Una Mina Los Divide
Published by MAC on 2007-06-11Source: Diario La República
Una mina los divide
Para llegar a las comunidades de Segunda, Cajas y Yanta, donde se levanta el proyecto Río Blanco de la minera Majaz, hay que atravesar un camino largo y sinuoso de piedras, lodo, iras y sospechas. La zona ubicada a pocos kilómetros de Ecuador, en la región Piura, es poco accesible por lo agreste del terreno y la desconfianza de los pobladores que en su mayoría rechazan a la actividad minera. Hoy, que se alista una consulta popular sobre este proyecto que pretende convertirse en la primera fuente de cobre del país, La República emprendió un viaje de siete días para conocer los detalles del conflicto. Aquí la crónica del primer tramo en los dominios de Huancabamba.
Por Milagros Salazar, Enviada especial
Diario La República, Perú. 11 de junio, 07
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Desde una cabina de radio en la ciudad de Huancabamba, un hombre reparte ataques como sables: "Esos hambrientalistas y secolocos violentistas se oponen al desarrollo por puro interés. Esos dirigentuchos analfabetos...", grita Duver Maureola, el dueño de Radio Centinela, una de las emisoras más sintonizadas de la zona, que les ha declarado la guerra a los ambientalistas que se oponen a la minera Majaz. "Eso no es nada, ese señor insulta sin piedad. Todos lo quieren agarrar", comenta un joven al ver mi cara atónita de forastera. "A él le dicen 'Burra Chueca', ¿sabe?", añade sonriente el muchacho. Maureola ha levantado las iras de los ronderos a tal punto que hace tres años lo detuvieron para darle una golpiza ante la impotencia de detener sus ataques. Maureola los denunció por secuestro. "Ellos me quisieron matar y yo sólo digo lo que pienso", argumenta ante este diario mostrándonos los rastros de sus golpes en su nariz torcida. Los enfrentamientos entre los que se oponen y quienes apoyan a la minería se encuentran en estado de ebullición, tanto en la ciudad como en la comunidad de Segunda y Cajas que pertenece a la provincia de Huancabamba. Cada uno camina por su lado mirándose por el rabillo del ojo.
Luego de nueve horas de viaje a sobresaltos en bus desde la ciudad de Piura, llegamos a Huancabamba. En este tramo apenas existe una hora de carretera asfaltada, el resto de la vía atraviesa ríos, chacras y hasta lozas deportivas. No hay tierra afirmada, pero sí lemas de Majaz acuñadas en las paredes de cada pueblo: "El verdadero desarrollo de Piura", "Gana el Perú, ganas tú, gana Huancabamba". La única forma de llegar por tierra al centro de operaciones de la mina es por este camino maltrecho. La otra opción y la más usada por los ejecutivos de la empresa es por helicóptero. Desde la ciudad de Huancabamba hasta el campamento son aproximadamente trece horas de viaje en camioneta, acémila y a pie. Y desde la ciudad de Piura 22 horas en total.
Para llegar a la mina hay que atravesar los 32 caseríos de Segunda y Cajas, ahí donde Majaz ha decidido desplegar sus estrategias para obtener la llamada licencia social que le exige la ley debido a que ocupa las tierras de estos comuneros. Hacia esos pueblos que conducen a la frontera con Ecuador, donde acaba el territorio peruano en la región Piura, emprendimos el viaje.
Un pueblo está de duelo
Son las 11 de la mañana. Acabamos de llegar a Habaspite, uno de los caseríos de Segunda y Cajas que lanza una advertencia de bienvenida: "Los pobladores de Habaspite: no a las minas". Aquí el pueblo sigue de duelo por la muerte de Remberto Herrera, un rondero del lugar que cayó durante las protestas de abril del 2004 en el campamento de Río Blanco. "Los policías le dispararon con sus bombas lacrimógenas. No queremos el proyecto, que se vaya porque nos divide, nos hace pelear", afirma Humberto Huamán, ex teniente gobernador de Habaspite que sobrevivió a los enfrentamientos de aquel día. Los pobladores exigen justicia y una indemnización para la viuda y los hijos de Remberto. La rabia y la impotencia están encendidas.
Desde la ventana de la camioneta, Segunda y Cajas luce apacible: cada vez nos acercamos más a la zona oriental de la comunidad, a la montaña donde crece el café, la chirimoya, los naranjos. Hay un sol abrigador y un cielo de celeste intenso salpicado de nubes inmaculadas. Pero Segunda y Cajas no es el Edén ni está libre de pecados, esconde historias grises que hacen pensar en un infierno grande. Las diferencias entre los pobladores, provocadas por la mina, han llegado a los golpes entre familiares y vecinos. Aquí en el campo, los que se oponen al proyecto Río Blanco lo hacen principalmente porque consideran que fomenta la desunión en la comunidad. No hay una idea clara del daño ambiental que podría ocasionar en las aguas y la agricultura la futura explotación del cobre y molibdeno a diferencia de la comunidad de Yanta en la provincia de Ayabaca, donde se concentrarán las operaciones a tajo abierto.
"A los que rechazamos a la mina, nos agreden. Hacen mucho pleito, tanto que la gente incluso ya no quiere participar en los trabajos comunales. No nos respetan", dice Albertino Correa, secretario de actas del Comité Central de Rondas Campesinas del centro poblado Carmen de la Frontera, adonde hemos llegado después de cuatro horas de viaje. "Yo, que he sido autoridad, no he vivido antes esta situación. El minero ya no puede ver a los que defendemos el medio ambiente, nos miran como culpables", reflexiona Isaías Paico, ex teniente gobernador. Para él "la mina ya contaminó a la gente" con regalos, cuadernos escolares para los hijos y promesas de empleo. Los lemas en las paredes describen un escenario polarizado. "¿Por qué ser pobres? Si tenemos cobre...", desafía Majaz, y sus opositores responden con afiches: "La minería nos ataca: usurpa tierras comunales, destruye el medio ambiente, persigue y encarcela dirigentes y corrompe funcionarios", añade Isaías Paico.
Las mujeres de la zona que viven en situación de extrema pobreza no quieren recibir los 100 soles mensuales que otorga el programa gubernamental Juntos porque creen que está vinculado con la minera debido a que Majaz edita una revista que lleva el nombre del programa.
El juez de paz de Carmen de la Frontera, Roberto Paico, confirma que desde el 2003, cuando Majaz inició sus labores de exploración, las disputas se han multiplicado. Un caso reciente es el de Castulo Ibáñez, del caserío Rosario Bajo, quien fue golpeado por su hermano menor que defendía las cocinas ecológicas que por estos días ha empezado a repartir la minera entre sus simpatizantes. Los defensores de Majaz como María Ruiz, una pobladora de la comunidad, o el presidente de la Asociación Frente de Defensa de los Intereses de la Comunidad de Segunda y Cajas, Leoncio Huamán, aducen que la mina "traerá desarrollo, hará crecer los negocios y dará trabajo".
Majaz ha promovido la creación de organizaciones sociales paralelas que le brindan apoyo principalmente en la ciudad de Huancabamba y con las que trabaja sus programas de apoyo social. La asociación que dirige Huamán y que sólo cuenta con 200 inscritos es una de ellas.
"Nosotros queremos trabajar por la unión de la comunidad, pero allí hay una desorganización social que el Estado debe atender", señala el gerente de operaciones de Majaz, Andrew Bristow. Sin embargo, la empresa invierte en publicidad en el programa del polémico Duver Maureola que ataca a los opositores de la empresa. ¿Así, cómo se puede generar confianza?, se preguntan algunos comuneros. Y Bristow se confiesa: "No creemos que Duver sea un aliado, pero es más peligroso tenerlo como enemigo". Asegura que Radio Centinela es la única que llega a la montaña por lo que no se puede prescindir de sus servicios para propalar los beneficios de Río Blanco. "Es como dejar de anunciar en el programa de Magaly Medina", agrega.
Agro y no violencia
Son las 4 de la tarde. Acabamos de llegar a Rosario Bajo, a la tienda de Castulo, el rondero que fue golpeado por su hermano. "Me ha pateado duro", cuenta Castulo mostrándonos las huellas de la agresión. Él prefiere subsistir de la agricultura y la ganadería. "La mina se quiere meter a la machedá (a la mala) en nuestras tierras y nosotros hemos abierto estas montañas durmiendo sobre piedras", insiste.
La mayoría quiere vivir de la agricultura aunque casi siempre la tierra apenas les da para la alimentación del día. Sólo hay un grupo de 112 productores asociados de Carmen de la Frontera que exporta café a Estados Unidos y Europa mediante la estatal Central Piurana de Cafetaleros.
"Así como el Estado considera a la minería de interés nacional, también debería priorizar el agro", reflexiona el alcalde de Carmen de la Frontera, Ismael Huayama, quien ha emitido una ordenanza para que la población decida en una consulta popular si quiere sustentar su desarrollo en la minería o en la agricultura como sucedió en el caso Tambogrande. Una fecha tentativa de la consulta es el 30 de setiembre y los comuneros ya alistan una campaña informativa.
Según un sondeo de opinión que acaba de mandar a elaborar el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, el 86.2% de los encuestados en Carmen de la Frontera está en contra de la minería, el 10.1% a favor y el 3.7% no responde.
Para Anthonny Bebbington, investigador de la organización británica Perú Support Group –que recientemente publicó un informe del proyecto Río Blanco–, la inadecuada política de acercamiento de Majaz a las comunidades contribuye a desarticular las redes sociales que se necesitan precisamente para generar consensos en la ejecución de obras con el dinero del canon y las regalías que otorgaría esta empresa cuando empiece a explotar el mineral.
Se calcula que la minera tiene una concesión que concentra 7.8 millones de toneladas de cobre y 260 mil toneladas de molibdeno, un mineral que está valorizado nada menos que en 30 dólares la libra. Majaz, que hasta hace poco tenía mayoritariamente capital británico, concluyó su etapa de exploración a fines del año pasado y hoy elabora el estudio de impacto ambiental con proyecciones de extraer los minerales desde 2011 de la mano de su principal nueva accionista, la empresa china Zijin.
El problema es que Majaz puede seguir obteniendo los permisos del gobierno, pero no cuenta con el aval social para operar, lo cual puede desencadenar más violencia. "No vamos a dejar que nos sigan atropellando", asegura Humberto Huamán, de Habaspite, con quien nos volvemos a encontrar entre tinieblas en nuestro camino de regreso a la ciudad de Huancabamba. Los caseríos de Segunda y Cajas no tienen luz eléctrica ni desagüe, pero la mayoría cuenta con agua potable. El campo está cercado por la pobreza. Es casi la medianoche y en Huancabamba circula un recio frío afilado, aunque sin ataques ni miradas de resentimiento, por lo menos hasta el día siguiente.