Aprueban controversial ley de minería en Panamá

Polémico y nefasto Proyecto de Ley que atenta contra la seguridad ambiental y la soberanía de Panamá

AMBIENTALISTAS EN ALERTA POR INMIENTE APROBACIÓN DE REFORMA AL CÓDIGO MINERO DE PANAMA

31 de enero 2011

Por este medio y ante la inminente aprobación del Proyecto de Ley Nº 277, que establece reformas al Código de Recursos Minerales de la República de Panamá, después de una semana de consultas ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Diputados deseamos expresar:

1) Nuestra más profunda preocupación sobre el proceso y el contenido de este polémico y nefasto Proyecto de Ley que atenta contra la seguridad ambiental y la soberanía de Panamá. La falta de consulta previa a la presentación del proyecto, elaborado en secreto y a puertas cerradas, hace que las “Jornadas de Consulta” actuales ante la Comisión sean extemporáneas e improductivas, ya que las bases de estas modificaciones no fueron previamente consultadas con los diversos sectores de la sociedad civil y comunidades afectadas, así como tampoco fueron nunca públicos ni los borradores, ni los textos científicos (si los hay), o las opiniones de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) al respecto, después de numerosos intentos de obtener tales datos por parte de grupos interesados. Todo ha ocurrido sin contemplarse ni de la manera más casual la participación y opinión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la misma Asamblea Nacional, trastocando el Reglamento Interno de este Órgano del Estado.

2) En particular preocupa la posición recalcitrante de los representantes del gobierno de no integrar de manera efectiva los aportes de la sociedad civil en su conjunto. Es desconcertante, y ante todo anti-democrático, que la Comisión competente en la Asamblea y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) hagan caso omiso a una propuesta de trabajar en comisiones para un profundo análisis y mejoramiento del Proyecto de Ley, tal cual fue planteado ante el Ministro de la Cartera por las asociaciones civiles antes de que la Comisión iniciara las “consultas” sobre el Proyecto.

3) El contenido del proyecto -a pesar de ser mercadeado como una norma “para el ambiente” o para “darle herramientas a la ANAM”- está plagado de errores de redacción que complican el entendimiento de las funciones de esa institución para el control ambiental de la minería, condicionando las inspecciones que hoy hace la ANAM, por razón de su competencia, al requerimiento de la Dirección de Recursos Minerales del MICI. Además de ello, ordena a la ANAM realizar auditorías ambientales, sin que exista regulación al respecto, toda vez que no es este organismo, sino la Contraloría General de la República la que tiene la potestad gubernamental para hacerlo. En adición condiciona las acciones preventivas de suspensión, propias de los procesos de investigación, al no otorgar el efecto suspensivo a los recursos legales que presenten las empresas mineras, facilitando a que éstas sigan contaminando.

4) El proyecto también deroga el artículo 165 del mismo Código, que ordena colocar en Gaceta Oficial los nombres y domicilios de los servidores públicos que reciban las solicitudes de concesión y sus correspondientes pagos, mientras evita el derogar artículos que posibilitan que personeros de gobierno mantengan intereses en concesiones mineras.

5) El proyecto permite aspectos hoy prohibidos por la Ley, como que el Estado cree empresas privadas con capital estatal, contrario a lo que ordena la Constitución, o que es peor, que Estados extranjeros alimenten de capital a empresas privadas, en ambos casos, irrespetando la separación que en estos casos debe existir entre “lo privado” y “lo público”, creando distorsiones entre los agentes económicos y aventajando a estos nuevos empresarios injusta y desmesuradamente sobre otros actores de la sociedad civil, el propio Estado panameño y las mismas empresas panameñas que se verán enfrentadas al fomento de la competencia desleal en este sector.

6) Es más preocupante el Proyecto de Ley cuando se da en un contexto en el que los procesos de evaluación ambiental se han dejado a la incertidumbre, ya que ni siquiera se ha reglamentado lo aprobado durante el diálogo de la Ley 30 sobre las Evaluaciones de Impacto Ambiental, a pesar de los esfuerzos del movimiento ambiental para trabajar en esta reglamentación.

7) Asimismo una debilitada ANAM no se ha pronunciado al respecto de esta Proyecto de Ley 277, y que, sumado a décadas de incumplimientos, desastres ambientales, promesas incumplidas y denuncias ciudadanas sobre la manera en que los proyectos relacionados con la minería metálica y no metálica se han llevado en el país, acrecientan el nivel de preocupación de la ciudadanía panameña frente al tema. Solicitamos, con el respeto que nos caracteriza, se suspendan las discusiones de este proyecto de Ley, hasta que se puedan establecer mesas de trabajo que analicen los temas en un diálogo de calidad elevada, que sea transparente, técnico y científico, mientras se discute el proyecto de Ley de Moratoria a la actividad minera, propuesta por el vicepresidente Juan Carlos Varela, que debe entrar en efecto mientras se da la mencionada discusión a nivel nacional, consultando de abajo hacia arriba, como es la característica de países democráticos a nivel mundial.

Dado en Panamá, el día 31 de enero de 2011, y suscrito por las siguientes organizaciones e individuos:

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON),
Fundación Avifauna,
Panamá Sostenible (PASOS),
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM),
Fundación para la Protección del Mar (PROMAR),
Almanaque Azul,
Audubon Panamá,
Fundación Albatros Media,
Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena,
Dr. Azael Barrera,
Harley Mitchell ,
Comité de Protección al Paciente y Familiares (Propafa),
Federación de Comunidades de Áreas Revertidas,
Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton (Aprecla),
Comisión de Derechos Humanos de la Comarca Ngobe Buglé ,

ORGANIZACIONES DE LA ASAMBLEA CIUDADANA

Asociación Ecologista Panameña
Asociación de Derecho Ambiental
Asociación Panameña de Derecho Constitucional
Asociación Conciencia Ciudadana
Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá
Asociación Verde de Panamá
Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)
Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social (CEPAS)
Centro de Estudios y Capacitación Familiar.
Centro de Trabajo sobre Seguridad Social
Central General de Trabajadores de la República de Panamá (CGTP)
Central Nacional de Trabajadores de Panamá CNTP
Consumo Ético.
Colectivo Voces Ecológicas.
Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena
Human Rights Everywhere
Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá
Foro Mujer y Desarrollo
Espacio Encuentro de Mujeres
Madres Maestras
Manos & Cerebros
Servicio Paz y Justicia- Panamá
Movimiento Democrático Popular
Unidad de Lucha Integral del Pueblo.
Sindicato de Periodistas de Panamá.
Voces Libres de Panamá

ORGANIZACIONES CHIRICANAS

Amigos del Parque Internacional La Amistad (Amipila)
Fundación para el Desarrollo Integral , Comunitario y Conservación
de los Ecosistemas en Panamá
Asociación de Productores Agroecologìstas La Amistad (Adpaela)
Colibrí Asociación Ecologista de Panamá
Asociación Agroecologista Macho de Monte
Asociación Ambientalista de Chiriquí
Asociación Conservación de la Biósfera
Grupo Ecologista para la Conservación del Parque Internacional la
Amistad (Gerpropila).
Asociación Ecologista de Productores Orgánicos de Rovira (Asepor)
Centro Misionero de la Concepción para la Defensa del Ecosistema
(Cemcode)
Asociación Agroecoturística la Amistad (Asaela)
Grupo Expedición Natural Agroecoturística (Genat)
Asociación de Productores de Cultivos Exportables (Apce)
Comité por la Defensa del Río Gariché y sus afluentes

La Policía dispersa una manifestación indígena contra la explotación minera en Panamá

Agencia EFE

7 de febrero 2011

Panamá - La Policía de Panamá dispersó hoy con gases lacrimógenos y perdigones a unos mil indígenas que cerraron la vía Panamericana en el occidente del país, en rechazo a las reformas al Código Minero que se discuten en el Parlamento panameño, con un saldo de una veintena de detenidos y varios heridos.

Los incidentes se produjeron esta tarde en el sector de río Viguí y el Cruce de San Félix, en una zona ubicada entre las provincias de Veraguas y Chiriquí, más de 300 kilómetros al oeste de la capital, donde los indígenas bloquearon la vía Panamericana, informó la Policía Nacional (PN) de Panamá en un comunicado.

La Policía detalló que los indígenas, de la etnia Ngobe Buglé, "llevando trozos de madera y piedras", cerraron la vía a la altura del Cruce de San Félix y luego bloquearon la misma carretera en Viguí

La PN, que no informa de heridos, señaló que retuvo a 19 personas que puso a disposición de las autoridades competentes por cerrar la carretera Panamericana. Un dirigente indígena de la Comarca Ngobe Buglé, Fermín Jiménez, dijo a la cadena local RPC Radio que en Viguí dos de los manifestantes están "desaparecidos".

El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), que aglutina a organizaciones populares y sindicales, denunció que la "fuerte represión" dejó un saldo de seis heridos por perdigones y tres personas que están en paradero desconocido, entre estos un menor.

Jiménez dijo que la Policía se precipitó porque los indígenas no cerraron la vía.

El líder aborigen afirmó que las protestas seguirán hasta que la discusión del proyecto sea suspendido y sometido a consulta con las autoridades tradicionales de la Comarca.

La Comarca Ngobe Buglé, la de mayor población en el país y donde está Cerro Colorado, considerado el segundo yacimiento más grande de cobre del mundo, se opone a la explotación minera a cielo abierto dentro de sus lindes porque pondría en peligro de contaminación la flora y la fauna del lugar, además de los acuíferos y ríos.

Los grupos ambientalistas también se manifestaron hoy en los predios de la Asamblea Nacional, donde se le da segundo debate al proyecto, mientras en la provincia central de Veraguas se celebró otra manifestación de educadores, pero no se produjeron incidentes.

Los ambientalistas exigen al Parlamento que suspenda los debates y que se declare una moratoria para que se discuta ampliamente y sin premura con toda la población.

Además, los conservacionistas rechazan las reformas porque consideran que abren la explotación a la participación de otros estados a través de empresas multinacionales o mixtas.

El Gobierno panameño defiende el proyecto que reforma el Código de Recursos Minerales y la Ley 55 y 109 de 1973 de minerales no metálicos, porque, asegura, apunta a aumentar la regalía, el costo de los permisos, multas y las tasas que las mineras deben pagar al Estado, e incorpora el pago del impuesto sobre la renta a las mineras y también aspectos de conservación ambiental.

Por reformas al código minero, estudiantes protestan en Panamá

AFP

2 Febrero 2011

Estudiantes universitarios panameños se enfrentaron este miércoles con policías en una protesta contra la intención del gobierno derechista de Ricardo Martinelli de reformar el código minero para incentivar la inversión extranjera, comprobó un periodista de la AFP.

Los enfrentamientos tuvieron lugar luego de que decenas de estudiantes colocaron barricadas en torno al campus de la Universidad de Panamá, cortando el tránsito vehicular en una de las principales avenidas de la capital.

Los estudiantes “procedieron a un cierre de calles con cauchos (neumáticos) quemados y bloquearon el libre tránsito”, lo que provocó la intervención policial para “garantizar el orden público y el libre tránsito de la ciudadanía”, dijo un portavoz policial a la AFP.

Los manifestantes, quienes corearon consignas contra las reformas al código minero, “lanzaron rocas y piedras tanto a las unidades policiales como a terceras personas. Tenemos reportes de vehículos que han sido impactados por las piedras”, dijo el portavoz, quien aclaró que no hubo detenidos.

El gobierno de Martinelli presentó recientemente al Congreso una propuesta de reforma del código minero vigente desde 1963 para atraer inversiones, principalmente de empresas de Canadá, Corea del Sur y Singapur, que mostraron interés por el negocio minero en Panamá.

Sin embargo, grupos indígenas, ecologistas y líderes opositores han pedido al gobierno una moratoria a la actividad minera, a la que acusan de contaminar el medio ambiente, por lo que la reforma al código minero se ha convertido en la principal controversia política en el país.

Las reformas fueron aprobadas el martes por los diputados de la Comisión de Comercio, y ahora deben ser debatidas por el plenario del Congreso, dominado por el oficialismo.

Conflicto minero se agudiza

Deivis Eliecer Cerrud

La Estrella - http://www.laestrella.com.pa

8 de febrero 2011

La discusión del proyecto 277 que reforma el Código Minero tiene el ambiente encendido en Panamá. Las protestas parecen un cáncer que comienza a acaparar todo el cuerpo. La consigna es que el Gobierno va a destruir el ambiente y los recursos de las comunidades.

Hoy, martes, los enfrentamientos tuvieron varios escenarios: la Universidad de Panamá y la Asamblea Nacional. En el primer lugar hubo fuertes enfrentamientos con las unidades del control del multitudes de la Policía Nacional por el cierre de la vía Transístmica y el descomunal tranque.

En horas de la tarde, las pasiones parecían desbordarse en los predios del palacio legislativo, ya que los obreros de la construcción al remecer la cerca lateral de la Asamblea Nacional la doblaron. Casi la tiran abajo en reclamos al impedimento de entrada a las gradas para apreciar el segundo debate. Desde afuera gritaban toda clase de consiganas contra los diputados: "ladrones", "corruptos", "ahí están, esos son, los que venden la nación".

Inmediatamente, los antimotines llegaron al lugar y los obreros huyeron, pero no abandonaron la protesta los indígenas, los ambientalistas, estudiantes y demás manifestantes que están desde ayer lunes dándole una antesala de rechazo al segundo debate del polémico proyecto gubernamental.

Las unidades antimotines se replegaron para impedir la penetración de personas por la cerca de la Asamblea, incluso minutos antes los agentes de la seguridad interna habían acudido armados con gases pimienta, pero no lo llegaron a utilizar.

"Estamos fuera de la Asamblea, nos han tirado los antimotines para impedir nuestra entrada. Debería venir más gente para demostrar que ante la represión, más participación", publicó en su Facebook la ambientalista Raisa Banfield desde su blackberry.

En una propaganda televisiva pagada por el Gobierno Nacional, aparece el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, quien sufrió un paro cardíaco en las consultas del Código Minero, diciendo que los cambios que se proponen son para que "la minería aporte más a las comunidades, a los municipios y al Estado para que actúe con responsabilidad frente al medio ambiente y para detener la minería ilegal".

"No es cierto que estos cambios son para desarrollar Cerro Colorado ni ningún otro yacimiento, porque si quisiéramos explotar Cerro Colorado no necesitamos cambiar el código de 1964", explica el ministro.

Alega que si se actualiza el código que tiene 50 años "todos ganamos y sino la minería seguirá igual como hasta ahora con menos aportes y menos controles y todos perderemos".

Protestas en la Asamblea

En el interior de la Repúblicaa ayer hubo enfrentamientos de grupos indígenas y los antimotines, que se manifestaban en contra del documento que pasó su primer debate el pasado martes 1 de febrero.

Los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y grupos estudiantiles como el FER 29 y el Bloque Popular Univesitario gritaban ayer al igual que hoy consignas contra los diputados en las afueras del palacio legislativo dentro de la convocatoria a protestas de grupos ambientales que se oponen al proyecto 277.

El presidente encargado del Legislativo, Manuel Cohen, había dicho que cumplirán con el trabajo "sin temor y sin tembladera".

Hoy, Dana Castañeda, la vicepresidenta encargada, ha impedido el acceso de las personas al hemiciclo e incluso ha intensificado las medidas de seguridad ante la tensión.

Las críticas no paran de llover. El diputado Leandro Ávila adujo que José Muñoz, presidente del Legislativo, se jactaba de decir que su administración era de "puertas abiertas", pero impide a los panameños entrar a participar del debate.

La diputada Crecencia Prado, de la Comarca Ngäbe-Buglé, dijo ayer en el pleno que el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, "está sediento de sangre".

"Yo quisiera saber ¿Cuántos decomisos van a hacer esa Policía por el área de la costa donde se está traficando droga?", se pregunta la opositora.

"Uno sabe cómo comienzan las cosas, pero no sabe cómo terminan", dijo el diputado Elías Castillo, presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

Los ambientalistas denuncian que la minería metálica a cielo abierto es la actividad de mayor riesgo ambiental y de salud pública en los próximos años.

El gobierno panameño sostiene que las reformas buscan facilitar el acceso a capitales o fuentes de financiamiento, incrementar las regalías percibidas por las concesiones e introducir normas ambientales a una legislación que data de 1963.

La Asamblea aprobó ayer lunes, sesión permanente con 41 votos a favor del oficialismo y 13 en contra de la oposición y los diputados oradores están refiriéndose al proyecto.

Retroceder ¿es debilidad?

El analista político Mario Rognoni considera que si el Gobierno de Ricardo Martinelli retrocede ante las protestas para una discusión más amplia no perdería nada. "Lo que ellos deben estar evaluando es la necesidad o no de hacerlo, ya que hasta este momento no se está dando una verdadera discusión que enriquezca la reforma al código".

Rognoni sostiene que si la discusión fuera sobre los temas que tienen que modificarse y lo que tiene que incluir la modificación "el Gobierno debería ceder", pero indica que si impera el absurdo que no exista minería, cuando ya hay, "el Gobierno no gana cediendo".

Mineras tras millones del cobre y oro panameño
Empresas transnacionales están a la espera de la aprobación de reformas a ley que norma el Código Minero.

La Estrella - http://www.laestrella.com.pa

3 Feb 2011

PANAMÁ. El istmo de Panamá descansa sobre yacimientos metálicos multimillonarios. Estudios preliminares de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) estiman que la riqueza podría superar los $220 mil millones.

La riqueza existente en los yacimientos de Panamá supera a la de otros países centroamericanos.

En su mayoría, los yacimientos son de oro y cobre, dos metales que en los últimos meses mantienen una tendencia al alza en los principales mercados internacionales.

La onza de oro en los mercados internacionales se cotiza en estos momentos en aproximadamente $1,332, mientras que la libra de cobre se encuentra en $4.30.

Hace unos años, la onza de oro estaba en $400 y la libra de cobre, en 75 centavos.

Al igual que el precio del petróleo, el valor de los metales es cíclico, hay momentos que están a la baja y otros que están al alza.

Sin embargo, hay que considerar que mientras que el proceso de explotación y comercialización del petróleo se desarrolla a corto y mediano plazo, en el caso de los minerales se requiere de mucho tiempo de producción, advirtió Félix Wing, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

La existencia de este tesoro ha despertado el interés de países de todo el mundo que tratan de ver cómo pueden ser parte de la explotación de esta riqueza natural que se conserva en el subsuelo panameño. El Gobierno Nacional ha decido apostar a la explotación minera como nuevo generador de la economía panameña.

La explotación de la minería puede constituirse en una condición económica y socialmente favorable para todos los panameños, lo que hay que hacer es explotarla responsablemente, dijo el viceministro de Comercio e Industrias (MICI), Ricardo Quijano.

Según cálculos de la Camipa, se estima que la actividad minera sólo en el área de Petaquilla podría generar una inversión de $5,000 millones, cifra comparable a la que se invertirá en la ampliación del Canal del Panamá.

El viceministro Quijano sostiene que la inversión de una cifra como esta se traduciría en desarrollo social y económico en beneficio de áreas de pobreza extrema en el país.

Al momento, Petaquilla cuenta con una planilla de más de 700 trabajadores permanentes.

Cifras de la Contraloría General de la República revelan que a agosto de 2010, la cantidad de trabajadores empleados en minas y canteras era de 2 mil 807.

En el año anterior para el mismo mes, los trabajadores en la actividad eran alrededor de 3 mil 374.

La misma Contraloría informó que el año 2009 Panamá importó $1.4 millones en productos minerales. El año anterior, las importaciones fueron por un monto de $2.0 millones.

Ante la poca mano de obra que genera la minería y los riesgos ecológicos para el país, los grupos ambientalistas que adversan la actividad recomiendan al gobierno que fortalezca algunas actividades económicas como el turismo ecológico, el sector servicios, los servicios, la agricultura y ganadería sostenible, así como las telecomunicaciones.

No obstante, el viceministro Quijano aseguró que el gobierno seguirá apoyando el desarrollo de estas actividades económicas, pero considera que se pueden lograr nuevos ingresos para el país a través de la minería.

El activista ambientalista Félix Wing insiste en que sería preferible el apoyo de otras actividades, como el turismo, que llevadas de manera adecuada provocan menos daños al medio ambiente, generan más plazas de empleo y producen mayores divisas para el país.

La presidenta de la Expoturismo Internacional 2011 de la Cámara de Comercio, Annete Cárdenas, informó que para 2011 en Panamá se construirán 4 mil 225 habitaciones que tendrán una inversión de $611.9 millones.

Con esta inversión, se generarían 5 mil 70 empleos directos.

La proyección de la actividad turística para el año 2012 se centra en la construcción de 4 mil 158 habitaciones con una inversión de $581.3 millones creando 4 mil 989 puestos de trabajo.

Se crearán alrededor 11 mil 895 empleos directos; no obstante, esto no contabiliza los proyectos por definir que podrían sumar otros 2 mil 184 puestos trabajos, tanto en la ciudad capital como en el interior del país.

El viceministro Quijano insistió en que la actividad minera llevaría obras de infraestructura como carreteras, además de generar plazas de empleo en comunidades apartadas que anteriormente no han aparecido en los planes de inversión de los gobiernos.