La Sala Constitucional escucha a los opositores y defensores de una mina en Costa Rica
Por Agencia EFE

San José, 12 nov 2009 (EFE).- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica escuchó hoy a los opositores y defensores de una mina de oro a cielo abierto cercana a la frontera con Nicaragua, en el marco del estudio de 12 recursos de amparo presentados por los posibles impactos ambientales del proyecto.

Los magistrados escucharon a los recurrentes, entre ellos biólogos y geólogos, a representantes de la empresa minera, y a funcionarios del Gobierno que decretó el año pasado de "interés nacional" el proyecto mina "Las Crucitas", de la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Ventures.

El gerente de relaciones corporativas de la empresa, Juan Carlos Obando, declaró a Efe que la mina generará 300 empleos directos y 3.000 indirectos una vez que entre en operación, y afirmó que "el eje más importante" del proyecto "radica en la protección al ambiente".

"Tenemos una certeza total desde el punto de vista técnico y operacional, y como propuesta de desarrollo estamos convencidos que es una gran oportunidad para la zona norte que ha sido declarada en los últimos diez años como la tercera región más pobre del país".

Sin embargo, quienes presentaron los recursos de amparo aseguran que los beneficios económicos que genere la mina no compensan el daño al ambiente ni un posible conflicto con Nicaragua por la hipotética contaminación del nicaragüense y fronterizo río San Juan.

El geólogo Allan Astorga explicó en su intervención ante los magistrados que no se realizó un estudio de impacto ambiental completo ni "una valoración de costo-beneficio ambiental" para el proyecto.

Otro de los recurrentes, el botánico Javier Baltodano, aseguró que la zona donde se ubicará la mina es parte de un corredor biológico centroamericano y en ella habitan al menos 20 especies de árboles en peligro de extinción, así como la exótica la lapa verde, un ave en peligro crítico de extinción.

Datos presentados en la audiencia por los opositores a la mina indican que para cavar tajos de donde extraerá el oro, se requiere la tala de 192 hectáreas de bosque.

Para el biólogo Gabriel Rivas, la minería a cielo abierto con la utilización de cianuro, "es una de las actividades más destructivas que existen" porque "va a liberar el oro pero también metales pesados como cadmio, mercurio o arsénico" que podrían terminar en aguas superficiales o subterráneas.

El ministro de Ambiente, Jorge Rodríguez, declaró a Efe sentirse "tranquilo" porque el Gobierno actuó de manera correcta al otorgar el permiso a la empresa basado en estudios hidrológicos y ambientales.

"Nos basamos en las leyes y en los procedimientos, por lo que el decreto de interés nacional y el permiso de minería fueron bien dados", expresó el ministro.

Los opositores de la mina afirmaron en la audiencia que el decreto atenta contra la Carta Magna, por lo que pidieron a los magistrados declarar la mina como inconstitucional.

En las afueras de la Sala un grupo de ambientalistas se manifestó con pancartas y consignas en contra de la mina y del presidente Óscar Arias.

El proyecto Crucitas, que se encuentra paralizado desde octubre de 2008 cuando fueron presentados los recursos, pretende la extracción de al menos 700.000 onzas de oro en sus diez años de permiso, lo que generaría a la empresa unos 800 millones de dólares.

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Si pasa proyecto Crucitas, habrá enjambre minero en Zona Norte
Sala IV definirá el futuro de la minería a cielo abierto en Costa Rica
Fuente: http://www.elpais.cr | 13 de noviembre, 2009

San José (elpais.cr) - Ambientalistas, biólogos, geólogos y abogados coincidieron este jueves ante la Sala Constitucional, que permitir la minería química de oro en Crucitas, a cielo abierto, abrirá el camino a un enjambre de minas en Costa Rica.

Sin embargo, empleados de la empresa transnacional Infinito Gold (antes Vanessa Ventures), aseguraron que dejarán el ambiente y la biodiversidad “mejor de lo que está ahora”.

Organizaciones ambientalistas, un legislador y representantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicaron a magistrados, durante una vista oral y pública, las razones contra el decreto Ejecutivo Nº34801-MINAET del día 13 de octubre del 2008, y publicado en la. Gaceta •# 201 del 17 de Octubre de 2008.

En ese decreto, el Gobierno del presidente Oscar Arias Sánchez emitió la Declaratoria de Interés Público y Conveniencia Nacional, del Proyecto minero Crucitas, de capital canadiense.

El proyecto, que se encuentra paralizado, está ubicado en Crucitas de San Carlos, provincia de Alajuela, a menos de tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua, la cuenca hidrográfica más importante de Centroamérica.

El abogado Nicolás Boeglin, del Comité Asesor del Consejo de la Universidad de Costa Rica (UCR), llamó la atención de que “este es un proyecto empresarial declarado de conveniencia nacional”.

“Intentemos entender cuál es la lógica que está detrás de todo esto”, añadió al cuestionar el decreto firmado por el mandatario costarricense.

Por su parte, el abogado ambientalista Álvaro Sagot, académico de la Universidad Nacional (UNA), sostuvo que la empresa cambió en pocos meses la empresa cambió la magnitud del proyecto “y no hubo la valoración requerida, además de que la garantía ambiental quedó fijada en un monto ínfimo”.

Sostuvo que existen una serie de inconsistencias desde lo técnico hasta lo legal, por ejemplo, la irreductibilidad del bosque; y si existe un permiso para la tala de un bosque debe estar debidamente fundamentado.

Sagot aseveró que los argumentos de los recurrentes han sido de mucho peso “respecto a la afectación de derechos constitucionales, derecho internacional ambiental, derecho ambiental nacional, pactos como la Diversidad Biológica, incongruencias en la fundamentación de los actos administrativos.

Por ejemplo, citó “en el expediente, Folio 501, se menciona y dice la empresa que ellos después de hacer un balance consideran que dentro de once o doce años van a quedar mejores condiciones ambientales y forestales y de biodiversidad que las que existen hoy en día”.

Sobre el particular, el académico expresó “por Dios, cómo se va a recuperar un ecosistema, tan rico como es en esa zona, y se atrevan a poner eso en el papel. Eso hasta que da vergüenza. Yo espero que los magistrados sean objetivos, que lean y que vean cómo está la cosa”.

Sagot Rodríguez también recordó jurisprudencia de la Sala Tercera Penal y la Sala Constitucional han reiterado en diversas ocasiones que “es obligatorio para el Estado defender y proteger los bosques”

Por otro lado, tras su disertación ante la Sala IV, el abogado y ambientalista José María Villalta consideró que los magistrados “han recibido muchas presiones del Gobierno, de las empresas, pero al mismo tiempo están las comunidades, la gente, aportando argumentos técnicos, demostrando que eso no va con los mismos votos que ellos mismos han dicho”.

“Ellos (los magistrados), para aprobar este proyecto minero, tendrían que desdecirse de todas las cosas que han dicho en el pasado. Según la Ley, hecha la audiencia, la Sala tiene un mes para resolver, y va a tener que pensar muy seriamente si van a ceder a esas presiones de las compañías transnacionales, porque hay muy buenos argumentos técnicos que los dejarían muy mal parados, porque tendrían que desdecirse de muchas resoluciones que han tomado”.

Además, sostuvo que las mismas comunidades afectadas no tolerarían un proyecto de ese tipo que afectaría su salud y sus derechos básicos.

Villalta resaltó también que durante la exposición de la parte recurrente “quedó demostrado cómo este proyecto es inviable ambiental, socialmente, económicamente. Desde todo punto de vista es una violación a nuestras leyes ambientales, no están bien presentados los estudios que se han planteado, hay grandes deficiencias técnicas, es mucho más el riesgo ambiental que los pocos beneficios que podría dejar y que la mayor parte se van a ir del país”.

En cuanto a los recurrentes, reconoció que “tenemos un equipo de lujo, han expuesto compañeros de la UCR, de diversas universidades, geólogos, biólogos, expertos en agua, en estudios de impacto ambiental, en biodiversidad, en bosques”.

“Todos han coincidido en denunciar las grandes carencias del estudio de impacto ambiental de la empresa, han denunciado que no se han tomado factores que no es posible restaurar ese bosque, que no hay posibilidad de evitar la contaminación de las fuentes de agua, que los estudios son incompletos, están mal hechos, que se violaron los procedimientos”, dijo.

Además, Villalta sostiene que “el proyecto es totalmente ilegal, que están violando normas básicas de nuestra legislación ambiental y los mismos votos de la Sala Constitucional”.

Entre tanto, el abogado y dirigente del Frente Norte contra la Minería a Cielo Abierto, Edgardo Araya, se mostró complacido por la participación de todos los que impugnan el proyecto, así como de la calidad de los argumentos aportados.

Sin embargo, advirtió que “no nos podemos confiar, sabemos que hay muchos intereses detrás de esto. Yo soy del criterio que si esto hubiera sido de puro derecho, hace rato se hubiera declarado con lugar el recurso y nos hubieran dado la razón, pero aquí hay muchos intereses”..

Por otro lado, el representante legal de la empresa, Carlos Quirós, dijo a los magistrados que  “tenemos la opinión de Jorge Guardia, quien analizó el tema socioeconómico del proyecto, y concluye que el proyecto genera mayores beneficios sociales y ambientales que los efectos negativos que pudiera producir”.

Aseguró que “igualmente, a nivel de aguas superficiales se hizo todo un inventario de las aguas superficiales existentes, se analizaron los impactos, y estos estudios fueron sometidos al Departamento de Aguas, que los validó de igual forma que lo hizo con las aguas subterráneas, de los impactos que iba a producir el proyecto fue sometido al Senara, que otorgó la viabilidad”.

Añadió que “como parte de los estudios de impacto ambiental, por parte de una empresa canadiense, descartó la posibilidad de drenaje acido y la presencia de metales pesados, gracias al tipo de laguna que se construirá; de tal modo que esta agua vertidas van a cumplir con los estándares nacionales e internacionales”.

Explicó que se hizo un análisis del impacto del proyecto  a nivel de aguas subterráneas, que determinó que “el área de extracción no va a afectar las quebradas existentes, que el proyecto Crucitas es viable y no se espera ninguna aceptación negativa a las aguas subterráneas si se aplican las medidas propuestas”.

Quirós aseguró además que las aguas subterráneas inferiores no drenan hacia el río San Juan, sino en dirección contraria.

En cuanto al proceso industrial, explicó que la extracción del oro a través del proceso del cianuro se hará en tanques cerrados en un área especialmente construida con un sistema de contención.

Dijo que dicho proceso no se va llevar a cabo en una laguna a cielo abierto, “este proceso químico se va a llevar a cabo en tanques que han sido debidamente probados, ubicados en un sistema con muros de concreto, y en caso de que hubiera un derrame va a quedar totalmente contenido dentro de ese sistema”.

Reiteró que “no hay posibilidades de que el cianuro entre en contacto con el ambiente”.

Una vez que se le extrae el oro a la roca y antes de llevarse al área de relave, “esta roca va a ser sometida a un proceso de destrucción del cianuro en la planta de proceso”, explicó.

Para el representante de la organización ambientalista Preserve Planet, Luís Diego Marín, “fue lamentable la actuación durante la audiencia, por parte del  Ministro del Ambiente, Jorge Rodríguez. Fue una burla, pues se comportó como un empleado fiel de la  empresa Infinito Gold”.

“Fue una muestra más de los papelones del Gobierno de Oscar Arias, que sin ninguna contemplación, declara la guerra a la naturaleza”, recalco Marín.

Alberto Cortés, del Consejo Universitario de la UCR, solicito al Gobierno pedir una reevaluación de impacto ambiental del Proyecto a Cielo Abierto Crucitas, revisar la Ley minera para que se reflejen mejor los principios de desarrollo sostenible, y establecer una moratoria indefinida a la minería a cielo abierto ya que amenaza la  biodiversidad del país y su compromiso con el desarrollo sostenible.

Expertos de esa misma universidad, que integraron una comisión que estudió detalladamente el Proyecto Crucitas, y advirtieron que si la Sala IV avala ese proyecto se desataría un enjambre minero, no solo en la Zona Norte, sino en todo el país.

Cortés recordó que Crucitas amenaza repetir la triste historia de destrucción, pobreza y desempleo de Miramar, mina que tras su derrumbe, se encuentra abandonada y sin respuesta alguna de las autoridades, tras dos años del desastre.

Gabriel Rivas de COECO-Amigos de La Tierra afirmó que "declarar la minería de "interés público y  conveniencia nacional", mediante el decreto ejecutivo Nº 34801-MINAET,  no es más que un acto de  arbitrariedad que se sobrepone al Derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Agregó que esa es una estrategia que el Gobierno seguirá utilizando para continuar permitiendo la  instalación de proyectos destructivos contra el ambiente.

“Este es solo un paso más que los grupos opositores a la minería metálica, desarrollarán. El sector ambientalista costarricense confía en la sensatez de la Sala IV y que el proyecto minero sea rechazado en su totalidad, en las siguientes semanas”, consideró Rivas.