Asesinan a activista anti minero en Zapotec, Mexico

Muere un hombre por disputa en conflicto con minera de Oaxaca

Notimex

20 de enero 2012

Oaxaca - La noche de este jueves, Bernardo Méndez Vásquez murió en un hospital estatal, luego del impacto por arma de fuego que recibió el miércoles, en una disputa entre policías de San José El Progreso y pobladores que protestaban en contra de una minera.

Méndez Vásquez, de 55 años de edad e integrante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), falleció cerca de las 20:00 horas en el hospital de especialidades, localizado en el municipio de Santa María Coyotepec, donde fue canalizado para la atención del impacto por arma de fuego recibida en el tórax.

El defensor del Valle de Ocotlán, donde opera la minera Cuzcatlán, fue herido cuando pobladores de San José e integrantes de su organización discutían con policías y funcionarios municipales, quienes resguardaban los trabajos que se realizan en la población para la instalación de la red de agua potable para la minera.

De acuerdo con la COPUVO, la agresión provino de los policías municipales, quienes recibieron la orden directa del presidente municipal de San José El Progreso, Alberto Mauro Sánchez Muñoz, mediante la radio de banda corta.

No obstante, el gobierno estatal desmintió tal versión al afirmar en un comunicado, que el presidente municipal fue agredido a pedradas por los manifestantes, derivado de lo cual habrían resultado heridas dos personas por arma de fuego.

Durante la tarde del jueves, la Procuraduría de Justicia estatal informó de la detención de Eduardo José Vásquez González, quien es sujeto a investigación en el caso de la agresión ocurrida contra Bernardo Méndez Vásquez, un delito que hoy se configura como homicidio.

Por su parte, la coordinadora convocó a sus agremiados y organismos defensores del territorio oaxaqueño a sumarse a una jornada de movilizaciones, el próximo martes, ante lo que califican como la “ineptitud del gobierno del estado en un conflicto que ha derivado en múltiples hechos violentos”.

El último cobró la vida de un regidor y del entonces alcalde de San José del Progreso, Óscar Venancio Martínez Rivera.

Lo anterior, durante un enfrentamiento ocurrido el pasado junio del 2010, entre seguidores del edil y pobladores de las agencias municipales El Cuajilote y Maguey Largo, quienes se oponían a la explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la compañía mexicana-canadiense Cuzcatlán.

Murió opositor a la minería oaxaqueño baleado la semana pasada

Javier Hernández Alpízar

http://www.kaosenlared.net/

23 de enero 2012

Herido junto con otra activista cuando se oponían a que les quiten el agua Castigo a los responsables y cancelación de proyecto minero: ANAA Desde que reportaron heridos de gravedad, han denunciado a presidente municipal Conflictos mineros ha traído a México divisiones y violencia, acusan

Murió uno de los activistas contra la minería a cielo abierto baleados por oponerse a que una minera les quite el agua de la comunidad. El activista estaba en coma tras haber sido herido de bala, al medio día del miércoles 18 de enero, por la policía municipal en San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.

Un comunicado de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA, http://www.afectadosambientales.org/) confirmó la noticia, expresó el pésame de esa coordinadora de luchas y resistencias en conflictos socioambientales, y exhortó a sus compañeros a expresar su apoyo a la comunidad de San José. De nuevo exigió que se cancele el proyecto –en fase de explotación– de la minera canadiense Fortuna Silver, bajo el nombre de Minera Cuzcatlán.

Así expresó su pésame la ANAA: "Con profundo dolor e indignación recibimos la noticia de la muerte del compañero Bernardo Méndez Vásquez, activista miembro de la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, defensor de su comunidad ante la sostenida agresión de la empresa trasnacional canadiense Fortuna Silver (Minera Cuzcatlán) y los gobiernos municipal, estatal y federal, cómplices de este terrible crimen.
"Nuestra solidaridad, apoyo y condolencias a la familia de Bernardo, a las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca que defienden sus territorios del despojo y en favor de la justicia. Exigimos, junto con las comunidades afectadas por esta criminal empresa minera, que se castigue a los responsables del asesinato de Bernardo Méndez, y que sea cancelada definitivamente la operación de la criminal Minera Cuzcatlán.
"Pedimos a todas las organizaciones, redes e individuos solidarios con la lucha de San José del Progreso, envíen mensajes de apoyo moral a la comunidad de San José del Progreso. Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA)".

La otra activista herida es Abigail Vázquez Sánchez. Ambos son integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO). La agresión armada, han denunciado los opositores a la mina, fue realizada con armas de alto poder (R-15) de uso exclusivo del ejército.

Desde el inicio, los agredidos han denunciado complicidad de las autoridades municipales, al servicio de la minera canadiense Fortuna Silver. El anterior comunicado de la ANAA sobre el tema expresó: "el presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, frente a la policía de este municipio, agredieron impunemente con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15) a pobladores de esa comunidad que solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Inc., de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo que se pretende excavar sin el consentimiento de la población en vistas a explotar el recurso hídrico del subsuelo de esta localidad, para abastecer las instalaciones de la empresa trasnacional." (Cf: http://www.afectadosambientales.org/boletin/pronunciamiento-de-anaa-en-contra-de-los-sucesos-violentos-ocurridos-en-san-jos%C3%A9-progreso-oa)

Expresan que por anteriores hechos de violencia, ya hay una "denuncia ante la Procuraduría General de la República por la portación y uso de armas de alto poder en otros conflictos violentos previamente ocurridos en esta comunidad, lo que valdría para que dicho personaje fuese cesado de sus funciones. Sin embargo se mantiene libre e impunemente “gobernando” el municipio de San José del Progreso."

Mencionan que los oaxaqueños opositores a las minas han denunciado ya que un grupo armado opera en la región con el objeto de intimidar a los ejidatarios afectados: "los pobladores de San José del Progreso y las comunidades afectadas han denunciado en innumerables ocasiones la presencia de un grupo armado violento, denominado "Asociación Civil San José Defendiendo sus Derechos", que actúa al servicio de la empresa minera y bajo la protección de las autoridades municipales."

Por motivos como eso, la ANAA ha pedido que el gobierno mexicano aplique el artículo 33 constitucional a las mineras canadienses, quienes ostentan alrededor del 88% de las concesiones mineras que abarcan ya la cuarta parte del país (Contralínea: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-mexico-a-trasnacionales/), pues éstas intervienen en la política local cooptando a autoridades y a grupos leales, dividiendo, confrontando y enfrentando a ciudadanas y ciudadanos mexicanos.

PRONUNCIAMIENTO DE LA ANAA EN CONTRA DE LOS SUCESOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN SAN JOSÉ DEL PROGRESO, OAXACA

http://www.afectadosambientales.org/

Ciudad de México, 18 de enero de 2012

A las organizaciones populares del país,

A los periodistas y representantes de los medios de comunicación, A la Opinión Pública Nacional e Internacional,

A las 12:00 am del miércoles 18 de enero de 2012, el presidente municipal de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano, Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, frente a la policía de este municipio agredieron impunemente, con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15), a pobladores de esa comunidad que en ese momento solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán (filial de la empresa canadiense Fortuna Silver INC.) de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo. Pozo que se pretende excavar sin el consentimiento de la población en vistas a explotar el recurso hídrico del subsuelo de esta localidad, para con ello abastecer las instalaciones de la empresa transnacional.

Los habitantes de esa región han padecido gran escasez del recurso hídrico durante los últimos diez años, para lo cual diferentes vecinos de la región de Ocotlán han desarrollado, con recursos propios, diversas actividades y obras para la recuperación exitosa del mismo. Organizándose en la  Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlan (COPUVO).

En el momento en que se pretendía iniciar la instalación de obras en el espacio de las viviendas de esa la comunidad, los vecinos manifestaron su desacuerdo. Al momento de solicitar la paralización de las máquinas, sin intermediar ni decir nada, el presidente municipal, su hermano (que es un contratista de esta obra) y el mencionado regidor dispararon en el espacio público y a quemarropa contra la población, hiriendo de gravedad al ciudadano Bernardo Méndez Vásquez (con un balazo que le atravesó completamente el cuerpo en el centro de abdomen y otros balazos que le arrancaron algunos dedos de sus dos manos), así como a la ciudadana Abigaíl Vásquez Sánchez (que recibió un balazo en una pierna). Ambos vecinos de la comunidad fueron gravemente heridos y ya se encuentran internados en un Hospital de la ciudad de Oaxaca. Al momento, Bernardo Méndez Vásquez se encuentra en estado de coma con posibilidad de perder la vida.

A lo anterior habría que recordar que el presidente municipal de esta comunidad ya cuenta con una denuncia ante la PGR por la portación y uso de este tipo de armas de alto poder, en otros conflictos violentos previamente ocurridos en esta comunidad, lo que valdría para que dicho personaje fuese cesado de sus funciones. Sin embargo hoy es el día en que este se mantiene libre e impunemente “gobernando” el municipio de San José del Progreso.

El conflicto en San José del Progreso no es nuevo. El día 14 de marzo de 2009, los ciudadanos de este municipio, en ejercicio del derecho universal a la libre autodeterminación y como dueños ancestrales de sus tierras, tomaron la decisión de cerrar las instalaciones mineras, manteniéndolas así por más de 2 meses sin que las autoridades municipal, estatal y federal atendieran su inconformidad, como consta en las diversas publicaciones periodísticas oaxaqueñas del momento. Posteriormente, el 19 de junio de 2010, la población de distintas comunidades del municipio de San José (El Cuajilote, Maguey Largo) y de otros municipios —que también se oponen a la operación de la Minera Cuzcatlán—, como Magdalena Ocotlán, participaron en el bloqueo de un camino local que pretendía utilizar la minera para sus obras, lo que ocasionó la llegada de un grupo de pistoleros que comenzaron a disparar contra los opositores a la mina. En la agresión resultaron muertos el presidente municipal de San José del Progreso (Óscar Venancio Martínez Rivera) y uno de los regidores del municipio, al tiempo que fue secuestrado, golpeado y amenazado el párroco de la comunidad de San José, quien se había previamente pronunciado a favor de las demandas de la comunidad exigiendo la salida de la minera. Asimismo, los pobladores de San José del Progreso y las comunidades afectadas han denunciado en innumerables ocasiones la presencia de un grupo armado violento (la “Asociación Civil San José Defendiendo sus Derechos”), que actúa al servicio de la empresa minera y bajo la protección de las autoridades municipales. Se acusa a esta “asociación civil” de intimidar, golpear y amenazar a los pobladores de las comunidades que exigen el cierre de la mina. Los opositores al proyecto minero exigen, desde hace más de dos años, que las autoridades federales, estatales y municipales hagan pública la información correspondiente a los permisos, convenios firmados y contratos entre las autoridades de todos los niveles y la empresa minera, sin que haya habido respuesta a sus reclamos de transparencia. También denuncian que en ningún momento hubo consulta pública alguna sobre el proyecto y la empresa Minera Cuzcatlán se ha negado en todo momento a transparentar sus operaciones ante las  comunidades.

Los habitantes de San José del Progreso no merecen estas agresiones, no merecen estas autoridades y no merecen este tipo de “Asociaciones Público-Privadas”. En todo el país, la minería se está convirtiendo en un foco de conflicto permanente y pone en peligro, además de a los pobladores, a la soberanía ambiental y económica del país.

Por todo lo anterior, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales no sumamos a las exigencias irrenunciables:

¡Alto a la violencia de gobiernos al servicio de empresas mineras!
¡NO a la minería en las comunidades de Valles Centrales de Ocotlán!

Además exigimos:

Castigo a los culpables y  que se garantice la atención médica al compañero Bernardo y a la compañera Abigail.

Al gobierno federal, estatal y municipal: Que cualquier proyecto que afecte la vida de nuestras comunidades tendrán que ser consultados y decididos a través de nuestras Asambleas Comunitarias.

Que se suspenda toda actividad relacionada con la minería en el  municipio de San José del Progreso, ya que hasta el momento no  ha habido respuesta a las demandas de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, por lo que el conflicto social interno en la comunidad no se ha solucionado y  exigimos al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo,  les conceda una audiencia específica  para tratar los asuntos relacionados con la minería en su municipalidad.

El respeto a la decisión de los municipios de Magdalena Ocotlán y San Matías  de  no permitir el paso del ducto de aguas tratadas y contaminadas para la explotación minera del proyecto San José del Progreso.