Majaz Ofrece Fondo De Usd 80 Millones A Comunidades Piuranas

Majaz ofrece fondo de USD 80 millones a comunidades piuranas

Lima, 22 de Agosto 2007 (CNR)

La empresa minera Majaz S.A. propuso a las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) crear un fondo privado de 80 millones de dólares, a cambio del permiso para la ejecución de la etapa de explotación del proyecto Río Blanco, en Piura.

Mediante un comunicado, difundido en un diario de circulación nacional, la compañía minera -que mantiene problemas legales con las referidas comunidades- invita a la creación de dos "Asociaciones sin Fines de Lucro" para cada población, con un acceso paulatino a los fondos privados que ascienden a 40 millones de dólares en cada caso, a fin de llevar a cabo proyectos de desarrollo. El documento sostiene que cada asociación estará compuesta por Miembros Fundadores, un Consejo Directivo y un Consejo Consultivo. El primer rubro estará integrado por las mineras Majaz S.A. y Coripacha S.A.C.

Esta última, antecesora de Majaz, funcionó avalándose en documentos que no fueron aprobados por los dos tercios de la Asamblea General de las Comunidades Campesinas, sino solamente por la Junta Directiva, antes de la transferencia de sus acciones, como lo demuestra el informe de la Defensoría del Pueblo del año pasado. Cada Consejo Directivo tendría al menos tres miembros, que incluiría a un representante de cada comunidad y otro de la minera Majaz S.A.; su función principal será evaluar los proyectos de desarrollo propuesto por los pobladores en dichas zonas.

Así mismo, habrá dos Consejos Consultivos, integrados por dos miembros asesores, que podrían ser un representante de alguna universidad, ONG, auditor financiero y legal, o funcionarios del gobierno nacional o regional, con la finalidad de brindar asesoramiento al Consejo Directivo.

Cabe indicar que, para acceder a dicho fondo privado las comunidades campesinas tendrían que formar parte del Consejo Directivo de la Asociación creada para cada comunidad; así como aceptar que una entidad técnica de Piura realice un diagnóstico socio-económico, que serviría como base para un plan de desarrollo comunal y para cumplir con lo requerido por la autoridad ambiental minera. Por consiguiente, el documento resalta que para asegurar el aporte continuo al fondo después del primer desembolso económico, las comunidades tendrían que ratificar los permisos ya otorgados a la empresa para el uso de las tierras donde se desarrollará el proyecto minero.

Las operaciones de Majaz ponen en peligro las nacientes de la cuenca de los ríos Chinchipe y del Quiroz, cuyas aguas son utilizadas por las referidas localidades para su agricultura y ganadería, además de amenazar los ecosistemas de montaña donde se ubican los bosques de neblina y páramos. Los efectos contaminantes alcanzarían, también, a las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca.

Es por todo lo anterior que los pobladores de los distritos de Carmen de la Frontera y Ayabaca realizarán una consulta vecinal el 16 de setiembre para decidir si aceptan o no la continuidad de la citada compañía. Empero, dicha consulta popular no tiene carácter vinculante; vale decir, no existe ley que señale que el Gobierno deba aceptar el resultado del referéndum.