Estudio Interno Sobre Mina En Guatemala Critica Severamente Al Banco Mundial

Estudio Interno sobre Mina en Guatemala Critica Severamente al Banco Mundial

Antecedentes de Fondo

22 de agosto de 2005

La aparición próxima de un documento del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO), organismo responsable de llevar acabo revisiones internas en la Corporación Financiera Internacional (CFI) (brazo del Banco Mundial encargado del sector privado) identifica omisiones evidentes en la diligencia con que debió conducirse la Corporación, en un controvertido y nuevo proyecto minero de explotación de oro en Guatemala. El proyecto, actualmente en construcción por la compañía canadiense Glamis Gold en tierras indígenas en la parte alta montañosa del oeste de Guatemala, ha estado rodeado de controversia y conflicto desde antes que CFI aprobara $45 US millones de dólares de ayuda al proyecto, en junio de 2004. En enero de este año, una protesta de cuarenta días llevada a cabo por los pobladores locales preocupados por los potenciales impactos de la actividad minera al medio ambiente, terminó en un derramamiento de sangre mientras fuerzas de seguridad se enfrentaron con los protestantes, con saldo de un muerto y una docena de heridos.

El reporte de la CAO es el último de una serie de golpes en contra del proyecto estrella de Glamis. El 13 de marzo, un aldeano fue muerto a disparos por un empleado -fuera de servicio- del Grupo Golan, compañía que provee de seguridad a Glamis. Ambos, oponentes a la mina y empleados de la compañía minera, han recibido amenazas de muerte y otras formas de hostigamiento. En mayo, un reporte emitido por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala sostiene que la licencia concedida para la mina de Glamis debería ser revocada debido a las violaciones que el gobierno de Guatemala cometió en contra del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Este tratado garantiza el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de permitir el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en sus tierras. En junio, el municipio rural vecino de la mina organizó un referéndum acerca del proyecto en el que el 98%, de más de dos mil participantes, votaron en contra del desarrollo del proyecto. Similares referéndum incluso están planeados.

El Reporte Encuentra Serios Defectos

Debido a la violencia de este año, Madre Selva, una organización ambientalista guatemalteca, presentó una demanda ante la CAO, un mecanismo de control establecido de ayuda a grupos afectados por proyectos de CFI, el cual revisa el cumplimiento de las debidas políticas, sociales y ambientales, conforme a las cuales debe conducirse la Corporación. La demanda le imputa al proyecto que: 1) el alto volumen de agua usado por la mina podría limitar el acceso de las comunidades a este recurso; 2) la mina podría potencialmente contaminar el ambiente y el suministro de agua; 3) el proyecto ha violado los derechos de los pueblos indígenas, el cual no los ha consultado adecuadamente acerca del desarrollo propuesto y sus impactos; 4) la existencia de la mina ocasionará conflictos sociales, violencia e inseguridad. La demanda pide a la CFI la cancelación del préstamo que otorgó a Glamis.

Los funcionarios de CAO llevaron a cabo una investigación en mayo durante la cual visitaron el sitio del proyecto, y se reunieron con grupos de la comunidad, de la compañía y del gobierno guatemalteco. Su reporte (el cual no ha sido hecho público hasta ahora) descubre que CFI fracasó en hacer cumplir sus propias políticas requeridas durante las evaluaciones acerca de los potenciales impactos ambientales y sociales del proyecto, y que el proyecto no garantiza que adecuadas consultas a las poblaciones locales fueron llevadas a cabo.

El proyecto Marlín es caracterizado por la CAO como una "una inversión de alto riesgo". Sin embargo, de acuerdo con el reporte, CFI fracasó en la valoración de la capacidad del gobierno guatemalteco para mitigar efectivamente estos conflictos y para regular el proyecto, una capacidad que según el reporte describe como virtualmente inexistente.

El reporte de la CAO también revela la falta de claridad, de orden y descuido en general. De acuerdo con la CAO, la CFI carece de un criterio explícito para evaluar documentos tan críticos tales como la Evaluación de Impacto Ambiental y Social y planes de gestión. No existen mecanismos para asegurar que las recomendaciones hechas por auditores externos y de terceras partes evaluadoras, han sido implementadas. Los requerimientos de la CFI prescinden de justificación. Frente a este vacío regulatorio, la CAO encuentra que Glamis aplica sus propios e improvisados protocolos y desarrolla sus actividades sobre bases creadas específicamente para sus propios propósitos.

El reporte establece que, en general:

"Mayor claridad y rigor por parte de CFI hubiera sido de gran ayuda en la resolución de muchos de los problemas planteados por los reclamantes."

Respecto a la consulta, el reporte establece que:

"Dada la novedad de la minería en Guatemala, la ubicación rural de la gente potencialmente afectada y la complejidad de los impactos ambientales y sociales asociados con un gran desarrollo a cielo abierto, este período de tiempo [el periodo de tiempo dedicado] ha sido insuficiente para la consulta razonable e informada. Por sobre todo, no ha habido tiempo ni espacio suficiente para construir confianza, reconciliar disputas e inquietudes relacionadas con el desarrollo del proyecto y otorgar concesiones mineras en general."

Consecuentemente, el reporte convoca a CFI para que apoye nuevos e independientes estudios de las operaciones de la mina sobre impactos potenciales en la cualidad y cuantidad del agua y tome parte en nuevas consultas, culturalmente apropiadas, en estos estudios con todas las comunidades directamente afectadas.

El reporte también encuentra que CFI no tomó en cuenta el potencial de violencia y de un conflicto local relacionado con el proyecto, preocupación particular dadas las irresueltas tensiones después de la guerra civil en Guatemala en la cual un estimado de 200,000 personas, en su mayoría indígenas, fueron asesinadas por el fuerzas gubernamentales.

Con respecto a la seguridad, el reporte establece que:

"La CFI debe considerar de una manera más sistemática los riesgos potenciales a los derechos humanos a nivel de proyecto, debe tomar medidas apropiadas para atenuarlos, y proporcionar directrices más claras a sus clientes sobre ambos aspectos."

Dado esto y la ausencia de alguna política de CFI que trate los derechos humanos y el uso de fuerzas de seguridad, el reporte argumenta que CFI debió requerir a la compañía hacer evaluaciones en derechos humanos, y recomienda que los proyectos propuestos por CFI adopten los Principios Voluntarios de Administración de Fuerzas de Seguridad de US/UK.

El reporte, cierra reiterando recomendaciones claves de la Revisión de las Industrias Extractivas, un proceso de tres años terminado el año pasado que analiza el apoyo del BM al sector minero y del petróleo. Esto incluye:

· Mejorar la evaluación de los impactos ambientales acumulativos estratégicos, al igual que los sistemas de gestión y manejo social y ambiental; · Fomentar la transparencia en el manejo de los ingresos y la distribución de los beneficios con la población local; · Contribuir a asegurar que las comunidades, por medio de un proceso de consulta previa, libre y fundamentada, estén bien informadas y exijan que los inversionistas pongan a su disposición información importante sobre los impactos sociales y ambientales de sus proyectos; · Respaldar únicamente aquellos proyectos que tengan un amplio apoyo de las comunidades afectadas; · Asegurarse de que las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos; · Evaluar los contextos del país y de un buen ejercicio del poder, incluyendo los riesgos y beneficios.

Preguntas, Preocupaciones Planteadas desde el Principio

Anterior a la aprobación del proyecto en junio de 2004 por la CFI, organizaciones locales en Guatemala y organizaciones no gubernamentales (ONGs) internacionales, plantearon sus preocupaciones a la CFI acerca de la falta de adecuadas consultas a las comunidades afectadas y la exacerbación de las tensiones como resultado del proyecto. El propio Consejo de directores de la CFI inusualmente expresaron fuertes reservas acerca del proyecto y cuestionaron severamente sus beneficios de desarrollo para Guatemala, haciendo notar que el proyecto de $261 USD millones (al que la CFI esta proveyendo con un préstamo de $45 USD millones) iba a crear solo 160 empleos permanentes e iba a pagar por regalías solamente 1% de sus ingresos. El Consejo también expresó preocupación en relación a que la CFI estaba confiando en información de la compañía, en vez de una evaluación independiente, para rebatir las preocupaciones presentadas por ONGs.

En previa correspondencia con la CFI, NGOs han cuestionado fuertemente la conveniencia de Glamis como socio de la CFI. El proyecto de la compañía en Honduras ha estado plagado de serios problemas ambientales y ha sido el foco de largas protestas llevadas por las comunidades en los recientes años, incluyendo algunas lideradas por el arzobispo católico del país. Glamis ha incluso presentado una demanda en contra del gobierno estadounidense, bajo la regulación del TLC, argumentando que regulaciones ambientales designadas para proteger sitios sagrados indígenas, mismas que afectan sus propósitos de establecer una mina en California, constituyen una "expropiación" de sus intereses de inversión.

Prueba Clave para las Políticas del BM en Petróleo y Proyectos Mineros

El proyecto en Guatemala representa una importante prueba para las recientemente reformadas políticas del BM sobre préstamos al sector minero y del petróleo, siendo éste el primer y mayor proyecto aprobado por el Banco desde la finalización de la Revisión de las Industrias Extractivas. Esta evaluación, a la cual el Banco accedió en 2001 bajo presión de ONGs, encontró graves debilidades en el manejo ambiental y social de sus proyectos en estos sectores. La Revisión demanda al Banco la implementación de una serie de reformas radicales, incluyendo la toma de medidas que aseguren que comunidades afectadas se beneficien de los proyectos de extracción patrocinados por el Banco, y que sólo patrocine proyectos que cuenten con el apoyo de las comunidades afectadas. El Banco tiene un parcial compromiso en la implementación de estas recomendaciones.

Organizaciones locales e internacionales alegan que CFI está fallando en la implementación de estos limitados compromisos en el proyecto en Guatemala. Estas organizaciones también hacen notar que este proyecto es uno de una serie de proyectos mineros problemáticos que CFI ha patrocinado recientemente en Perú, Malí, Ghana, Kirguistán y cualquier otro, que han generado problemas ambientales serios, ocasionando protestas de las comunidades. El año pasado, la mina Yanacocha, patrocinada por CFI en el Perú fue casi forzada a cerrar por la protesta de los aldeanos contra los planes de la mina de expandir sus operaciones en una ambientalmente sensible área protegida.

Recomendaciones:

· CFI debe exigir a Glamis Gold la suspensión de operaciones del proyecto hasta que un procedimiento pueda ser establecido para consultas apropiadas a las comunidades afectadas acerca de los impactos del proyecto.

· Una evaluación independiente sobre los potenciales impactos globales de la mina sobre cualidad y cuantidad del agua debe ser llevada a cabo con la participación y apoyo de las organizaciones de la sociedad civil.

· El proyecto debe continuar sólo con el consentimiento de los pueblos afectados.

· Si Glamis no acepta la petición de CFI a la suspensión, CFI debe retirar su préstamo a la compañía.

· La CFI debe suspender préstamos mineros hasta que haya sido establecido en claro, criterios accesibles públicamente y procedimientos que dirijan la evaluación del proyecto y los descuidos. El Departamento Minero de la CFI debe mantenerse responsable por su fracaso en conducirse con adecuada diligencia en el proyecto Marlín como se establece en el reporte de la CAO.

Para mayor información o entrevistas sobre el reporte y/o sobre el proyecto minero en Guatemala favor de contactar a:

Jamie Kneen
MiningWatch Canada
(613) 569-3439
jamie@miningwatch.ca

Graham Saul
Friends of the Earth
(613) 241-0085 extn. 22
gsaul@foecanada.org

Fraser Reilly-King
Halifax Initiative
(613) 789-4447
freillyking@halifaxinitiative.org

Eric Holt-Gimenez
Bank Information Center
(202)-624-0624
eholtgim@bicusa.org