Nota De Prensa Del Frente Por El Desarrollo Sostenible De La Frontera Norte Del Peru

FRENTE POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA FRONTERA NORTE DEL PERU

Piura, 26 de mayo de 2006

NOTA DE PRENSA

Ante la decisión del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de suspender su participación en la Comisión de Diálogo sobre el caso de la empresa Minera Majaz, la que se conformó gracias al impulso y voluntad de las poblaciones de las provincias de Huancabamba y Ayabaca en la Región Piura y de San Ignacio y Jaén en la Región Cajamarca, el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, colectivo integrado por alcaldes provinciales y distritales, Comunidades y Rondas Campesinas, Frentes de Defensa, organizaciones sociales y demás instituciones de dichas localidades, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

Que lamentamos la decisión tomada por el Ministerio de Energía y Minas, que trunca un proceso en el que se habían logrado avances en materia de verificación de la situación de ilegalidad de la empresa Minera Majaz y la constatación de la sistemática violación de derechos por parte de la Policía Nacional y por parte de los miembros de la empresa.

Pese a ello manifestamos nuestra inquebrantable voluntad de continuar un proceso de diálogo con el Estado, puesto que se trata de las autoridades que constitucionalmente deben velar por la defensa de los derechos fundamentals de la persona humana, y siendo que existen en este momento situaciones no esclarecidas de ilegal presencia de la empresa Minera Majaz y de violaciones de derechos humanos en territorios de las Comunidades Campesinas de Yanta (Ayabaca), y Segunda y Cajas (Huancabamba), no se puede pretender otros actores en el proceso.

Ante esta situación, solicitamos que la tarea a la que la Defensoría del Pueblo se comprometió en el proceso de diálogo, de emitir un informe defensorial sobre la legalidad de la presencia de la empresa Minera Majaz en Ayabaca y Huancabamba, no se vea afectada por la decisión del MEM.

Asimismo, solicitamos a la Diócesis de Chulucanas, a través de Monseñor Daniel Turley, como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que pueda impulsar, con la Defensoría del Pueblo, la emisión del informe sobre la visita realizada a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, a fin de que la opinión pública pueda conocer la verdad de los hechos de violencia generados desde que la empresa Minera Majaz se ha apostado en dichas localidades.

Demandamos a las autoridades que se respete el derecho de la población a decidir sobre su desarrollo, a través de un proceso previo de información que culmine con una Consulta Popular, donde ellos puedan participar de manera libre y espontánea, y tomar la decisión sobre la realización de actividades mineras en su territorio.

Esperamos que sea la razón la que prime en las decisiones del Estado, y no continúe siendo la fuerza, la que ya ha cobrado la vida de dos personas que sólo han defendido el derecho de sus hermanos a vivir en paz y con la esperanza de un desarrollo sostenible.