El Gobierno De Mendoza Frenó Todos Los Permisos Mineros Y Define Nuevos Controles

El Gobierno frenó todos los permisos mineros y define nuevos controles

Mendoza, Martes 6 de septiembre 2005

Por Federico Brusotti, Los Andes

El domingo, una movilización en contra del avance de una mina metalífera juntó a miles de vecinos en San Carlos.

Durante los próximos tres meses el Gobierno no otorgará permisos de cateo y exploración minera, y en ese lapso tratará de unificar las legislaciones ambientales y económicas nacionales y provinciales. El objetivo es buscar una estrategia común para articular los controles a la minería y el manejo de actividades económicas relacionadas con los recursos naturales.

Con esta medida el Ejecutivo intentará descomprimir la presión social que ejercen -principalmente- los habitantes de San Carlos, que el pasado domingo realizaron una concentración masiva para rechazar el avance de un proyecto minero privado en la zona de Papagayos (Laguna del Diamante).

La resolución, anunciada ayer por los ministros Gabriel Fidel (Gobierno) y Laura Montero (Economía) tras la reunión de gabinete, apunta exclusivamente a suspender por 90 días en la provincia las exploraciones de minerales con riesgo de contaminar, como el uranio o la minería metalífera en general (oro y cobre entre otros).

Esta medida genera que, por ejemplo, la empresa Depromin (subsidiaria de la minera sueco-canadiense Tenke, que también tiene intereses en Villavicencio) suspenda por algunos meses su intención de explorar en Papagayos, un área con potencial de oro y cobre ubicada en las nacientes del arroyo homónimo, uno de los que riegan la zona del Valle de Uco.

“No se va a otorgar ningún permiso de cateo o exploración, hasta tanto esta reglamentación (unificada) no esté totalmente terminada”, reiteró Montero. En este sentido, la titular de Economía se refirió a la unificación legal entre el Código de Minería (enmarcado en la Ley nacional 24.585) y la ley provincial 5.961, de Preservación del Ambiente.

Desde hace dos meses la Dirección de Minería (dependiente de la cartera económica) y el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas (Mayop)trabajan en la integración de los procedimientos, tras diferencias acerca de la competencia de cada organismo.

Entre otros aspectos, se analiza incorporar a la legislación consultas abiertas y audiencias públicas (para los casos más sensibles) para que la población se exprese sobre las potenciales exploraciones mineras.

Montero reconoció ayer que “existen zonas grises en la legislación actual”. Y anticipó que con la nueva normativa el Mayop tendrá mayor incidencia al momento de autorizar los emprendimientos mineros en la provincia (hoy la mayor parte del procedimiento para habilitar las exploraciones está en manos de la Dirección de Minería).

Las elecciones de octubre no están al margen de la discusión. Sobre el rechazo popular que la sociedad sancarlina realiza permanentemente hacia la explotación minera, los funcionarios del Ejecutivo opinaron que “existe un sentimiento genuino y un temor implícito en la población, porque hay experiencias mineras con técnicas no apropiadas que desarrollaron efectos contaminantes. Pero en esta época nunca falta un pícaro que intente obtener réditos electorales con este tema”.

Las empresas con intereses en la explotación minera también ponen el ojo en los comicios. Una solicitada de Depromin publicada el pasado domingo asegura que “la escalada manifiesta contra la minería va adquiriendo notoriedad en un clima preelectoral”. Y agrega que “la información respecto a eventuales riesgos ambientales vertidas en San Carlos antes de comenzarse la explotación es maliciosamente interesada y específicamente tendenciosa”.