MAC/20: Minas y Comunidades

Cuatro Comunidades A Punto De Desaparecer Por Explotación Minera A Cielo Abierto

Published by MAC on 2006-04-29
Source: http://www.laprensahn.com

Cuatro comunidades a punto de desaparecer por explotación minera a cielo abierto

Por Xiomara Orellana

HONDURAS - MIERCOLES 19 de Abril de 2006

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Los pobladores de Nueva San Andrés, San Miguel, Platanares y Azacualpa, poco a poco han desalojado sus pueblos para darle paso a las minas.

1997 cambió el rumbo de cuatro comunidades en este departamento, la explotación minera a cielo abierto los obligó a la reubicación y a cambiar su sistema de vida.

Muchas familias fueron reubicadas y tuvieron que formar Nueva San Andrés, ahora subsisten de los ingresos que genera el trabajo en la compañía; otras tienen que ingeniárselas para salir adelante, las fuentes de empleo son muy escasas; si no es en la compañía no hay nada que hacer y con ello, se olvidó la agricultura que antaño mantenía la mayoría en la zona.

La situación es igual en San Miguel y Platanares, todos temen que los pueblos desaparezcan.

Preocupación

El presidente del patronato de San Andrés, Quintín Miranda, afirmó que si por una donación de 52 manzanas deben otorgar los cerros que les rodean, no la aceptan.

“Estamos en medio de la compañía y nuestros pueblos están estancados, los recursos naturales se están agotando, siento miedo al denunciar la realidad, pero aquí no va a quedar nada cuando la mina se vaya, la ley no nos protege”, afirmó.

Y es que muchos de los compromisos entre compañía y pobladores no se cumplen, por ejemplo, en San Andrés hace falta la entrega de títulos de propiedad a cuatro familias.

La compañía minera obtuvo ya una concesión por ocho años; en la comunidad de San Miguel no se ha realizado el proyecto de agua potable, de alcantarillado sanitario, terreno para un astillero, el desarrollo de microempresas productivas con financiamiento para las diferentes actividades, mejoramiento de calles ni el empedrado de la calle principal, entre otros.

La compañía dice que no se les ha cumplido porque falta la contraparte comunitaria o municipal.

“Muchos de los acuerdos están pendientes, algunos porque se ocupan técnicos que estamos gestionando”, pero en medio de la lista que los miembros del patronato tienen de acuerdos incumplidos, también la compra de más propiedades en la comunidad les preocupa, para ellos es un síntoma que la compañía crece.

“10 casas en este mes han sido compradas y la gente emigra, otros se gastan el dinero y quedan en la calle, aquí se pierde todo”, afirma el dirigente Erasmo Fuentes.

Si la empresa amplía, para los pobladores no tiene sentido seguir adelante con los proyectos, la desaparición del pueblo se vuelve inminente y, según los pobladores, la compañía no busca su reubicación si no su salida.

“La empresa quiere que emigremos, quieren limpia la zona”, aseveró Fuentes.

En este proceso, las casas fueron valoradas por un ingeniero civil que envió la compañía, donde muchos se sorprenden de los altos precios que se han pagado.

Las casas están hechas de adobe y algunos vecinos aceptan las propuestas, otros buscan beneficios. Alba Luz Fuentes, una residente, afirma que ella no venderá su casa hasta que le paguen lo que pide. “La empresa me ofrece 104 mil lempiras por mi casa, pero yo quiero 200 mil, hasta que me paguen lo que quiero me iré de aquí”, afirma.

Peligro

Un pronunciamiento emitido por los patronatos de la zona denuncia que una falla en los patios de lixiviación de la compañía Yamana Gold no ha sido corregida.

La misma fue identificada y notificada a la empresa por la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería, Defomin, y ordenaba a la compañía suspender operaciones hasta que la falla fuera reparada.

Minosa, ahora Yamana Gold, se comprometió a cumplir las recomendaciones, según consta en el memorando interno del 26 de junio del 2005, pero los patronatos aseguran que nunca se siguieron las sugerencias, “y de manera irresponsable y atentatoria continuó ampliando material en el mencionado lugar conscientes de las consecuencias de la acción”.

Los pobladores pidieron apoyo de la Fiscalía General del Ambiente para que inspeccionara el área y verificara los hechos, pero nadie se apersonó, sólo la Asociación de Organismos No Gubernamentales, Asonog, les ha apoyado en todo este proceso.

“No hubo respuestas, aquí no hay ley ni autoridad, Asonog ha sido la que única que no nos ha abandonado, sólo Dios sabe qué nos espera” manifestó Quintín Miranda, presidente de la población de San Andrés.

Lo que más les preocupa a los vecinos es que Defomin no ha supervisado las descargas trimestrales de la empresa y que pueda ocurrir otro desastre ambiental como hace tres años.

Antecedentes

Desde que inició la extracción de oro en la zona, en 1999, los pobladores formalizaron acuerdos con la empresa, ahora Yamana Gold.

En siete años de explotación han existido momentos tensos de confrontación, arreglos, reubicaciones y en algunos casos daños al ambiente.

El desastre más recordado fue el ocurrido en enero de 2003, cuando hubo una fuga de unos 400 galones de cianuro al río Lara y provocó la muerte cientos de peces, ranas, cangrejos y libélulas.

La multa que impuso el Gobierno fue de 54 mil dólares.

La apertura accidental de una válvula hizo desbordar el canal de drenaje y la solución tóxica llegó también al río Higuito y a diversas poblaciones, entre ellas, Santa Rosa de Copán.

Este hecho fue llevado a la Corte Centroamericana del Agua en Costa Rica por los patronatos y en marzo de 2004, el tribunal dictaminó el cese de operaciones de Minosa hasta que no garantizaran que no se afectan los sistemas hídricos y la salud de la población.

La corte internacional también solicitó al Gobierno las reformas a la legislación minera y no permitir la expansión a los cerros Twin Hil, Cortés y Azacualpa, porque significa el desalojo de San Andrés, comunidad que ya fue reubicada y cuya infraestructura original fue destruida.

“Ya no queremos que la compañía avance. A nosotros no se nos ha preguntado y la experiencia negativa que hemos llevado nos hace luchar por lo nuestro”, afirmó el ex presidente del patronato de San Miguel, Luciano Rodríguez.

Daño-beneficio

En el proceso de explotación minera existen aspectos que afectan y benefician a la población.

En estos años la compañía ha generado empleo, paga los servicios de maestros y enfermeras en estas comunidades, dota de material didáctico y útiles escolares a los alumnos de los centros educativos, becas, transporte, obras de infraestructura, electrificación, mejoramiento de alcantarillado sanitario, la reforestación de una de las áreas que se ha explotado y ahora, según su gerente administrativo, Roberto Dala, otorgarán a los pobladores 52 manzanas de tierra para la agricultura.

“No podemos negar el apoyo que damos a la comunidad, respetamos los compromisos”.

Entre el costo y beneficio, la mayoría urge al Gobierno que revise los permisos, pues teme que la concesión acabe con las fuentes de agua, bosques y hasta con sus vidas.

Ahora, la noticia de la implementación de un nuevo proyecto de energía se une a sus preocupaciones.

Constantes enfermedades respiratorias y problemas de piel y pobladores emigrando a las grandes ciudades son parte de los impactos que hoy se generan.

Mañana, aún nadie lo sabe.

Nuevo proyecto, ahora es térmico

El anuncio de una nueva empresa también preocupa a los pobladores. Desde hace dos meses, la Geotérmica Platanares de Elcosa, que representa un mercado eléctrico potencial, se instaló en el lugar.

La fase de exploración ya inició, pero los residentes están preocupados porque otro de sus recursos también será explotado.

“La municipalidad no nos toma en cuenta para los permisos, es lamentable, llega otra empresa, aquí no va a quedar nada”, reaccionó Ricardo Portillo, presidente de la comunidad de Platanares.

Durante la década de los ochenta, la Enee realizó esfuerzos para la exploración de los recursos geotérmicos.

Los estudios indicaron que existen en el país de cuatro a seis sitios con alto potencial, de los cuales el más prometedor y estudiado es Platanares, con un potencial estimado de 44.9 MW. Al visitar las oficinas de la empresa geotérmica Platanares en La Unión Copan no se pudo tener ninguna información, su Gerente en la zona Gustavo Cuéllar no se encontraba y al querer hablar telefónicamente con el tampoco quiso dialogar aduciendo que se debía consultar a la empresa.

Historia de las mineras en el país

Los ambientalistas aseguran que la actual Ley de minería ha retrocedido el país en materia legal, impositiva, y ambiental, al siglo 19.

Durante el período 1870-1910, el oro y la plata fueron el principal rubro de exportación del país, explotado en su mayoría por compañías extranjeras. Entre las minas más conocidas están San Juancito, Opoteca, y Clavo Rico.

En la parte económica, un reducido grupo empresarial del interior del país se benefició considerablemente de la actividad minera y varios de sus miembros fundaron posteriormente el primer banco comercial, el Banco de Honduras. La mayor parte de las compañías mineras extranjeras, una vez que extrajeron el mineral disponible, abandonaron el país.

Después de los años 50, la única empresa que continuó operaciones fue la Rosario Minning Resources. A inicio de los años 90 se instalaron nuevas empresas. Ahora, la nueva Ley de Minería los ha colocado a la “delantera” del pueblo en general y de las comunidades rurales y grupos ambientalistas, en particular.

Hasta la fecha, los derechos otorgados por la nueva ley han tenido con “manos atadas” a varias entidades gubernamentales que desearían rectificar o detener el efecto negativo de las empresas extranjeras que comenzaron operaciones amparadas por esta legislación.

Lo dijeron

Luciano Rodríguez. El dirigente de Nueva San Andrés aseguró que lucharán para evitar que se sigan destruyendo lo recursos de la zona, ya que temen por el futuro.

Ricardo Portillo. “La municipalidad no nos toma en cuenta para los permisos, es lamentable llega otra empresa, aquí no va a quedar nada”, lamentó el dirigente.

Quintín Miranda. “Tengo temor al denunciar, pero nuestro futuro es pésimo”, denunció el representante de los habitantes de San Andrés, donde trabaja una minera extranjera.

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