Tribunal Emite Ejecutoria Que Ratifica La Ilegalidad De Contrato De Arrendamiento De Msx

Tribunal emite ejecutoria que ratifica la ilegalidad de contrato de arrendamiento

Sábado 4 de diciembre de 2004

La Jornada, Angeles Cruz Martinez

México D.F. - El Tribunal Unitario Agrario ordenó acatar la sentencia, derivada de un juicio de amparo, que determinó la ilegalidad del contrato de arrendamiento de las 290 hectáreas que pretende ocupar Minera San Xavier en San Luis Potosí.

La ejecutoria emitida el miércoles señala que dicho contrato de arrendamiento, suscrito en marzo de 1997, es ilegal, pues lo llevó a cabo un grupo de personas que no tiene los derechos del ejido ni la representación de los campesinos.

Con esta nueva resolución judicial, el proyecto de la empresa trasnacional prácticamente "está muerto jurídicamente", señaló el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier, el cual también calificó al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alberto Cárdenas Jiménez, de "apologista del delito", por "azuzar" a los propietarios de la minera a empezar a operar cuando ellos lo decidan, sin tomar en cuenta las sentencias dictadas en favor de los ejidatarios.

El funcionario, señaló Miguel Angel Montoya, integrante de la organización civil, incurre en "dolosa omisión", porque el gobierno tiene la obligación de acatar los fallos del Poder Judicial.

La sentencia del tribunal agrario -derivada del amparo 807/202 emitido por el primer tribunal colegiado del noveno circuito- resalta que el contrato de arrendamiento, establecido a 15 años por Felipe Alvarado Alvarez, Manuel Gómez Moreno, Narciso Alvarado Castillo, Tiburcio Alvarado Alvarez y otras 20 personas, carece de validez porque los signantes no cuentan con los derechos agrarios del ejido Cerro de San Pedro. De hecho, esas personas "no acreditaron sus defensas y excepciones".

En las 290 hectáreas que comprende el mencionado convenio se ubica el tajo de la mina y la totalidad del pueblo, "que la empresa pretende dinamitar e inundar de cianuro", resaltó el frente.

El 24 de noviembre de 2003 el Tribunal Unitario Agrario emitió un acuerdo en relación con la solicitud que los verdaderos ejidatarios plantearon para que se instrumentaran medidas cautelares, con las cuales se pudiera detener el avance de los trabajos de la trasnacional, es decir, se mantuviera bajo resguardo la integridad territorial de la superficie en conflicto.

La respuesta del tribunal fue que al emitirse sentencia en el juicio de amparo y, luego, al quedar firme -como ocurre con la ejecutoria-, "las cosas deben regresar al estado en que se encontraban antes de la firma del arrendamiento", es decir, Minera San Xavier debe desalojar la superficie, desmantelar sus construcciones y, además, dejar el sitio como se encontraba antes de su llegada al territorio ejidal del Cerro de San Pedro.

Con la ejecutoria del tribunal agrario, lo que ahora procede, explicó Montoya, es el inicio de un juicio de desalojo y que tanto el gobernador del estado, Marcelo de los Santos, y el presidente Vicente Fox, acaten el estado de derecho.

Recordó que todavía están pendientes de resolución otros tres juicios de amparo indirecto promovidos por los ejidatarios. Uno de ellos es contra actos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), otro contra el ayuntamiento de Cerro de San Pedro y un tercero contra la Semarnat.

En los tres juicios, la autoridad concedió la suspensión de plano contra actos de despojo y destrucción del entorno ejidal. Sin embargo, en los dos primeros fue violada la suspensión de plano, luego de que la Sedena otorgara a la empresa el permiso para compra y uso de explosivos.

En el segundo caso, las autoridades municipales de Cerro San Pedro también incurrieron en desacato al autorizar las licencias de construcción y funcionamiento de la minera. Mientras, si la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía pretendiera otorgar la ocupación temporal del inmueble a Minera San Xavier, violentaría la orden de desocupación emitida por el Tribunal Unitario Agrario.

Montoya explicó que con la emisión de la ejecutoria, la empresa trasnacional prácticamente ya no tiene ningún recurso legal al cual acogerse. Quizá pudiera solicitar un amparo en cualquier juzgado que no sea agrario, pero al final sería declarado improcedente.

A esta resolución se suma la sentencia ambiental del primero de septiembre pasado, con la cual se canceló el permiso de funcionamiento y cambio de uso de suelo otorgado por el Instituto Nacional de Ecología. Ambos instrumentos cancelan, de hecho, las operaciones de Minera San Xavier. Por eso, el Frente Amplio Opositor calificó a Cárdenas Jiménez de "apologista del delito".

El jueves, el secretario aseguró que la minera podía empezar a trabajar cuando sus propietarios quisieran, toda vez que -sostuvo- han cumplido con los requisitos que marca la Semarnat.

Ello significa, señaló la organización civil, que Cárdenas Jiménez insiste en desconocer la sentencia ejecutoria del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que invalidó el estudio de impacto ambiental de la minera, así como en ignorar la más reciente ejecutoria del Tribunal Unitario Agrario.

La agrupación también resaltó que el seguimiento de los procesos jurídicos involucra a los ejidatarios y a la empresa, pero también al gobierno federal, específicamente la Semarnat, que tiene la obligación de acatar los fallos judiciales.