Gobierno de Panamá negociará con líderes indígenas por mineras e hidroeléctricas

Represión policial costó dos vidas.

Entablan negociación permanente sobre demandas indígenas en Panamá
 
Associated Press

9 de febrero 2012

PANAMA -- Una comisión de la Asamblea Legislativa se declaró el jueves en sesión permanente para discutir un conflictivo artículo sobre la prohibición de minería e hidroeléctricas en una comarca indígena, que generó bloqueos viales de los nativos la semana pasada.

La medida se da después que el legislativo decidió la víspera regresar a primer debate el análisis de un proyecto de ley que busca establecer un régimen especial de protección de los recursos naturales, ambientales y minerales en la comarca ngobé buglé.

Los legisladores y delegados del gobierno e indígenas realizan la discusión a puertas cerradas, mientras que en los predios de la sede del congreso se mantienen grupos de indígenas a la expectativa.

El ministro de Comercio e Industrias Guillermo Quijano dijo a la prensa que se busca un consenso al polémico "artículo 5", propuesto por los indígenas pero que una comisión excluyó de la normativa al aprobar el primer debate del proyecto de ley a comienzos de febrero.

Ese artículo establecía la prohibición de proyectos hidroeléctricos y de minería en la comarca, en zonas aledañas y en regiones fuera de ese territorio donde habitaran ngobés buglés. También la suspensión de proyectos de ese tipo en construcción.

El gobierno ha dicho a los indígenas que no impulsará ni autorizará proyectos mineros en la comarca, pero es reacio a aceptar la negativa relacionada con los proyectos hidroeléctricos, pues considera que los mismos son vitales para la seguridad energética del país.

El brillo del cobre enceguece al gobierno

MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO

http://laestrella.com.pa

9 de febrero 2012

Por tercer año consecutivo el gobierno del presidente Ricardo Martinelli reprimió al pueblo Ngäbe-Buglé en su propia comarca, situada en el extremo occidente de Panamá. En 2010 cobró dos vidas de obreros en las bananeras de Changuinola, Bocas del Toro. El fin de semana pasada el gobierno asesinó en San Félix al dirigente estudiantil ngäbe Jerónimo Rodríguez, hirió a cerca de 50 manifestantes y detuvo a otro número igual.

Mientras tanto, el país es sacudido con las ineptitudes del presidente y su equipo de gobierno. Los negocios han sufrido fuertes pérdidas y la imagen del país se ha deteriorado en el exterior. Las capas medias se sienten inseguras y hay incertidumbre. El pueblo —el 80 por ciento de la población— sospecha que si hoy son los ngäbe-buglés, mañana las víctimas de la represión pueden ser sus propios hijos.

La insurrección ngäbe buglé tiene una explicación muy obvia y transparente. En cambio, la agresividad tipo criminal del gobierno es menos obvia y con motivos que no son tan fáciles de identificar.

Los ngäbe-buglés han planteado desde hace varias décadas que no quieren que se desarrollen explotaciones mineras en el área que en 1997 fue declarada una comarca con sus leyes y reglamentos propios. En febrero de 2011, ante una ofensiva gubernamental, los ngäbe lograron arrancarle al gobierno un compromiso de que enviaría a la Asamblea una ley prohibiendo la explotación minera. Renegando su palabra, un año después el presidente Martinelli hizo que la Asamblea de Diputados aprobara en primer debate un proyecto de ley que le abriera las puertas a la explotación minera en la comarca.

¿Por qué el presidente Martinelli está obstinado en reprimir al pueblo ngäbe buglé?

Es una cuestión de negocios. El gobierno nacional no tiene proyecto nacional o interés por impulsar un programa de desarrollo para el país. La Comarca Ngäbe-Buglé contiene en sus entrañas el yacimiento Cerro Colorado, que contiene la reserva de mineral cuprífero más grande de América Latina.

La mina, que tiene un valor superior a los mil millones de dólares, es propiedad de la Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado (CODEMIN), empresa del Estado panameño. La misma está autorizada por ley para hacer concesiones a empresas privadas para explotar su riqueza mineral. Cuando la CODEMIN fue creada en la década de 1970, el general Omar Torrijos era jefe de gobierno, se pensó en que serviría para contribuir al desarrollo del país. En aquella época, el gobierno militar se asoció con tres multinacionales —Texasgulf, Canadian Javelin y Río Tinto-Zinc— antes de abandonar el proyecto cuando los precios en el mercado mundial se desplomaron.

En la actualidad, el precio del cobre fluctúa entre los cinco y ocho mil dólares la tonelada. Con ese precio, la inversión en Cerro Colorado se recuperaría rápidamente. Los planes para explotar Cerro Colorado pasan por una concesión internacional, con la participación de la transnacional canadiense Inmet Mining Corporation, el gobierno coreano y capitalistas nacionales.

La desesperación del presidente Martinelli y su equipo de gobierno para culminar con éxito el negocio, ha creado en el país una situación que limita con el caos. Su ministro de Seguridad Pública ha acabado con todos los resguardos de la Constitución Política. Interrumpió la comunicación inalámbrica en el área sin orden judicial. Allanó viviendas y detuvo a panameños que protestaban llevándolos a la ciudad de Panamá. El ministro de Seguridad admitió que los agentes de Policía portaban armas de fuego en los operativos contra los ngäbe.

Según informes de los medios de comunicación, la Policía Nacional violó el derecho a la asistencia sanitaria, a la asistencia legal de los detenidos, el debido proceso al no poner a disposición de las autoridades judiciales a los detenidos en el plazo estipulado por ley y violó los principios básicos de protección de los menores de edad y limitó la libertad de prensa.

El Partido Alternativa Popular (PAP) anunció que acusaría al jefe de la Policía Nacional ante la Procuraduría General de la Nación por extralimitación de funciones. Igualmente, el PAP llevará una denuncia contra el ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad.

A pesar de los engaños y los diálogos frustrados, el pueblo Ngäbe-Buglé se ha mantenido firme en su posición de no permitir que las empresas cupríferas extranjeras, en combinación con los rentistas panameños, destruyan sus comunidades. El plan de las multinacionales es explotar Cerro Colorado utilizando tecnologías de cielo abierto, mucho más económicas, pero también insostenibles. La población Ngäbe tendría que abandonar sus tierras y migrar hacia las ciudades.

Aún no es claro quienes serían los socios panameños de los canadienses y del gobierno coreano en la empresa cuprífera de Cerro Colorado. Se supone que el presidente Martinelli estaría a la cabeza del grupo empresarial local. En la actualidad, familiares de altos funcionarios de gobierno tienen intereses en las empresas de energía hidráulica. Las represas que se construyen en la actualidad y las otras que aún están en la etapa de diseño se están construyendo para exportar energía por la Red Mesoamericana hacia el mercado de EE.UU.

Btesh y Virzi, el fondo del lío de las hidroeléctricas
El gobierno aseguró que podría suspender la minería en Ngäbe Buglé, pero las hidroeléctricas no. ¿A quiénes les pertenece la actividad?

NICANOR ALVARADO DIXON

http://www.laestrella.com.pa

8 de febrero 2012

PANAMÁ. Ha ocurrido una vez más. Los amigos del poder parecen estar detrás de toda la crisis desatada en el oriente de Chiriquí, por el rechazo de los indígenas ngäbes a la minería y las hidroeléctricas en su comarca. Y el fondo del problema tiene nombres y apellidos a los que varios de los problemas de este gobierno han conducido: Felipe Virzi y Gabriel Btesh.

Ambos son los mismos que, a la final, estaban tras el embrollo por la titulación gratuita del terreno de Paitilla al florista César Segura. Y los mismos que han logrado romper el estigma de la ‘monedita de oro’ para ostentar favorables vínculos con cuanto político llegue al Palacio de Las Garzas. Como si se tratara de una tradición familiar.

Btesh y Virzi son los dueños del proyecto hidroeléctrico Tabasará, que se levanta a contrapelo en el afluente homónimo, y que arranca en las entrañas de la región comarcal de Mune, atraviesa el distrito chiricano de Tolé y termina cerca del Puerto Vidal, al sur de la ciudad de Santiago.

Lo empezaron en 2003, cuatro años después de que Virzi dejara la segunda vicepresidencia de la República del período de Ernesto Pérez Balladares, y entre los trámites de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y las objeciones legales que ha sufrido aún no termina de construirse.

Tampoco logra ganar aceptación entre los indígenas, quienes exigen al gobierno frenar el proyecto, porque pone en peligro los recursos hídricos de su comarca y el legado de su tierra. (Ver Tabasará I y II: riesgo para legado ngäbe)

Pero el presidente Ricardo Martinelli se niega a prohibir la explotación hidroeléctrica en la comarca. Según dijo, —en base a un informe de la Secretaría de Energía— si se detienen las obras la energía eléctrica aumentaría 30% su costo.

PROPORCIONES

Sin embargo, la central hidroeléctrica sobre el Tabasará generará, según las propias proyecciones de Virzi (tan veragüense como el mandatario y con vínculos a familiares de tercer grado) y Btesh, apenas el 4.5% del consumo nacional.

El proyecto, de 105 millones de dólares, pasa sobre 45 comunidades y afecta a 50 mil personas. Aunque en el acuerdo de San Félix el gobierno de Martinelli se comprometió a prohibir la minería comarcal y a proteger los recursos hídricos, ha preferido ahora defender a capa y espada la actividad en la que, casualmente, sus amigos participan. Los mismos cuyos negocios le han provocado las mayores crisis políticas en dos años de gestión.

Incluso, el escándalo de Paitilla y el feroz interés del dúo Virzi-Btesh (ambos del PRD) en las aguas del Tabasará tiene más coincidencias: Aliedsabel González. Esta abogada creó Segura Ventures Inc. (la empresa a la que el florista Segura traspasó el terreno de Paitilla un día después de lograr su titulación) y es la agente residente del Consorcio Hidroeléctrico Tabasará, responsable del proyecto en el potente río.

‘HAY INTERÉS MERCANTIL’

Para el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal no hay mayor duda de que el interés del gobierno de Martinelli por promover las hidroeléctricas en Ngäbe Buglé ‘es de carácter mercantil y de codicia’.

‘La decisión de que se deba o no tener hidroeléctricas debe ser del pueblo y no por imposición del gobierno en turno’, sostiene Bernal.

Mitchell Doens, el secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), tiene una posición similar. ‘Indudablemente hay intereses sobre las hidroeléctricas, y si tendrán que pasar sobre la comarca, la Ley 10 (que da sustento legal al territorio Ngäbe Buglé), sencillamente lo harán’.

Doens denunció a principios del año pasado lo profundo de los vínculos de Martinelli con Btesh, el conducto directo a Virzi. El dirigente del PRD sostuvo que el mandatario utilizó a Btesh como ‘emisario’ para pedirle que bajara el tono de sus críticas a cambio de dinero.

Entre los ecologistas la decisión del gobierno de seguir adelante con el negocio hidroeléctrico en la comarca pese al rechazo de los indígenas causa indignación.

‘No se puede tomar el caudal ecológico a la brava’, enfatizó la directora de ANCÓN, Alida Spadafora.