El Cobre Que Habita En Tierra Movediza
Published by MAC on 2007-07-14Source: http://www.larepublica.com.pe
El cobre que habita en tierra movediza
Los pobladores aseguran que la empresa no cuenta con autorización de sus Asambleas Generales para explotar el mineral como exige la ley. Pero la compañía responde que adquirió esos derechos de una minera antecesora. Luego de revelar los temores de las comunidades de Segunda y Cajas y Yanta sobre los efectos sociales y ambientales alrededor del proyecto de cobre Río Blanco de minera Majaz, La República cierra esta serie de reportajes narrando detalles poco conocidos de la forma en que la empresa logró obtener el permiso de exploración del Ministerio de Energía y Minas, esquivando algunas exigencias legales.
Milagros Salazar, Enviada especial
"¿Cuántos policías mandaron a ese mercado (el de Santa Anita), diga? ¿Y por qué aquí no hacen lo mismo para sacar a Majaz?", pregunta Víctor Jiménez, un anciano que encontramos en el caserío El Tambo, al borde del río Tomayaco que baña las tierras de la comunidad de Yanta en Ayabaca. Las noticias del desalojo de los comerciantes que ilegalmente ocupaban el mercado de Santa Anita en Lima había dejado perplejos a estos pobladores que viven en la sierra de Piura, a más de 20 horas de esta ciudad norteña.
Curioso, pero los comuneros que siguieron el caso por una radioemisora de alcance nacional, relacionaban esos hechos a su entorno: ellos consideran que la minera Majaz ha invadido sus tierras para hacer labores de exploración sin que el Estado le exija el cumplimiento de las leyes con la misma dureza que lo hizo con el grupo de comerciantes del mercado Santa Anita, en Lima.
"Tenemos un título de propiedad por el que hemos pagado al Estado, pero las autoridades no reconocen nuestros derechos de propiedad y han dejado que la minera empiece a trabajar en nuestras tierras sin nuestro permiso. Sentimos que no valemos nada para el gobierno, sólo importamos en la época de elecciones", reniega el vicepresidente de la comunidad de Yanta, Celso Concha, rodeado de una veintena de dirigentes en el caserío de Portachuelo.
Qué dicen las leyes
Los líderes de Yanta y Segunda y Cajas aseguran que la compañía no cuenta con la autorización de la Asamblea General y el voto de los dos tercios de los miembros de la comunidad, como exige el artículo 11 de la Ley de Promoción de la Inversión Privada, en el caso de actividad económica en las tierras de las comunidades campesinas. En respuesta, la minera ha señalado que sí cuenta con el permiso de ambas comunidades debido a que la minera Coripacha, antecesora a Majaz, le cedió los derechos de los acuerdos firmados durante asambleas generales con Yanta y Segunda y Cajas, en octubre de 1997.
La República tuvo acceso al libro de actas de las comunidades y constató que efectivamente se firmaron los convenios que señala Majaz, pero el detalle es que no cuentan con las firmas de los dos tercios de los miembros de la comunidad, como exige la ley.
En el caso de Yanta, el acta firmada con la compañía Coripacha en una asamblea del 3 de octubre de 1997, sólo cuenta con la firma de 60 pobladores, cuando por esos días figuraban en el padrón 404 comuneros calificados, tal como ha podido certificar con documentos el abogado de la comunidad, Andrés Jiménez, ante la Fiscalía de Ayabaca.
"Ese día estábamos en pleno trabajo intercomunal en la zona de Frejolito que pertenece a la comunidad de Andurco y bajaron unos representantes de Coripacha a decirnos que querían hacer algunos trabajos. Nos dieron licor a todos y nosotros que no sabíamos que la mina contaminaba, firmamos nomás", relata el presidente de rondas del sector El Tambo, Francisco Jiménez.
El presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión, asegura que los 60 campesinos fueron sorprendidos y que, además, su firma no aparece en el convenio no obstante que en esos días él era el secretario de actas de la comunidad. La verdad es que el presidente de esa época, Ezequiel Acha, tomó esa decisión a espaldas de la asamblea. Incluso en actas posteriores consta que luego exigió que se convocara a una reunión para ver este tema. Al día siguiente de la reunión extraordinaria, Ezequiel Acha fue conducido por la minera a Piura para ratificar su acuerdo ante un notario público. Este mes la comunidad convocará a una asamblea general para desconocer los acuerdos firmados con Coripacha.
Estrategia repetida
En Segunda y Cajas la historia es similar. En el acta sólo figuran las firmas de 31 comuneros cuando en el padrón de ese año aparecen inscritos mil 115 comuneros calificados. Lo aseguran el vicepresidente de la comunidad, Eusebio Guerrero Pintado, y el fiscal Edilberto Neyra Alberca. En el convenio se señala que el domingo 21 de setiembre de 1997 se reunieron en asamblea general los comuneros para otorgar permiso a la empresa con el propósito de que pueda efectuar actividades mineras. Días después, el 6 de octubre, la compañía trasladó al entonces presidente de la comunidad, Salomón Ramírez, a la ciudad de Piura para que firmase el compromiso ante un notario público.
Los notarios se encargaron de salvaguardar los intereses de la compañía y precisaron a la hora de transcribir las actas en máquina de escribir, que las comunidades autorizaban las diferentes etapas de las actividades mineras (explotación, construcción y explotación), tal como lo pudo comprobar este diario al revisar el expediente de la minera Majaz en la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la instancia que otorgó el permiso a la empresa para los trabajos de exploración de cobre y molibdeno. El permiso permitía a la empresa operar en la zona entre 2003 y fines de 2006, a pesar de que las actas no contaron con la aprobación de los dos tercios de la comunidad como ordena la ley.
La voz de la Defensoría
Pero, además Defensoría del Pueblo en un informe publicado a fines de 2006 señaló que estos acuerdos de 1997 constituyen un documento de carácter contractual entre la empresa Coripacha y las comunidades, y no con Majaz, que es la que posteriormente pide la autorización ante Energía y Minas.
La Defensoría aclara que la minera Majaz debió acreditar que se le cedía la autorización otorgada a Coripacha. Sin embargo, sustentándose en una interpretación del jurista Jorge Avendaño, Majaz hoy señala que los convenios del uso de las tierras superficiales constituyen servidumbres mineras que pertenecerán a quien en cada momento sea dueño del bien. O sea, si ahora Majaz es el dueño de turno, debemos suponer que debe gozar de ese derecho.
Pero la posición de esta minera ha ido cambiando en el camino porque cuando aún no contaba con esta interpretación bajo la manga, entre julio y agosto de 2002 firmó convenios con las comunidades para desarrollar trabajos en la zona, los mismos que también fueron presentados al Ministerio de Energía y Minas. Con la directiva comunal de Yanta (una vez más, sin intervención de la asamblea general) acordó efectuar estudios de exploración y perforación de diamantina. Y la empresa hizo lo propio con Segunda y Cajas para trabajos de prospección sísmica. Estos acuerdos ya fueron rechazados en forma unánime por los comuneros.
Ante estos hechos y otros relacionados a la inadecuada difusión entre los pobladores del plan de evaluación ambiental que se requiere en una etapa de exploración, la Defensoría del Pueblo concluye que Majaz ha violado los derechos de propiedad de las comunidades.
"Nosotros sólo revisaremos el caso si los campesinos realizan una denuncia formal ante estas oficinas. No podemos hacer otra cosa", dijo a La República el director general de Asuntos Ambientales Mineros del MEM, Fredesbindo Vásquez, quien confesó no conocer el informe de la Defensoría a pesar de que es un documento público.
La comunidad de Yanta ha denunciado a Majaz por usurpación de tierras y la policía ha confirmado hace un mes, durante una inspección ocular, que el lugar donde se explotarán los minerales a partir de 2011 pertenecen a esta comunidad. En tanto, los dirigentes de Segunda y Cajas aseguran que le entregaron una copia de los documentos de este polémico caso al presidente Alan García en su último paso por Piura. La decisión está en manos de los políticos.
Claves
RECHAZO. Según un sondeo de opinión que acaba de mandar a elaborar el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, el 86.2% de los encuestados en el distrito Carmen de la Frontera –que forma parte de la comunidad de Segunda y Cajas–, está en contra de la minería; el 10.1% a favor; y el 3.7% no responde. En el distrito de Ayabaca, al que pertenece la comunidad de Yanta, el 89.6% de los encuestados se opone a la minería y el 7.9% está a favor.
DAÑOS. Según el especialista en temas hídricos, Fidel Torres, el proyecto minero Río Blanco, y las concesiones aledañas como las de Newmont, afectarían las nacientes de dos grandes cuencas: las del Chinchipe hacia el Atlántico y del Quiroz hacia el Pacífico, lo que representa una amenaza a los bosques de neblina y páramos captadores de agua, además de centro de gran biodiversidad para las comunidades que rodean el campamento minero.