Conflicto Minas Conga: ¿Debe el Perú tener una autoridad ambiental?

Estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca.

Tras no llegar a un acuerdo, Humala anuncia estado de emergencia por 60 días en Cajamarca

Rocío Maldonado y Jonathan Castro

http://www.larepublica.pe

5 de diciembre 2011

Medida. Regirá en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá. La comitiva del gobierno, lideraba por el premier Salomón Lerner, no logró un entendimiento para levantar el paro indefinido contra el proyecto Minas Conga. Para las autoridades del Ejecutivo, un grupo de dirigentes muestra intransigencia.

Pocos minutos después de las 10 pm, en un mensaje a la Nación, el presidente de la República, Ollanta Humala, anunció que el gobierno había decidido declarar el estado de emergencia en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá, del departamento de Cajamarca, durante 60 días.

Precisó que la medida rige a partir de las cero horas de hoy, luego de que la comitiva del Ejecutivo no alcanzara un acuerdo para levantar el paro indefinido contra el proyecto Minas Conga, iniciado el 24 de
noviembre.

“La intransigencia de un grupo de dirigentes locales se ha puesto en manifiesto, no se han alcanzado acuerdos mínimos para que se restablezcan la paz social y los servicios públicos a los que tiene derecho Cajamarca”, sentenció Humala.

El anuncio del mandatario se veía venir luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, y el viceministro de Orden Interno, Alberto Otárola, señalaran que el Ejecutivo evaluaba una
medida de excepción.

La decisión se adoptó después de un infructuoso diálogo a puerta cerrada que durante nueve horas sostuvieron ayer la comisión del gobierno y las autoridades regionales y municipales, además de
dirigentes de la región.

Las 8:30 de la noche fue el último plazo que la comisión del gobierno otorgó a las autoridades y dirigentes de Cajamarca para suscribir un acta de entendimiento y levantar la medida de fuerza, informó el
viceministro de Orden Interno, Alberto Otárola, minutos antes que se cumpliera la hora fijada.

Según su versión, luego de horas de diálogo, las partes estaban listas para firmar el acuerdo, pero tres dirigentes se oponían sistemáticamente al levantamiento de la paralización de 11 días.

"El Estado va a actuar con las armas que la ley le confiere", dijo Otárola, quien no descartó la posibilidad de que se decrete el estado de emergencia en la región.

Tras las declaraciones del viceministro de Orden Interno, y poco antes de las 9 de la  noche, cuando ya se había cumplido el plazo otorgado por el gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, confirmó que no se había llegado a un entendimiento en Cajamarca, pese a que la mayoría de los dirigentes concordaban con la mayor parte de los planteamientos de la comisión del gobierno.

Lerner Ghitis lamentó que no se haya llegado a un acuerdo, aun cuando las expresiones de minería responsable fueron bien recibidas durante buena parte de la mañana por la dirigencia cajamarquina.

“Dejamos constancia de que quisimos que el diálogo sea fluido. Ahora vamos a hacer respetar el estado de derecho y la Constitución. La declaratoria de un posible estado de emergencia se decidirá en las próximas horas”, dijo en declaraciones a TV Perú.

Trascendió que los alcaldes de los distritos de Huasmín, Bambamarca, Sorochuco y La Encañada, jurisdicciones que se verán afectadas directamente con el desarrollo del proyecto minero, pidieron un plazo de 24 horas para consultar a sus bases antes de firmar cualquier compromiso. No aceptaron.

ENFRENTAMIENTOS

Tras conocerse que las conversaciones entre el gobierno y su dirigencia no llegaron a ningún acuerdo, y cuando aún no se decretaba el estado de emergencia, se produjeron algunas discrepancias entre la población que esperaba el resultado del diálogo.

Unos dos mil cajamarquinos se congregaron en la plaza de armas, la cual estaba fuertemente resguardada por efectivos de la Policía Nacional.

Dos mesas de diálogo

Durante la reunión con dirigentes y autoridades de Cajamarca, la comitiva del Ejecutivo planteó la instalación de dos mesas de diálogo. La primera referida específicamente al proyecto Conga, y la segunda relacionada con un plan de desarrollo en la región.

El contenido del acta, que no llegó a ser rubricada por las partes, y la mesa sobre el proyecto Conga tenían como finalidad atender las observaciones a las actividades de la empresa minera Yanacocha desde una perspectiva técnica, jurídica y ambiental.

En el escrito, difundido con esmero por la Presidencia del Consejo de Ministros, se deja constancia de que las organizaciones sociales y autoridades regionales y locales presentes en esa reunión solicitaron el retiro de la maquinaria del proyecto Conga y la inviabilidad del proyecto.

Esa fue la demanda que entrampó el diálogo. Trascendió, que Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental, se mostró inflexible en estos dos puntos.

La mesa de desarrollo de la región Cajamarca, según el acta, tenía como objetivo elaborar un plan de desarrollo de la región Cajamarca sobre la base de un proyecto de ordenamiento territorial alineándolo al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas de inclusión social y económica.

El compromiso era instalar ambas mesas de diálogo en un  plazo máximo de 72 horas.

Detienen a dirigentes de protesta en Cajamarca

http://www.punoinfo.com

7 de diciembre 2011

Ayer a las dos de la tarde, el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra, fue detenido por efectivos de la Policía cuando se retiraba del Congreso de la República. Junto a él fueron intervenidas otras cinco personas.

El dirigente cajamarquino, quien el último domingo participó de la reunión con el Premier Salomón Lerner Ghitis para solucionar el conflicto por el proyecto minero Conga, fue llevado a la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) en el Centro de Lima. Tuvieron que pasar diez horas para que Saavedra y el resto de detenidos fueran liberados.

Minutos después de ser detenido y llevado a la Dircote, Saavedra declaró brevemente: “no sabemos por qué nos han traído, nos han dicho que es solo una investigación de rutina”. Él había participado de la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso.

Más tarde llegaron a la Dircote miembros de izquierda, como el congresista Javier Diez Canseco, la regidora de la Municipalidad de Lima, Marisa Glave, y César Barrera Bazán, dirigente de Patria Roja, para darles su apoyo. También lo hizo el abogado Aníbal Apari, exesposo de la emerretista Lori Berenson.

Apari denunció que Saavedra y los otros cinco detenidos fueron interceptados por dos vehículos de la Policía cuando se retiraban del Congreso. Agentes vestidos de civiles los detuvieron a pesar de que todos les mostraron sus DNI, y les pidieron que los acompañen a la Dircote “para una verificación de rutina”.

“Se trata de una detención arbitraria. Tenemos la información de que no hay ninguna razón para detenerlos. Los han detenido supuestamente para hacerles un proceso de investigación, pero eso no es ninguna razón jurídica para la detención de ninguna persona. Para ninguno había orden de captura. A ninguno les han mostrado una orden judicial ni cosa por el estilo”, expresó, tras señalar que ha presentado un hábeas corpus.

¿RETENCIÓN O DETENCIÓN?

Según dijo Apari, un comandante de seguridad del Congreso de la República le mostró un parte que señalaba que se intervenga a los dirigentes porque supuestamente no habían querido identificarse y también porque Wilfredo Saavedra había participado en la huelga de Cajamarca contra el proyecto Conga.

La defensa de Saavedra y del resto de dirigentes indicó que en caso de que se tratase de una retención para verificar algún tipo de información, esta solo debió haber durado cuatro horas.

LOS LIBERAN DIEZ HORAS DESPUÉS

Minutos antes de la medianoche, tanto Wilfredo Saavedra como el resto de detenidos fueron liberados de la Dircote. En total, los dirigentes cajamarquinos permanecieron en la sede policial por diez horas.
 

Aníbal Apari también señaló que los domicilios en Cajamarca de los detenidos que participaron en el paro contra el proyecto minero Conga habían sido allanados sin una orden judicial.

De PEP & CIDSE

Señor Ollanta Humala Tasso
Presidente de la República del Perú
Palacio de Gobierno
Jr. de la Unión 264

Bruselas, 8 de diciembre de 2011

Señor Presidente:

Las organizaciones miembros de las redes de ONG Europeas ‘La Plataforma Europa Perú’ y ‘ CIDSE’ - queremos manifestar nuestra consternación ante la ruptura del diálogo con los dirigentes locales y la declaración del Estado de Emergencia en la región de Cajamarca a raíz del conflicto social generado por el proyecto Conga de la empresa Yanacocha.

El proyecto minero ‘Conga’ está ubicado en un sistema hidrográfico complejo y frágil. Las preocupaciones manifestadas por la población local por los posibles impactos negativos del proyecto Conga sobre este sistema hidrográfico y la calidad del agua nos parecen totalmente justificadas. Las observaciones emitidas por el Ministerio del Ambiente referentes al Estudio de Impacto Ambiental apuntan a una prematura y errónea aprobación de este estudio por el Ministerio de Energía y de Minas durante la administración del ex presidente Alan García.

La empresa minera Yanacocha tiene una trayectoria de serias deficiencias en el manejo social y ambiental que han generado muchos conflictos con la población local. La región de Cajamarca cuenta con numerosos pasivos ambientales mineros que todavía no han sido adecuadamente tratados y que siguen contaminando el ambiente. Han sido las denuncias y las protestas de esta población las que en el pasado han forzado a la empresa a incrementar sus esfuerzos por disminuir los impactos negativos y de cumplir con la legislación ambiental del Perú. Las protestas sociales generadas por el proyecto Conga son, a nuestro entender, una manifestación del malestar de la población local por la forma que tiene el gobierno de proceder respecto a la aprobación y la implementación del proyecto.

Lamentamos que no se haya concedido el permiso a los representantes de Cajamarca de consultar a la población durante la negociación con la delegación del gobierno presidida por el Premier Salomón Lerner el domingo 4 de diciembre. De esta manera no se llegó a firmar los acuerdos logrados hasta ese momento. No entendemos que el Gobierno, en lugar de permitir la consulta solicitada, haya optado por declarar el estado de emergencia.  La consulta de los dirigentes con su base es la forma en que habitualmente actúan los dirigentes sociales, especialmente frente a una población movilizada, a fin de evitar que acuerdos convenientes sean rechazados, simplemente por no haber sido previamente informados.

Señor Presidente, Ud. ofreció durante su campaña instaurar una nueva manera de solucionar los conflictos sociales, protegiendo los derechos de todos. Es urgente que su gobierno dé respuesta a las objeciones planteadas al proyecto por el Ministerio del Ambiente, quien señala que “el referido proyecto transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios sistemas y fragmentando los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”.

En este contexto solicitamos :

En relación directa al proyecto Conga:

El levantamiento del estado de emergencia y la reapertura del diálogo y de la negociación con las autoridades y los dirigentes de Cajamarca;
La suspensión inmediata del mencionado proyecto hasta que se dé una respuesta efectiva y plena al conjunto de preocupaciones mencionadas;
La revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con la participación de expertos nacionales y extranjeros del más alto nivel profesional  (según acuerdo del 4 de diciembre);
La iniciación de la discusión sobre el Plan Regional de Desarrollo de Cajamarca (según acuerdo del 4 de diciembre);
Tomar como clave de las decisiones para el desarrollo de esta zona, la protección de la salud, de los derechos y de los intereses de la población que podría ser afectada;

Y de manera general, en relación con la gestión de conflictos socio-ambientales:

La transferencia de la responsabilidad de la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) al Ministerio del Ambiente, quien sería la entidad idónea para revisar los procedimientos de elaboración, consulta y aprobación de EIAs de manera autónoma y sin incurrir en un conflicto de intereses con la promoción de las inversiones;
Decretar la moratoria y la revisión del procedimiento de otorgamiento de concesiones, procediendo solamente aquellas que sean viables en el marco de la zonificación económica y ecológica y que hayan sido materia de consulta previa;
La implementación a la brevedad posible del derecho a la consulta tal cual está establecida en la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios mediante la aprobación de su reglamento.

Con la esperanza de que su gobierno procure una solución duradera a este conflicto y al mismo tiempo ponga en marcha las reformas que se requieren para evitar este tipo de conflictos en el futuro, nos despedimos.

Atentamente,

Los miembros de las redes CIDSE y PEP

C.C.
Señor Salomón Lerner Ghitis, Primer Ministro
Señor Carlos Herrera Descalzi, Ministro de Energía y Minas
Señor Ricardo Giesecke Sara Lafosseima, Ministro del Medio Ambiente
Sra. Aida García Naranjo, Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

P.S. CIDSE es una alianza internacional de 16 agencias católicas para la cooperación al desarrollo que trabajan juntas en pro de la justicia global.
La Plataforma Europa Perú (PEP) es una red Europea 15 de agencias y comités de solidaridad con actividades en el Perú.

Día Internacional de los DDHH: Pedimos levantar el estado de emergencia en Cajamarca y llamamos a un cambio de prácticas con base en los derechos humanos

http://www.amnistia.org.pe/

9 de diciedmbre 2011

Con el lema “UN MOMENTO PARA EL CAMBIO” Amnistía Internacional ha hecho un llamado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra cada 10 de diciembre, para que en el Perú se dejen atrás prácticas que obstaculicen el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos.

“Es un momento para que cada persona, organización, gremio, empresa, institución y autoridad, reoriente y promueva a través de sus acciones la plena vigencia, ejercicio y disfrute de los derechos humanos en el Perú” dijo Juan Carlos La Puente, director en Perú de Amnistía Internacional. “No podrá hablarse de un cambio real en el Perú, si el Estado no garantiza los derechos fundamentales de todas y todos los peruanos, y las ciudadanas y ciudadanos no ejercen totalmente todos sus derechos” acotó.

En este sentido, Amnistía Internacional pide el levantamiento del estado de emergencia en Cajamarca y llama al gobierno a ser el principal promotor del diálogo, en el que debe primar, tanto por parte de los representantes de organizaciones como del gobierno regional y nacional, el derecho al agua, esto es, las garantías necesarias a la disponibilidad de un suministro suficiente, seguro y accesible de agua. Respetando el derecho al agua, se respeta de igual forma el derecho a la salud y a la alimentación.

Amnistía Internacional reitera que las iniciativas de diálogo que se vienen gestando en el Perú desde la sociedad civil, Estado y empresa, guarden memoria de los daños causados por la desprotección de los derechos de muchas y muchos peruanos en las décadas de 1980s y 1990s, como señaló en su momento la Comisión de la Verdad y Reconciliación, como también de los daños ambientales y sociales causados por actividades económicas sin el debido control del Estado. La no repetición de dichos hechos debe conducir las acciones de las y los diversos actores para promover la confianza que ahora se necesita en el marco de los procesos de diálogo y concertación.

Se deben buscar acuerdos sostenibles que garanticen la amplitud del ejercicio de los derechos humanos, y entre ellos, el derecho a un medio ambiente saludable. “Las personas, organizaciones y movimientos que defienden legítimamente los derechos humanos deben ser reconocidos como aliados en el proceso de construcción y fortalecimiento del Estado de Derecho en el Perú” concluye Juan Carlos La Puente.