Presidente De Conacami-perú Denuncia Persecución Política De Parte Del Estado

Presidente de Conacami-Perú denuncia persecución política de parte del Estado

01 Sep 2005

DPA

Lima - El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería en el Perú (Conacami), Miguel Palacín, denunció hoy una "persecución política de parte del Estado", tras ser notificado de que se le abrió un proceso judicial por hechos de violencia alrededor de un campamento minero.

"Hay una alianza entre el Estado y las compañías mineras. Nosotros estamos pidiendo medidas cautelares para nuestros dirigentes", dijo el dirigente en un encuentro con corresponsales de prensa extranjera, en el que negó que la Conacami tenga pretensiones políticas y apoye la violencia.

Un juez de la localidad de Huancabamba, Edwin Culquicóndor, abrió el miércoles instrucción penal contra Palacín y 32 "ronderos" (campesinos armados legalmente para enfrentar a grupos irregulares), por los disturbios ocurridos a comienzos del mes pasado en la minera británica Majaz, los que dejaron un muerto y pérdidas materiales.

Según Palacín, su presencia en esa oportunidad en la zona, cerca a la frontera con Ecuador, obedeció al propósito de buscar salidas para el problema, que derivó en vandalismo por la acción de "ronderos", por lo que no se le puede instruir por delito contra la seguridad pública en agravio del Estado, como hizo Culquicóndor.

"Los juicios están avanzando y la persecución a los líderes es frecuente. Hay una campaña en contra de nosotros, en la que participan medios de comunicación muchas veces pagados por las mineras. Pero nosotros actuamos en un marco legal y no hay pruebas en nuestra contra porque no hay actos contra la legislación", afirmó el líder campesino.

La apertura de instrucción penal revivió la polémica en torno a Conacami, organización integrada por representantes de 1.650 comunidades que se dicen afectadas por la minería y que ha tenido participación en varias de las protestas contra mineras ocurridas en los últimos meses en el Perú.

Algunas compañías mineras, portavoces gubernamentales y medios de prensa acusan a Conacami de estar contra la actividad minera, de defender posiciones ideologizadas y de coordinar con grupos políticos radicales como el partido Patria Roja (maoísta), o el Movimiento Etnocacerista (ultranacionalista), lo que es rechazado por Palacín.

"No estamos a favor de la violencia. Al contrario, la rechazamos. No tenemos ninguna asociación con ningún partido. Hay matices y hay miembros con diversidad de pensamiento, pero no hay práctica sino pronunciamientos políticos", afirmó.

Para Palacín, los objetivos de la Conacami apuntan a proteger a las comunidades afectadas por la actividad minera, ya sea por el impacto ambiental que esta genera o por la falta de respeto de las empresas hacia la cultura y necesidades de los habitantes de cada lugar, generalmente dedicados a la agricultura.

Esto, asegura el dirigente, no implica un rechazo a priori a la minería, sino al ejercicio de ésta sin respetar a las comunidades y al ambiente. Empero, advirtió que hay lugares que por su situación geográfica no son aptos para la minería, como en el caso de Majaz, situada en la importante cuenca ecológica que forman los ríos Blanco y Quiroz.

Según los estudios de Conacami, 16 de 53 cuencas del Perú sufren ya impacto ambiental por la actividad minera, la que tampoco tiene en cuenta muchas veces los factores culturales: "Abrir un hueco en el cerro más alto, un Apu, es como que a los católicos les abrieran un hueco en la Catedral de Lima", graficó Palacín.

Respecto a la financiación, Palacín aclaró que deriva sólo de tres organizaciones no gubernamentales: La estadounidense Oxfam, la danesa Ibis y la belga 11-11-11. No hay aportes de gobiernos ni de ninguna otra fuente no declarada.

"Disponemos de 100.000 dólares para ocho regiones. Los salarios más altos son de 500 dólares y los dirigentes que hacemos el trabajo político no recibimos nada", indicó el dirigente respecto a la insinuaciones periodísticas de que la organización tiene una sólida posición económica.

A pesar de insistir en que la Conacami no constituye un proyecto político propiamente dicho ni está identificado con partido alguno, Palacín admitió que se trata de un proceso de potenciamiento indígena, con base en quechuas y aymaras pero con miras en las 72 pueblos autóctonos del país.

"Los pueblos están avanzando en su pensamiento, en su reinvindicación", enfatizó, aunque aclaró que eso no conlleva ninguna intención separatista, porque "eso sería ir contra la historia y la realidad actual".

De acuerdo a la Conacami, de las 5.860 comunidades campesinas del Perú, 3.200 están en zonas con potencial minero. De esas, en 1.200 hay trabajos de exploración y en otras 250 ya se está explotando.