GUATEMALA

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Organizaciones de la Sociedad Civil cuestionan el papel de la Corporación
Financiera Internacional (CFI) en la Mina Marlin de Glamis Gold e instan al
Banco a reconocer la Consulta Popular de Sipacapa

En una carta al Directorio del Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil llaman al Banco a reconocer la Consulta Popular de Sipacapa, Guatemala. Las comunidades de Sipacapa, uno de los municipios afectados por la mina, se manifestaron su posición en una consulta popular en junio de 2005, con una abrumante mayoría en contra de la minería. Es ahora evidente que la CFI no esta asumiendo su responsabilidad por los problemas provocados por la mina Marlin, y en particular por las comunidades negativamente afectadas. Lea la carta, firmada por OXFAM International, Bank Information Center, Halifax Initiative Coalition y Amigos de la Tierra Canadá, abajo:

12 de junio de 2006
Director Ejecutivo del Grupo del Banco Mundial
World Bank Group
1818 H Street, NW, MC 13-335
Washington, DC 20433, USA

Re: Declaración sobre financiamiento IFC a Mina Marlin, Guatemala queja
hecha por Organizaciones de la Sociedad Civil

Estimado Sr. Director Ejecutivo,

La mina de oro Marlin, propiedad total y operada por Glamis Gold Ltd., es el primer gran proyecto de minería que se ejecuta en Guatemala desde que las reformas neo-liberales se introdujeron para atraer capital minero. Este proyecto es un caso de prueba importante para la industria minera, dado que la industria extractiva busca obtener ganancias del nuevo territorio que
Guatemala representa. La mina Marlin, que se beneficia con un préstamo de US $45 millones otorgado por la Corporación Financiera Internacional (IFC siglas en inglés), es también un proyecto crítico para el Banco Mundial, cuyas inversiones en el sector minero han sido ampliamente criticadas en la Revisión de Industrias Extractivas (EIR siglas en inglés). En dicha Revisión se llamó al Banco para que reforme dramáticamente su forma de acercarse a las industrias extractivas, considerando además de otras cosas, asegurar el apoyo a las comunidades afectadas y minimizar los impactos negativos antes de aprobar el préstamo al proyecto. Marlin fue el primer proyecto minero financiado por IFC después de la divulgación de la EIR.

A pesar de los grandes riesgos y del intenso escrutinio, la Compañía y IFC claramente han manejado mal estos aspectos del proyecto. De acuerdo con el reporte de septiembre 2005[1] sobre la auditoría interna realizada a IFC, por el Ombudsman Asesor de Quejas (CAO siglas en inglés), que investigó la mina, la IFC no aplicó adecuadamente sus políticas de salvaguarda al considerar la solicitud de préstamo de Glamis. La IFC ignoró los procedimientos diseñados para evaluar los potenciales impactos ambientales y sociales que puede provocar la mina en las comunidades indígenas cercanas, tampoco consideró las políticas referentes a la consulta con la población cuyas tierras y recursos serán irreversiblemente alterados:

"La base a través de la cual IFC determinó que el Estudio de Impacto Ambiental y Social (ESIA siglas en inglés) es adecuado no es clara... no se brindó documentación que refleje que se haya hecho alguna consideración detallada y específica de cómo la IFC ha y va a asegurar que el proyectocumpla con cada una de las políticas aplicables de IFC y de otros requerimientos de procedimiento - tales como los requerimientos de planes de seguridad para los diques... esta situación no ayuda en el contexto del conflicto actual, debido a que muchos observadores externos esperan que la IFC provea y sea capaz de demostrar un alto nivel de escrutinio …" p.20.

"El análisis de la IFC sobre el potencial impacto social negativo y la pertinencia de las medidas de mitigación propuestas, no han sido presentadas en la documentación del proyecto de manera comprensible ni explícita… como tampoco más información sobre cualquier riesgo potencial en la salud de la fuerza laboral, crimen, filtraciones en la infraestructura, así mismo los impactos culturales hubieran requerido un análisis más completo sobre lo adecuado de la propuesta de medidas de mitigación y el monitoreo de su efectividad" p.27.

"La falta de una política clara en derechos humanos y para el manejo de las fuerzas de seguridad es un error significativo de parte tanto de la Compañía como de la IFC, para garantizar la seguridad ante la violencia potencial… La IFC falló al no hacer consideración alguna sobre el conflicto potencial en el ámbito local al hacer su estudio o asesorar a la Compañía beneficiada con el préstamo" p. 35/6.

Las comunidades de Sipacapa, uno de los municipios impactados por la mina, estableció su posición ante el desarrollo de la minería a través de una consulta popular, realizada en junio de 2005. De acuerdo con CAO:

"Las reuniones de asambleas comunitarias en las cuales se realizó la consulta se desarrollaron el 18 de junio de 2005, en ellas la mayoría de las aldeas (11 de 13) expresaron por escrito, con la firma de los participantes, su oposición a la minería."

Ejerciendo su derecho constitucionalmente establecido, la población Sipakapense rechazó el llamado desarrollo, que se sustenta en la explotación minera. Posteriormente, un ciudadano Sipakapense, representante de la población, reiteró su posición en una reunión tenida con el Presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz en diciembre de 2005. En esa reunión se discutió que el diálogo podría ser una estrategia potencial para superar el prolongado impasse referente al proyecto. El representante guatemalteco condicionó el diálogo, entre otras cosas, a que el Banco Mundial respete la consulta realizada por la población de Sipacapa, cuyos resultados no han sido reconocidos por el Banco.

Representantes del Centro Información sobre Bancos (BIC siglas en inglés), la Iniciativa de Coalición Halifax, Amigos de la Tierra de Canadá y Oxfam América, recientemente viajaron a Sipacapa, donde se reunieron con representantes comunitarios. Los representantes comunitarios argumentaron que, al no reconocer la consulta popular como una forma legítima de expresión comunitaria, la IFC, el gobierno de Guatemala y Glamis Gold niegan a las comunidades el estatus de participantes con iguales capacidades. Al no existir condiciones básicas para la confianza y respeto mutuo, la mayor parte de los sipakapenses han rechazado el diálogo.

Ni la IFC, ni la compañía, ni el gobierno de Guatemala han mostrado a las comunidades locales algún indicio de estar dispuestos a dar los pasos requeridos para alcanzar un consenso genuino, para lograr la resolución del conflicto existente. Estos actores han fracasado en la forma de abordar problemas significativos asociados con el proyecto, los cuales fueron señalados por CAO, tampoco han mostrado intención alguna de implementar las recomendaciones de CAO. Por ejemplo,

IFC inadecuadamente afirma haber abordado los asuntos de seguridad y derechos humanos. La IFC ha restringido su atención a "la seguridad en el área de la mina" y a la "seguridad personal" de los empleados de Glamis.Este abordaje confunde el asunto de seguridad identificado en la queja presentada a CAO, queja absolutamente respaldada por CAO, la cual se refiere a la seguridad personal de los residentes locales, quienes están en riesgo por la presencia de los servicios de seguridad armados de la mina y de las fuerzas militares guatemaltecas. La forma como IFC aborda este asunto es particularmente insensible hacia la familia de un ciudadano comunitario quien fue herido con balas y asesinado por un guardia de seguridad de Glamis. La compañía alega haber adoptado voluntariamente los Principios de Seguridad y Derechos Humanos, como lo sugirió CAO, pero aún no ha declarado públicamente cómo pretende implementar estos principios.

La IFC y la compañía aún no han evaluado suficientemente los impactos a largo plazo del proyecto con relación a la cantidad y calidad de los recursos de agua locales. Los estudios de CAO descubrieron que la compañía ha fallado en evaluar adecuadamente los impactos potenciales que pueden sufrir las comunidades que viven abajo de los diques en la cuenca del río.
Ni la IFC, ni la compañía han indicado cómo y cuándo van a realizar una evaluación crucial sobre los impactos de la mina en esta población.

La IFC no ha revelado detalles en relación con los recursos financieros para cubrir los costos de la limpieza ambiental a largo plazo. El proyecto Marlin puede provocar una contaminación a largo plazo de las resarvas de agua que puede requerir una atención perpetua, medida de saneamiento que tiene un costo de millones de dólares. La IFC debería exigir a Glamis que permita la realización de una evaluación ejecutada por reconocidos expertos independientes para garantizar que Glamis tenga un fondo adecuado para sufragar estos gastos.

La IFC no ha asegurado que la compañía desarrollará una consulta comunitaria de manera adecuada antes de expandir las operaciones mineras de Glamis en el área. Glamis ha declarado su intención de expandir sus operaciones mineras en las comunidades ubicadas alrededor del proyecto, sin embargo ninguno de los datos dan a conocer si la compañía o la IFC han evaluado los impactos acumulativos de la expansión. Tampoco hay evidencia alguna sobre consulta realizada con la población que va a ser potencialmente afectada.

Recientemente, CAO presentó un Reporte sobre una Evaluación de Seguimiento[2] en la cual concluye que el diálogo es imposible en las actuales circunstancias y anuncia que ello puede provocar el cierre del reclamo contra Marlin. Así mismo, recomienda que Glamis considere la suspensión de las actividades de exploración en Sipacapa. CAO asegura a las partes interesadas que la IFC aún está comprometida con implementar las recomendaciones señaladas en el reporte de septiembre 2005. Desgraciadamente, el informe de CAO no brinda información sobre el progreso alcanzado por la compañía, como tampoco sobre el avance de la IFC en la implementación de las recomendaciones, ni en la realización de las acciones específicas que CAO indicó para el asunto. También hace falta examinar si la estrategia implementada por IFC de promover la minería en un área como San Marcos es la más apropiada para promover el desarrollo sustentable. Además, no se ha planteado la pregunta si IFC tiene la competencia técnica y la capacidad para manejar efectivamente proyectos como el de Marlin. Lalimitada capacidad de CAO de influenciar a IFC o a sus clientes en proyectos problemáticos como el proyecto minero Marlin, cuestiona su autoridad para abordar el asunto. ¿Cómo puede CAO garantizar a las comunidades afectadas que su situación no va a empeorar con las inversiones del Banco Mundial si sus recomendaciones fácilmente son ignoradas?

La afirmación de CAO indicando que IFC está comprometida a seguir sus recomendaciones no es suficiente para compensar la pérdida de credibilidad de IFC ante un amplio sector de la población del área donde se realiza el proyecto minero. Para recuperar la confianza, la IFC debe ir más allá de declarar sus intenciones de buena voluntad y demostrar con acciones que está dispuesta a implementar significativas enmiendas a corto plazo. La IFC debería:

Proveer planes detallados y un cronograma de actividades específico para la implementación de las recomendaciones de CAO, así como establecer mecanismos para que se realice una verificación independiente, guatemalteca o internacional, y reportar del proceso, el cual deberá ser inspeccionada por una tercera parte independiente, reconocida por el gobierno de Guatemala y
la comunidad de Sipacapa.

CAO advierte que intervenciones futuras por personas ajenas, incluyendo el Grupo del Banco Mundial, pueden provocar un mayor daño a Sipacapa, argumentando que cualquier "intervención realizada por organizaciones ajenas a la comunidad deben estar conscientes que pueden agrandar o prolongar el conflicto, en lugar de resolverlo." CAO recomienda a los actores externos que "deberían evaluar estos riesgos a través de un análisis del contexto y
de otros pasos para reducir las posibilidades de provocar más daño." Dada la seriedad de los problemas asociados con esta intervención inicial, es desafortunado que IFC haya fallado en la realización de un análisis de este tipo antes de aprobar el préstamo. Actualmente existe un riesgo significativo si IFC no toma en cuenta estas recomendaciones, ni actúa para remediar la desafortunada situación que ha contribuido a crear.

La IFC y la compañía Glamis Gold deben realizar acciones constructivas y apropiadas para resolver el impasse que existe actualmente. Estos actores deben empezar por demostrar su buena voluntad hacia la población de Sipacapa, la cual debe incluir:

Reconocimiento explícito de la consulta popular (referéndum) realizada en junio 2005,

Implementación inmediata de las recomendaciones de CAO, y

La suspensión de todas las actividades de exploración en Sipacapa.

Otras acciones realizadas que no contengan las señaladas anteriormente no permitirán una resolución duradera, ni equitativa de las tensiones que acompañan el proyecto minero Marlin.

Agradecemos su atención a la presente carta y esperamos que responda ante el asunto planteado.

Atentamente,

Manish Bapna
Director Ejecutivo
Bank Information Center
Washington, D.C. USA

Beatrice Olivastri
Director Ejecutivo
Friends of the Earth Canada
Ottawa, Canada

Fraser Reilly-King
Halifax Initiative Coalition
Ottawa, Canada

Bernice Romero
Oxfam International
Washington, D.C. USA

CC: Paul Wolfowitz, Presidente, Banco Mundial
Lars Thunell, Vice-Presidente, International Finance Corporation, IFC
Rashad Kaldany, Director, Oil, Gas, Mining and Chemicals Department,
International Finance
Corporation (Corporación Internacional de Petróleo, Gas, Minería y
Departamento de Químicos de IFC)
Meg Taylor, Compliance Advisory Ombudsman, CAO