Jatam Reclama Al Gobierno De Indonesia Inmediato Retiro De Militares Y Policias De Sitios Mineros

JATAM RECLAMA AL GOBIERNO DE INDONESIA EL INMEDIATO RETIRO DE FUERZAS MILITARES Y POLICIALES DE SITIOS MINEROS

Comunicado de Prensa de la Red de Defensa Contra la Minería, JATAM

30 de julio de 2005

-- El escándalo monetario de Freeport Indonesia prueba conección entre fuerzas militares, compañías mineras y violaciones a los derechos humanos --

(Jakarta, Indonesia) Otra vez, el escándalo monetario que involucra a Freeport Indonesia y fuerzas militares es revelado por un reporte titulado "Pagando por protección". Previo a abril de 2003, grandes sumas parecen haber ido directamente a militares y oficiales de policía individualmente, no al gobierno indonesio. Más aun, pagos por un total de U$S 247.705 parecen haber ido a manos del General Mahidin Simbolon, una figura controvertida que detenta una posición de jerarquía en el comando militar de Indonesia, y que cubría Timor del Este en 1999, donde soldados y milicianos cometieron crímenes contra la humanidad que incluyeron al menos 1200 asesinatos. El escándalo cobra importancia porque se ha producido de antemano. En 2001 y 2002, Freeport reconoció haber pagado por una "cuota por protección" al ejército de Indonesia la suma de U$S 13,3 millones.

Lo antedicho refuerza la íntima relación entre corporaciones mineras y fuerzas de seguridad. En muchas localidades mineras de Indonesia, la presencia de fuerzas de seguridad, sean militares o policiales, han ocasionado violencia y violaciones a los derechos humanos en las comunidades. Datos obtenidos por JATAM documentan la presencia de guardias de seguridad en quince áreas mineras pertenecientes a empresas privadas extranjeras. De esto resultan los golpes, captura, intimidación y disparos de bala, e incluso asesinatos. Por lo tanto, JATAM demanda al gobierno de Indonesia a reconsiderar inmediatamente la política de enviar fuerzas militares y policiales a localidades mineras.

El gobierno coloca fuerzas militares y policiales en localidades mineras como si las comunidades fueran grupos que amenazan la existencia misma de las minas. El Decreto No. Juklak/03/5/1973 de la policía regional, promulgado el 1ro de abril de 1973 en la Dirección de Seguridad de Industrias Vitales para proteger a Freeport, es un caso testigo de esta problemática. Esto contradice las declaraciones de las compañías mineras, cuando afirman que son capaces de mantener buenas relaciones mutuas con las comunidades y el medioambiente. Las cuatro décadas de presencia de las industrias mineras en Indonesia, son una experiencia lo suficientemente larga como para demostrar su capacidad de construir buenas relaciones con las comunidades sin el uso de la violencia. Los hechos demuestran lo contrario. Si fueran capaces de construir buenas relaciones con los pobladores, las fuerzas de seguridad ya no serían necesarias, o lo serían sólo en ocasiones puntuales y no permanentemente. Además, todas las compañías mineras tienen guardas de seguridad propios.

Además de motivar violencia contra los pobladores, la presencia de guardas de seguridad resulta causa de corrupción entre las fuerzas militares e instituciones policiales. Las declaraciones del secretario general del Ministerio de Defensa, General Sjafrie Sjamsudin, comparando la asietencia a Freeport con una taza de té que ofrece cualquier anfitrión (Tempo Daily, 28 de julio de 2005) son realmente una decepción pública, ya que hay grandes sumas de dinero involucradas que quedan en poder de particulares y no del gobierno. El escándalo de Freeport no se condice con la política oficial de priorizar la erradicación de la corrupción.

Nunca fue esclarecido el escándalo en el que una fuerte suma de dinero fue entregada por Freeport al Ejército Nacional, en 2003. Irónicamente, no hubo acciones significativas de parte del gobierno en el caso. Por esta razón, JATAM demanda que el gobierno reconsidere su política de colocar fuerzas militares y policiales en localidades mineras. La política oficial de erradicar la corrupción y proteger los derechos humanos está en duda si la administración no retira inmediatamente a las fuerzas militares y policiales que operan en localidades mineras.

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