Majaz: "otra Vez Los Antimineros"
Published by MAC on 2005-08-04Source: Diario La Reública
Majaz: "Otra vez los antimineros"
Por José De Echave, Especialista de la ONG Cooperacción
Diario La Reública
4 de agosto de 2005
Tambogrande, Quilish, San Cirilo, Tintaya y ahora Majaz; los conflictos en las zonas mineras se reproducen y los argumentos no cambian. Para los empresarios mineros, algunos medios y autoridades, "todo es producto de los grupos antimineros que se oponen a la inversión". Un reciente editorial señalaba que con la clausura de CONACAMI el problema estaba prácticamente resuelto. Y si se puede, plantean, a los Obispos también hay que encerrarlos, por lo menos en sus iglesias. No importa que los hechos digan lo contrario: el presidente de la Sociedad Nacional de Minería ni siquiera escucha lo que dice el gerente de Majaz, quien ha descartado que los representantes de la Iglesia estén tras las protestas contra sus operaciones.
También se insiste, como ocurrió en Tintaya, en relacionar cualquier movimiento social a manipulaciones políticas, léase de carácter partidario. Sin embargo, analizar un conflicto social, vinculándolo de inmediato y exclusivamente a estrategias políticas no es suficiente hoy en día; sobre todo cuando los partidos políticos son débiles y han perdido su rol de intermediación y representación de la sociedad civil.
El escenario es más complejo. En las zonas mineras existe la percepción de que la expansión territorial de la minería carece de control e instrumentos que permitan una adecuada gestión que salvaguarde recursos escasos en nuestro país. ¿Esta percepción está alejada de la realidad? Creemos que no. Las concesiones mineras en el distrito de Carmen de la Frontera, donde opera la empresa britanica Monterrico Metals ocupan casi la mitad de su territorio, además en zonas de influencia de dos cabeceras de cuenca.
Esta presencia, incluso desde la tapa de exploración, viene ejerciendo una fuerte presión sobre el control de recursos estratégicos para los pobladores. Y la percepción de las comunidades es que el marco legal vigente no les brinda ni los canales ni los instrumentos para la defensa de sus derechos.
Una lectura alternativa de los conflictos es que el actual marco legal, que ha sido eficaz para atraer inversiones, ha colapsado frente a los múltiples conflictos. Y los conflictos siguen sin ser vistos como una oportunidad para construir nuevos instrumentos, desarrollar capacidades ausentes y para definir qué tipo de minería necesitamos y cuál es su rol en el desarrollo. El camino, por lo tanto, es insistir en desarrollar mejores instrumentos de regulación, mecanismos de diálogo y en la construcción de relaciones de respeto mutuo, que refuercen estrategias de concertación y tolerancia.