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Entrevista Monseñor Pedro Barreto: “Vida sana y trabajo digno para La Oroya"

Juana Gallegos

Plataforma La Oroya por un Cambio

29 de febrero de 2012

Caso Doe Run Perú: “No puede haber inclusión social si no hay respeto
a la vida y a la salud de las personas”

Desde Huancayo, el coordinador de la Mesa de Diálogo Ambiental de
Junín, Monseñor Pedro Barreto concedió una entrevista a la Plataforma
La Oroya por un cambio para hablar sobre la posible ampliación del
PAMA de Doe Run Perú.

Monseñor Barreto es tajante al asegurar que el proyecto de ley
presentado por el congresista Casio Huaire es inconstitucional, porque
es un proyecto de ley con nombre propio: Doe Run Perú. “Es lamentable
porque sería la segunda vez que el Congreso aprobaría un proyecto de
ley con nombre propio (…) Doe Run es una empresa que presiona al
Congreso por el lado de los trabajadores, y con ello se deja de lado
la urgente necesidad del cuidado de la vida y de la salud de la
población de La Oroya que, desde 1922 hasta mayo del 2009, ha sufrido
de la gravísima contaminación ambiental. De aprobarse esta iniciativa
en el Parlamento, espero que Ollanta Humala no lo promulgue, porque
contradice su propuesta de inclusión social. No puede haber inclusión
social si no hay respeto a la vida y a la salud de las personas”,
sostiene.

¿Por qué el proyecto de ley presentado por Huaire es inconstitucional?

Porque atenta contra la vida y la salud de la población de La Oroya.
Estoy  ingratamente sorprendido por el desenlace que ha tenido una
situación que continúa igual desde hace ocho años. En noviembre
pasado, el Ministerio de Salud comprobó que existe una relación
directa entre la emisión de gases tóxicos de la chimenea de la
fundición y la intoxicación de la población con gases pesados como
dióxido de azufre y con metales como plomo, cadmio y arsénico. No
estamos diciendo que nos negamos completamente a que Doe Run reinicie
sus operaciones, sin embargo, decimos sí a la fundición siempre y
cuando, de manera previa, se cumpla con el Programa de Adecuación
Medio Ambiental (PAMA) en este plazo de 30 meses que le concederá el
Congreso. De lo contrario volveremos a tener los altos índices de
contaminación. La posición de la Iglesia es muy clara: sí al reinicio
pero con el cumplimiento previo del PAMA.

La posición de la empresa  (Doe Run Perú) es levantar su fuerza
laboral (3,500 trabajadores) y económica en la zona, sin embargo no
hay ni una posición en cuanto a la salud de la población de La Oroya,
que son alrededor de 35 mil, y esa misma posición la tienen incluso
los trabajadores, hay una mirada solo desde el enfoque al derecho
laboral y no de salud, que es un derecho fundamental de la persona
humana…

Estamos en un país donde los trabajadores se ven obligados a trabajar
sabiendo que son afectados en su salud.  Por esta contradicción de
intereses es que tenemos que mantenernos firmes. El gobierno y la
Constitución hablan que el fin supremo del Estado es la persona, y hay
que ayudarla a respetar sus propios derechos y a no someterlos por
intereses económicos.  (…) La pregunta de fondo a Doe Run Perú es:
¿Por qué no ha cumplido el PAMA en estos 30 meses? El plazo se vence
este 31 de marzo ¿por qué no ha cumplido con esta obligación ética y
moral? Ahora volveremos a tener los altos índices de dióxido de azufre
y de plomo en el aire de La Oroya.

¿Cómo explica Ud. que parte de la población de La Oroya esté a favor
del reinicio de las operaciones de la fundición cuando esta afecta su
salud?

La Oroya se crea alrededor de la fundición polimetálica desde 1922,
primero bajo el control de  la Cerro de Pasco Corporation y después
Centromin Perú. Estas empresas se convirtieron en el eje central de la
vida económica de la ciudad. Sin embargo, se ha mitificado que “La
Oroya se haya convertido en una ciudad fantasma” tras el cierre de la
fundición. Es cierto que ha bajado el movimiento económico de manera
considerable pero La Oroya sigue viviendo y merece un ambiente sano
como el que se respira ahora. Además, ninguna población debe depender
exclusivamente de una industria minera porque esta actividad tiene un
techo. El proyecto Toromocho, por ejemplo, tendrá una duración de 40
años,  y luego ¿qué pasará?  (…) Lamentablemente, la historia de La
Oroya es una historia de complicidades y de irresponsabilidades. Tanto
el Estado, como las empresas  y la sociedad que no han tenido un
espíritu crítico de defender sus propios derechos. No nos negamos a
que hayan industrias extractivas pero con responsabilidad. Sin
embargo, cuando el Estado está en conveniencia con los intereses
económicos y cuando la población se suma a este tipo de aberración
contra la vida y la salud tenemos este resultado.

¿Cómo ve la actuación del gobierno de Ollanta Humala sobre Doe Run Perú?

Espero que Ollanta Humala no promulgue la ley porque contradice con su
propuesta de inclusión social. No puede haber inclusión social si no
hay respeto a la vida y a la salud de las personas. Esperamos que
Ollanta Humala tome en cuenta su propuesta porque es el único camino
de pacificación. Esperamos, también, que el Congreso asuma su
responsabilidad de velar por la vida y la salud y la población. Soy un
convencido de que puede haber una minería responsable con la
participación del Estado y la sociedad civil.

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Doe Run demanda al Perú y en el Congreso buscan beneficiarla
Empresa pretende no reconocer deudas con Estado. Desde que 2009 se
redujo plomo en sangre de menores

Nelly Luna

El Comercio

26 de febrero 2012

La Junta de acreedores de Doe Run ha decidido que sea la misma empresa
la que presente un plan de reestructuración para salvarse. Mientras,
la contaminación persiste.

En la ciudad del plomo ya no humea su enorme chimenea. Desde que Doe
Run decidió paralizar de repente sus actividades en junio del 2009
(aduciendo una crisis financiera), el complejo metalúrgico de La Oroya
se asemeja más a un enorme, viejo y oxidado museo de metal. En las
calles ya no hay mineros caminando: La Oroya de hoy vive de los
servicios que le ofrece a los viajeros que están de paso. “La vida
sigue”, dice una vendedora de quesos de una de las 10 ciudades más
contaminadas del mundo. El último análisis de sangre difundido por la
Dirección Regional de Salud de Junín revela el primer impacto del
cierre de la planta: la presencia de plomo se ha reducido en los
niños.

Mientras eso ocurre en Junín, aquí en Lima, Doe Run mantiene una
estrategia legal ambigua. Luego de que sus acreedores (entre ellos el
Estado Peruano) le dieran una nueva oportunidad y decidieran que sea
la misma empresa la que dirija el plan que la sacaría de su crisis,
Doe Run acaba de presentar una nueva demanda ante el Poder Judicial
para exigir la nulidad de la resolución de Indecopi que reconoce al
Estado Peruano como su principal acreedor.

“La actitud de Doe Run es inexplicable, sobre todo porque obstaculiza
los esfuerzos que realiza el Perú. Esto podría afectar la pronta
reanudación de las operaciones”, dice el breve comunicado del
Ministerio de Energía y Minas.

LA ESTRATEGIA DE DOE RUN

Esta demanda se suma a la otra que el complejo metalúrgico mantiene en
los tribunales de EE.UU. por 800 millones de dólares. La empresa aduce
que ha recibido un trato inequitativo, porque el Gobierno no ha
cumplido con su parte: la remediación de suelos en La Oroya.

¿Cuál es la verdadera intención de la empresa al demandar por segunda
vez al Perú? Para Emma Gómez, abogada de Cooperacción, esto revela que
Doe Run estaría más interesada en cobrar los 800 millones de dólares
de la demanda en EE.UU. que en reabrir el complejo y cumplir sus
compromisos ambientales. “El argumento que utiliza Doe Run es que el
Gobierno Peruano busca una expropiación, por eso no lo quiere aceptar
como acreedor. Me da la impresión de que están construyendo su
estrategia legal para hacer creer en EE.UU que el Gobierno Peruano los
quiere expropiar y así ganar los 800 millones de dólares”, sostiene.

La historia de Doe Run es una suma de excesos y extrañas concesiones:
es la única empresa minera que arrastra el incumplimiento de su
programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA); se le ha permitido
modificarlo cuatro veces, ha incumplido su implementación y, aún así,
en dos oportunidades (2006 y 2009) se le han otorgado prórrogas. Pese
a estos antecedentes, un proyecto de ley promovido por el congresista
Casio Huaire Chuquichaico busca darle nuevos beneficios.

La iniciativa legislativa del representante de Junín por Perú Posible
promueve no solo flexibilizar el cumplimiento de estándares
ambientales a esta empresa, sino también, eliminar sus deudas
pendientes con el Estado y ampliar por tercera vez el plazo para la
construcción de una planta necesaria para evitar la emisión al aire de
plomo, arsénico y cadmio.

Este proyecto ha sido respaldado por los fujimoristas Néstor Valqui y
Jesús Hurtado, y los representantes de Alianza Parlamentaria Víctor
Crisólogo, Rennán Espinoza, Willyam Valle, Modesto Julca y José León.
La también congresista por Junín, Doris Oseda (Gana Perú), retiró su
firma porque dijo que “la habían sorprendido”. En su despacho alistan
un nuevo proyecto de ley.

El proyecto de Casio Huaire recoge la misma agenda que Doe Run plantea
desde junio del 2010: “tolerancia en la exigencia de cumplimiento de
los estándares ambientales y la exoneración de las multas”. El
congresista ha reconocido que los representantes del sindicato de Doe
Run han participado en la elaboración de la propuesta.

Carmen Heck, abogada de la sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha
dicho que el proyecto en cuestión pretende normar un caso particular,
cuando las leyes deben tener alcances generales. “Una ley destinada a
otorgar beneficios especiales a Doe Run sería irregular”. Consultado
sobre el tema, el presidente de la comisión de pueblos indígenas y
ambiente del Congreso, Antonio Medina, señaló que le parece “poco
ético” que una de las partes interesadas haya participado en la
elaboración de la propuesta.

COMPROMISOS IMPAGOS

La empresa es asidua a los tribunales. De las 14 multas impuestas
entre el 2007 y el 2011 por infracciones al ambiente y la seguridad e
higiene, solo ha cancelado cinco. El resto las ha llevado al Poder
Judicial. Las multas por pagar suman S/.1’303.050.

En el Congreso las voces están divididas. No todos los parlamentarios
están de acuerdo con una tercera ampliación, y algunos, como Antonio
Medina y Doris Oseda han resaltado la importancia en la reducción de
plomo en los niños desde que cerró el complejo. Esta semana, sin
embargo, el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, se mostró a
favor de una nueva prórroga, pero en su bancada han precisado que se
trata de una opinión personal.

¿Logrará la empresa –separada el 2010 de la Sociedad Nacional de
Minería por “transgredir los principios éticos” y “no demostrar con
hechos su voluntad de cumplir sus compromisos ambientales”– el plazo
adicional que busca en este Congreso? El debate deberá resolverse
antes de abril, cuando vence el plazo otorgado a Doe Run el 2009.

¿QUÉ OPINAN EN EL CONGRESO?

“Es una empresa a la que se le han dado todas las oportunidades y no
las ha aprovechado. Vamos a ser muy estrictos porque el daño ambiental
no puede seguir”
ANTONIO MEDINA. COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

“Doe Run es una empresa tramposa. Se aprovecha de la población para
exigir una ampliación más, pero no se puede seguir así. Seremos
severos”
FREDDY OTÁROLA. GANA PERÚ

“Una ley no puede ir contra las obligaciones que tiene una empresa con
el Estado Peruano. La propuesta [del congresista Casio Huaire] debería
ser rechazada”
HUMBERTO LAY. COMISIÓN DE ÉTICA PARLAMENTARIA

“La Oroya es ante todo un problema social. Por eso la empresa tiene
que seguir adelante. Hay la necesidad de ampliar el PAMA, pero con
nuevas condiciones”
CECILIA CHACÓN. FUERZA 2011

“En esta ley han participado algunos dirigentes del sindicato que
trabajadores de Doe Run y conocen la realidad y los problemas de la
empresa”
CASIO HUAIRE. ALIANZA PARLAMENTARIA