Gobierno Advierte A Compañías Mineras Que Autorizaciones Para Uso De Aguas En El Norte Llegó A Su Lí

Por Eduardo Olivares

La Tercera, Chile. 07-11-2005

http://www.tercera.cl/medio/articulo/0,0,3255_5676_169709712,00.html

La disponibilidad de agua de las napas subterráneas - denominadas acuíferos -, especialmente en el norte, se está acabando. En la Región de Antofagasta ya se cerraron las autorizaciones. "Estamos llegando al límite de extracción sustentable de los acuíferos", dice el jefe del Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas (DGA), Jaime Muñoz.

La escasez complica a las mineras, que son una de las mayores demandantes del recurso, sobre el cual basan sus procesos productivos.

A 2004 el gobierno había autorizado a personas o empresas extraer un total de 244 mil litros por segundo desde los acuíferos, pero las solicitudes a la misma fecha buscaban un volumen muy superior: 342 mil litros por segundo. "Para hacerse una idea, sólo el río Maipo lleva en promedio 100 mil litros por segundo", compara el funcionario.

El diagnóstico es más severo. Según la DGA, el caudal sustentable de los principales acuíferos presentes desde Santiago al norte llega a entre 250 mil y 260 mil litros por segundo. En el norte el asunto es tan marginal que si alguien busca una autorización de parte del gobierno, "no tiene mucha expectativa (de que se le otorguen permisos)". Muñoz agrega que "los acuíferos son finitos, vulnerables, y esa es una realidad física. Tiene un límite la cantidad de agua que se puede sacar. No hay más".

Desde hace meses Collahuasi - de Falconbridge y Anglo American - y El Tesoro - grupo Luksic - están siendo investigadas por las comisiones regionales del Medio Ambiente de las I y II Regiones, respectivamente, por los efectos ecológicos de su extracción de agua. Se les impusieron restricciones a sus funcionamientos. También a Cerro Colorado - de BHP Billiton - por sus supuestos daños contra el bofedal de Lagunilla.

La inquietud de la industria se expresó en la Cena Anual de la Minería organizada por el Consejo Minero. "Percibimos intentos por cambiar criterios ya sancionados por la autoridad en los estudios de impacto ambiental", dijo en esa ocasión el presidente del gremio, Francisco Costabal.

El caso de Collahuasi es el más reciente. La DGA entregó a la firma derechos definitivos de aprovechamiento de agua por 867 litros por segundo, más otros 150 litros provisionales condicionados al impacto sobre el Salar de Coposa. La Corema detectó posibles daños y restringió el uso del agua a 750 litros, lo que está afectando la producción de la minera.

Ejecutivos del sector plantean que las restricciones pueden frenar el desarrollo de nuevos proyectos. En la DGA discrepan. "Se estima que un litro por segundo de agua subterránea sustenta una inversión de US$ 1 millón. Las cantidades (de aprovechamiento de aguas) que hemos dado en el norte son enormes y habría que ver si esas cantidades de millones de dólares se han invertido o no", dice Muñoz.

La gratuidad del recurso

El Código de Aguas permite que el primer interesado en determinado acuífero tenga el derecho preferente a quedarse con él cuando lo pide a la Dirección General de Aguas (DGA). El solicitante debe costear los estudios técnicos, la prospección y la visita de personal de la DGA para comprobar la capacidad del acuífero, pero nada más. Los derechos que recibe son definitivos. El nuevo dueño del recurso, eso sí, puede venderlos, arrendarlos o beneficiarse económicamente. "El Código de Aguas chileno es uno de los más liberales del mundo, tal vez el más liberal de todos", expresa Muñoz.

El diputado Carlos Vilches dijo que ya prepara un proyecto de ley que busca establecer un "royalty al agua". Argumenta que si las personas naturales deben pagar por el recurso que consumen en sus casas, "es injusto que una minera no lo haga si además se beneficia económicamente de él".

El Código de Aguas, reformado en junio de este año, impuso elementos nuevos, ninguno de los cuales se refirió a terminar con la gratuidad del recurso. Lo más cercano que se impuso es que, si el agua no se usa, el dueño debe pagar una patente anual.