Solicitan Observadores Internacionales Para Consulta Popular Por El Proyecto Minero Río Blanco

Solicitan observadores internacionales para consulta popular por el proyecto minero Río Blanco, Perú

Lima, Julio de 2007

Estimadas Señoras, Estimados Señores:

Un cordial saludo desde Lima, Perú, de parte de Javier Jahncke, miembro de Fedepaz, entidad que actualmente asume la coordinación de la Red Muqui, un colectivo de 20 instituciones de nivel nacional, dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por las actividades mineras y minero-metalúrgicas.

La Red Muqui actualmente acompaña a las poblaciones de las provincias de Huancabamba y Ayabaca en la Región Piura, así como las provincias de San Ignacio y Jaén en la región Cajamarca, que se encuentran representadas por sus autoridades y representantes en el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), desde octubre del año 2005, año de su formación.

Este esfuerzo organizativo se ha dado con el objetivo de buscar una salida dialogada, justa y pacífica, respetando los cauces formales, al conflicto ocasionado por la imposición de la actividad minera en los territorios de sus localidades, ricas en biodiversidad y tradicionalmente dedicadas a la actividad agropecuaria como modelo de desarrollo.

La Red Muqui y otros colectivos y organizaciones nacionales e internacionales, ante la solicitud del FDSFNP, forman parte del equipo técnico de dicho Frente.

Las poblaciones de las cuatro provincias se oponen a la realización de actividades mineras en cabeceras de cuenca y zonas de ecosistemas frágiles, como es el caso del Proyecto minero Río Blanco; donde además se han violentado derechos fundamentales como el derecho a la propiedad. Es por ello que las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), han presentado denuncias penales contra el Gerente General, Accionistas y Funcionarios de la empresa británico-china Minera Majaz por el delito de usurpación. Ambas comunidades han reiterado su negativa a la explotación minera en sus localidades.

Con el objetivo de lograr una salida dialogada, es que durante el año 2006, la población organizada solicitó a diferentes entes del Estado, que se conforme un espacio de diálogo. Es así como se conformó una Mesa de Diálogo con la PCM, el MEM, el MININTER y la Defensoría del Pueblo, que buscaba lograr que el Gobierno Central tome medidas frente a la presencia ilegal de la empresa Minera Majaz en sus localidades y que se investiguen las violaciones de derechos humanos perpetradas por la empresa que a la fecha han ocasionado la muerte de dos campesinos, numerosos heridos de gravedad e incluso personas torturadas por las fuerzas del orden.

Fruto del esfuerzo de diálogo impulsado por la población organizada, se conformó una comisión en la que participaron los ya citados entes del Estado, con el apoyo de la Iglesia Católica y la Sociedad Civil. Esta comisión constató -in situ- las continuas violaciones de derechos ocasionadas por la empresa minera a las poblaciones de la zona. Asimismo, en el proceso de diálogo iniciado, se solicitó formalmente a la Defensoría del Pueblo que se pronuncie sobre la ilegal presencia de la empresa Minera Majaz en los territorios de las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), lo que finalmente realizó mediente el Informe 001-2006, a finales del año 2006, confirmando la ilegal presencia de la empresa minera.

Este proceso se frustró, puesto que, pese a los avances el Gobierno Central no había la voluntad de continuar con el proceso de diálogo, desconociendo la representatividad del Frente y buscando tener un trato directo con las comunidades a fin de iniciar una negociación para el inicio de la actividad minera.

Pese a ello, la población organizada mantuvo su interés en logar una solución pacífica, reiterando su pedido de diálogo al gobierno del presidente Alan García. Es por ello que en Diciembre del 2006 se mantuvo reuniones con el MEM, MININTER y PCM. Las nuevas autoridades mostraron una actitud hostil e inquisidora, reacios a dialogar con el Frente. Pese a ello se acordó reiniciar el proceso el Enero en Piura. Sin embargo, pese a los esfuerzos por retomar el diálogo, el MEM no dio ninguna respuesta hasta el día de hoy.

Esta situación demuestra que las nuevas autoridades, no tienen la voluntad de continuar el proceso, puesto que apoyan la realización del proyecto, como lo han corroborado las declaraciones del Presidente de la República en Piura, apoyado el proyecto minero Río Blanco de la empresa Minera Majaz, sin medir las consecuencias sociales, ambientales y económicas que ello tiene para las localidades de Huancabamba, Ayabaca, Jaén y San Ignacio, y en general para toda la región Piura, pues las repercusiones ambientales, como ha estimado el Informe de la delegación del Peru Support Group que vino al Perú, podrían ser tales, ya que la empresa Minera Majaz promueve la realización de un "distrito minero" en la zona, es decir no una mina sino un conjunto de ellas, que incluye la posibilidad de otros proyecto mineros de otras empresas aledañas a las concesiones de Minera Majaz.

En el caso Río Blanco se conjugan una serie de factores que tienen implicancias de carácter nacional:

- La relación entre el desarrollo nacional y el desarrollo regional y local;

- En el proceso de descentralización, que instancias son responsables de la toma de decisiones;

- Que el INACC otorga concesiones sin tomar en cuenta Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, cabeceras de cuenca, ecosistemas frágiles, reservas de biodiversidad, entre otros.

- En el procedimiento minero, no hay una entidad responsable de revisar como es que las empresas realizan su relacionamiento con las comunidades campesinas y poblaciones en zonas de influencia minera.

- La flexibilización de los requisitos para la exploración minera, que permiten ahora realizar actividades sin que el MEM se pronuncie sobre sus impactos.

- El hecho que el MEM mantenga un doble rol, como promotor de la inversión en minería y a la vez autoridad ambiental en el sector.

Todo ello convierte al caso Río Blanco en un caso emblemático que permitirá incidir en la opinión pública para lograr cambios sustanciales en la normatividad y en las políticas públicas que actualmente privilegian un modelo primario exportador en nuestro país.

Pese al cierre de los espacios de diálogo con el Gobierno, la población y sus autoridades tienen abiertos caminos de solución pacífica establecidos en la Constitución y la normatividad vigente, que permiten que la población participe de manera directa, voluntaria e informada en las decisiones que puedan afectar su vida, su futuro y el modelo de desarrollo de sus localidades. Es en ese sentido que, el FDSFNP, conjuntamente con las Municipalidades Distritales de Carmen de la Frontera y Pacaipampa y la Provincial de Ayabaca han decidido acudir al mecanismo de Consulta Vecinal, recogiendo el pedido de las Comunidades Campesinas y poblaciones de dichas localidades.

Nos dirigimos a ustedes para conocer si estarían en disposición de participar como observadores en el proceso de consulta que ha sido convocado en los distritos de Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, pertenecientes a la Región Piura, para el día 16 de setiembre del 2007.

Las poblaciones convocadas en el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, estarían muy reconocidas de contar con el apoyo objetivo y transparente de una institución del prestigio de la de ustedes.

Estaremos al tanto de cualquier información adicional que deseen obtener, y de las formalidades que sean necesarias seguir para hacer posible nuestra solicitud.

Agradecemos desde ya la gentileza de recibir nuestra solicitud y quedamos a la espera de vuestra comunicación.

Para cualquier comunicación nos pueden contactar a este correo electrónico: jjahncke@terra.com.pe o al telefax: 4214747 - 4214730.

Atentamente, Javier Jahncke Benavente
Area DESCA
Fedepaz
Miembro de la Red Muqui
Coordinador del Grupo de Apoyo de la Red Muqui para el caso Majaz