Más presión para Goldcorp en Guatemala

Indígenas demandan al presidente de la Corte Suprema de Guatemala por una mina

Agencia EFE

28 de julio 2010

Guatemala - Centenares de indígenas de comunidades donde funciona una mina de oro, propiedad de la canadiense GoldCorp, presentaron hoy una demanda penal contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala, Erick Álvarez, por un supuesto delito cometido hace nueve años.

Los indígenas acusan a Álvarez de haber promovido en 2001, en representación de la empresa Peridot, vinculada a Montana Exploradora, la subsidiaria de Guatemala de GoldCorp, un proceso de "titulación supletoria" para apropiarse de los terrenos donde funciona la mina Marlín, los cuales legalmente pertenecen a la comunidad de San Miguel Ixtahuacán.

"La ley señala que comete delito de falsificación ideológica quien pretendiera apropiarse de un bien propiedad de un tercero, y en este caso el señor Álvarez pretendió que su representada se hiciera de los terrenos donde funciona la mina", dijo a Efe el abogado Benito Morales, representante de los querellantes.

Se trata, precisó el letrado, de un terreno con una extensión de 20 kilómetros cuadrados, que está inscrito a nombre de San Miguel Ixtahuacán, en donde a pesar de la oposición de los vecinos desde 2005 funciona la mina Marlín.

Según Morales, el ahora presidente de la CSJ debe ser procesado por "el delito continuado de falsedad ideológica, debido a que la acción emprendida en 2001 continúa afectando a los habitantes" de esa población.

Aunque los tribunales aún no fallan sobre la pretensión de Peridot de inscribir a su favor el terreno, la mina inició operaciones hace cinco años, según Morales, "por la complicidad del Estado que ha apoyado la explotación minera a pesar de que ello vulnera la salud y seguridad" de los habitantes de las áreas vecinas.

El pasado 21 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ordenó al Estado guatemalteco suspender de forma "cautelar" las operaciones de la mina Marlín debido a que la misma ha causado daños a los pobladores de las comunidades Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, así como a sus fuentes de agua y medio ambiente.

El 23 de junio pasado el Gobierno anunció que acatará la orden de la CIDH, por medio de un proceso administrativo, pero no precisó detalles sobre la suspensión de las operaciones de esta mina.

Según cifras oficiales, en promedio cada año la mina Marlín produce 250.000 onzas de oro y 3,5 millones de onzas de plata.

La querella en contra del presidente de la CSJ es respaldada por la Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos, el Consejo de Pueblos de Occidente, la Fundación Rigoberta Menchú Tum y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA).

De ser admitida la demanda, la Fiscalía deberá solicitar al Parlamento retirar a Álvarez el derecho de inmunidad de que goza y suspenderlo del cargo para que pueda hacer frente a las acusaciones.

CONTRA EL DESPOJO Y LA USURPACIÓN DE LA MADRE TIERRA EN NUESTRO TERRITORIO

FRENTE DE RESISTENCIA MIGUELENSE (FREDEMI)
MIEMBRO DEL CONSEJO DE LOS PUEBLOS DE OCCIDENTE (CPO)

Guatemala 28 de julio, 2010

Los representantes del Pueblo Maya Mam de San Miguel Ixtahuacán (FREDEMI) del departamento de San Marcos, miembro del Consejo de los Pueblos de Occidente, acompañados por la Convergencia Nacional Maya “Waqib' kej”, comunidades de San Juan Sacatepequez, y de otros pueblos afectados por la minería.

Asi como el Obispo Monseñor, Alvaro Ramazzini de la Diócesis de San Marcos, Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, Nery Rodenas de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Indígenas y Campesinas -CONIC- el Comité de Unidad Campesina CUC y Organizaciones de Derechos Humanos.

MANIFESTAMOS:

1. Que la totalidad del territorio del municipio de San Miguel Ixtahuacan San Marcos, pertenece al Pueblo Maya Mam inscrito en el Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango, bajo el número de finca 20,697, folio 58 del libro 133 del departamento de San Marcos.

2. A pesar de esto con fecha 6 de septiembre del año 2001, el señor ERICK ALFONSO ALVAREZ MANCILLA, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de representante legal de la empresa PERIDOT, SOCIEDAD ANONIMA, inició diligencias de titulación supletoria de una fracción de dicha finca ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de esta ciudad, (Expediente C2-2001-7813) el cual está prohibido por la Ley de Titulación Supletoria que literalmente regula: “ el que pretenda mediante las diligencias de titulación supletoria titular un inmueble cuya titulación está prohibida por la ley, o que ya esté inscrito en el Registro de la Propiedad, incurrirá en el delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA que establece el Código Penal”.

3. Que en este delito han incurrido los señores ERICK ALFONSO ALVAREZ MANCILLA Y JORGE ASENCIO AGUIRRE, en su calidad de representantes legales de Peridot, S. A por lo que hemos interpuesto una querella en su contra, con el fin de que las instituciones correspondientes del Sistema de Justicia, procedan a investigar y juzgar a los responsables y en consecuencia se ordene el desalojo de la las empresas Peridot, S.A. y Montana Exploradora de Guatemala, S.A. propiedad de la transnacional canadiense Gold Corp, por ocupación ilegal de nuestro territorio.