Crece en Guatemala repudio a represión de campesinos e indígenas
Published by MAC on 2005-01-11
Frank La Rue: Gobierno hará consulta por minería en San Marcos
Por Antonio Ordoñez/elPeriódico
Guatemala, viernes 28 de enero de 2005
Frank La Rue asegura que la consulta que la empresa Montana habría hecho no es válida, mientras los pobladores dicen que fueron engañados.
Aunque dijo que falta definir el procedimiento, el director de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), Frank La Rue, dio a conocer ayer que el Gobierno consultará a los pobladores de San Marcos, para determinar si aceptan la continuidad del proyecto de minería que desarrolla la empresa Montana Exploradora.
Según el funcionario, el Convenio 169 es claro en cuanto a que la consulta sobre la explotación minera es potestad del Estado y no de la empresa privada.
“Jamás el Estado puede permitir que una empresa privada y transnacional sea quien haga la consulta, ésta es su obligación y no de la parte interesada”, dijo.
Pero el presidente Óscar Berger afirmó anoche que no romperá “la certeza jurídica” y que en futuras concesiones “no se hará nada si el pueblo no quiere”.
No obstante, La Rue expuso que la Copredeh propondrá al Ejecutivo los mecanismos de consulta que establece el Convenio 169. “A las poblaciones afectadas no se les informó que la tierra que les compraron tenía los recursos que están explotando”, expuso.
En ello coincide con pobladores de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, quienes dicen sentirse engañados por Montana, pues aducen que les ofrecieron comprar los terrenos sin decir que eran para un proyecto minero.
Eusebio Juárez, de la Asociación de Indígenas Marquenses, asegura que “ni la cuarta parte del pueblo logró un empleo en la mina y sólo los que viven alrededor han notado un cambio en su nivel de vida”.
Michael Ubaldino Pérez, concejal de la comuna de Sibinal, hizo público un acuerdo municipal en el que rechazan la llegada de Montana. “Recibimos una notificación del Ministerio de Energía y Minas sobre la autorización de la licencia, pero en el Concejo lo rechazamos porque debido a la deforestación ya se empieza a sufrir escasez de agua, y con la explotación minera se agravaría la situación”, expuso.
Alfredo de León, diputado por la Alianza Nueva Nación, coincidió con La Rue y añadió que el Congreso revisará las reformas a la Ley de Minería, aprobada en 1996.
Con guardaespaldas
Aunque La Rue fue abucheado al final de la marcha contra la minería en San Marcos, acompañó al obispo Álvaro Ramazzini durante 2.5 kilómetros.
La manifestación de protesta transcurrió sin incidentes y fue evidente que Ramazzini accedió a recibir la custodia que le ofreció Berger, debido a las amenazas de muerte que recibió.
Ayer, un agente de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) estuvo al lado del prelado en todo momento. “Es mi responsabilidad cuidarme, por la seriedad de las amenazas”, indicó el obispo.
Respecto a la posición que la Conferencia Episcopal asumirá hoy, al final de la reunión de los obispos, Ramazzini sólo adelantó que puede estar seguro de que “será en favor de la población más pobre del país”.
Montana: “Es una señal negativa”
Milton Saravia, gerente general de Montana Exploradora, manifestó ayer que si el Gobierno propone renegociar el contrato de explotación estaría enviando “una señal negativa” para la inversión nacional y extranjera.
“Me gustaría saber si los que protestan son los propietarios de los terrenos, porque acudimos de buena fe y se hizo una negociación transparente. Se han firmado más de 325 escrituras públicas, por ello no podemos hablar de engaño, ya que tendríamos que mentirle a más de 400 personas”, expuso.
Saravia indicó que a la fecha se han comprado terrenos por Q83.4 millones, y que la inversión total se estima en US$150 millones.
Exigen al Gobierno dar marcha atrás al contrato de Montana Exploradora y piden anular concesión
Por Aroldo Marroquín, Marvin del Cid, Cristian Peer
Prensa Libre, 28 de enero, 2005
La ciudad de San Marcos fue escenario ayer de una protesta en la cual representantes de diversos sectores y campesinos manifestaron su rechazo a la explotación minera en ese departamento y pidieron al Gobierno que se anule el contrato con la empresa Montana Exploradora, S. A.
“Hemos hecho todo lo posible dentro de la legalidad. Queremos que sean anuladas todas las concesiones mineras en el país”, afirmó Álvaro Ramazzini, obispo de la Diócesis de San Marcos.
La marcha inició a la 10 horas a un costado del cementerio de la localidad.
El rechazo a la minería se demostró con pancartas, carteles y gritos de los manifestantes.
Además de los habitantes de San Marcos, también se hicieron presentes campesinos de Totonicapán, Sololá, Quiché, Huehuetenango, Zacapa, Chiquimula y Alta Verapaz.
“No podemos permitir que se sigan burlando de nosotros. Si no detienen la explotación minera vamos a tomar medidas de hecho más fuertes”, indicó Juan José Monterroso, del municipio de Sipacapa, San Marcos.
Críticas al Gobierno
“El presidente Óscar Berger no ha querido anular la concesión porque éste es un Gobierno financiado por los grandes empresarios”, indicaron integrantes del Frente de la Resistencia Contra la Minería.
En el recorrido se pudo observar a un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil.
La marcha fue calificada como un éxito por parte de Ramazzini, quien aseguró que el Congreso debe legislar para evitar el abuso de las transnacionales.
La actividad finalizó frente al Palacio Maya, donde las organizaciones que participaron dieron su mensaje de rechazo a la minería y posteriormente entregaron un documento con las demandas en la sede de la Gobernación.
Consignas durante la marcha
“No al desarrollo salvaje, sí al desarrollo sostenible”.
“No más licencias mineras, sí mayor educación y salud”.
“Los empresarios que financiaron a Berger tienen intereses en la minería”.
“La minería de metales es una amenaza para nuestras vidas”.
“El Gobierno debe cancelar de inmediato la explotación minera”.
“No daremos más licencias”
El Gobierno se comprometió -con una orden presidencial a sus funcionarios- a no otorgar más licencias de explotación minera, ni siquiera las que ya tienen licencias de exploración.
“El presidente (Óscar Berger) ha dado la instrucción que aquellas licencias de exploración que ya han sido concedidas no se convertirán en una nueva licencia de explotación”, anunció ayer el vicepresidente Eduardo Stein.
Antes de cualquier permiso deberá terminar el diálogo con la Conferencia Episcopal y formalizarse una propuesta al Congreso para modificar la Ley de Minería, aseveró.
Añadió que no pudo reunirse ayer con monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos, y que espera recibir hoy un comunicado de la Conferencia Episcopal.
“Nosotros respetamos la ley”
“Todos los guatemaltecos tienen derecho y la libertad de expresar sus ideas, pero en forma pacífica, sin amenazar la propiedad privada ni la vida de los trabajadores”, expresó ayer Milton Saravia, gerente de Montana Exploradora, S.A., al referirse a la manifestación efectuada en San Marcos.
Tomar las instalaciones de Montana por alguna protesta sería atentar contra la seguridad de los empleados de la mina y contra la propiedad privada, añadió.
También rechazó los señalamientos de que la empresa Montana haya proferido algún tipo de amenazas contra la población.
“No es nuestra forma de actuar, no amenazamos a nadie. Siempre hemos estado apegados al Derecho, respetamos los recursos naturales y cumplimos con las leyes del país”, agregó Saravia.
Inversión
Estas son algunas cifras de la inversión de la empresa Montana:
US$80 millones en la fase inicial.
En total invertirá US$150 millones.
Tiene empleadas a mil 500 personas.
Empezará a extraer oro en 2006.
Entre dudas
En medio de protestas, rechazo y preocupación de diversos sectores de la sociedad, la empresa Montana Exploradora, S.A., continúa desarrollando el proyecto Marlin, para extraer oro y plata en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos. En la actualidad, está en la fase de construcción de la planta de separación de metales.
Concesión Montana inició estudios de exploración en 1996. El gobierno del Frente Republicano Guatemalteco le otorgó licencia de explotación.
Primeras protestas
En abril del 2004, empezaron las primeras protestas contra la minería en San Marcos, y Montana inició la construcción de los molinos de trituración.
Preocupa a la Iglesia
En septiembre del 2004, el cardenal Rodolfo Quezada expresó preocupación por la minería. El presidente Berger respondió que los obispos estaban desactualizados.
Foros mineros
En diciembre del 2004, el Ejecutivo organizó un foro sobre minería. Campesinos y ambientalistas, realizaron un foro alternativo.
Violencia
En enero del 2005, vecinos de Sololá se opusieron al paso de un cilindro. La protesta dejó un muerto y 16 heridos. Después, Iglesia y Gobierno limaron asperezas.
Berger se compromete no otorgar más licencias explotación minera
EFE, 28 de Enero de 2005
Guatemala, 28 ene (EFE).- El Gobierno guatemalteco se comprometió hoy a no otorgar más licencias de explotación minera, a modificar la Ley de Minería y a iniciar procesos de consulta sobre esta actividad productiva, informó una fuente oficial.
El vicepresidente del país, Eduardo Stein, dijo hoy a periodistas que el presidente Oscar Berger dio instrucciones de no otorgar más licencias de explotación minera, mientras no se haya consultado previamente a las poblaciones que puedan ser afectadas.
Stein explicó que quedarán en suspenso las operaciones de las empresas que ya tienen licencias de explotación, mientras se definen los mecanismos de diálogo y consulta con las organizaciones que se oponen a esta actividad productiva.
Berger dijo hoy a medios locales que su gabinete prepara reformas a la Ley de Minería, "la cual deberá beneficiar a todos los sectores implicados en este asunto".
El Gobierno se ha visto obligado a tomar estas medidas ante la abierta oposición a su política de explotación minera manifestada por la Iglesia Católica y decenas de organizaciones de campesinos, indígenas, sindicalistas y ecologistas
Miles de guatemaltecos, encabezados por el obispo de la Diócesis de San Marcos, Alvaro Ramazzinni, se manifestaron ayer en contra de la explotación minera en la ciudad de San Marcos, 250 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.
Ramazzini, principal opositor de esta actividad, exigió al Gobierno suspender la concesión de licencias de explotación minera y abrir una mesa de diálogo con las comunidades afectadas, tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos autóctonos, ratificado por Guatemala.
En las reformas a la Ley de Minería que el Ejecutivo propondrá al Parlamento -explicó Berger- se tomará en cuenta la opinión de todos los sectores, pero no precisó sobre los mecanismos de consulta ni las posibles fechas en que la iniciativa será enviada al Congreso.
Entre tanto, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) insistió hoy en un comunicado en su rechazo a la explotación minera por considerar que es nociva para los intereses del país.
La CEG también se solidarizó con el obispo Ramazzinni y con el arzobispo metropolitano, cardenal Rodolfo Quezada, quienes han abanderado la oposición de la Iglesia Católica a la minería.
Según estadísticas del Ministerio guatemalteco de Energía y Minas, en la actualidad están vigentes 397 licencias de explotación minera a nivel nacional, 67 de las cuales son para materiales de construcción, 122 para materiales metálicos y 208 para no metálicos.
Esa cartera también analiza otras 223 solicitudes de licencias de exploración y explotación minera.
Denuncian en Guatemala peligros de extracción minera
Guatemala, 29 ene (PL) La Iglesia católica guatemalteca denunció hoy los peligros ambientales generados por la explotación minera indiscriminada en el país,que cuenta con el apoyo de las autoridades.
En un comunicado, la institución exigió al gobierno del presidente Oscar Berger que modifique la Ley de Minería, incluida la regulación de las concesiones a empresas dedicadas a la extracción de estos recursos.
La Conferencia Episcopal índicó que en esta nación centroamericana podría producirse una catástrofe ecológica de "dimensiones imprevisibles" al estar contaminada el agua y existir un enorme deterioro ambiental como consecuencia de esta actividad.
En estos momentos están vigentes 397 licencias de explotación minera, en tanto son analizadas otras 223 solicitudes con esos fines, según fuentes oficiales.
Los obispos también demandaron un incremento del uno por ciento en las contribuciones que debe pagar la empresa Montana, subsidiaria de la canadiense Glamis Gold y que, de acuerdo con disposiciones legales, el pueblo sea consultado antes de otorgarse las concesiones.
Ante el enrarecido clima social que prevalece, el vicepresidente Eduardo Stein se comprometió a evitar el otorgamiento de más licencias para el aprovechamiento de recursos naturales y a proponer ante el Parlamento la modificación de la Ley de Minería.
Cientos de guatemaltecos protestaron en los últimos días en la localidad de San Marcos, unos 250 kilómetros al oeste de esta capital, en contra de la destrucción de la vida animal y vegetal, producto de la extracción, sin control, de minerales del suelo.
Miles de campesinos manifestarán contra minería en Guatemala
Mié. 26 de enero, 2005
Associated Press
GUATEMALA - El Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular manifestó que apoyará la manifestación en contra de la minería a cielo abierto que se realizará el jueves en la región oeste del país.
"Calculamos que entre 5.000 y 10.000 personas van a acudir a la manifestación porque hay un sentimiento popular en contra de la minería", dijo el miércoles en rueda de prensa Jacinto García de la Unión Sindical Popular, que integra el Movimiento.
La manifestación fue convocada por el obispo de San Marcos Alvaro Ramazzini para oponerse a un proyecto de Montana Exploradora, una subsidiaria de la canadiense Glamis Gold, de explotar una mina de oro y plata en las montañas de ese departamento, a unos 300 kilómetros al oeste de la capital.
Secil de León, otro activista incorporado en el movimiento, expresó que "apoyamos las gestiones de la iglesia católica para suspender las licencias mineras", pero contrario a la prelados que están dispuestos a dialogar con el gobierno "nosotros no negociamos ningún porcentaje de lo que el estado recibiría de esa explotación, nuestra negativa es rotunda".
Ramazzini se reunió el lunes con el presidente Oscar Berger para exponerle su posición adversa a la minería en el territorio de su diócesis y acordaron crear una comisión de alto nivel para consultar el tema.
El prelado no descartó la posibilidad de avalar esa actividad si se incrementan al 50% las regalías que pagan las compañías explotadoras, para beneficiar a las comunidades.
Para De León, sin embargo, "aumentar los ingresos al estado no garantizan que el dinero llegue a las comunidades y los recursos destruidos no pueden ser restituidos".
Berger ha mostrado su interés de abrir un debate nacional sobre el tema que conduzca a reformas en el sistema de concesiones mineras.
El ministerio de Energía y Minas inició esta semana un proceso de información en comunidades indígenas que protagonizaron semanas atrás un choque con las autoridades, luego de impedir el tránsito de un camión que transportaba material para la construcción en la mina de Montana Exploradora. El enfrentamiento dejó una docena de heridos y un indígena muerto.
Iglesia convoca a marcha para protestar contra minería en Guatemala
GUATEMALA, Ene 25 (AFP)
La Iglesia Católica, acompañada por sectores sociales, convocó a una marcha para el jueves en el departamento de San Marcos (oeste), en protesta contra una explotación minera a cielo abierto de una empresa de capital canadiense, informaron fuentes religiosas este martes.
"La marcha pacífica que fue convocada por la Diócesis de San Marcos (253 km al oeste de la capital), recorrerá las principales calles de la cabecera departamental de la región. Esperamos contar con la participación de más de 3.000 personas", dijo el vocero de la diócesis, Vinicio López.
Las declaraciones de López se dieron en el marco del encuentro anual de obispos que se realiza en el Seminario Mayor de la Asunción (unos 15 kilómetros al oeste de la ciudad), que reúne a los representantes de las 22 diócesis del país.
"Los manifestantes harán un alto en la mitad del recorrido, específicamente en el parque de la localidad, y ahí los líderes de cada organización que acompañe la protesta manifestarán las razones de su desacuerdo con la extracción de oro y plata" por parte de la empresa Montana, subsidiaria de la transnacional canadiense Glamis Gold.
La firma comenzó operaciones en enero del año pasado, pero el traslado de maquinaria de la capital hacia San Marcos originó en las últimas semanas violentas protestas de campesinos que se oponen a los trabajos de minería.
Las manifestaciones dejaron como saldo un labriego muerto y el presidente Oscar Berger responsabilizó al obispo de San Marcos, Alvaro Ramazzini, de manipular a los campesinos. El arzobispo de Guatemala, cardenal Rodolfo Quezada, rechazó los cargos, agudizándose una crisis entre la Iglesia y el gobierno por el tema.
Para limar asperezas, Ramazzini sostuvo el lunes pasado una reunión con Berger en la que, según el religioso, acordaron reactivar la comisión de alto nivel para el tema minero y solicitar un incremento de las regalías que deberá pagar la firma minera.
"El Gobierno se comprometió a hacer el esfuerzo de pedir más del 1% de la regalía que la empresa Montana entregará al Estado y al municipo de San Miguel Ixtahuacán (San Marcos), cuando el otro año inicie de manera formal la explotación de oro y plata", dijo Ramazzini.
El prelado aseguró que el compromiso de reactivar la comisión de alto nivel entre Iglesia y Gobierno en el tema minero supone una labor de análisis que considere detener las concesiones mineras.
El director de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Corpedeh), Frank LaRué, en representación del Gobierno, confirmó lo expresado por Ramazzini, y agregó que la comisión de alto nivel revisará las concesiones de exploración que se dieron durante el Gobierno anterior.
Óscar Berger se compromete a revisar concesiones
25 Enero, 2005
PrensaLibre.com - Por Luisa Rodríguez
Evaluar los contratos mineros, reactivar la comisión de supervisión y tener más comunicación fueron los compromisos adquiridos ayer por el presidente Óscar Berger con monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos. Después de varios días de enfrentamientos verbales entre la Iglesia y el Gobierno, ayer se dio el primer acercamiento.
Monseñor Ramazzini fue invitado por el mandatario a la Casa Presidencial, donde, acompañado de Frank La Rue, director de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, y monseñor Víctor Hugo Martínez, arzobispo de Los Altos, se reunión con Berger durante una hora.
Al concluir la cita, los religiosos anunciaron que el mandatario revisará las concesiones que no han sido otorgadas, impulsarán un equipo de trabajo conjunto y mejorarán la comunicación entre el Estado y la Iglesia. "Ambos dijimos que ya no debemos hablar del pasado, sino ver hacia el futuro", explicó Ramazzini.
Añadió que durante la conversación, le insistió a Berger que debe pedirle por lo menos el 50 por ciento de sus ganancias a la empresa minera. Comentó que analiza el ofrecimiento de seguridad personal que le hicieron las autoridades del Ministerio de Gobernación, ante las amenazas que ha recibido.
El líder religioso añadió que la protesta programada para el próximo jueves sigue en pie, porque no es en contra del Gobierno, sino para dar a conocer su postura. La Rue expresó que están satisfechos con la cita y que harán su mayor esfuerzo para cumplir con los compromisos adquiridos.
Continuará diálogo
Monseñor Martínez manifestó que a los obispos no les interesa "que el Gobierno esté bajo las órdenes de la Iglesia", sino que el bien común prevalezca en todos los temas. Martínez aseguró que hoy continuarán el diálogo con las autoridades, y que el vice presidente Eduardo Stein será el interlocutor entre la Iglesia y el Gobierno.
Denuncian supuesto plan para asesinar a obispo Ramazzinni
Guatemala, domingo 23 de enero de 2005
Terra/EFE
Un supuesto plan para asesinar al obispo guatemalteco de la Arquidiócesis de San Marcos Alvaro Ramazzinni, fue denunciado y el gobierno le ofreció seguridad para proteger su integridad.
El Ministerio de Gobernación informó en un escueto comunicado que le ofreció toda la seguridad necesaria a Ramazzinni, luego de enterarse de la existencia del presunto plan para asesinarlo. Un portavoz de esa cartera explicó hoy a ACAN-EFE que fue un funcionario de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Dunia Tobar, la que le informó al ministro del Interior, Carlos Vielman, el pasado lunes, sobre el supuesto plan. En la denuncia no se dan detalles de cómo Tobar se enteró del plan, aclaró la fuente.
Por ahora se desconoce quiénes estarían interesados en atentar en contra de la humanidad del obispo, que en los últimos días ha mantenido una férrea oposición a la exploración y explotación minera en el departamento de San Marcos.
No se logró obtener la versión de Ramazzini, pues según informó una fuente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) a ACAN-EFE, esta tarde (hora local) viajó a Quiché, donde mañana habrá un acto religioso en el que el sacerdote Mario Molina será ordenado obispo de esa región. Según la cartera de Gobernación, el ministro se comunicó hoy con el cardenal guatemalteco Rodolfo Quezada y le hizo llegar este mismo viernes al obispo Ramazzinni una misiva en la que le ofrece la seguridad necesaria para protegerlo. Específicamente, Vielman le ofreció a Ramazzinni apoyo de la Secretaría de Asuntos Administrativos de la Presidencia y de Seguridad (SAAS) o del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE), ésta última entidad de la Policía Nacional Civil (PNC). Además, el ministro del Interior ofreció al obispo que pueda documentar a personas de su entera confianza para que porten armas para que protejan su integridad personal.
Según el comunicado, Vielman ya se comunicó con el fiscal general y jefe del
Ministerio Público (MP), Juan Luis Florido, para que investigue la supuesta
existencia del plan para matar al religioso.
COMUNICADO DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL MAYA AJCHMOL “ADIMA”
ANTE LOS HECHOS VIOLENTOS OCURRIDOS el 11 enero de 2005
Presidente de la Republica, Ministro de Gobernación, Ministro de Energía y Minas, Diputados del Congreso, Gobernadores, Alcaldes Municipales, pueblo de Guatemala en General y Comunidad Internacional.
LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL MAYA AJCHMOL, ubicada en el Departamento de San Marcos, por la defensa de nuestros derechos colectivos, violentados por el actual gobierno al otorgar las concesiones mineras, sin previa consulta al pueblo Maya Mam y Sipakapénse de este departamento, en base a los siguientes:
HECHOS:
La población del altiplano occidental de Guatemala, habitado mayoritariamente por comunidades Mayas, conocen de las licencias y concesiones mineras otorgadas por el gobierno guatemalteco a las empresas translaciones en territorios indígenas, sin tomar en cuenta nuestros derechos sociales, políticos, económicos y culturales.
La actividad minera que impulsa el estado guatemalteco, como supuesta alternativa al desarrollo, justificando de esta manera la inversión de empresas transnacionales, no es más que una amenaza y exterminio de los valores de la cultura maya, atentado específicamente en contra de su cosmovisión y espiritualidad que ha venido desarrollando por miles de años.
Las comunidades indígenas conocen de la inexistencia de los beneficios económicos (regalías: 0.5 %) que genera está actividad, no favorece al desarrollo comunitario, que solapadamente plantean las autoridades y empresas mineras como estrategia de engaño a los comunitarios.
Las Comunidades indígenas de América Latina y del mundo, donde se ha desarrollado la actividad minera, han vivido los efectos negativos que provoca la extracción de metales a cielo abierto, dejando como consecuencias los siguientes: destrucción e infertilidad de la tierra, escases de agua, enfermedades y la contaminación del ambiente en general.
Ante los hechos sangrientos, ocurridos en la aldea los Encuentros del Departamento de Sololá, en contra de las comunidades mayas que se manifestaron pacíficamente para el ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales, en resistencia y oposición al desarme de la pasarela por el paso del cilindro de Molino para el proyecto Marlin de la empresa Glamis Gold, instalado en los municipios de San Miguel Ixtahucán y Sipacapa del departamento de San Marcos.
Está actitud represiva del estado, es un reflejo de la falta de capacidad de negociación de este gobierno, la cual es una evidencia más de la exclusión, la Discriminación y el Racismo en contra de las comunidades y pueblos Indígenas en Guatemala, que históricamente ha existido en este país.
Las acciones implementadas y ejecutadas por el ministerio de defensa y gobernación al ordenar la fuerza pública como la policía nacional civil y el Ejército para escoltar el cilindro de molino para ser traslados con destino a la explotación Minera en los municipios de San Miguel Ixtahucán y Sipacapa, utilizado una vez más la represión, recriminación y la violación hacia la población Maya, olvidando que el estado guatemalteco se organiza para proteger la vida de todos los habitantes y no de un cilindro propiedad de una empresa privada.
Con este acto el gobierno incito a la violencia la manifestación pacífica de las comunidades del occidente en contra de la minería a cielo abierto, dejando como saldo cuatro heridos y la muerte de un hermano Maya. Esto muestra la falta de voluntad política del gobierno de Berger, en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, dejando en claro la falta de capacidad de negociación y diálogo de este gobierno.
Los pueblos indígenas, conociendo sus derechos establecidos dentro de la legislación nacional vigente, los tratados y convenios internacionales ratificados por el estado guatemalteco, específicamente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, que en sus artículos, 6.1 inciso a), 7.1 y 7.3, establecen con certeza jurídica el derecho a la Información, consulta y participación de los pueblos indígenas en todos los planes, programas, proyectos y acciones que impulsa el estado, que afectan nuestros derechos e intereses como pueblos indígenas de este país, por tanto:
EXIGIMOS:
AL PRESIDENTE DE GUATEMALA, que se apegue al estado de derecho y, dé cumplimiento a legislación vigente nacional e internacionalmente, específicamente el convenio 169 de la OIT.
AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, que declare lesivo los contratos y las licencias de exploración y explotación minera en territorio indígenas otorgadas por el ejecutivo a las empresas Transnacionales.
A LOS DEMAS ORGANISMOS DEL ESTADO, que promueven, respeten y apliquen las leyes vigentes e implemente el relanzamiento de los acuerdos de Paz.
AL PROCURADOR Y DEMAS INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS, que se pronuncien en contra de los actos de violencia cometidos por la policía nacional civil y el ejército, provocando la muerte del Hermano Maya Raúl Castro Bocel y varios heridos el 11 de enero del 2,005.
A LA COMUNIDAD INTENACIONAL, pedimos su apoyo y solidaridad a la resistencia pacífica y el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, al respeto de su territorio, cosmovisión, sus propias formas de vida y desarrollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
La constitución política de Guatemala, reconoce el derecho de Reunión Pacífica y manifestación pública; la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública, es legitima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la constitución, que el interés social prevalece sobre el intereses particular y que toda persona tiene derecho ha hacer lo que la ley no prohíbe, que los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tiene preeminencia sobre el derecho interno en materia de derechos humanos, en este caso el convenio 169 de la OIT tiene aplicabilidad en Guatemala.
CITA DE LEYES:
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 28, 33, 44, 45, 46, 66 al 69de la constitución política; 6.1 inciso a), 7.1 y 7.3 del convenio 169 de la OIT; 26 del decreto 11-2002 (ley de consejos de Desarrollo); 65 del código Municipal; 17 y 18 de la ley General de descentralización.
Toj Ch’um Te T-xe Chman, 4 1 Imx /Kayab’/
San Marcos, 13 de enero de 2005
Atentamente, Asociación para el Desarrollo Integral Maya AJCHMOL “ADIMA”
Crece en Guatemala repudio a represión de campesinos e indígenas
Guatemala, 12 ene (PL) Diversas manifestaciones de repudio recibió hoy el gobierno de Guatemala debido a la represión contra campesinos que el martes se enfrentaron a las fuerzas policiales para impedir un proyecto de explotación minera.
El movimiento campesino expresó en un comunicado de prensa su consternación e indignación ante lo que definió como el regreso de las prácticas represivas ejecutadas por el gobierno en contra de la población civil.
Indígenas kaqchiqueles del departamento de Sololá (oeste), escenario de los disturbios, exigieron a las autoridades "respeto a la madre naturaleza", y lamentaron que sus demandas "fueran apagadas con gases lacrimógenos, disparos, golpes y órdenes".
Las Coordinadoras Nacionales de Organizaciones Campesinas e Indígena y Campesina, el Comité de Unidad Campesina, la Plataforma Agraria y la Instancia Maya "Mam Ajpop" emitieron sendos comunicados de condena.
Dichas agrupaciones reprocharon a la Policía Nacional Civil y a efectivos del ejército el uso excesivo de la fuerza contra los campesinos que el martes bloquearon la carretera de Los Encuentros (Sololá).
En esos incidentes se reportó un labriego muerto y 20 heridos, entre ellos cuatro campesinos y 16 policías, según un balance oficial difundido este miércoles.
Las organizaciones firmantes expresaron su "preocupación por el cinismo con que el gobierno central ha anunciado el relanzamiento los acuerdos de paz (suscritos en 1996), el desarrollo rural sostenible, el respeto a los derechos humanos y el diálogo.
Esos ofrecimientos -subrayaron- se vieron burlados cuando las fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas y dispararon a los campesinos desarmados.
Asimismo, recalcaron que la oposición de esas comunidades a la exploración y explotación minera a cielo abierto es legítima, debido a la magnitud de los efectos ambientales y a la salud que ésta propicia.
Los proyectos de extracción de oro, plata y otros metales en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, en el occidental departamento de San Marcos, representarán regalías del uno por ciento de las ganancias que obtendrá la transnacional Montana Exploradora S.A..
Esas regalías, denunciaron los campesinos, constituyen una vergüenza que no compensará los daños, ni evitará los desastres naturales, como inundaciones y deslaves.
Por su parte, el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala sostuvo se solidarizó con los pobladores afectados y defendió que ejercían su derecho constitucional de resistencia.
Los incidentes se produjeron cuando los moradores de Los Encuentros se resistieron al paso de un camión que transportaba una maquinaria -debido a la cual hubo que retirar una pasarela en la carretera- con destino a San Marcos para utilizarlo en la minería.
Magalí Rey Rosa, del Colectivo Madreselva, una de las entidades que se opone a las licencias mineras, reiteró que ese tipo de actividad empobrecerá más a los guatemaltecos y destruirá el medio ambiente.
¡Minería metálica a puro tubo!
Por Magalí Rey Rosa - Colectivo MadreSelva
Guatemala, 14 de enero de 2005
¿Qué tiene que hacer la población guatemalteca para que los servidores públicos entiendan que no quieren minería de metales en sus territorios?
Desde hace más de un año hemos manifestado públicamente nuestra preocupación por los graves riesgos y peligros que conlleva la minería de metales a cielo abierto y los problemas sociales que podría provocar.
Buscamos diálogo con muchos funcionarios públicos, como el presidente Berger; y también con otros líderes, hombres y mujeres guatemaltecas interesadas en el bienestar de nuestro país, haciendo énfasis en los problemas relacionados con el ambiente y el agua.
En MadreSelva creemos que el costo real de la explotación minera de metales es demasiado alto para Guatemala. Creemos en el derecho de la gente a resistir y siempre quisimos evitar que se llegara a extremos como el de Los Encuentros.
Nunca hemos apoyado, sugerido o aprobado el uso de la violencia, de ningún tipo, por ninguna persona. Nuestra lucha ha sido pública y pacífica.
Pero los mensajes que tan fuertemente mandan las autoridades del Gobierno a la población son preocupantes: los “derechos” de las transnacionales mineras son más importantes que la vida.
Se dan el lujo de levantar helicópteros y movilizar a miles de efectivos de las fuerzas de seguridad, mientras ignoran los derechos y las demandas de la población guatemalteca.
Ignoraron la petición de diálogo que Dominga Vázquez, la alcaldesa indígena, trató de hacer llegar desde el jueves al ministro de Gobernación y al vicepresidente, a través de la licenciada María Eugenia Morales, de la PDH.
¿Qué tiene que hacer la población guatemalteca para que los servidores públicos entiendan que no quieren minería de metales en sus territorios? La ley se hace cumplir solamente cuando se afectan los intereses de los más poderosos.
Cuesta creer en las promesas del Gobierno: El compromiso oficial de un proceso de información y consulta a las comunidades, antes de seguir entregando concesiones (que fue expresado como una conclusión del Foro Nacional de Minería) fue violado con la entrega de la concesión de exploración a Exmibal.
Desde noviembre del año pasado, seguimos esperando que el presidente Berger instale la comisión de alto nivel con la que trató de aplacar a monseñor Quezada Toruño.
Para mientras, la minería avanza imparable, como el gigantesco cilindro, con todo el apoyo del Gobierno. Y con la ayuda “desinteresada” de guatemaltecos que, como la persona que escribió el editorial de elPeriódico, exigen que se utilice la fuerza para limpiarle el camino a la transnacional minera.
COMUNICADO - COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS (CNOC)
Guatemala, 11 de enero de 2005
E-mail: cnocdis@intelnet.net.gt
A la opinión pública nacional e internacional:
REPUDIAMOS LA MUERTE DE DOS CAMPESINOS EN LOS ENCUENTROS, SOLOLA Y RESPALDAMOS EL RECHAZO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA EXPLOTACIÓN MINERA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS.
La CNOC como instancia que representa los intereses de los pueblos indígenas y campesinos en Guatemala, lamenta la muerte de Raúl Castro Bocel y Miguel Tzorín Tuy, campesinos que fueron asesinados hoy por la fuerza pública al oponerse al paso de una maquinaria que usará la empresa Cropa Panalpina en la explotación de minas en el occidente del país.
Los engaños de las empresas transnacionales que con pretextos asombrosos quieren destruir una pasarela comunitaria para trasladar sus equipos, provocó la ira y el rechazo de los comunitarios que fueron refutadas por agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército en los Encuentros, Sololá, dejando como saldo la muerte de dos personas.
La organización de la población en Los Encuentros para rechazar la explotación natural tiene fundamentos:
1. La concesión minera en Sololá o en otros departamentos del occidente no beneficiará en nada a los pueblos Indígenas.
2. Que por intereses de grupos económicos no debe destruirse obras comunitarias, como la pasarela de Los Encuentros, Sololá.
3. El Tema de la explotación Minera en Guatemala, nunca fue consultada a las comunidades rurales por el gobierno central.
Ante ésta situación, el traslado de dichas maquinarias hacia el departamento de San Marcos servirá para saquear las riquezas naturales sin el consentimiento de los habitantes, por ello, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas CNOC, se suma al rechazo de la explotación minera que el gobierno de Oscar Berger ha impulsado durante los 12 meses de su mandato, considerando que ésta decisión política no beneficiará en nada a las comunidades rurales, más sólo enriquecerá a las empresas nacionales y transnacionales en detrimento de las comunidades.
La destrucción de la riqueza natural en Guatemala no ha sido respetada por las autoridades gubernamentales, demostradas mediante el incumplimiento de leyes nacionales y tratados internacionales como el Convenio 169 que protege a los Pueblos Indígenas a nivel mundial. Por aparte, las autoridades de Energía y Minas no han logrado consensos sobre la viabilidad o no del tema, lo que deja en manifiesto ciertos intereses económicos a favor de sectores interesados del país.
Comunicado - Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)
ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EL DÍA DE HOY EN LOS ENCUENTROS, SOLOLÁ
Guatemala, 11 de enero de 20
El Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) lamenta y condena los hechos de violencia suscitados en contra de la población de la aldea los Encuentros, Sololá, quienes ejercían su legítimo derecho constitucional de manifestación pública y resistencia, en oposición al desmonte de la pasarela ubicada en dicho lugar, para que una compañía minera traslade maquinaria destinada a la explotación minera en San Marcos.
Es lamentable que los y las guatemaltecas sean nuevamente blanco de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, quienes en lugar de velar por los intereses de la población civil, defendieron a una empresa privada que cuenta con los recursos suficientes para contratar a su propia seguridad.
POR TANTO:
Condena el actuar del Ministro de Gobernación, por haber desplegado un contingente policial y militar en contra de la población civil, sin haber agotado las vías del diálogo, arma principal en la búsqueda del desarrollo y de la democracia.
Exige al Ministerio Público la pronta e exhaustiva investigación para dar con los responsables de este hecho de violencia.
Solicita al Congreso de la República que investigue estos hechos, para lo cual debe citar a los ministros de Gobernación y de la Defensa Nacional, para que informen acerca del actuar de las fuerzas de seguridad pública y del ejército de Guatemala, en contra de la población civil.
Justicia para la Naturaleza.
Comunicado - Frente Guatemalteco de Resistencia a la Minería de Metales a Cielo Abierto
13 de enero, 2005
El comunicado del Frente Guatemalteco de Resistencia a la Minería de Metales a Cielo Abierto, ante los hechos violentos ocurridos en la Carretera Interamericana el 11 de enero 2004, cuando la Fuerza Especial Policial Y el Ejercito han disparado matando dos manifestantes que protestaban en contra del proyecto de explotación minera de la transnacional Glamis Gold de Canadá.
Minería a sangre y fuego
Por este medio, el Frente Guatemalteco de Resistencia a la Minería de Metales a Cielo Abierto, se solidariza con las alcaldías de Sololá, y con las comunidades Kakchikeles, Tzutuhiles y K'ichés del Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos, en su lucha por hacer valer sus derechos establecidos en las leyes del país, como son la autonomía municipal, el derecho a la vida y a la resistencia pacífica. Y manifiesta lo siguiente:
1) Lamenta los hechos sangrientos ocurridos en la aldea Los Encuentros (entre Sololá y El Quiché), donde se menciona la muerte de dos comunitarios y múltiples heridos, como saldo preliminar en el enfrentamiento entre miles de pobladores y miembros de las fuerzas de seguridad, representadas en la Policía nacional Civil y el Ejército Nacional. Los hechos sangrientos se derivan por la oposición de las comunidades indígenas ante el paso de un enorme cilindro de acero propiedad de la empresa minera Montana Exploradora, S.A., subsidiaria de la transnacional canadiense Glamis Gold.
2) Al Frente de Resistencia Contra la Minería, le preocupa:
a) La respuesta autoritaria que el gobierno de Oscar Berger da a las demandas de los pueblos mayas que se resisten a la actividad minera.
b) Las declaraciones irresponsables del actual ministro de Gobernación, que acusa a la alcadesa indígena de Sololá de ser la líder de este movimiento y de "agitar a la población".
c) La incapacidad del gobierno para dialogar y escuchar a las comunidades mayas, y su actidud de constituirse en defensor y vocero de los intereses de las transnacionales mineras, desoyendo las demandas de la población.
d) Que en el Foro Nacional de Minería realizado en diciembre pasado, altos funcionarios de gobierno se comprometieron a dialogar y a consultar con la población afectada antes continuar con la actividad minera. Este hecho desmiente esos compromisos.
e) Para construir la Paz Firme y Duradera es indispensable implementar los Acuerdos de Paz y poner especial atención al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, lo cual no se ha hecho.
f) Que el Convenio 169, ratificado por Guatemala, establece que el gobierno está obligado a consultar con la población indígena todos los asuntos que la afectan, lo cual no ha realizado.
g) La forma poco trasparente como este gobierno maneja el tema de minería de metales y de pretender enganar a la población.
3) Responsabilizamos al gobierno de estos hechos lamentables y de los que podrían sucederse en el futuro ante las luchas de resistencia de los pueblos mayas, en contra de la minería de metales a cielo abierto.
4) Por todo lo anterior, hacemos un llamado a la Procuraduría de Derechos Humanos para que se manifieste contra estos hechos sangrientos, y a la comunidad nacional e internacional para que se solidarice ante estos atropellos, y exija que se respete la voluntad popular.
No a la minería de metales, sí a la vida!
Se enfrentan policías y vecinos por paso de equipo minero
Guatemala, miércoles 12 de enero de 2005
Prensa Libre - Por Julio Lara y Claudia Méndez Villaseñor, Corresponsales
El kilómetro 127 de la ruta Interamericana fue escenario de un choque violento entre campesinos de la aldea Los Encuentros, Sololá -que se oponían al paso de un cilindro para la actividad minera en San Marcos-, y agentes de la Policía. El incidente dejó una persona muerta y 16 policías y cuatro campesinos lesionados.
Aunque las autoridades no reportaron víctimas mortales, la agencia de noticias AP divulgó la muerte a balazos del campesino Raúl Castro, de 37 años, durante los incidentes.
El avance del cilindro de la empresa Montana comenzó a las 10 horas. Para entonces, estaba custodiado por un contingente de 700 agentes de la Fuerza Especial Policial (FEP) y del Ejército, armados con equipo de combate.
Al llegar a Los Encuentros, el convoy se detuvo por dos horas, mientras los agentes libraban una batalla con los residentes del lugar, que dispararon con fusiles AK-47, palos, piedras y bombas molotov.
Al unirse al convoy, la situación se tornó igual de difícil. En el kilómetro 127, aprovechando la maleza y lo frondoso de los árboles, los manifestantes lanzaron de nuevo piedras e hicieron disparos al aire con una escopeta. En el lugar resultaron heridos cinco policías.
Responden ataque
Para repeler los ataques, la PNC utilizó más de mil bombas lacrimógenas y fusiles AK-47.
Al llegar al kilómetro 130.5, las fuerzas de seguridad se encontraron con un camión de la Cervecería Gallo atravesado en el camino, que les impedía el paso. En ese lugar, un camión lanzaagua se quedó sin abastecimiento, y la carretera se llenó de humo de gas lacrimógeno, que imposibilitaba la visibilidad.
El último tramo fue el más peligroso y quizá el más agitado, ya que aprovechando la oscuridad, los campesinos atacaron otra vez el convoy.
En medio de la oscuridad, se oyeron las detonaciones de bombas lacrimógenas y ráfagas de armas de fuego. Para entonces, eran las 18 horas.
Al cierre de esta edición, el cilindro aún no había llegado a Cuatro Caminos.
“Nunca prevaleció la razón”
Carlos Vielmann, ministro de Gobernación, declaró que “a pesar de los esfuerzos de las autoridades para convencer a la población de que permitiera que la maquinaria continuara su camino, nunca prevaleció la razón”.
Aseguró que distintas dependencias del Ejecutivo unificaron esfuerzos con el propósito de que la gente no bloqueara el paso. Sin embargo, no lo lograron, ya que la población está siendo manipulada, aunque no especificó por quién.
También hizo un llamado a los campesinos que participaron en la protesta, para que no se repita esta situación.
“Todos los esfuerzos para que prevalezca el estado de Derecho se harán, con la cantidad de policías que sea necesario”, añadió. El funcionario afirmó que los reportes oficiales no dan cuenta de muertes en el lugar.
Empresa insta al diálogo
Montana Exploradora de Guatemala, S.A., propietaria del cilindro (equipo de minería) que era retenido por campesinos, pidió ayer a los promotores de los bloqueos que busquen el diálogo para resolver el problema.
“Montana es una empresa minera respetuosa de la ley, que espera que se le dé la oportunidad para trabajar, pues operará bajo las más estrictas normas ambientales y sociales, para el bien del país”, dice la declaración.
Saldo de la batalla campal
El incidente entre pobladores y policías que se produjo ayer en Los Encuentros, Sololá, dejó un muerto y 20 heridos.
El Gobierno confirmó 16 policías heridos. En tanto, los Bomberos Municipales auxiliaron a cuatro campesinos. La agencia AP reportó la muerte de una persona. Durante los disturbios, fueron quemados un autobús, dos camiones y un autopatrulla. La Policía Nacional Civil (PNC) desmintió la muerte del campesino.
“Deben respetar voz de pobladores"
El Frente de Resistencia contra la Minería a Cielo Abierto declaró que el Gobierno debería respetar la postura de los pobladores que se oponen a la explotación minera, y así evitar enfrentamientos como el de ayer.
De acuerdo con Magalí Rey Rosa, integrante del movimiento, “resulta preocupante que, pese a que las comunidades han manifestado su oposición a la actividad minera, el Gobierno la apoye”.
“Pareciera que en lugar de velar por el bien común, se preocupa por cuidar los intereses de las empresas”, criticó.
El ex diputado Alfonso Bauer, también del Frente, señaló que la Constitución es clara al indicar que la minería debe ser de utilidad social, pero “en términos racionales y convenientes a los poblados, y no de las transnacionales”.
Refirió que el Gobierno, antes de extender licencias de explotación minera, debe hacer una consulta popular. “Existen más de cinco mil campesinos que se oponen a la actividad”, dijo.
El Frente también instó al presidente Óscar Berger a que respete el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que obliga a los gobiernos a consultar a las comunidades si sus intereses serían perjudicados al autorizarse la explotación minera.
La agrupación señaló que el problema fundamental de esta actividad recae en el uso del agua. “Necesitan más de 250 mil litros por hora para trabajarrdquo;, afirmó.
Guatemala: chocan policías contra indígenas que luchan contra transnacional minera Montana
por Ulises Canales
Jan. 11, 2005
Guatemala, 11 ene (PL) Violentos enfrentamientos se registraron hoy en el oeste de Guatemala entre campesinos y policías debido al bloqueo de una carretera para impedir el paso de una maquinaria que será utilizada en proyectos de explotaciónminera. Informaciones sin confirmación oficial refieren que varios campesinos de la etnia indígena kaqchiquel resultaron heridos a causa del empleo de la fuerza por parte de efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Siempre según versiones de prensa, los choques propiciaron también heridos del lado de la policía, varios de cuyos elementos se cree fueron tomados como rehenes por los insubordinados.
Si bien el director de la PNC, Edwin Sperisen, aseguró que la maquinaria en cuestión es trasladada lentamente hacia su destino final, en el noroccidental departamento de Huehuetenango, otras fuentes aseguran que permanece detenida por los campesinos.
Se trata de un tubo de acero de unos 7 metros de diámetro y unas 50 toneladas de peso, varado en el kilómetro 118 de la ruta interamericana desde principios de diciembre.
Los incidentes se registraron en las localidades de Los Encuentros y El Mirador (Sololá), a la altura de loa kilómetros 124 y 127, donde confluyen varias arterias en la carretera interamericana que conduce al oeste y noroeste del país.
Desde el pasado 2 de diciembre se verificaron los primeros choques cuando campesinos de esas comunidades impidieron el tránsito por esa ruta de un camión que transportaba una turbina para el municipio de San Miguel Ixtahuacán, en San Marcos.
En aquella demarcación está instalada la base de operaciones de la transnacional Montana Exploradora, que impulsa el proyecto Marlin, para la extracción de oro y otros metales a cielo abierto.
Días después de esas fricciones, fueron quemados dos camiones que llevaban combustible para proveer a los vehículos de la empresa minera, recordó el abogado del Distrito de Sololá, José Recinos.
Recinos indicó que hay 24 agentes de la PNC retenidos por los protestantes en diversas áreas de la región, lo cual negó Sperisen, aunque admitió que al menos 11 uniformados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.
El tema de la minería de metales a cielo abierto ha provocado serias críticas al gobierno de Oscar Berger, quien el pasado año protagonizó una pelea verbal con el jefe de la Iglesia Católica local, cardenal Rodolfo Quezada.
El pasado domingo, el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, advirtió que si los pobladores de la aldea Los Encuentros continuaban bloqueando el paso de un gigantesco tubo de acero que se usará en una explotación minera, intervendría el ejército.
"No tenemos ya nada que discutir. Ya hubo diálogo con las autoridades que tenía que haberlo y ya no se va a permitir que cada quien haga lo que se le da la gana en contra de la ley", apuntó Vielmann.
Ejército intervendría para terminar bloqueo en Guatemala
January 09, 2005
Associated Press
GUATEMALA - Si los pobladores de la aldea Los Encuentros continúan bloqueando el paso de un gigantesco tubo de acero que se usará en una explotación minera, tendrá que intervenir el Ejército, anunciaron el domingo las autoridades.
"No tenemos ya nada que discutir. Ya hubo diálogo con las autoridades que tenía que haberlo y ya no se va a permitir que cada quien haga lo que se le da la gana en contra de la ley", dijo a la AP el domingo Carlos Vielman, ministro de gobernación.
Se trata de un tubo de acero de unos 7 metros de diámetro y unas 50 toneladas de peso, varado en el kilómetro 118 de la ruta interamericana desde principios de diciembre.
La empresa de transportes habría de llevarlo a Huehuetenango, a unos 250 kilómetros al noroeste de la capital, para ser instalado en una mina. Para permitir su paso, es preciso desmontar una pasarela que sirve para el tránsito de personas sobre la carretera.
Los pobladores de la localidad impidieron entonces el paso del camión que llevaba el tubo ante el rumor de que la explotación se haría en sus comunidades. Desde entonces han amenazado con lanzar el remolque a un profundo abismo.
"Tendré que dejarlos que lo hagan si no se llega a un acuerdo", dijo a periodistas Esteban Toc, alcalde de Sololá, municipio al que pertenece Los Encuentros.
Por aparte, en el municipio de Sipacapa, San Marcos, a unos 200 kilómetros al noroeste de la capital, un grupo de pobladores bloqueó el camino que conduce hacia la localidad en protesta por la concesión que hizo el Gobierno a una empresa para la explotación minera en el lugar.
El reciente auge de la explotación minera en Guatemala ha resucitado viejas rencillas entre quienes otrora simpatizaron con causas de la derecha y la izquierda.
Organizaciones no gubernamentales de defensa del medio ambiente han lanzado la voz de alarma sobre los peligros de la minería, mientras que el gobierno defiende con vehemencia las concesiones que generarán empleos, según aducen las autoridades. La disputa llegó en 2004 a enfrentar al presidente Oscar Berger, con el arzobispo metropolitano, el cardenal Rodolfo Quezada. En una reunión con empresarios estadounidenses, Berger dijo que la postura de la Iglesia en Guatemala sobre la minería era "desfasada" y "populista", con la consiguiente respuesta de los religiosos.
Tensión alrededor de las mineras: población afirma que detendrá la excavación
Prensa Libre - Por Lorena Seijo
Guatemala, lunes 27 de diciembre de 2004
Todo empezó con buenos augurios en San Marcos. La mina iba a llevar trabajo y desarrollo para las comunidades de ese departamento, pero el sueño se quebró cuando “abrieron la montaña”.
“La minería es culpable de todas las desgracias de nuestro pueblo”, opinan las comunidades de la montaña de San Marcos. Mientras la empresa pide protección al Estado, la población no descarta la utilización de medidas de hecho si la compañía Montana Exploradora no se retira de sus tierras.
Problemas
Las primeras exploraciones se efectuaron en 1997, pero los trabajos se iniciaron hasta 2003. Para entonces, los líderes comunitarios ya habían buscado asesoramiento con grupos ambientalistas y abogados.
Su conclusión fue que no querían la minería porque contaminaría el ambiente y habría escasez de agua. Para entonces, todos los permisos estaban concedidos. “La explotación es ilegal porque no se informó a la población”, asegura Roberto Magari, de Sipacapa.
Según un funcionario de Montana que no quiso identificarse, la población ha sido mal informada y se aprovechan de su ignorancia.
Para contrarrestar algunos males, la compañía construyó casas para los pobladores de dos comunidades que tuvieron que retirarse, emprendió jornadas médicas y edificó una escuela.
“El alcalde del FRG fue puerta por puerta para convencerlos de que vendieran sus terrenos, porque si no el Estado se los iba a quitar”, relata Juan Tema, otro líder de Sipacapa.
Aunque muchos se sienten engañados, otros han decidido trabajar para la compañía. Montana ha construido anchas carreteras para el paso de sus camiones, y a cada 500 metros hay carteles que enumeran los beneficios de la minería a cielo abierto.
Se inicia el caos
Pero no todo va bien. La comunidad de Salem llevaba seis meses sin agua porque debido a la excavación de la montaña se rompió la tubería.
Las mujeres, cansadas de la situación, cerraron la carretera a los vehículos de la minera. Una semana después, el agua regresó a sus hogares.
“Como la gente de San Marcos no está interesada en trabajar en la mina, trajeron gente de Honduras y de El Salvador”, dice Tema.
Un salvadoreño estuvo a punto de ser linchado hace dos meses por pasearse desnudo por el pueblo. Fue amarrado a un poste, y líderes comunales tuvieron que mediar para que lo soltaran.
En Pueblo Viejo fueron violadas dos niñas, y la población le echó la culpa a los mineros. Ahora recomiendan a los extranjeros que no lleguen a la comunidad, pues podrían ser agredidos. En Tacaná, los trabajadores fueron retenidos y advertidos de que si volvían, los matarían.
Durante tres días Prensa Libre intentó localizar al vocero de Montana, pero éste no respondió a las llamadas telefónicas.
No a las minas
En Sololá se especula con más concesiones mineras, por lo que la población ya se levantó.
El primer incidente fue la quema de un camión de Montana en Cuatro Caminos. “En Sololá nos han ofrecido cinco mil personas para venir a San Marcos a quemar la mina”, comenta Juan Tema. Si las cosas siguen así, el líder afirma que “cualquier día podría haber una desgracia en el pueblo”.
Los altercados:
En Sipacapa, San Marcos, ha habido intentos de linchamientos, cierre de carreteras para los camiones de Montana e intimidaciones a la población. En Pueblo Viejo violaron a dos niñas, y ahora ningún extranjero puede pasar por allí. En Totonicapán retuvieron a varios montañistas extranjeros porque creyeron que hacían exploraciones para la minera. En Cuatro Caminos, pobladores de Sololá quemaron un camión de Montana.
40 DÍAS DE PROTESTA CONTRA LA MINA GUATEMALTECA DE GLAMIS GOLD
Por Daniel Vogt - Asociación Estoreña Para el Desarrollo Integral, AEPDI
El Estor, Izabal, Guatemala
Hoy, lunes 10 de enero, es el cuadragésimo día de bloqueo en la Carretera Panamericana, que detiene traileres de plataforma cargados con cilindros de un molino para la mina Marlin de la empresa Glamis Gold, ubicada en el departamento occidental de San Marcos. Desde el 3 de diciembre, la caravana no puede pasar por debajo de una pasarela de acero ubicada a 130 km de la ciudad capital, y ha sido objeto de una oposición creciente a la minería de metales en el altiplano poblado mayoritariamente por indígenas.
Cuando la caravana minera llegó a la pasarela, trabajadores de la empresa transportista intentaron cortarla para permitir el paso del trailer. En cuanto la población local se enteró que se trataba de equipos para un proyecto minero, temieron que fuera para ser usado en sus comunidades, a unos 100 km de la mina, y se organizaron para proteger la pasarela e impedir el paso de los traileres. El primer día de la protesta más de 2000 campesinos y aldeanos indígenas se reunieron y trataron de disuadir a la caravana en su viaje. Cuando no hubo respuesta a sus demandas, un vehículo cargado de combustible y herramientas para la mina fue incendiado. Los otros vehículos se regresaron unos 2 km al parqueo de un mirador donde se han permanecido desde entonces bajo custodia de policías privados, y bajo la vigilancia de pobladores locales.
Desde el 3 de diciembre, el alcalde local ha reiterado su apoyo al movimiento que exige que los equipos no avancen a San Marcos, donde Glamis está construyendo su mina Marlin. El 8 de enero, el ministro de Gobernación declaró que pedirá al ejército que escolte a la caravana a pesar de la oposición. Los aldeanos han indicado que tirarán los equipos por el barranco donde están estacionados si intervienen los militares.
La oposición a la mina existe desde el otorgamiento mismo de la licencia minera, en los últimos días de la administración presidencial de Alfonso Portillo, sin la consulta obligatoria a las comunidades indígenas locales, tal como requiere el Convenio 169 de la OIT. Cuando las comunidades entendieron la magnitud y posibles impactos del proyecto, se organizaron para actuar sobre temas de violaciones de derechos de los pueblos indígenas y riesgos ambientales inherentes en el proceso de refinación a través de lixiviación de cianuro. La situación se agrava aún más por un préstamo de USD $ 45 millones otorgado a Glamis por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, para el desarrollo de la mina, a pesar de la oposición por escrito al proyecto manifestada por organizaciones locales; y con el aparente incumplimiento de la CFI de las recomendaciones de! l mismo Banco respecto a sus inversiones en las industrias extractivas, exigiendo su amplio apoyo comunitario e impactos claros en aliviar la pobreza.
Organizaciones y personas de cuatro departamentos se han reunido en apoyo a la protesta y demandan un diálogo directo compañía / gobierno con las comunidades marquenses afectadas por el proyecto minero, para llegar a un acuerdo sobre el futuro de la mina. Mientras crecen las tensiones y la paciencia se agota, ni la compañía ni el gobierno demuestran señales de acercarse con los grupos opositores; y el Banco Mundial, informado de la situación desde el principio, no manifiesta liderazgo ni capacidad para responder a la situación.
FOTOS: Corresponsal Oscar Toledo
FUENTE: PrensaLibre www.prensalibre.com.gt
CONTACTO: Claudia Méndez Villaseñor cmendez@prensalibre.com.gt
Rechazan actividad minera en San Marcos
Por Alberto Ramírez
Guatemala, jueves 04 de noviembre de 2004
Promueven en Guatemala acción contra concesiones mineras
Guatemala, 20 nov (PL) Ecologistas, activistas sociales y pobladores del norte
de Guatemala promovieron hoy acciones para rechazar las concesiones mineras del
gobierno a empresas transnacionales.