Académicos rechazan fondos de Minera Alumbrera en Argentina

Published by MAC on 2009-07-27
Source: IPS, FARCO, ALAI, El Diario de Paraná

Universidades en zona de riesgo ético
Por Marcela Valente

BUENOS AIRES, jul 22, 2009 (IPS) - Una organización no gubernamental de Argentina advierte que un consorcio minero, cuestionado por operaciones contaminantes, reparte utilidades millonarias con universidades públicas desde hace dos años, con lo cual se amenazaría así la independencia de sus eventuales informes técnicos.

El alerta fue disparado por el biólogo Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Ambiente, a raíz del reparto de beneficios por más de 86 millones de pesos (unos 22 millones de dólares) que hizo Minera Alumbrera Limitada en 2008 y este año entre 40 universidades de distintas provincias, por un compromiso legal.

La documentación obtenida por Montenegro muestra la distribución proporcional hecha por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todas las casas de altos estudios públicas de Argentina, sin que la información se difunda ni los detalles y destino de los fondos.

Montenegro, profesor de biología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en la central ciudad homónima, pidió a esa casa de estudio rechazar su cuota de esos fondos, crear una comisión que investigue cómo se aceptaron, y pedir en forma "urgente" el rechazo del dinero por parte de las demás universidades.

A raíz de su advertencia, la Facultad de Psicología de la UNC fue la única que se pronunció por el rechazo y, tal como recomendó Montenegro, pidió a la UNC investigar los hechos. La universidad cordobesa, la más antigua del país, se comprometió a estudiar más a fondo el tema y pronunciarse en agosto.

Este académico y dirigente ambientalista, ganador del premio Nobel Alternativo 2004 por su desempeño, dijo a IPS que esos aportes "condicionan la necesaria independencia de las universidades a la hora de elaborar dictámenes técnicos". Además, advirtió, la firma que distribuye los beneficios "tiene serios cuestionamientos por contaminación".

"Aceptar o no los fondos no es un tema técnico, es político. La universidad debe decir que no, porque lo contrario es violar normas éticas", añadió.

Silvana Buján, de la Fundación Bios, informó a IPS que pidió lo mismo a la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el sur de la oriental provincia de Buenos Aires, es decir que se rechacen esos fondos que fueron aceptados por el CIN, pero que no le respondieron.

"Entre los docentes (profesores) hay dos posturas sin matices: o se acepta recibir fondos 'de donde sea', o se rechazan algunos desde la ética", dijo. Pero aseguró que hay universidades en las que "sus docentes están interpelando a la autoridad para que expliquen si han aceptado ese dinero sucio".

"Hay muchos consejeros superiores que ni estaban enterados. No creemos que los excuse. Resulta muy extraño que un fondo tan cuestionable pueda pasar desapercibido como ingresos generales disimulado en un paquete de dinero mayor, sin que se explique de dónde vienen esos fondos de manera discriminada", opinó.

"Si acaso ha sido así, debiera evaluarse la posibilidad de su devolución y tomar recaudos para futuras partidas, en las cuales se sepa la procedencia y se evalúe así su legitimidad y su impronta ética", anticipó

El presidente del CIN, Darío Maiorana, rector de la Universidad Nacional de Rosario, en la central provincia de Santa Fe, explicó que los rectores se limitaron a discutir la distribución de los fondos por pedido del ministerio de Educación. "Eventualmente, las universidades podrían negarse a recibirlos", admitió, pero el reparto que asigna esos beneficios es legal.

El tema es complejo y polémico.

Para la explotación del yacimiento Bajo la Alumbrera, en la occidental provincia de Catamarca, la empresa Minera Alumbrera Limitada, administrada por la firma suiza Xstrata Cooper y las canadienses Goldcorp y Northern Orion Resources, firmó en 1999 una alianza transitoria de empresas con Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).

YMAD, que percibe 20 por ciento de las utilidades de la explotación, es la empresa dueña de los derechos de exploración y explotación del yacimiento a cielo abierto más grande del país, y está conformada por el gobierno nacional y el de la provincia de Catamarca, y la Universidad Nacional de Tucumán

Por ley argentina, YMAD debe repartir los beneficios de la explotación del yacimiento de la siguiente forma: mitad para la Universidad Nacional de Tucumán y la otra mitad a repartir en el resto de las universidades públicas del país. En los dos últimos años, cuando la empresa pudo empezar a repartir utilidades, comenzó la distribución.

La instalación consta de un yacimiento a cielo abierto que produce anualmente 180.000 toneladas de cobre y 600.000 onzas troy de oro, un mineraloducto de 317 kilómetros que va de Catamarca a la vecina provincia de Tucumán, y un electroducto de más de 200 kilómetros para transportar energía.

Desde fines de los años 90, pobladores vecinos del yacimiento tanto en Catamarca como en Tucumán denuncian la contaminación del aire y el agua a raíz de la explotación. En 2008, la justicia de Tucumán procesó por contaminación de un efluente al vicepresidente de la firma minera, Julián Rooney.

Las pericias habían detectado concentraciones superiores a lo esperado de sulfatos, molibdeno, manganeso, arsénico, hierro y boro en el agua del canal tucumano DP2, donde la minera vierte sus efluentes. A su vez, se investiga el impacto de roturas del mineraloducto, por donde escapan derrames.

Urbano Cardozo, vecino de la entidad Vecinos Andalgalenses Autoconvocados por la Vida, dijo a IPS que tienen documentadas cinco roturas del mineraloducto, y que los técnicos de la firma que van a recoger las pérdidas lo hacen con trajes y guantes especiales, cascos, máscaras, antiparras y botas

Hay también frecuentes filtraciones de metales pesados del dique de cola, afirman los vecinos, que van al río.

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Cuestionan a la Universidad de Luján y otras por aceptar fondos de Minera La Alumbrera
Lo hace el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Exige que cumplan con la exigencia ética de rechazar los fondos provenientes de la actividad contaminante. Envió una carta a cada uno de los rectores.
5 de julio, 2009
http://www.noticiasmercedinas.com/

La Universidad de Luján, al igual que otras de la República Argentina, y a pesar de la carta enviada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, a su rector, aceptó fondos en dinero provenientes de Minera La Alumbrera, la que realiza una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas. La situación fue denunciada por varios medios y en el caso de Mercedes el tema fue divulgado hace unos días por la asociación Mercedes Ambiental.

Pérez Esquivel solicitó a los rectores de las universidades de todo el país el rechazo a estos fondos por cuestiones éticas y humanas. El premio Nobel mostró su preocupación ante el Consejo Interuniversitario Nacional y los rectores de las universidades de todo el país “en relación a la distribución, entre las universidades públicas, de fondos provenientes del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en la provincia de Catamarca”.

Lo que denunció fue que “en virtud de la ley 14.771 y sin mayor debate, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió, con la resolución 672 del 10 de julio del 2008, la distribución de 50 millones de pesos. Esta decisión fue luego avalada por cada una de las universidades, que recibieron desde 990 mil pesos hasta cerca de 3 millones y medio de pesos por la Universidad de Buenos Aires (UBA). A nuestro conocimiento, la sede Esquel de la Universidad Nacional de Patagonia es la única institución universitaria que rechazó estos fondos, por motivos éticos. Ahora, hace menos de un mes, con la resolución 699 del 18 de mayo del 2009, el CIN aprobó una nueva distribución, esta vez de 36,8 millones de pesos”.

“Sabemos de las necesidades financieras de las universidades nacionales, las cuales no logran cubrirse con las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso de la Nación. Sin embargo, nos parece que tanto el CIN como cada una de las universidades nacionales deberían rechazar esos fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento”, plantea Pérez Esquivel.

“Entre otros muchos efectos desastrosos provocados por la gran minería, cabe recordar que el uso indiscriminado del agua por Minera Alumbrera Ltd. (100 millones de litros por día) provocó la desaparición de la gran parte de las actividades agrícolas en los departamentos aledaños; la contaminación del agua y del aire aumentó de manera constante los casos de cáncer y las enfermedades respiratorias, y provocó la muerte de muchos animales (tanto ganado como animales salvajes); la libertad de expresión de los ciudadanos es cada día más violada. Se trata de una actividad que afecta de manera ampliamente negativa las condiciones de vida no sólo de las poblaciones actuales, sino también de las generaciones futuras”, enumera, entre otras razones.

“Las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre la población. Mantener esta distancia crítica implica que la universidad goce de una total independencia para desarrollar sus investigaciones. El hecho de que la producción de saberes técnicos dependa de fondos originados en una actividad tan cuestionada como la que desarrolla Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad”, opina Pérez Esquivel.

“Por otro lado, nos parece importante subrayar que la distribución de dinero proveniente de este mega-proyecto minero no es la única arremetida de las grandes corporaciones económicas sobre el ámbito académico. Son muchos los científicos y las instituciones académicas que fueron cooptados y que multiplican las publicaciones complacientes con el modelo sojero y el modelo extractivo minero. Eso contribuye a desprestigiar el ámbito académico; en lugar de cumplir con su deber de informar a la sociedad civil, estas actividades tienden a desinformar. Pero también son muchos los científicos, investigadores y académicos que tratan de proponer miradas alternativas al discurso hegemónico, poniendo a la luz los daños irreparables provocados por estas actividades destructivas, saqueadoras y contaminantes. Varios de ellos luego sufrieron represalias y sanciones adentro de sus instituciones”, agrega y solicita “tengan presente que la explotación de Bajo la Alumbrera, desde hace más de 10 años ahora, viene provocando graves violaciones a los derechos humanos, no sólo al derecho a vivir en un ambiente sano, sino también al derecho a la salud, y a los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de millones de personas”.

“Las universidades deben actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos, y eso requiere una total independencia de los intereses privados. Las universidades deben abrir sus puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país que queremos. Por todo eso, y porque sabemos de su compromiso con los intereses del pueblo y con la libertad académica, solicitamos que cumplan con la exigencia ética de rechazar los fondos provenientes de Yacimiento Minera Alumbrera”, completa Pérez Esquivel.

La carta y reclamo del Premio Nobel de la Paz fue enviada a los rectores de las universidades nacionales que recibieron parte de estos fondos: Buenos Aires, Catamarca, Centro, Chilecito, Comahue, Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Formosa, General San Martín, General Sarmiento, Iuna, Jujuy, La Matanza, La Pampa, La Plata, La Rioja, Lanus, Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Patagonia Austral, Patagonia San Juan Bosco, Quilmes, Río Cuarto, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Sur, Tecnológica, Tres de Febrero, Tucumán, Villa María.

Este tema, además, ya es parte de discusión en los foros universitarios, y hay quienes ponen el acento en la necesidad imperiosa y urgente del rechazo a los fondos, por razones obvias y en total acuerdo con el planteo de Pérez Esquivel.

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Gestiones privadas en universidades públicas
Raquel Schrott, Ezequiel Miodownik

7 de julio, 2009
ALAI, América Latina en Movimiento - http://www.alainet.org

Vínculos entre la inversión económica de las corporaciones del saqueo y el control directo de los planes de estudio.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano que nuclea a las universidades nacionales de Argentina como organismo coordinador de las políticas universitarias, tiene entre sus funciones el "establecer, ampliar y coordinar relaciones de todo orden con otros organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros en general, y especialmente con aquellos que puedan otorgar líneas de financiamiento, colaboraciones o donaciones de fondos e implementos y apoyo técnico, para la ejecución de programas, proyectos y actividades, en el área científica, tecnológica, cultural y deportiva"(1). Los estudiantes que participan del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) vienen exigiendo fuertemente que este organismo no sea socio de las empresas responsables de la contaminación y el daño ambiental. (2)

Las miradas están puestas hoy sobre los intereses que se esconden bajo las inversiones millonarias que las universidades nacionales estarían recibiendo -aceptadas por el CIN- producto de las actividades de la mina de Bajo de la Alumbrera en la provincia de Catamarca.

La Agencia de Noticias Biodiversidadla dialogó con Santiago Liaudat, presidente de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), sobre la injerencia de los organismos privados y las corporaciones trasnacionales en las políticas de educación superior, en la complicidad de los funcionarios del Estado y en la captación que realizan las empresas del conocimiento y el valor humano que se genera en los centros de estudio públicos para satisfacer sus propios intereses.

- ¿Cuál es la denuncia que están realizando como estudiantes respecto a la aceptación de fondos millonarios de la mina de Bajo de la Alumbrera por parte de las universidades?

Esta situación entendemos que refiere a un modelo de universidad que está puesto en función de los intereses de empresas multinacionales, y en este caso empresas contaminantes y saqueadoras. El debate que los estudiantes en diversas universidades del país venimos trayendo tiene que ver con qué modelo de universidad queremos: una universidad que esté pensada, que esté investigando y educando en función de las necesidades de nuestro pueblo o una universidad que esté pensada en función de la ganancia y de intereses del saqueo y la contaminación. El debate de fondo es éste, qué educación queremos, qué educación tenemos. Esto viene a sacar a la luz el vínculo directo que hay de intereses entre las autoridades de algunas universidades y estas empresas, en este caso mineras.

- El CIN, ¿cuenta con la participación de los estudiantes?, ¿cómo está integrado?

No, no, en absoluto. Es un órgano que es creado después de lo que fue la Ley de Educación Superior, sancionada durante el gobierno menemista, y lo que pretende ser es un órgano de coordinación a nivel nacional de todas las universidades. Hay representantes del Poder Ejecutivo Nacional, por lo cual el Gobierno Nacional no es ajeno a estas políticas, sino que a través mismo de las propias universidades está siendo partícipe de esto. Este órgano no tiene en absoluto representación (de los estudiantes), como estamos acostumbrados en nuestras facultades, de co-gobierno, sino que aquí la participación es enteramente de los rectores.

Este consejo es el que traza a grandes rasgos las políticas educativas para la educación superior a nivel nacional. Lo que queda planteado en la conformación de este órgano es cómo ya las propias universidades privadas están teniendo representación detrás un eufemismo que aparece en la década del 90, que era el de las "universidades públicas de gestión privada", y en ese sentido son empresas que imparten educación.

-¿Cómo comenzó el debate dentro de la universidad, en las agrupaciones?, ¿existe esta discusión con el resto de los estudiantes?

Masivamente no está este debate planteado. Te puedo trasmitir un caso. Aquí el martes pasado tuvimos en la Universidad Nacional de La Plata el funcionamiento del Consejo Superior, que es el órgano máximo de la universidad. Dimos lectura a este documento y propusimos que el Consejo se expida, y el Consejo Superior, como nos tiene acostumbrados, lo que hizo fue pasarlo a comisión y no darle tratamiento. Falta un trabajo alrededor de este tema en la universidad. Por otro lado están aquellos que tienen intereses, principalmente facultades vinculadas a los negocios extractivos, y por otro lado está la necesidad de hacer un mayor trabajo en las facultades con los estudiantes, con docentes, para trabajar esta problemática y que sea una realidad más palpable.

Resulta que nosotros mismos hace poco tiempo que estamos viendo esta problemática, la realidad acuciante con la cual vivimos hoy, y con la realidad que se nos impone. Hoy es una realidad mucho más palpable que hace un par de años, también a partir del trabajo de las asambleas ambientales a lo largo de todo el país. Esto empieza de a poco a tomar carne, a hacerse visible para los sectores más informados de la vida universitaria. Ahora está el desafío de que esto sea más masivo y que el repudio se generalice, porque si queda solamente en sectores más informados no toma la fuerza necesaria como para garantizar que no suceda más, que la universidad empiece realmente a torcer su rumbo, deje de estar mirando los intereses de estas empresas, y pase a mirar las necesidades de nuestros barrios y de nuestra gente.

- Hay algunas universidades que sin embargo han rechazado la recepción de estos fondos.

Hasta donde tenemos conocimiento lo rechazó la Universidad de la Patagonia, la sede de Esquel, y creo que ahí estaría muy vinculado al proceso de lucha que se dio desde la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), si recordamos que hace un par de años se dio una lucha muy importante para rechazar la minería del oro en base a cianuro que se quería hacer allí, la comunidad entera se puso en pie y rechazó eso. En ese caso la universidad estaría haciéndose eco de esa movilización popular que se dio en Esquel. La otra facultad que ha rechazado esto es la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba. Hace poco tiempo nos escribió gente de Córdoba avisándonos y trasmitiéndonos la realidad de esa facultad, y nos pone muy contentos que haya ocurrido eso.

-¿Conocen el destino que tendrían estos fondos, si hay algún compromiso que las universidades asumen con la empresa minera para la utilización de los mismos?

Nos enteramos directamente vía el diario Página 12(3), de todos modos esto no es secreto, se puede consultar en la página web del CIN. No es una cosa extraodinaria en la vida universitaria después de los 90. Las universidades nacionales, casi todas, no quiero generalizar, reciben fondos de empresas privadas. Esto es más controvertido y genera más ruido porque la Minera Alumbrera está procesada por la justicia federal por contaminación ambiental, venimos de una represión en Famatina en La Rioja, genera mayor repudio y enseguida se prende la luz roja, pero las universidades ya hace más de una década que reciben fondos de empresas privadas. Empresas como Repsol, empresas mineras, de agronegocios, la mayor parte de las universidades reciben esos fondos después de (sancionada) la Ley de Educación Superior sancionada entre el 95 y 96, con el eufemismo de "recursos genuinos", "recursos propios", como si los recursos que provienen del Estado Nacional para solventar las universidades no fueran recursos genuinos, como si no fueran recursos propios.

Qué tipo de contraparte seguiría con la empresa sí que no se sabe, esa parte no es pública, no se tiene conocimiento. Se ha tomado conocimiento de casos más extremos, como alguna empresa de (telefonía) celular que llevó a elaborar planes de ingeniería de alguna facultad o vínculos que después realiza la facultad con stands de las empresas, para que los graduados de carreras como geología y geoquímica tomen contacto directo con la empresa y vayan directamente a trabajar a las minas, a las empresas petroleras y demás. Es una realidad que se vive sobre todo en las facultades de ciencias exactas y vinculadas al trabajo con la tierra, con el trabajo extractivo, sea el caso de la minería, sea el caso de la industria petrolera, ahí se vive mucho más esto, y con la agronomía, donde las empresas ya tienen directamente stands dentro de las facultades. Vinculan a los graduados con esa salida laboral entre comillas "que te venden", con la panacea de un mundo feliz, que encubre todo lo que nosotros estamos queriendo plantear aquí, que esconde todo un modelo económico extractivo y contaminante, basado en el saqueo, y que desconoce a las comunidades que están al pie de los cerros, que están sufriendo directamente la contaminación, que indirectamente sufrimos todos.

- ¿Sentís que hay un interés corporativo para limpiar la imagen de estas empresas y mostrar una imagen "comprometida" con la educación, asegurando por otro lado estudiantes que aspiren a ese tipo de salida laboral?

Sí, por supuesto. En el caso de estas inversiones en educación que hacen las empresas, que son prácticamente inversiones, buscan un rédito en vincular a los graduados, y por otro lado está esto de "lavarse la cara". Uno está acostumbrado, lamentablemente nos hemos acostumbrado a que eventos de las universidades, eventos educativos, estén financiados directamente con los logos en los volantes, en los panfletos que te distribuyen, por empresas multinacionales. No es raro encontrarse en las facultades con "congresos" donde directamente tienen el logo y están sponsoreados por empresas como Minera Alumbrera, Repsol, Monsanto. No es extraño y de hecho se va conformando en algo cada vez más habitual, por eso todo el trabajo que tenemos que empezar a generalizar de repudio y de toma de conciencia alrededor de este tema.

Cuando se invierte, los medios nos venden esto de "que bueno que estas empresas inviertan en educación", y un poco intentan desacreditar las denuncias de los que estamos sufriendo esta situación. Al mismo tiempo sabemos nosotros que esto encubre un sentido económico netamente, no hay una inversión en busca de la mejora educativa, sino de la mejora para su bolsillo.

- ¿Esto podría condicionar cualquier análisis crítico o incluso investigaciones que puedan realizarse al interior del ambito estudiantil a la hora de analizar a empresas como Minera Alumbrera ó a industrias como la minería?

Sí, si, claro. De hecho, hace alrededor de dos meses hubo un docente de la UBA (Andrés Carrazco) perseguido dentro de la propia universidad porque estaba haciendo investigaciones que mostraban los efectos nocivos de lo que está ocurriendo con el agronegocio, lo que ocurre en nuestras comunidades del interior. Después aparece de forma mucho más invible cuando uno intenta renovar su cargo, intenta buscar un beca, y hay una lista negra de docentes que por sus trabajos, por su ideología, por su forma de pensar, no tienen acceso a determinados cargos en la universidad. Eso ocurre y es moneda corriente en las universidades. Ocurre en las universidades más grandes y en las universidades más chicas del interior, que por ahí tienen menor vida democrática y ocurre con mucha más fuerza.

Es directo el vínculo de esta inversión económica y el control directo o indirecto de planes de estudio, de perfiles de egresados, de inserción laboral, de investigación, de extensión. Las empresas pasan por sobre órganos, aunque sean populares, aún del mismo Estado, delinean las políticas de la educación superior a nivel nacional. Uno se encuentra con que las empresas terminan direccionando este conocimiento, esta ciencia que se produce dentro de nuestros laboratorios y aulas universitarias, en función de hacer crecer sus ganancias y no en función de las mejoras del bienestar general.

- ¿Ustedes tienen vínculo con las asambleas que vienen resistiendo el avance de los emprendimientos extractivos?

Yo te puedo hablar especialmente desde mi experiencia, sobre todo en la "Comisión de Estudiantes de Geografía" en mi facultad, tiene un vínculo muy marcado con la UAC de La Rioja, e inclusive se ha estado participando de los encuentros. Hemos hecho charlas, aquí en la universidad y en otras universidades también, con representantes de diferentes asambleas y ese vínculo existe y queremos profundizarlo.

Se está intentando conformar una red, una organización que nuclee lo que son las asambleas ambientales de la zona metropolitana. Venimos un poco rezagados con respecto a lo que ocurre en otros puntos del país, donde quizás también la producción extractiva es mucho más visible que en las grandes ciudades, pero bueno, aquí también estamos sufriendo los efectos de la contaminación. De a poco también en la zona metropolitana empiezan a organizarse asambleas y colectivos contra la contaminación. Algunos tienen un tiempo ya, otros son más recientes, esto de a poco va llegando a las universidades, y la idea es que se multiplique para que la denuncia tome cuerpo y sea efectivamente un freno para las pretensiones de estos empresarios y de las autoridades mismas de la universidad, que tienen un modelo de economía, de país y de sociedad, que es muy distinto al que pretendemos desde las asambleas ambientales y desde las organizaciones populares en general.

- ¿Cuáles son las agrupaciones estudiantiles que vienen denunciando esta situación?

En la universidad, con todo el variopinto que encontramos de agrupaciones, como que todavía no se ha instalado fuerte la militancia estudiantil alrededor del saqueo. Son solamente algunos grupos, algunas agrupaciones que empiezan a trabajarlo. Como Frente (Popular Darío Santillán) ya hace un par de años que estamos trabajando en las universidades que tenemos presencia, que son La Plata, Rosario, Mar del Plata, Comahue, la Universidad de Tandil, Luján y algunos institutos de educación superior. Se empieza a trabajar de a poco este tema, el saqueo de los recursos naturales, qué tipo de producción extractiva debería realizarse, porque no solamente decir "no a esto", sino "no a esto porque es esto otro", y salen debates que son muy interesantes alrededor de toda esta temática.

Creemos que se va a instalando una conciencia de la importancia de esto. Creo que se podría equiparar respecto a lo que ocurrió dentro de la propia izquierda, en la militancia que quiere un cambio social, con lo que fue el tema de género. Hace décadas no era visto el tema de la opresión de las mujeres como un tema a trabajar y hoy está muy extendido, y todas las agrupaciones tienen algún trabajo alrededor de la cuestión de la mujer y la violencia de género, y creo que en lo ambiental, esperemos que no pase mucho tiempo más, va a pasar algo parecido. Todos los agrupamientos van a ver la importancia de difundir esta realidad, y que la vida de nuestro país no pasa sólo por las grandes ciudades.

En nuestro interior profundo, está ocurriendo todo esto que estamos queriendo poner sobre el tapete. Es un modelo económico que es insostenible, es insustentable en el tiempo. Ese es el debate que queremos empezar a instalar en la universidad, y creemos que de a poco va tomando cuerpo.

Notas:

(1) CIN, reseña histórica
http://www.cin.edu.ar/resena.php

(2) Estudiantes de 8 universidades nacionales exigen al CIN que no sea socio de empresas contaminantes.
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/50318

(3) El oro no brilla en la academia, diario Página/12, Viernes 5 de junio de 2009
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-126118-2009-06-05.html

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Polémica millonaria en la universidad pública
Edición Nº 4547 Paraná, Entre Ríos, Argentina
Julio de 2009
Por Mónica Borgogno
http://www.eldiariodeparana.com.ar

CRÍTICAS. “Las universidades tienen el deber de mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre la población”, plantea Adolfo Pérez Esquivel en una carta abierta a los rectores.  

El año pasado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó el reparto de fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Catamarca), por unos 50 millones de pesos y ahora, por otros 36 millones más. Los montos provienen de esta empresa que es investigada por incurrir en el presunto delito de contaminación peligrosa para la salud.

Desde el año pasado las universidades nacionales agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) vienen aceptando la llegada de fondos millonarios y recién ahora, por haber aceptado una segunda partida, siempre de los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), en la provincia de Catamarca, empezaron a salir a la luz, algunas voces en contra.

Es que uno de los ejecutivos de este emprendimiento minero está procesado por la Justicia Federal, en una causa aún abierta, por haber incurrido en el presunto delito de contaminación peligrosa para la salud. A este argumento, se suma otro: la minera “consume 4 millones de litros de agua por hora, es decir más de 65.000 litros de agua por minuto. Según el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, la mina consume el 25 % de la energía eléctrica suministrada a la Región del NOA y el 87 % del consumo total de la provincia de Catamarca”, explicó el doctor Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.

Cabe recordar que el emprendimiento Bajo de la Alumbrera, explotado por una Unión Transitoria de Empresas entre YMAD y Minera Alumbrera. A partir de la ley N° 14.771 –publicada en el Boletín Oficial en 1959-- se crean los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y específicamente en su artículo 18, se establece el destino de “las utilidades líquidas”: “El sesenta por ciento (60%) para la provincia de Catamarca. Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la ciudad universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al 50 % del total general, destinándose el 10 % restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán. El cuarenta por ciento restante (40 %) será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados. Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40 %), se destinará el cincuenta por ciento (50 %) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50 %) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado”.

A partir de este último punto, el año pasado llegaron las utilidades a las universidades y en mayo de 2008, con acuerdo plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se decidió la distribución de 50 millones de pesos provenientes de estas minas. Y hace apenas un mes el CIN volvió a aceptar una nueva distribución de fondos del mismo origen por unos 36,8 millones de pesos.

Al interior de algunas casas de estudios, la noticia causó revuelo. Aunque otras, prefirieron el silencio.

A CIELO ABIERTO. “La Alumbrera es un proyecto que atenta contra el medioambiente. Al aceptar estos fondos, la universidad pública está dando su consentimiento a un emprendimiento que va contra los intereses del país”, dijo hace poco Abraham Gak, profesor honorario de la UBA y coordinador del Plan Fénix.

Los derechos de explotación de este yacimiento de oro y cobre, le pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), un ente compuesto por la provincia de Catamarca, el Estado nacional y la Universidad de Tucumán —el yacimiento fue descubierto por científicos de la casa, que en 1948 lo registraron a nombre de la institución—. Para explotar la mina, YMAD conformó en 1994 una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Ltda, formada por corporaciones extranjeras: tras sucesivas compras y ventas, hoy son Xstrata Plc, de Suiza, Goldcorp y Yamana Gold, ambas de Canadá. La actividad empezó en 1997 y constituye la mina más grande del país, una de las mayores del mundo.

Hoy, organizaciones no gubernamentales, como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) a cargo del Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y distintos investigadores independientes han publicado y presentado documentos que respaldan las denuncias sobre sucesivas violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente efectuadas por distintas empresas mineras, pero por sobre todo por la Minera Alumbrera Ltda.

EL NO CORDOBÉS. En universidades nacionales como las del Sur y la Patagonia, hubo mociones de rechazo presentadas por profesores y estudiantes, pero resultaron minoría.

Ahora se sumó la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo Consejo Directivo acaba de decir no a esos fondos mediante Resolución N° 166/2009 accediendo así a lo solicitado por el Dr. Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva de dicha unidad académica.

Allí expresan claramente el rechazo a ese dinero procedente de la distribución de beneficios de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) acordados en el Consejo Interuniversitario Nacional y proponen al Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba que adopte igual posición.
En su informe, Montenegro --Premio Nóbel Alternativo 2004-- había detallado los alcances del impacto ambiental de La Alumbrera. En efecto YMAD, había transferido 50 millones de pesos de sus beneficios a unas 40 Universidades Nacionales en 2008, en el marco de la Ley Nacional N° 14.771 y este año el monto asciende a 36,8 millones de pesos.

Por su parte, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad de Trabajo Social, fue la única que el año pasado dictó una resolución en contra de este reparto millonario por el cuestionado origen de los fondos y por entender que es irrisorio, aceptar dinero de una empresa investigada por presunta contaminación, en una provincia que firmemente se opone a la pastera Botnia.

Para destacar

Independencia. “Las universidades que Uds. dirigen deben actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos, y eso requiere una total independencia de los intereses privados. Las universidades deben abrir sus puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país que queremos”, cuestiona Esquivel en una carta abierta a los rectores.

Responsabilidades

En una carta dirigida al presidente del CIN, Darío Maiorana, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel pide explicaciones: “Sabemos de las necesidades financieras de las universidades nacionales, las cuales no logran cubrirse con las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso de la Nación. Sin embargo, nos parece que tanto el CIN como cada una de las universidades nacionales deberían rechazar esos fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento”.

En otro apartado, despliega los conocidos argumentos: “Entre otros muchos efectos desastrosos provocados por la gran minería, cabe recordar que el uso indiscriminado del agua por Minera Alumbrera Ltd. (100 millones de litros por día) provocó la desaparición de la gran parte de las actividades agrícolas en los departamentos aledaños; la contaminación del agua y del aire aumentó de manera constante los casos de cáncer y las enfermedades respiratorias, y provocó la muerte de muchos animales (tanto ganado como animales salvajes); la libertad de expresión de los ciudadanos es cada día más violada. Se trata de una actividad que afecta de manera ampliamente negativa las condiciones de vida no sólo de las poblaciones actuales, sino también de las generaciones futuras.

Además, como lo destaca Mirta Antonelli, profesora de la Universidad de Córdoba, “hay un aspecto ético involucrado, porque se trata de fondos cuya procedencia está judicializada por contaminación, que es un delito federal. Ahora se están haciendo cómplices todas las universidades”.

El debate al interior de la UNER

En octubre de 2008, el Consejo Superior de la UNER trató la cuestión y en un acalorado debate puso a consideración la resolución, pero a la hora de votar, los integrantes del CS no levantaron su mano precisamente en contra de los fondos y en su lugar, los aceptaron con la salvedad de propiciar “un estudio sobre las posibles consecuencias ambientales que podría provocar la explotación de estos Yacimientos” La aceptación de esa moción fue por mayoría.

Lautaro Varisco Bonaparte, representante estudiantil en el Consejo Superior, fue uno de los que se abstuvo alegando que es por todos sabido que “la explotación de las minas de oro producen un daño serio”.

En el acta de aquella reunión, figuran todas las opiniones al respecto. Amparándose en la necesidad de contar con información científica y técnica, unos propusieron esperar a contar con esos datos antes de tomar una decisión; otros recordaron que muchas veces llegan aportes “del Tesoro Nacional que son ganancias de empresas y no sabemos cuáles son. Quizás son empresas que están contaminando, pero ahora como tenemos claro de dónde vienen, estamos rechazando ese subsidio”, como propuso la consejera de los administrativos, Rosa Gorelik.

Mientras que luego de una extensa intervención, el consejero docente Mauricio Fiedrich dijo que le parecía una nimiedad oponerse “a recibir unos fondos —que tampoco son tan importantes— con argumentos de tanto peso, si no discutimos también qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de papel jugamos quienes estamos desarrollando profesionales en las nuevas tecnologías. Me impactó el tenor del tema, pero me gustaría hacerlo en un foro especial, discutiendo la filosofía profunda de las herencias que debemos legar, no oponernos por oponernos”.

En ningún momento del intercambio de ideas, se aludió a la causa abierta por la Justicia Federal sobre la posible contaminación y por la cual se investiga al vicepresidente del complejo minero; así como tampoco se hizo demasiada referencia a un dilema de tipo ético antes de tomar esta decisión.

El rector atinó a comentar que un debate similar se había producido en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional y aclaró que “estos fondos no son de las minas. Se los llama así porque es la regalía que quienes explotan estas minas deben pagar a una empresa mixta conformada por el Estado Nacional donde está la Universidad Nacional de Tucumán en el directorio. Esta casa de estudios tuvo una participación importante porque fue quien descubriera estos yacimientos y los registraron como tales. Entonces, no estamos recibiendo ningún fondo de la mina sino una regalía que le corresponde al Estado Nacional y que por ley decidió distribuirla entre quienes habían sido sus descubridores y todo el sistema universitario nacional”.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, María Laura Méndez, agregó la necesidad de aceptar dada la urgencia, pero “con objeciones, que se haga público y de repetirse la situación, se revise de dónde vienen los fondos para la Universidad”.

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Debaten si aceptan fondos de una minera
sábado, 18 de julio de 2009
http://www.eldiariolp.com.ar

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Sergio Maluendres, presentó un proyecto para tratar en el seno del Consejo Superior el ingreso de fondos provenientes de un emprendimiento minero en Catamarca que fueron cuestionados por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por su procedencia ya que la minera violaría las normas de protección del medio ambiente. Esquivel pidió que no fueran aceptados “por motivos éticos”. El año pasado ese dinero, más de $ 700.000, fue aceptado por la UNLPam. Maluendres también remitió al Consejo Superior la carta de Pérez Esquivel.

Los fondos a repartir entre las Universidades del país son del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en la provincia de Catamarca.

Esquivel reclamó a los rectores universitarios que rechacen la distribución de $ 36.800.000 “por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento”.

Según el proyecto del rectorado esos fondos se van a utilizar para incrementar las becas, para reforzar el programa de transporte y para seguridad e higiene.

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Una facultad de la Universidad de Córdoba rechaza los fondos de Minera La Alumbrera
Fuente: Informativo FARCO
24 de julio de 2009 - Rosario - Argentina

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba rechazó los fondos donados por Minera La Alumbrera.

Es la primera casa de altos estudios que decide negarse a recibir estos fondos enviados por empresas cuyos efectos nocivos al medio ambiente están bajo la lupa de la justicia, ya que en este caso el vicepresidente de La Alumbrera Julian Rooney, está procesado por la Justicia Federal de Tucuman por la contaminación de la cuenca del Río Salí Dulce en Tucumán. El Dr. Raúl Montenegro, docente de la Facultad de Psicología de la UNC y premio Nobel Alternativo de Medio Ambiente, fue quien solicitó a la facultad que no se acepten los fondos, y en diálogo con Informativo FARCO explicó por qué: “En el caso de la Universidad de Córdoba eran más de 2 millones de pesos por ejemplo. También averiguamos que la Universidad Nacional de Villa María, en Córdoba, también estaba dentro del reparto. Lo que es llamativo en este caso es que, al ser universidades públicas, yo marco el caso de la nuestra que es una de las más antiguad de América Latina y cuna de la reforma universitaria, hay como una necesidad de mantener ciertos principios éticos. No decimos que sea ilegal recibir. Lo que decimos es que por lo menos una universidad pública, que se mantiene con los impuestos de la gente, debería darse un debate más serio y no simplemente recibir y distribuir”, aseguró.

AUDIO: Dr. Raúl Montenegro, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en diálogo con Informativo FARCO

Según relató el biólogo, en 2008 más de 40 universidades recibieron 50 millones de pesos de estas cuestionadas empresas mineras. El académico, también explicó en qué afecta a la investigación y ejemplificó con el caso de una empresa de agroquímicos cuyos efectos nocivos están siendo confirmados por científicos argentinos y del exterior. “Cuál es la imagen de una universidad que no cuestiona el ingreso de los fondos llámese de Monsanto, como fue el caso de una universidad en la provincia de Santa Fe, como el caso por ejemplo de este grupo muy grande de universidades con minera La Alumbrera. Y sobre todo cuando ingresa en silencio y sin un debate. Entonces de pronto uno puede imaginarse que la independencia de la universidad para tener opiniones sobre los impactos que produce la minería se ve afectada, porque no dejan de entrar recursos que vienen de esas empresas mineras”, dijo Montenegro. en diálogo con FARCO.