad [para] llegar rápidamente a un estilo de vida global que respete la alianza entre el hombre y la naturaleza, sin la cual la familia humanan puede desaparecer.”[17] Para ello se compromete a contribuir decididamente a este cambio de mentalidad y a generar una práctica coherente.

48 La Iglesia afirma su compromiso que “como discípulos y misioneros al servicio de la vida, acompañamos a los pueblos indígenas y originarios en el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias, la defensa del territorio [...] y la defensa de sus derechos. Nos comprometemos también a crear conciencia en la sociedad acerca de la realidad indígena y sus valores, a través de los medios de comunicación social y otros espacios de opinión” (DA 530).

El CELAM se empeñará en fomentar el diálogo con las Conferencias Episcopales de los Estados Unidos, Canadá y Europa sobre las cuestiones de las industrias extractivas y la misión de la Iglesia. Impulsará una coordinación de los respectivos esfuerzos pastorales que ya se están realizando en la Iglesia latinoamericana y fortalecerá los lazos de solidaridad con los agentes pastorales, los líderes sociales y los defensores y defensoras de los derechos humanos que están amenazados y perseguidos. A la vez intensificará los vínculos existentes con el Pontifico Consejo Justicia y Paz.

Asimismo el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM se compromete a dar un seguimiento integral a la temática y compromisos del Seminario profundizando la reflexión sobre las diferentes dimensiones del tema desde la Doctrina Social de la Iglesia.

 

Lima, junio de 2011