Tribunal Mexicano Paraliza El Proyecto Minero En San Luis De Potosí

Tribunal mexicano paraliza el proyecto minero en San Luis de Potosí La empresa responde que ya tenía todos los permisos y que el Tribunal carece de conocimientos medioambientales

Europa Press

2 November 2004

Madrid - El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) mexicano paralizó el pasado septiembre el proyecto de explotación de la empresa Minera San Xavier (MSX), filial de la multinacional canadiense Metallica Resources, en el Cerro de San Pedro (en el Estado de San Luis Potosí, centro del país), por problemas medioambientales. La compañía ha respondido que esta decisión carece de base científica y que perjudicará a las inversiones canadienses.

En una resolución fechada el pasado 1 de septiembre que recoge ahora el diario 'La Jornada', el TFJFA daba la razón al recurso presentado en 2000 por la plataforma cívica Pro San Luis Ecológico en contra de la autorización de explotación concedida el año anterior a la compañía por el Instituto Nacional de Ecología (INE).

La resolución del Tribunal Federal se basa en que el Cerro de San Pedro es una zona de preservación ecológica en la que se dan especies de flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción, así como en los riesgos derivados del uso de cianuro para esta actividad. "Pondría en peligro la biodiversidad de la zona, por lo que no debió autorizarse", considera.

Entre los argumentos manejados por el Tribunal se encuentra una de las condiciones impuestas por el propio INE: el Instituto atribuía a la empresa minera la responsabilidad de cualquier impacto medioambiental, aunque reconocía que "cualquier sanción impuesta sería irrelevante ante el daño irreversible que se ocasionaría a la zona". Además de este punto, el TFJFA recuerda que la responsabilidad de preservación y regeneración corresponde a la autoridad federal.

Concluye, en definitiva, que la concesión de permiso no se realizó de conformidad "con las disposiciones legales aplicables". Por ejemplo, el Plan de Ordenación de San Luis Potosí y sus alrededores, lanzado por el Gobierno en 1993, que incluía a Cerro de San Pedro, y que preveía la restauración ecológica de la zona durante veinte años, aún no se ha cumplido.

Los opositores a MSX consideran que "el proyecto ha muerto", ya que cualquier acción que pudieran emprender los gobiernos federal, estatal, municipal o las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Economía (SE), de la Defensa Nacional (Sedena) "implicarían acciones de desacato y trasgresión a la legalidad".

"No son expertos"

En respuesta a la sentencia, Minera San Xavier recuerda que ya contaba con todos los permisos necesarios, y opina que el fallo judicial está plagado de irregularidades y no es transparente, y que el Tribunal no es más experto en materia medioambiental que los institutos especializados con que cuenta el país.

Además, la empresa considera que la sentencia va en contra del "propósito del Gobierno Federal de promover las inversiones canadienses" en México, y que los inversores extranjeros necesitan "certidumbre jurídica y un sistema de justicia transparente y expedito".

La compañía aseguraba que el proyecto del Cerro de San Pedro habría generado casi 2.000 millones de pesos de inversiones (136 millones de euros) para la zona, así como puestos de trabajo para la comunidad y compras a proveedores locales (en un 74%).

El proyecto minero de Cerro San Pedro nació en 1997, cuando MSX expresó su interés por explotar los restos de oro y plata que quedan en este área. La compañía recibió las autorizaciones estatales y municipales de las autoridades priístas, y en 1999 el permiso medioambiental del INE.

La empresa era por aquel entonces propiedad de dos compañías canadienses: Metallica Reosurces y Cambior; esta última estuvo involucrada en en un desastre ecológico en la selva de Guyana. En 2000, Cambior vendió su parte a Glamis Gold, también canadiense, y en 2003 Metallica se hizo con el cien por cien de las acciones.

Desde el primer momento, grupos de la sociedad civil se articularon para frenar el proyecto, denuncian su grave impacto en el ecosistema desértico del Cerro. La empresa había intentado frenar estas protestas con actividades de respaldo cultural a las comunidades locales y de restauración del patrimonio cultural de la zona.

A lo largo de estos años, la concesión de permisos estuvo plagada de problemas, por ejemplo el contrato de renta de 300 hectáreas entre la empresa y presuntos propietarios de tierras cercanas al Cerro que en realidad no existían, contrato que fue anulado por un tribunal agrario.

La unidad de explotación empezó a construirse el pasado febrero, con la retirada y trasplantado de 21.000 ejemplares de cáctus protegidos; MSX afirmaba estar en trámites de certificación con la norma internacional ISO 14001 para estas instalaciones.