Mineros Artesanales Denuncian Represión

Mineros artesanales denuncian represión

Lunes, 12 septiembre 2005

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A más de cuatro días de levantarse el cierre de la carretera Troncal 10, que comunica la capital del estado con los municipios del sur, continúan las protestas y actividades represivas por parte de integrantes del Teatro de Operaciones número 5, que desde el pasado viernes desplegó más de 700 uniformados en toda la zona con el fin de impedir el paso de los mineros de a la mina.

Un grupo importante de mineros se encuentran apostados a la entrada del sector Ciudad Dorada de Las Claritas impidiendo la entrada de al menos unas cinco tanquetas de la Guardia Nacional, cuya misión sería la militarización del pueblo.

Sin embargo, es poco lo que se han logrado avanzar en materia de solución al conflicto, toda vez que ningún ente gubernamental se ha presentado en el sitio con el fin de iniciar un acercamiento con los trabajadores de la pequeña minería, que exigen su derecho a un trabajo digno en los espacios de la mina que hoy regenta la empresa Crystallex.

El conflicto se inició con el cierre de la carretera Troncal 10 por un grupo de mineros que exigía mejores condiciones y la venta de combustible para continuar sus labores de extracción de oro. El pasado jueves el Ministerio de Industrias Básicas y Minería, Miban y representantes de la Misión Piar habían alcanzado un acuerdo con los mineros, con el fin de evitar las protestas en la zona.

Algunos dirigentes sociales de la zona no han dudado en catalogar este acuerdo como una burla al pueblo, ya que el documento catalogaba la exigencia de los mineros como simples propuestas, acción que no fue aceptada por los trabajadores.

Otro de los puntos que ha generado desconfianza entre los pobladores de la zona es el anuncio efectuado por algunos representantes del gobierno regional, que han calificado la zona como parte de la cuenca alta del río Caroní, impidiendo de esta manera la explotación minera que se ha hecho tradición en el municipio Sifontes y creando fuertes dudas sobre la entrega de la concesión a la transnacional Crystallex, la cual podrá continuar sus labores en el sector.

Protesta espontánea

Para el ex alcalde del municipio Sifontes y actual concejal, la protesta escenificada por los mineros es consecuencia del abandono, persecución y atropello que han sufrido por parte de la empresa Crystallex.

"No es cierto que yo haya promovido el cierre de la vía, lo que sí es cierto es que soy y seré solidario con los mineros, porque esos son parte de mi pueblo y a ellos me debo", precisó.

El dirigente político criticó severamente la entrega del contrato a la empresa transnacional, alegando que ésta no ha honrado sus compromisos con el estado, ya que hasta la fecha no ha arrancado el proyecto industrial, ya que aún no ha presentado el estudio ambiental, incumpliendo la generación de empleos en la zona.

"La razón de la paralización no responde a factores políticos, sino a una reacción colectiva de toda la población que se enfrenta a factores que atentan contra su sustento", afirmó.

Chancellor manifestó que el problema de Las Cristinas no responde a políticas de estado de gobiernos anteriores, ya que fue Rangel Gómez quien entregó la concesión a Crystallex, pese a las constantes críticas que recibió el proyecto debido a la poca disponibilidad económica de la compañía.

"Cuando se hizo la entrega de la concesión ya los mineros tenían años explotando la mina, por lo que en el contrato se establece que la pequeña y mediana minería continuaría trabajando en la zona hasta tanto la empresa no comenzara de manera formal sus operaciones", destacó.

A juicio del concejal, es contradictorio que el gobierno nacional que dice ser defensor de los intereses sociales del pueblo esté favoreciendo el funcionamiento de una compañía que lo oprima, más aún que esta empresa sea miembro del capitalismo salvaje que tanto critica el Presidente de la República.

Chancellor indicó que la presencia de los mineros en Las Cristinas se debe a la poca disponibilidad de recursos que poseen para realizar sus trabajos, razón por la cual necesitan sectores donde el mineral se encuentre con facilidad.

Violencia y a la zozobra

Hasta hora el único contacto que han mantenido los protestantes con las autoridades ha sido la imputación del concejal Carlos Chancellor y otros protestantes por parte del Ministerio Público.

Al funcionario público, así como al resto de los mineros, se les imputan los delitos de incitación a la violencia y a la zozobra, presuntamente cometidos durante su participación en el cierre de la carretera Troncal 10, ocurrido hace una semana.

"Mi detención no resolverá la problemática de la pequeña y mediana minería, menos aún detendrá al pueblo que continuará con la lucha por sus derechos contra los atropellos de esta empresa", precisó el concejal.

Chancellor dijo que fuentes cercanas al Ministerio Público le han manifestado que en las próximas horas se procedería a su arresto, toda vez que el fiscal que lleva el caso habría solicitado la orden de aprehensión en su contra.

En tal sentido, el funcionario público indicó que se encuentran a la espera de una comisión nacional del alto gobierno que arribará a la zona para conocer la problemática de la zona.

"A los representantes de esa comisión le estaremos solicitando la revocatoria de la concesión a Crystallex, con el objetivo de entregársela a los pequeños y medianos mineros de la zona para que se encarguen de la explotación del mineral, mediante la conformación de cooperativas", puntualizó.