La Oroya: Con Energía Y Justicia

El Comercio, 1 de febrero de 2006

Comentario del editor: Con energía y justicia

Por David Rivera, economista

El Estado debe garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales y la continuidad de las operaciones en La Oroya

Tras el artículo que publicamos el lunes último, en el que planteamos interrogantes sobre los manejos financieros de Doe Run que podrían poner en tela de juicio la posibilidad de que el Estado le otorgue una prórroga en la ejecución de su PAMA, el día de ayer recibimos la visita de un grupo de trabajadores y representantes de comunidades de La Oroya, quienes nos expusieron sus puntos de vista sobre la situación del complejo metalúrgico. En este sentido, queremos compartir con ustedes algunos puntos que planteamos en la cita de ayer.

Primero, la posición de este Diario no tiene como objetivo el cierre de las operaciones de la fundición de La Oroya. La línea editorial ha puesto énfasis no solo en el caso Doe Run, sino en todos aquellos que impliquen un retroceso en el fortalecimiento de una conciencia ambiental en el país y/o en el incumplimiento de la legislación vigente.

En este sentido, podemos afirmar que incluso nuestra posición busca garantizar las operaciones de la fundición en el largo plazo. Entendemos la preocupación de los pobladores de La Oroya sobre el futuro de la zona si la empresa decide dejar la operación, pero, haciendo una revisión de la forma en que se ha manejado financieramente la empresa, también es válido preguntarse qué garantiza que pueda cumplir con el nuevo compromiso que pretende asumir.

Por otro lado, la empresa ha argumentado, y los pobladores apoyan esta posición, que ha invertido en solucionar otros problemas ambientales que le han impedido cumplir con el proyecto más importante: la planta de ácido sulfúrico (US$100 millones). La pregunta que volvemos a plantear es, por qué Doe Run decidió enviar remesas a empresas asociadas por montos que le hubieran permitido cumplir con el Estado peruano y con los pobladores de La Oroya. ¿Qué destino prioritario tenían esas transferencias?

Nuestra posición es: respeto a los compromisos ambientales asumidos y que el Estado garantice la continuidad de las operaciones de La Oroya y los puestos de trabajo de quienes ahí trabajan. El Gobierno tiene que actuar con energía y justicia.