Críticas a García por no promulgar ley de consulta en Perú

“A más consulta, menos conflicto”

José De Echave

La República

29 de junio, 2010

Ese fue uno de los lemas de los promotores de la ley de consulta. La frase nos lleva a preguntar cuánto se habría ahorrado el país en todos estos años si hubiésemos contado con un buen mecanismo de consulta. El convenio de la OIT fue ratificado por el Perú en 1994: han pasado dieciséis años y hasta ahora nada.

El lunes 21 de junio el Ejecutivo presentó, en fecha y hora límites, un conjunto de observaciones a la Ley de Consulta Previa para los Pueblos Indígenas que había sido aprobada por el Congreso el pasado 19 de mayo.

Son ocho las observaciones presentadas por el Ejecutivo que modifican aspectos sustantivos de la ley y terminan por desnaturalizarla. Una de ellas señala que la consulta no puede limitar o prohibir que el Estado tome medidas en función del interés general de la Nación. Se señala, además, que la ley de consulta “implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país”.

En esta observación se contraponen los derechos de los pueblos indígenas con un difuso interés nacional. Cabe señalar que este ha sido un argumento muy utilizado, cada vez que las comunidades han exigido ejercer el derecho a la consulta: “¿por qué poblaciones pequeñas tienen que decidir por proyectos que son de interés nacional?”.

El gran problema es que, en un país como el Perú, no existen políticas públicas que permitan presentar evidencias claras de que tal o cual proyecto responde al “interés de la Nación”. Esto es válido y un punto en común para Inambari, Río Blanco; Islay, el puerto en Ancón y los proyectos de hidrocarburos en el Daten del Marañón. Precisamente, uno de los retos pendientes es dotarnos de esos instrumentos y uno de ellos puede ser la consulta previa.

La consulta puede y debe implicar varias cosas: acuerdos, diálogo democrático intenso entre el Estado, las comunidades y las empresas; desarrollo de capacidades, aprendizajes, etc. Hay todo un paquete que debe ser tomado de manera integral para beneficio de las comunidades y por supuesto para beneficio de todo el país.

En ese paquete está la posibilidad de que el país con los pueblos indígenas involucrados decidan cuándo y bajo qué condiciones nos conviene que haya, por ejemplo, minería o hidrocarburos; cuándo le conviene al país que un determinado ecosistema sea preservado por los servicios ambientales que presta; cuándo y de qué forma conviene una determinada obra de infraestructura, etc. Todo esto implica un diálogo intenso que ayudará a fortalecer las prácticas democráticas que terminarán definiendo un clima favorable para todos, incluidos los inversionistas.

Aparentemente, el gobierno pretende seguir eximiendo del proceso de consulta los planes, proyectos y programas que considera de “interés nacional”. Su interpretación sobre las medidas legislativas o administrativas que deben consultarse es restrictiva y profundamente vertical. Además no se sacan las lecciones de años de conflictos que no han podido ser canalizados por vías institucionales y democráticas como las que plantea la referida ley.

Las observaciones del Ejecutivo representan un peligroso retroceso que afectará las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. Habrá que esperar qué reacciones se producen en el Congreso y cómo las organizaciones de comunidades defienden lo avanzado.

Indígenas peruanos piden a ONU apoyo para salvar ley de consulta

Milagros Salazar

IPS

30 de junio, 2010

LIMA - Las organizaciones indígenas de Perú pasaron de la indignación a la acción frente a la decisión del presidente Alan García de devolver al parlamento con observaciones la ley de consulta sobre sus territorios, y pidieron que una misión especial de la ONU visite el país para en su respaldo.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) envió el lunes 28 una carta a James Anaya, Relator Especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre la situación de los derechos humanos y las libertades de los indígenas, en la que solicitan un respaldo "in situ" a la demanda a favor de los derechos de sus pueblos.

Por su parte, la Federación de Comunidades Nativas de la región noroccidental amazónica de Ucayali ha programado una primera movilización de protesta para este jueves 1 de julio, mientras expertos en temas indígenas advierten que puede reavivarse la conflictividad en la Amazonia y otras áreas dominadas por la actividad minera y petrolera.

García remitió el día 21 al unicameral Congreso legislativo con ocho observaciones el texto de la Ley del Derecho de la Consulta de los Pueblos Indígenas, que fue debatida por siete meses y con que Perú pasaría a cumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la protección de los derechos de las poblaciones originarias.

"El Estado debe privilegiar el interés de todos los ciudadanos", señala García en una de sus observaciones. El Jefe de Estado aseguró a la prensa que no podía permitir que las comunidades indígenas detuvieran proyectos de inversión que beneficiarán a todo el país.

La ley de consulta establece que cualquier medida legislativa, administrativa, proyecto de desarrollo, plan o programa que afecte de manera directa los derechos colectivos de los pueblos indígenas tendrá que ser consultada con ellos previamente.

Alberto Pizango, presidente Aidesep replicó al mandatario que los nativos "no están en contra de la inversión en desarrollo" sino que quieren "diálogo y respeto".

El punto central de la negativa presidencial a promulgar la ley es el supuesto derecho a veto que se permitiría a las comunidades nativas, lo que Aidesep y otras organizaciones niegan que signifique la necesidad de "consentimiento" incluida en la ley. El parlamento puede ahora ratificar el texto aprobado el 19 de mayo, "allanarse (acoplarse)" a las observaciones, o acoger parcialmente alguna de ellas. Pero no puede promover la discusión de un nuevo texto.

El primer paso es que las comisiones de Constitución y de Pueblos Indígenas emitan sendos dictámenes sobre las observaciones. La presidenta de la primera de esas comisiones, Mercedes Cabanillas, dijo a IPS que en la primera semana de julio las dos comisiones se reunirán en forma extraordinaria para elaborar y votar esos informes.

El parlamento peruano se encuentra en receso hasta agosto, por lo que también tendría que convocarse a sesiones extraordinarias si se quiere resolver una situación que podría avivar situaciones conflictivas en la región amazónica.

Cabanillas, de la bancada del gobernante Partido Aprista Peruano, adelantó que tres puntos al menos en que podrían aceptarse los pronunciamientos del gobierno, y se mostró a favor de que la crisis abierta se resuelva a la brevedad.

Pero para Aidesep ninguna de las observaciones del Ejecutivo tiene sustento jurídico, todas violan la Constitución y las normas internacionales. El jefe del área legal de Aidesep, Germán Guanira, dijo a IPS que el gobierno apela a este recurso para "ganar tiempo" y aprobar mientras nuevas concesiones a favor de las empresas mineras y petroleras.

El gobierno de García ha otorgado concesiones a las industrias extractivas a un ritmo acelerado sin que los pueblos indígenas sean consultados a pesar que Perú ratificó en 1994 el Convenio 169, que establece la obligación de consultar a los pueblos originarios sobre actividades que afecten sus territorios.

La aprobación de la ley fue uno de los compromisos asumidos tras las violentas protestas producidas en la provincia amazónica de Bagua, que el 5 de junio de 2009 provocaron la muerte de 33 personas entre nativos, mestizos y policías, durante la represión de una manifestación.

Casi 80 por ciento del territorio de la norteña Amazonia peruana está entregada en concesión a compañías de hidrocarburos. A comienzos de la década de los 90, las concesiones mineras ocupaban apenas 2,3 millones de hectáreas y en la actualidad superan los 19,5 millones.

Los conflictos han crecido a la par del impulso de la explotación privada de las riquezas del suelo y subsuelo amazónicos. En enero de 2010, la Defensoría del Pueblo reveló que 76 por ciento de los conflictos socioambientales está relacionado con la actividad extractiva.

"Las observaciones no aportan al debate. Todo lo contrario: tienen un matiz político y son inconstitucionales", aseguró a IPS el abogado Hernán Coronado, del no gubernamental Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Aplicada.

Son tres los planteamientos de García que despiertan mayor polémica. El primero es el que objeta que se reconozca el derecho a la consulta a las comunidades andinas y costeras, que pretende limitar a la región amazónica.

Al respecto, Coronado señaló que "el Estado no puede hacer una discriminación aleatoria, crear a los pueblos indígenas según sus criterios sin reconocer derechos pre existentes. En todo caso, esta identificación se tiene que hacer junto con los interesados: los pueblos indígenas".

Mario Palacios de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, calificó esa observación de "autoritaria y racista".

El segundo punto es la oposición presidencial a que se les consulte en el caso de programas y planes de desarrollo que afecten sus vidas. Para Garcia, la consulta debería limitarse a medidas legislativas y administrativas, pese a que las recomendaciones de la OIT no son restrictivas.

El tercer punto es que proponga que sea a Oficina Nacional de Procesos Electorales la que establezca el criterio básico de "representatividad y legitimidad" de los pueblos indígenas, cuando no es un órgano preparado para ello.

Cabanillas dijo que no comparte este último planteamiento y consideró que la función de delimitar la representación indígena debe corresponder al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.

Elizabeth León, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, adelanto a IPS que los técnicos de su grupo de trabajo ya elaboraron un pre dictamen, con el rechazo de todas las observaciones. El 6 de julio esa Comisión votará el reporte.

"Quizás haya intereses y presiones. Pero si uno mira con objetividad el tema, con esta ley se garantiza la seguridad de inversión de las empresas porque disminuirán los conflictos ante proyectos consultados", aseguró León, del opositor Partido Nacionalista.

Pronunciamiento sobre la observación de la Ley de Consulta

AIDESEP, CONACAMI, CCP, CNA, CONAP

La República

24 de Junio de 2010

EL PERÚ NECESITA IMPLEMENTAR EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDIGENAS
Las organizaciones amazónicas y andinas de los pueblos indígenas a nivel nacional y quienes suscribimos el presente, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar nuestra indignación y rechazo frente a la decisión del Poder Ejecutivo de observar la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas que fuera aprobada por el Congreso de la República.

Luego de los lamentables sucesos de Bagua, se abrió un canal de entendimiento entre el Estado y los pueblos indígenas en las Mesas de diálogo. Las organizaciones indígenas, participamos en este proceso con voluntad sincera de arribar a consensos y soluciones, llegando a concertar en la Mesa N° 3, sobre la base de la propuesta de la Defensoría del Pueblo, un proyecto de ley sobre Consulta Previa, el que fue luego desconocido por el Poder Ejecutivo.

Las organizaciones indígenas, andinas y amazónicas, en consenso, le dieron continuidad a este proceso, presentándolo a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. Esta Comisión, aprobó un proyecto de ley respaldado ampliamente por las organizaciones indígenas. Sin embargo, el pleno priorizó la discusión del dictamen de la Comisión de Constitución, el que finalmente fue aprobado. Manteniendo nuestra voluntad de concertación, aceptamos la ley aprobada.

Este proyecto, que sólo recoge los contenidos mínimos que garantizan el derecho a la consulta, ha sido observado por el Gobierno, con los siguientes argumentos:

1. Se desconoce a las comunidades andinas como sujetos de derecho del Convenio N° 169 de la OIT. Sin embargo, la Constitución Peruana, no distingue entre los derechos de Comunidades Campesinas y Nativas; el propio Estado Peruano en sus informes a la OIT, ha reiterado que las Comunidades Campesinas están amparadas por el Convenio; la OIT, el Relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todas ratifican este concepto. Cabe señalar que según datos del INEI del 2008, el 26% de la población peruana se autoreconoce como integrante de un pueblo indígena u originario.

2. El gobierno quiere librar de responsabilidad a los funcionarios que incumplan con el derecho de consulta previa. Asimismo, pretende que ningún proceso judicial impida la ejecución de sus decisiones aún cuando no sean consultadas.

3. Se vulnera el derecho a la autonomía de las organizaciones indígenas y a las formas de decisión interna de los pueblos indígenas, al intervenir la ONPE, como entidad que definiría la representación de los pueblos que son consultados.

4. Se argumentó que el derecho a la consulta no abarca los Planes, Programas y Proyectos de Desarrollo. Ello falta a la verdad puesto que el artículo 7 del Convenio de OIT señala expresamente que “dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

5. El Gobierno pretende confundir a la opinión pública levantando el concepto de veto cuando este no está recogido en el dictamen aprobado. El consentimiento que exigimos los pueblos indígenas implica la búsqueda de consensos, sin imposiciones.

6. Se pretende legitimar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas mediante indemnizaciones; de esa manera buscan “comprar” nuestros territorios, nuestra dignidad, en suma nuestra vida.

Las observaciones del Gobierno nos remiten a la misma situación vivida antes de los sucesos de Bagua e incluso la agravan. Se continúa con la política del “perro del hortelano”, desconociendo a los pueblos indígenas, para mantener a toda costa los exagerados beneficios a las industrias extractivas.

Las observaciones planteadas hacen inviable un acuerdo. Es por ello que solicitamos al Congreso de la República que insista en la promulgación de la Ley aprobada.

El actual esquema de decisiones sobre los recursos naturales y los bienes públicos es vertical, poco participativo, y durante este gobierno, totalmente autoritario, lo que ha elevado la conflictividad social. La implementación de la consulta previa, permitiría espacios de diálogo que evitarían los conflictos.

Convocamos a los sectores sociales, políticos, medios de comunicación, y a la opinión publica en general, a exigir la aprobación de la ley, sin observaciones.
POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL PERÚ - ¡NUESTROS DERECHOS EXISTEN Y ESTAN VIGENTES AUN SIN REGLAMENTO¡