Minería en Colombia - ¿A qué precio?

Minería en in Colombia - ¿A qué precio?

Peace Brigade International

4 de diciembre 2011

Colombia es uno de los países con más biodiversidad en el mundo y alberga a más del 10% de las especies de plantas y animales mundiales. Pero hoy día, el 40% del territorio colombiano está concesionado o solicitado por empresas multinacionales para realizar proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos, lo cual refleja la intención del Gobierno colombiano de convertir el país en una potencia minera y que tiene consecuencias significativas para el ecosistema y las comunidades rurales.

Con el objetivo de estimular el desarrollo del sector minero el Gobierno ha promovido cambios normativos que han abierto camino para la intensificación de la explotación minera ya que declaró la minería como una «actividad de utilidad pública y de interés social», lo que permite la expropiación unilateral de bienes. También declaró la lucha contra la minería «ilegal» y concedió títulos mineros en zonas protegidas como páramos, resguardos indígenas y territorios colectivos afrodescendientes.

A través de su presencia en el terreno y de su acompañamiento a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y a comunidades desplazadas y retornadas, Peace Brigades International ha podido observar que las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas son las que más sufren los daños ambientales, culturales y socioeconómicos causados por estos megaproyectos. De hecho, el 80% de las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en Colombia en los últimos diez años se produjeron en regiones minero-energéticas y el 87% de las personas desplazadas proceden de estos lugares. A pesar de que la Constitución colombiana es una de las que más reconoce los derechos de las minorías étnicas —en al país viven 102 pueblos indígenas y más de cuatro millones de personas afrodescendientes— y protege sus culturas y el medio ambiente, las empresas mineras y los actores armados ilegales han violado sus derechos, como muestran los casos descritos en este boletín sobre las comunidades indígenas U ́wa, Barí y Wayúu y numerosas comunidades afrodescendientes. Además, muchas comunidades rurales se sostienen económicamente a través de la pequeña minería y hoy día se encuentran en un limbo legal ya que no pueden formalizar su actividad.

Ante esta situación, muchas comunidades han decidido organizarse, resistir y luchar por sus derechos usando los recursos jurídicos y asociativos de los cuales disponen. Ejemplos de ello son la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra y la realización de consultas previas libres e informadas para decidir sobre el futuro de territorios. En un momento en que Colombia se desempeña en la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, PBI busca llamar la atención sobre una de las principales causas del despojo de la tierra: la competencia por el uso del suelo y el subsuelo a raíz de la implementación de proyectos económicos. Ante esta situación, hay mucho que la comunidad internacional puede hacer para apoyar a estas iniciativas comunitarias.