Justicia mexicana reconoce a Napoleón Gómez como secretario general del sindicato minero

Justicia Mexicana Reconoce a Napoleón Gómez como secretario general del sindicato minero

Valeska Solis

http://www.imfmetal.org

May 3 2012

La Suprema Corte otorgó amparo al gremio minero, por lo que la STPS debe reconocer a Napoleón Gómez como SG del sindicato y otorgar la toma de nota correspondiente.

México. El 2 de mayo de 2012, la Suprema Corte de Justicia Mexicana concedió  el amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, y a su líder  y Secretario General Napoleón Gómez Urrutia.

Por consiguiente, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social mexicana debe reconocer a Napoleón Gómez Urrutia como secretario general electo por los trabajadores mineros y otorgar la toma de nota correspondiente.

La FITIM estuvo presente al momento del dictamen con su Secretario General Adjunto, Fernando Lopes, y Jorge Almeida, Director Regional para América Latina y el Caribe; además estuvieron en la sesión  Lorraine Clewer de la AFL-CIO, Benjamin Davis de USW y los doctores Carlos del Buen y Oscar Alzaga.

Fue en mayo de 2008, cuando el sindicato minero mexicano nombró a Napoleón Gómez como su secretario general, pero la Secretaría del Trabajo no quiso reconocer la validez de su elección, por supuestas violaciones al estatuto. Gómez Urrutia se autoexilió en Canadá, debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez federal una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 55 millones de dólares. A fines de abril de este año, fue cancelada la última orden de detención al líder minero.

Como FITIM celebramos este nuevo triunfo y felicitamos a todos los mineros mexicanos, señaló Jorge Almeida.

Gana Napoleón amparo para toma de nota del Sindicato Minero

Terra Noticias

2 de mayo de 2012

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó hoy al líder minero Napoleón Gómez Urrutia contra la negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para otorgarle la toma de nota como secretario general del sindicato en el periodo 2008-2013.

La Segunda Sala de la Corte resolvió por tres votos contra uno que la resolución de la STPS fue ilegal porque la autoridad administrativa no tenía facultades para verificar si Gómez Urrutia reunía los requisitos de elegibilidad previstos en el estatuto del gremio.

Según la STPS, Gómez Urrutia no cumplía el requisito de acreditar que había sido trabajador de planta sindicalizado de alguna empresa del sector minero metalúrgico, por lo menos durante los cinco años previos a su elección, amén de que se encontraba prófugo de la justicia en Canadá al enfrentar diversas órdenes de aprehensión por un presunto fraude de 55 millones de dólares.

"Se otorga el amparo para el efecto de que el Director General de Registro de Asociaciones de la STPS deje insubsistente la resolución de 24 de junio de 2008, emitida en el expediente 10/670 y en su lugar emita otra, en la que tomando en consideración lo establecido en el considerando cuarto de esta ejecutoria, resuelva atendiendo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte", se establece en la sentencia.

Dicha jurisprudencia, aprobada el año pasado, establece que la única facultad de la STPS es la de cotejar las actas de la asamblea sindical con los estatutos para ver si se cumplieron las etapas para la elección de dirigentes, pero que no puede hacer pronunciamientos o juicios de valor sobre irregularidades, pues ello compete a los tribunales.

En términos prácticos lo más probable es que el amparo llevará al otorgamiento de la toma de nota, pues el no cumplimiento de requisitos de elegibilidad por parte de Gómez Urrutia era el único argumento de la STPS para negarla, ya que la propia dependencia reconoció que la convención sindical en la que fue electo se desarrolló de acuerdo a los estatutos.

"Al revisar las actas, la autoridad administrativa no puede intervenir efectuando indagaciones del proceso electoral, como hizo en el caso que se examina", se agrega en el fallo, que también desecha el argumento de que Gómez Urrutia no gozaba de sus derechos por estar prófugo en Vancouver desde 2006.

Es la segunda vez que Gómez Urrutia derrota en tribunales a la STPS, ya que en abril de 2007, un tribunal colegiado de circuito ordenó reconocerlo como secretario general para el periodo 2003-2008, luego que la autoridad laboral indebidamente otorgó toma de nota al disidente Elías Morales en febrero de 2006.

El expediente del caso también revela la actitud cambiante del Gobierno ante el sindicato minero, pues en agosto de 2000, aún durante el sexenio de Ernesto Zedillo, la STPS negó la toma de nota a Gómez Urrutia precisamente porque no acreditó ser miembro de ese gremio.

Pero en noviembre de 2001, ya en el sexenio de Vicente Fox, la misma dependencia cambió de opinión y le otorgó la toma de nota, situación que cambió dramáticamente en 2006, cuando se reconoció al grupo disidente y Gómez Urrutia huyó del País por la acusación de fraude.

Gómez Urrutia y el acoso oficial al sindicalismo

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx

4 de mayo 2012

El pasado jueves, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó, por mayoría, un amparo al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Napoleón Gómez Urrutia, en contra de la determinación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de negar la toma de nota a esa agrupación sindical en junio de 2008, lo que obliga al gobierno federal a reconocer la personalidad jurídica del gremio y a su dirigente. De acuerdo con los ministros que avalaron el amparo, la dependencia federal actuó indebidamente "al ir más allá de la confirmación del cumplimiento o verificación de los requisitos formales" marcados en la ley para otorgar el registro a una organización sindical, y se extralimitó, por tanto, de sus facultades legales en la materia.

El fallo de la corte se suma al emitido por un tribunal federal el pasado 25 de abril en el sentido de cancelar la única orden de aprehensión que se mantenía vigente en contra del líder minero por presunto desvío de fondos pertenecientes a su gremio, por lo que, de acuerdo con los abogados del SNTMMSRM, "Napoleón está con un pie en México" luego de más de seis años de exilio en Canadá.

Las resoluciones del Poder Judicial a favor del sindicato minero y su dirigencia dejan al descubierto el carácter injustificable de la persecución y el acoso de que ha sido objeto ese gremio durante las dos administraciones federales panistas, actitudes que tuvieron como punto crítico la tragedia de la mina de Pasta de Conchos (19 de febrero de 2006) y los posteriores intentos de las autoridades por encubrir la responsabilidad patronal en el hecho que costó la vida a 65 trabajadores mineros.

Cabe recordar que en los días posteriores a la tragedia, y ante las críticas formuladas por Gómez Urrutia por la irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades encargadas de supervisar las condiciones laborales imperantes en el socavón siniestrado, el gobierno foxista, que hasta entonces mantenía buenas relaciones con la dirigencia sindical, emprendió una injerencia abierta e ilegal en la vida interna de la organización –cuyo componente central fue, justamente, la negación de la toma de nota al líder sindical–, que llevó al punto de pretender imponerle, por conducto de la STPS, una cúpula espuria. En el sexenio calderonista persistió la intromisión gubernamental en los asuntos de la organización e incluso se extendió a otros ámbitos, como ocurrió con la campaña de desconocimiento de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezada por Martín Esparza, y el apoyo oficial brindado a la disidencia encabezada por Alejandro Muñoz.

Tanto más impresentable ha resultado la utilización, en estos episodios, de las dependencias gubernamentales encargadas de procurar o impartir justicia como instrumentos de golpeteo político de opositores.

Resulta significativo al respecto que el desempeño de la Procuraduría General de la República durante el conflicto minero no se haya destacado por esclarecer la tragedia de Pasta de Conchos o los atropellos policiales cometidos contra los trabajadores del gremio en Sicartsa o en Cananea, sino por su empecinamiento en presentar, mediante acusaciones no sustentadas y ahora desestimadas por los tribunales, como delincuente a alguien que, en estricto rigor legal, es inocente.

La embestida gubernamental contra el gremio minero y su dirigente es emblemática, en suma, de la política oficial de hostigamiento a las expresiones del sindicalismo independiente que fue inaugurada hace décadas por las presidencias priístas y que ha sido retomada y profundizada bajo las administraciones blanquiazules. En lo inmediato, y habida cuenta de los fallos judiciales favorables al sindicato minero, es pertinente y necesario que se investigue y se esclarezca la responsabilidad política en que pudieron haber incurrido los distintos funcionarios –empezando por Francisco Javier Salazar Sáenz y Javier Lozano Alarcón, titulares de la STPS durante los gobiernos de Fox y de Calderón, respectivamente– que participaron en la persecución transexenal contra el gremio.