Aprobaron La Ley Que ProhÃbe Utilizar Sustancias Tóxicas En La MinerÃa A Cielo Abierto
Published by MAC on 2007-06-21Source: http://www.losandes.com.ar
Aprobaron la ley que prohíbe utilizar sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto
Por Miguel Títiro
Mendoza, Argentina, 21 de junio 2007
En un veloz tratamiento, la Cámara de Diputados convirtió ayer en ley la norma que prohíbe el uso de sustancias químicas en la actividad minera provincial. El procedimiento legislativo fue rápido y provocó el aplauso de las delegaciones ambientalistas y agrarias, mientras que la barra del grupo minero se quedó en silencio, sin producir, en ese momento, ninguna manifestación, como si la decisión los hubiese sorprendido.
En contraposición a lo que ocurrió en el Senado el martes, donde la iniciativa ocupó casi 12 horas entre tratativas y debate pleno, en la Cámara baja tuvo una aprobación que demandó apenas 10 minutos. La votaron la mayoría de los 48 legisladores que componen el cuerpo y sólo se opusieron una docena de representantes, quienes propiciaban, por iniciativa del radical Humberto Montenegro, que la norma tuviera vigencia hasta tanto se apruebe el plan ambiental minero que está debiendo el Gobierno y que puede salir en 180 días. Ahora la ley pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, y se descarta que la administración Cobos la vete, como adelantó el ministro de Gobierno Sergio Marinelli.
La ley, concebida por el senador radical alvearense Walter Sáenz, quita la posibilidad de aplicar en el territorio provincial sustancias como cianuro, ácido sulfúrico y otras, consideradas tóxicas, en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos. Es decir: borra de la jurisdicción la minería metalífera a cielo abierto. A los efectos de la aplicación de lo previsto por los legisladores, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, y se prevé que para la preservación del agua el Departamento de Irrigación ejercerá el control específico y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la provincia.
Producida la aprobación de la ley, las personas que vinieron de General Alvear y del Valle de Uco, se abrazaron y celebraron la decisión de los legisladores. En los puntos en que se habían producido cortes de rutas, especialmente en Pareditas y en el departamento alvearense, se levantaron las protestas. Una de las legisladoras más eufóricas por la norma antiminera fue la diputada Nidia Martini, de General Alvear. "Basamos nuestra argumentación y la lucha, en la defensa del agua", dijo acompañada por el intendente Juan Carlos De Paolo.
En contra de la norma
Para las cámaras empresarias lo ocurrido ayer "es una mala señal". Gonzalo Damon, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, afirmó que la actividad que se ha frenado tiene "las más estrictas normas de calidad y control. El tratamiento del tema fue totalmente irrespetuoso por parte de los legisladores, y por eso nuestros asesores están evaluando el proyecto para tomar las acciones directamente contra la provincia".
Para este ejecutivo hay "muchos trabajadores van a quedar sin sus puestos de trabajo", aunque el concepto no quedó claro porque en rigor no existen en la actualidad explotaciones metalíferas y las otras actividades mineras -yeso, cemento, rocas de aplicación y hasta sales de potasio- no deberían tener problemas. En tanto que Juan Carlos Ortiz, secretario general de los trabajadores mineros, dijo que "la minería no está derrotada, aquí el gran perdedor es Julio Cobos, quien fue vencido por los ambientalistas; tenía una postura seria y ahora hizo todo lo contrario". Anunció que la semana próxima el sector hará una gran marcha hacia la Casa de Gobierno.
No habrá veto de Cobos
El ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, descartó la posibilidad de un veto por parte del Gobierno a la ley contra el cianuro y aclaró que el gobernador Julio Cobos había pedido el tratamiento legislativo. "Para nosotros hubiera sido peor que el proyecto no se hubiese tratado en el Senado". Admitió, empero, que la administración aspiraba a que se aprobara la norma transitoriamente, hasta que rigiese el plan ambiental, lo que finalmente no prosperó. A título personal, el ministro opinó que era necesario calmar la intranquilidad social que había en el Valle de Uco y en Alvear y que la ley obró en esa circunstancia. "Pese a la prohibición impuesta, igual hay que trabajar en el plan ambiental y en normas regulatorias de la minería", concluyó.
Se descomprimió la situación en Alvear y ya no hay cortes de ruta Por Gonzalo Villatoro
Cuando todos estaban preparados para vivir una larga jornada en espera de lo que decidiera la Cámara de Diputados, de un momento a otro explotó la algarabía y la noticia corrió por todos los hogares alvearenses: "Se aprobó la ley" se escuchó decir y de un segundo a otro las calles fueron copadas por cientos de personas.
"Esto es por todos pero sobre todo por mis nietos que están aquí conmigo", dijo Julio Castro con lágrimas de emoción en los ojos. En los cortes de ruta alguno se atrevió a señalar: "Ahora hacemos una asamblea y levantamos", pero no le dieron tiempo y las barricadas desaparecieron rápidamente y Alvear dejó de estar completamente aislado como sucedía en las últimas horas. La masiva concurrencia de vecinos en las principales avenidas continuó hacia la tarde y tal como lo habían hecho aquel miércoles 6 y el martes pasado, cuando más de 6.000 personas se concentraron en la plaza, ahora, de igual manera, se acercaron pero en esta oportunidad para celebrar la victoria. En Bowen, San Pedro del Atuel y Colonia Alvear Oeste el panorama fue similar.
La aprobación de la llamada ley Sáenz por la cual se prohíbe la utilización del cianuro y otros productos químicos en la minería metalífera a cielo abierto llegó en el momento justo. En estos últimos días el clima estaba enrarecido y la tensión estaba en constante incremento. Los cortes de ruta tomaron vida propia y ya nadie respondía a nadie.
La multisectorial, que estuvo en la lucha desde agosto de 2006 se vio desbordada y sin respuestas ante la iniciativa popular. Mientras que desde el ámbito político el intendente Juan Carlos De Paolo tampoco pudo poner paños fríos. La autoridad policial también pasaba desapercibida y los manifestantes tampoco oían al comisario Marcelo Fuentes que pedía racionalidad en los tiempos de corte.
Al cabo de 15 días desde el inicio de las protestas en el departamento, la cordura fue quedando de lado y ganaron espacio las pasiones. "No me dejaron pasar ni para venir a la protesta con mi familia", contó Andrea (40) madre de 3 niños, quien vive a 4 kilómetros del puente de río Atuel sobre ruta provincial 202, lugar donde se emplazó uno de los piquetes.
Lo que siempre fue una lucha por una causa noble y justa, al final empezó a transformarse en injusticia para otros. Todas las líneas de ómnibus locales y de larga distancia habían suspendido desde el martes a la tarde la venta de pasajes. La empresa Unión, de capitales locales, levantó sus recorrido a Buenos Aires y Andesmar tuvo que reprogramar recorridos al sur del país para evitar pasar por General Alvear. A tal punto llegó la tensión que una docena de camioneros de distintos puntos del país, al momento de sancionarse la ley, estaban por presentar una denuncia en la Comisaría con lo que hubiesen dado pie a la intervención de Gendarmería.
Posibles demandas
El diputado Néstor Piedrafita (ARI) dijo que no habría posibilidad de demandas, abonando la tesis de que el derecho ambiental público se encuentra por encima de cualquier interés individual. Citó como ejemplo lo ocurrido en el caso de la laguna Llancanello y el recurso esgrimido por la entidad ambientalista Oikos frente a la explotación petrolera. Para el titular de Diputados, Omar Marín, la posibilidad de litigar le cabe a cualquier individuo o entidad, "aunque será la Justicia la que decidirá", comentó el legislador. "Hay razones de peso para plantear la inconstitucionalidad; en este momento no voy a adelantarlas", explicó la experta en derecho minero, Patricia Inzirillo. "Habrá que estudiar la competencia judicial apropiada para hacer el reclamo".