Estado de Bolivia enfrentará amenaza de arbitraje por Karachipampa
Published by MAC on 2010-11-29Source: Hidrocarburosbolivia.com, BNAmericas, Fmbolivia
La disputa entre la firma canadiense Atlas Precious Metals y el gobierno de Bolivia por la "reactivación" de la fundición Karachipampa viene aumentando en intensidad. Para un artículo anterior ver: Trabajadores bolivianos toman planta y amenazan con expulsar a Atlas
La empresa aseguró que está dispuesta a acudir a un arbitraje, pero la compañía estatal Comibol calificó la movida de cuasi "chantaje".
No sería la primera vez que una empresa minera canadiense acude a instancias internacionales para resolver sus disputas: Crystallex lo hizo contra el gobierno de Venezuela hace dos años. Ver: Minera Crystallex envía carta de disputa por mina en Venezuela
Al parecer, el uso de estos mecanismos legales para restringir el control estatal sobre sus recursos minerales está en aumento, especialmente en América Latina. Ver: Pacific Rim gana primer round en batalla contra El Salvador
Con frecuencia, el caso nunca llega a juicio. Sin embargo, el proceso mismo implica una carga financiera para los gobiernos y demora la implementación de los objetivos políticos de los Estados.
Y puede sostenerse que, precisamente, esa es la intención que persiguen las empresas.
Estado dispuesto a ir a arbitraje por Karachipampa
Business News Americas
22 de Noviembre 2010
El Estado boliviano está dispuesto a llegar al arbitraje internacional por el contrato de activación de la planta polimetalúrgica Karachipampa, dijo a BNamericas el presidente de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Hugo Miranda.
"Nos enteramos de esa posibilidad por las declaraciones del abogado [Jorge] del Valle que irán a un arbitraje. Si ese es el camino, estamos preparados para acudir a esa instancia", aseveró.
Jorge del Valle es abogado de la empresa canadiense Atlas Precious Metals (APM), que junto con Comibol crearon una sociedad de riesgo compartido en proporción de 35:65 para activar la planta de 51.000t/a, la cual procesaría concentrados de plata.
Sin embargo, APM pidió en julio la disolución de ese contrato debido al cobro arbitrario de las pólizas de seguro por US$850.000 que hizo el Gobierno de Bolivia, así como la falta de terrenos para instalar la planta de ácido sulfúrico y la unidad de zinc.
COSTOS
Un vocero del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) dijo a BNamericas que el Estado acudiría al proceso sin escatimar en gastos.
"Un arbitraje puede costar entre US$2mn y US$3mn, y la empresa pedía US$1mn, que ya bajó a US$850.000, así que sale más caro el juicio que la indemnización, así que estimo que llegarán a un acuerdo", explicó.
En tanto, para el abogado del Valle los razonamientos del gobierno son poco entendibles.
"De cualquier forma esa cantidad es un regalo porque se ha invertido cerca de US$5mn. Esa oferta era como para que la tomaran rápidamente... [El gobierno] prefiere ir a un arbitraje donde pagará cerca de US$4mn en vez de pagar los US$850.000", dijo el abogado a BNamericas.
Si se va a un arbitraje el proceso se pagará en partes iguales, según el abogado.
"Pero si se va a un proceso judicial, que es lo que aspira APM, el que pierde paga los gastos, de manera que eso no lo está contemplando el gobierno", agregó.
EN ESPERA DE RESPUESTA
Mientras Miranda está a la espera de saber si APM acepta la oferta de recibir US$680.000 por el proyecto, del Valle afirmó que la compañía ya no está negociando.
"Solo estamos a la espera de que el Centro de Conciliación y Arbitraje [de la cámara de comercio de Bolivia] nos confirme que no tomará acciones en el tema para acudir a las instancias judiciales", dijo.
El abogado reiteró que llevan 60 días esperando una respuesta del centro de conciliación, pero, "extrañamente solo hemos recibido silencio de parte de ese organismo privado", puntualizó.
Karachipampa se terminó de construir en 1983 con un costo de US$500mn, pero nunca ha operado.
Demanda de Atlas a Bolivia no será sólo por $us 850 mil
http://www.fmbolivia.com.bo
15 de Noviembre de 2010
La Paz - Bolivia.- La demanda de Atlas Precious Metal al Estado boliviano no será sólo por 850 mil dólares que pedía por la inversión en Karachipampa, será por un monto mayor, informó a EL DIARIO el representante legal de la empresa canadiense, Jorge Valle.
Valle sostuvo que aunque el costo sea mayor en llevar a cabo el proceso arbitral en Estados Unidos, este juicio será por un monto superior al solicitado, el cual les permita cubrir los gastos legales, el perjuicio ocasionado y el dinero invertido en el complejo metalúrgico de Karachipampa.
El pasado viernes, el representante legal de la empresa siderúrgica Atlas Precious Metal informó a EL DIARIO que demandarán al Estado boliviano porque la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) no dio respuesta alguna sobre el pago de 850 mil dólares por la inversión en el Complejo Minero de Karachipampa.
“No hicieron nada en concreto, en lo que se refiere la oferta que se les hizo. Ya pasó el plazo que dieron los ejecutivos (empresa) y no van a dar vuelta atrás, ya no hay más que hablar, nos vamos a un arbitraje internacional o a un proceso judicial”, dijo Valle.
El Gobierno tenía hasta el viernes pasado el plazo para cumplir con el pago de 850 mil dólares a la empresa canadiense, pero al no haber efectuado la cancelación, Atlas se vio obligada a asumir esta posición en criterio del representante legal.
Atlas también solicitará que el centro de conciliación de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) desista de la acción, porque como no se atendió el caso de manera regular en el plazo establecido, lo llevarán a los Estados Unidos.
DATOS
El 22 de septiembre EL DIARIO adelantó la noticia que posteriormente fue confirmada por el ministro de Minería, José Pimentel, que la empresa canadiense Atlas Precious Metal no estaba más en el proyecto de Karachipampa por los impasses surgidos.
Atlas solicitaba en primera instancia la devolución del monto invertido en la planta fundidora, la cual era de 2 millones 300 mil dólares. Posteriormente, la empresa canadiense decidió bajar su pretensión a un millón de dólares. Este monto fue rechazado por la Comibol, la que sólo ofreció 400 mil dólares para que dejen el complejo siderúrgico.
Según Valle, Atlas con propósito de lograr un acuerdo, como una última opción de devolución por lo invertido en Karachipampa, pidió a la Comibol la suma de 850 mil de dólares.
La empresa canadiense, no pudo realizar ningún tipo de operaciones por las deficiencias que presentaban las tierras entregadas por al Comibol, como era el gasoducto que pasaba por el terreno, así como el cable de alta tensión. También, una parte de la carretera ocupa un porcentaje de las tierras entregadas, sumando un 50% de terreno inservible para poder llevar a cabo dicho proyecto.
El Gobierno anunció, en días pasados, que el proyecto de desarrollo de Karachipampa será encarado por el Estado boliviano y garantizarán la provisión de materia prima con la producción de la empresa minera San Cristóbal.
Atlas inicia pleito legal contra los trabajadores
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16 de noviembre 2010
La empresa canadiense Atlas Precious Metals, a través de su dirección jurídica, inició un proceso legal contra todos los miembros del sindicato de trabajadores de Karachipampa por una presunta irregularidad.
La denuncia legal está interpuesta contra Darío Martínez, Ricardo Vásquez, Miguel Ángel Loaiza, Valerio Puma Laime, Basilio Quispe Arriaga, Willy Huarita Wilson, José Vargas Montoya, Waly Cepeda Castellón e Hipólito Arce por la presunta comisión del delito de atentado contra la libertad de trabajo previsto en el artículo 310 del Código Penal.
La querella interpuesta contra los dirigentes sindicalistas está firmada por la asesora jurídica de la empresa canadiense, Silvina López Zenteno. El 2 de julio del 2010, cuando los trabajadores de Karachipampa se declararon en emergencia, supuestamente habrían hecho desocupar a los ingenieros de la Nave 7 de la planta Hidrometalúrgica y, de esa manera, habrían evitado que el personal de Atlas efectúe sus labores habituales.
El memorial de querella argumenta que los ingenieros fueron obligados a desocupar la Nave 7, privados de sus herramientas de trabajo e impidieron que ingresen a sus oficinas para cumplir con sus labores y funciones.
Al respecto, el principal dirigente de los trabajadores, Miguel Ángel Loaiza, calificó como persecución jurídica de parte de la empresa ya que, según él, se vio afectada por solo hacer cumplir los derechos laborales de los funcionarios.
Afirmó que algunos dirigentes ya declararon en oficinas de la Felcc y los restantes, con seguridad, lo harán la presente semana. Asimismo, argumento que no lo temen a ningún proceso y que el tema se aclarará en la instancia respectiva, aunque argumento que la empresa viola el artículo 52 de la Constitución Política del Estado.