Ley de protección glaciares argentina podría cerrar minas

Ley protección glaciares Argentina podría cerrar minas

Reuters

18 de agosto de 2010    

Un proyecto de ley en Argentina para proteger los glaciares prohibiendo la minería en zonas de hielo dificultaría una millonaria inversión en una nueva mina de oro y cerraría proyectos, pero algunas provincias que buscan evitar la ley están aprobando normas propias.

El Senado está analizando la ley que ha sido popular en el ámbito político y es apoyada por la oposición, después de que la Cámara baja del Congreso le diese media sanción la semana pasada. Los que proponen la ley reclaman que es crucial asegurar las fuentes de agua de Argentina para el futuro.

La presidenta Cristina Fernández ha dicho que firmará el proyecto, a pesar de haber vetado una ley similar hace dos años alegando motivos económicos.

La ley propuesta podría significar que a Barrick Gold se le vuelva más caro -o hasta imposible- desarrollar Pascua Lama, uno de los últimos descubrimientos de oro que está siendo construido en el límite entre Argentina y Chile, en la Cordillera de los Andes.

"La aprobación de esta ley va a tener un impacto en Pascua Lama (...) En general podría limitar el desarrollo de proyectos mineros, que muchos de ellos se dan en la cordillera, prohibiéndolos directamente", dijo Damián Algelt, gerente general de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

Barrick afirma que ya comprometió más del 25 por ciento del capital para Pascua Lama, con el presupuesto de la pre-producción del proyecto estimado entre 2.800 millones y 3.000 millones de dólares.

La ley, que también prohibiría la perforación petrolera en los glaciares del país, apunta a resguardar las reservas de agua dulce de Argentina. Impone estándares para proteger a los glaciares y las áreas alrededor y crea penalidades para compañías que contaminan o dañan campos de hielo.

"Hasta ahora cualquier proyecto minero tenía que demostrar que no causaba un impacto ambiental. Ahora si el proyecto está ubicado en un glaciar o en un ambiente periglacial que es este concepto medio ambiguo, directamente está prohibido", agregó Algelt.

Gobiernos provinciales que favorecen a la minería ya están aprobando leyes que son más flexibles que la ley nacional, alegando que tienen el derecho constitucional a administrar sus recursos naturales.

Las provincias de La Rioja y Jujuy han aprobado sus propias leyes. También lo ha hecho San Juan, la provincia donde se ubican las minas de Pascua Lama y Veladero. Otras cuatro provincias acordaron tomar acciones similares.

"Las leyes ambientales como ésta son leyes de presupuestos mínimos y fijan el piso" para los controles a las compañías, dijo Miguel Bonasso, el diputado izquierdista promotor de la ley que aseguró que ese instrumento debe primar sobre las provinciales.

El constitucionalista Gregorio Badeni advirtió que si las leyes se contradijeran, se podría dar una larga batalla en los tribunales. El Congreso está por encima de las provincias en lo que se refiere a regulación de actividad minera, agregó.

"Si se sanciona la ley, ellos no van a poder proseguir la explotación (...) Ellos (Barrick) tienen la potestad de reclamar el resarcimiento de cientos de millones de dólares a su derecho de propiedad", observó Badeni.

IMPACTO POCO CLARO

En la provincia de San Juan, la mina de Barrick de Veladero produjo 611.000 onzas de oro el año pasado. La compañía también está desarrollando Pascua Lama allí, que se ubica en el límite de la frontera con Chile a unos 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

Pascua Lama tiene reservas comprobadas y probables de 17,8 millones de onzas de oro. La producción promedio anual está proyectada entre 750.000 y 800.000 onzas de oro en los primeros cinco años de operaciones.

Ambientalistas dicen que estudios e imágenes satelitales muestran que Pascua Lama está ubicado en una zona glacial. Barrick cuestiona esto, diciendo que el cuerpo mineral para el que recibió autorización en Pascua Lama y en Veladero no está debajo de campos de hielo o glaciares, por lo tanto no estaría restringido por la nueva ley.

"Las operaciones de Barrick no afectarán ningún glaciar", dijo Rodrigo Jiménez, portavoz de la compañía. "Nuestro proyecto no afectará a las comunidades aguas abajo ni al medioambiente", añadió.

Sin embargo, el legislador Bonasso advirtió que Veladero podría ser cerrada si la ley de glaciares es aprobada.

VETO NO

Cuando la presidenta Fernández vetó una ley de protección de glaciares previa en el 2008, dijo que amenazaba el desarrollo económico en provincias ricas en minerales como San Juan.

Ambientalistas y opositores políticos la acusaron de estar aliada a las grandes compañías de minería y ella parece ansiosa por deshacerse de esa imagen de cara a las elecciones presidenciales del 2011.

También se espera que el marido y predecesor de Fernández, el ex presidente Néstor Kirchner, se postule el año próximo para presidente y necesitará el apoyo de votantes progresistas de clase media.

"Va a ser aprobada probablemente en el Senado también. La presidenta habría resuelto no vetarla porque sabe que el costo político será alto", dijo el analista político Rosendo Fraga.

Fraga sostuvo que los legisladores podrían retrasar la aprobación de la ley en el Senado y hasta mandarla de vuelta a diputados para hacerle cambios, manteniéndola en un limbo burocrático.

De acuerdo con Ricardo Villalba, director del IANIGLA, instituto gubernamental para la investigación de nieve y glaciares, la aprobación de la ley sería crucial para proteger a los glaciares como la principal fuente de agua dulce del país.

"Los glaciares están regulando el agua en los momentos en que no nieva en cordillera", dijo Villalba. "El espíritu de la ley es preservar este recurso que sin duda tiene una importancia vital para los Andes. Yo espero que (la ley) pase", agregó.

(Reporte de Luis Andrés Henao, Editado en español por Silene Ramírez)

Para detener la amenaza sobre nuestro ecosistema

Maristella Svampa y Enrique Viale

Clarín

10 de agosto 2010

La Ley de Protección de Glaciares, aprobada en general por la Cámara de Diputados, es un paso importante para el resguardo de nuestros recursos hídricos y la defensa del ecosistema de nuestra cordillera, hoy amenazado por el avance de la megaminería metalífera .

Esta ley conoció el veto presidencial en 2008, y debió enfrentar la ofensiva oficialista, de la mano del proyecto del senador Daniel Filmus, más permisivo, tal como pretendía el lobby minero.

Semanas atrás, la norma fue aprobada en general y en particular (sólo hasta el artículo 5°) con un articulado que amplía el carácter protector de la norma vetada. La ausencia del bloque oficialista y la irresponsabilidad de una parte de la oposición, en la sesión del miércoles pasado, no permitió aún que dicha ley obtenga media sanción.

La sanción de esta ley, inspirada en los principios básicos del derecho ambiental, ilustra el avance de las luchas socioambientales de las Asambleas Ciudadanas , así como una saludable apertura de la agenda parlamentaria , gracias al accionar de legisladores conscientes del carácter depredador de este tipo de actividades extractivas.

En toda América latina asistimos a luchas en contra de la megaminería transnacional, en protección del agua como el mayor bien común , protagonizadas por centenares de ciudadanos y comunidades, violentadas en sus derechos y afectadas por este tipo de actividad que consume hasta 100 millones de litros de agua por día (como Bajo La Alumbrera, en Catamarca).

Asimismo, los daños ambientales producidos por este tipo de minería están suficientemente probados ; tan es así que el Parlamento Europeo, en su Resolución del 5 de mayo de 2010, recomendó la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europa.

Pero hay varios hechos que ensombrecen este panorama . Anticipándose a un revés en el Congreso Nacional, las provincias mineras sancionaron, de manera express, leyes provinciales de “protección” de glaciares, que abren las puertas a la explotación minera en zonas protegidas por la ley nacional. Escudados en el artículo 124 de la Constitución Nacional (que provincializa los recursos naturales), pretenden convertir estas normas locales en un escollo jurídico para la aplicación de la ley nacional.

Pero la jugada tiene patas cortas , ya que nuestra Carta Magna limita el dominio provincial sobre los recursos naturales al establecer -en el artículo 41- que es el Congreso Nacional quien instituye los pisos básicos de protección ambiental para todo el país. Así, en caso de que estas leyes provinciales se opongan a los principios y disposiciones contenidas en la futura ley nacional, prevalecerá esta última.

Además, luego de la reciente fotografía de la presidenta Cristina F. de Kirchner, en Canadá, junto a los directivos de la Barrick y los gobernadores pro-mineros oficialistas, el gobierno nacional inició una campaña en favor de la megaminería , como lo muestra un video difundido por la web del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que minimiza el daño ambiental.

En suma, no estamos ante un debate menor, ya que los intereses económicos en juego son enormes . La sanción de esta ley nacional, que apunta a la preservación del agua y de nuestros bienes naturales, puede ser un primer paso para poner coto a las corporaciones transnacionales y desenmascarar el simulado discurso federalista de las provincias mineras, así como el falso discurso progresista del gobierno nacional.