Pronunciamiento andino: Defender el agua es defender la vida

Published by MAC on 2012-03-27
Source: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)

Seminario Sobre Cambio Climático y preparación para Río+20 en Lima

PRONUNCIAMIENTO
Defender el agua es defender la vida. Basta de extractivismo y de criminalización
Por la construcción e implementación del Buen Vivir y de auténticos Estados plurinacionales.

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI

Lima, 15 de marzo de 2012
 
Nosotras y nosotros, autoridades y dirigentes de los pueblos y naciones indígenas originarios de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, reunidos en Lima los días 14 y 15 de marzo del 2012 en el Seminario Sobre Cambio Climático y preparación para Río+20 organizado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI,
 
DECLARAMOS:
 
1. Que en la Región Andina los gobiernos abiertamente neoliberales y los llamados alternativos o progresistas coinciden en insistir en el capitalismo neoliberal extractivista que saquea y depreda la Madre Tierra, vulnera los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas y criminaliza a sus líderes, autoridades y dirigentes, acusándolos de estar financiados por la derecha y persiguiéndolos penalmente por graves delitos, como sabotaje, secuestro, terrorismo y tentativa de homicidio:
 
En Ecuador los pueblos indígenas convocados por la CONAIE, ECUARUNARI y sectores sociales están realizando una Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos que desde el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se moviliza desde todo el país para llegar a Quito el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Los pueblos indígenas y los movimientos sociales marchan porque el Estado está vulnerando la Constitución, está poniendo los recursos naturales en manos de las empresas multinacionales, profundizando la concentración de las tierras, aprobando megaproyectos de infraestructura e ignorando las propuestas de las organizaciones indígenas para la elaboración de leyes importantísimas como la Ley del Agua. Además, estigmatiza, criminaliza, discrimina y persigue a las organizaciones indígenas, acusando a sus dirigentes de delitos gravísimos como el terrorismo y sabotaje.
 
En Bolivia se aprueba una Ley de Consulta que viola la Ley de de Protección al TIPNIS y el Ministerio Público cita a 26 personas, entre ellos 20 líderes y dirigentes indígenas, acusándolos de los peores delitos, como tentativa de homicidio, por participar en la marcha del año pasado, y lo hace precisamente cuando se anuncia el inicio de la IX Gran Marcha Indígena. Además se promueven leyes que atentan contra la plurinacionalidad y el Buen Vivir consagrados en la Constitución Política del Estado y en particular contra el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, recortando la jurisdicción y el ejercicio de la justicia indígena. La concentración de tierras en poquísimas manos desplaza a los pueblos originarios de sus territorios ancestrales.
 
En Colombia, las fuerzas regulares e irregulares siguen usando los territorios indígenas como campos de batalla e imponiendo en ellos proyectos extractivos que obligan a desplazamientos masivos y producto de los cuales más de treinta pueblos indígenas están en peligro de extinción física y cultural. Los pueblos indígenas, dando ejemplo de organización, fortaleza y madurez, forman parte de la Mesa de Concertación y Diálogo Nacional con el Gobierno, pero los acuerdos a los que se llega en este espacio no se cumplen por falta de voluntad política del mismo Gobierno, expresada, entre otras formas, por la no dotación de recursos económicos para implementarlos.
 
En el Perú el Gobierno promulga una Ley de Consulta basada en los intereses de los megaproyectos extractivos, insiste en implementar los proyectos mineros en cabeceras de cuenca y zonas vulnerables, maniobra para cooptar y dividir a las organizaciones. La criminalización continúa y actualmente hay cerca de un millar de dirigentes y líderes de las comunidades con persecución policial y procesos penales en su contra, por ejercer su derecho a la defensa del agua y de la vida.
 
2. Los problemas son comunes: en toda la región se afectan los bienes naturales, en particular el agua, los territorios y los derechos de los pueblos indígenas, vulnerándose el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado reconocido por instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, suscritos por los cuatro Estados andinos. Las causas también son comunes: el sometimiento al extractivismo neoliberal, que criminaliza para beneficiar a las grandes empresas y profundiza el modelo primario exportador con el mismo pretexto: no ahuyentar las inversiones extranjeras.
 
3. La crisis climática y la crisis de civilización pretenden ser resueltas profundizando sus causas, apelando a las falsas soluciones sustentadas en los mecanismos de mercado, como REDD y ahora la llamada economía verde, que solo cubre con un barniz ecológico los problemas de fondo.
 
FRENTE A TODO LO ANTERIOR, ACORDAMOS:
 
Expresar nuestro respaldo y solidaridad con la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos de los pueblos indígenas ecuatorianos, los movimientos sociales y sus organizaciones (CONAIE Y ECUARUNARI); la defensa del TIPNIS por los pueblos originarios bolivianos y sus organizaciones (CONAMAQ Y CIDOB); la campaña en defensa de los pueblos indígenas colombianos en peligro de extinción que desarrolla la ONIC; y la demanda de una auténtica Ley de Consulta que garantice el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas peruanos organizados en CONACAMI, AIDESEP, CNA y ONAMIAP.
 
Exigir el cese de la criminalización y persecución policial y judicial contra los líderes, dirigentes y autoridades de los pueblos indígenas y sus organizaciones en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, con el inmediato corte de juicio y garantías para el ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho a la protesta.
 
Reafirmamos la unidad de los pueblos y naciones indígenas originarios y sus organizaciones, junto con nuestra decisión de lucha articulada y conjunta por nuestros derechos y los derechos de la Madre Tierra. Rechazamos las maniobras de los gobiernos para cooptar y dividir a nuestras organizaciones.
 
Demandar políticas públicas efectivas que garanticen la intangibilidad de las cabeceras de cuenca, nuestros glaciares, las zonas vulnerables como los páramos y bosques de neblina, prohibiendo toda actividad extractiva o megaproyecto que las afecte. Demandar también el reconocimiento de la gestión y el manejo tradicional de estas zonas por parte de los pueblos indígenas, promulgando leyes para que ese manejo y gestión esté en sus manos, con apoyo de recursos financieros y técnicos de los Estados.
 
Rechazar las falsas soluciones al cambio climático sustentadas en los mecanismos del mercado: no a REDD, no a la economía verde. Y reconocer que la respuesta no es tecnológica sino política, económica y cultural. Se trata de la crisis de una civilización dirigida a la acumulación y la única salida es rescatar y construir una civilización distinta basada en el diálogo y armonía con la Madre Tierra: profundizar el Buen Vivir.
 
Construir y consensuar nuestras propuestas en defensa de la Madre Tierra para que éstas sean reconocidas por los Estados, compartidas y enriquecidas por los movimientos sociales y llevadas hasta los espacios internacionales de toma de decisión, como la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Río+20 y las Conferencias de Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, CONAMAQ
Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI