Los Pasivos Mineros, La Nueva Legislación Y La Oroya

Los pasivos mineros, la nueva legislación y La Oroya

José De Echave, DIARIO LA REPUBLICA Peru

Viernes 28 de Octubre del 2005

Uno de los mayores méritos del debate que generó la nueva Ley del Ambiente ha sido precisamente informar a la opinión pública sobre una problemática que comienza a pasarnos factura. Una política efectiva de defensa del ambiente es una necesidad prioritaria para un país como el Perú y de ninguna manera es un lujo del primer mundo. Las inversiones que necesita el país no tienen por qué ahuyentarse con un marco legal ambiental riguroso; y las que se ahuyenten son las que no se necesitan, ni acá ni en ninguna parte del mundo.

El debate también evidenció las presiones de los principales grupos económicos y la idea que queda flotando es que si por ellos fuera no habría nada que modificar. Aparentemente, todavía subsiste una diferencia sustancial entre el discurso y la práctica: si uno revisa las páginas web de la casi totalidad de empresas, podrá constatar que estas se precian de operar con los mejores estándares internacionales; sin embargo, la presión de los principales gremios empresariales para no avanzar en aspectos claves, como la adopción de estándares de la Organización Mundial de la Salud, aparece como una contradicción. En general, los límites máximos permisibles fijados por las leyes peruanas están todavía muy lejos de los estándares internacionales y como señala la Defensoría del Pueblo son demasiado permisivos.

Pero si todavía persiste alguna duda de la necesidad de desarrollar una verdadera política ambiental, allí están como mudos testigos y sin resolver, los pasivos ambientales a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas nos informa que existen 610 pasivos por un valor de 200 millones de dólares. La Defensoría del Pueblo, señala que este cálculo está subvaluado y algunos proyectan que se necesitan mil millones de dólares para solucionarlos.

También es todo un desafío para la gestión ambiental en el país los graves impactos en la salud, como ocurre en poblaciones como la de La Oroya. A propósito, no debería pasar inadvertido que en estos días se han iniciado las audiencias públicas que buscan que el plazo de ejecución de las inversiones ambientales se prolonguen. Doe Run es una de las empresas que viene incumpliendo con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental y ha amenazado abierta y públicamente con irse del país y cerrar sus operaciones si el Ministerio de Energía y Minas no le amplía el plazo.

Que no se vayan. Que se queden, pero cumpliendo las leyes peruanas y sus obligaciones ambientales, sin las cuales sus operaciones seguirán teniendo un tremendo impacto en la salud de los pobladores de esa localidad. Que hagan lo mismo que en Missouri, cuando las autoridades ambientales de los Estados Unidos los obligaron a cumplir con los estándares, los planes de inversión y adecuación e incluso también tuvieron que indemnizar a pobladores afectados. En esa ocasión fue al revés: las autoridades norteamericanas les dieron el ultimátum y si no cumplían les cerraban las operaciones. No les quedó más remedio que acatar.

Ni las mejores leyes sirven si no se aplican. La nueva legislación ambiental deberá demostrar eficiencia en su ejecución. Si las empresas han entendido los mensajes de los diferentes conflictos ambientales que se han producido en los últimos años en el país, deberían estar interesadas en un cambio radical de imagen, pero sobre todo de real comportamiento.

Casos como el de La Oroya van en contra de estos objetivos y no estaría de más que las propias empresas tomen algunas iniciativas y por ejemplo desempolven sus códigos de conducta y apliquen las sanciones que correspondan a los malos compañeros de ruta. En estos casos no debería funcionar el mal llamado “espíritu de cuerpo”.