Doe Run exige US$800 millones de indemnización al Estado peruano

En el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos.

Doe Run exige US$800 millones de indemnización al Estado peruano

Emma Gómez y José De Echave

Cooperacción

11 de abril 2011

Finalmente el pasado 07 de abril,  Renco Group Inc. y Doe Run Perú (DRP) iniciaron formalmente un proceso de arbitraje contra el Estado peruano en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. Este es el primer caso de demanda de un inversionista contra el Perú que se ampara en el referido tratado.

En efecto, Renco concreta así la carta de intención de llevar al Perú a un arbitraje. Renco busca una millonaria indemnización: nada menos que US$ 800 millones de dólares.

¿Cómo una empresa que ha incumplido todas sus obligaciones en nuestro país puede sustentar una demanda de este tipo? Renco Group y DRP están aprovechando las extraordinarias ventajas que les brinda el capítulo de inversiones del TLC.

Por ejemplo, Renco y DRP  alegan haber recibido un trato injusto respecto a la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).  Indican que el gobierno les exigió responsabilidades adicionales, lo que los obligó a solicitar varias prórrogas y que debido a la negativa del gobierno de extender el PAMA una vez más, no pudieron terminar con el proyecto que les faltaba: la construcción de la planta de ácido sulfúrico.  Según Renco, estas acciones vulneran el artículo 10.5 del capítulo de inversiones del TLC Perú-EEUU.

Un segundo argumento, es que el gobierno ha tratado con mayor dureza a DRP que a la empresa nacional Activos Mineros, a pesar que esta última tampoco ha cumplido con las obligaciones que le correspondían del PAMA. Para Renco, ello constituye trato discriminatorio y vulnera el artículo 10.3 del TLC.

El tercer argumento de DRP es que se encuentra con problemas de financiamiento, lo que la ha llevado a un proceso concursal ante INDECOPI. Señalan que se encuentran en la búsqueda de financiamiento, lo que les permitirá pagar a sus acreedores. El hecho que el gobierno peruano pretenda ser reconocido como el mayor acreedor en la junta ante INDECOPI (debido al incumplimiento del PAMA), constituye para DRP un intento de expropiación que vulnera el artículo 10.7 del TLC.

Finalmente retoman un argumento que ha sido uno de los ejes centrales de su campaña comunicacional: el gobierno peruano y la empresa Activos Mineros deben asumir cualquier responsabilidad por las denuncias presentadas por los daños a la salud y el ambiente, ya sea que se presenten en el Perú o en los Estados Unidos. Como se sabe, existe una denuncia contra Renco Group que ha sido admitida en un Tribunal de Missouri por un grupo de pobladores de La Oroya y que según la empresa, es de entera responsabilidad del gobierno peruano.

¿Son ciertos estos argumentos? ¿Tienen el debido sustento? Para nadie es un secreto que DRP ha tenido una conducta reprochable durante todo el tiempo que ha venido operando en el Perú. Las reiteradas prórrogas del PAMA han sido consecuencia de sus incumplimientos y de la falta de compromiso en remediar los impactos en la salud de la población de La Oroya y mejorar los estándares ambientales.

Lejos de haber recibido un trato injusto como alegan, Renco y DRP han sido más bien beneficiados, ya que han recibido modificaciones y prórrogas que ninguna otra empresa ha obtenido en el país.

Los problemas financieros de DRP en el país solo se explican por una gestión ineficiente y las transferencias que han hecho permanentemente a su casa matriz en los Estados Unidos. Además, la situación de crisis actual pudo ser evitada cuando el propio gobierno peruano obtuvo para la empresa un financiamiento de US$ 175 millones de parte de un grupo de empresas privadas. DRP no cumplió con los compromisos asumidos y no pudo obtener el financiamiento.

La participación del Estado en la junta de acreedores es la única manera de garantizar el cumplimiento del PAMA. Que el Estado peruano intente cumplir con su rol de garante de derechos no puede ser interpretado de ninguna manera  como expropiación, tal y como pretenden alegar alegan Renco y DRP.

La demanda de Renco y DRP se sustenta en argumentos tendenciosos. Sería el colmo que luego de haber incumplido reiteradamente sus obligaciones en el Perú y haber vulnerado sistemáticamente los derechos de la población de La Oroya y sus trabajadores, Renco y DRP se beneficien con una sustanciosa indemnización que todos los peruanos tendríamos que pagar. Nuestras autoridades deberían pronunciarse cuanto antes y definir una estrategia de defensa de los intereses del país.

Doe Run oficializó demanda contra Perú

http://peru21.pe/

13 abril 2011

Renco inició formalmente un proceso de arbitraje y exige reparación de US$800 millones. La demanda se presentó el 7 de abril último.

La empresa estaría aprovechando las ventajas que ofrece el TLC con EE.UU. (USI)

Las firmas Renco Group Inc. y Doe Run Perú (DRP) iniciaron formalmente un proceso de arbitraje contra el Estado peruano y exigirán una indemnización de US$800 millones por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

La demanda arbitral, que consta de cuatro argumentos, fue presentada el 7 de abril último ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, según confirmó una fuente del Ejecutivo.

Solo explicaron que Renco Group y Doe Run Perú estarían “aprovechando” para su reclamo las ventajas que brinda el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos. Este es el primer caso de demanda de un inversionista contra el Perú que se ampara en el referido tratado.

Según Renco, el gobierno peruano vulneró el artículo 10.5 del capítulo de inversiones del TLC Perú-EEUU. Alegan que recibieron un trato injusto respecto de la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

La firma dice que el Gobierno les exigió responsabilidades adicionales, lo que los obligó a solicitar varias prórrogas y que, debido a la negativa a extender el PAMA, no pudieron terminar con el proyecto faltante (la construcción de la planta de ácido sulfúrico).

Un segundo argumento es que el Gobierno trató con mayor dureza a DRP que a la empresa nacional Activos Mineros, a pesar de que esta última tampoco cumplió con las obligaciones que le correspondían del PAMA. Para Renco, esto constituye trato discriminatorio y vulnera el artículo 10.3 del TLC.

El tercer alegato de Renco es que está con problemas de financiamiento, lo que lo llevó a un proceso concursal ante Indecopi. Señala que están buscando financiamiento, lo que les permitirá pagar a sus acreedores.

El hecho que el Gobierno peruano pretenda ser reconocido como el mayor acreedor en la junta ante Indecopi (debido al incumplimiento del PAMA), constituye para DRP un intento de expropiación que vulnera el artículo 10.7 del TLC.

Finalmente, retoman el argumento que ha sido uno de los ejes centrales de su campaña comunicacional: el Gobierno peruano y la empresa Activos Mineros deben asumir la responsabilidad por las denuncias presentadas por los daños a la salud y el ambiente, ya sea que se presenten en el Perú o en los Estados Unidos.

Como se sabe, existe una denuncia contra Renco Group que fue admitida en un Tribunal de Missouri por un grupo de pobladores de La Oroya y que, según la empresa, es de entera responsabilidad del gobierno peruano.

Perú contrata abogados en EEUU ante demanda de minera Doe Run

AFP

15 de abril 2011

El gobierno peruano decidió contratar al estudio de abogados Sidley Austin LLP de Estados Unidos para que asuma su defensa ante una demanda internacional de la minera Doe Run, propiedad del estadounidense Grupo Renco, según un decreto publicado este viernes en la gaceta oficial.

La norma legal lleva la firma del ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides, que autoriza a funcionarios del ministerio a suscribir el contrato con esa firma de abogados.

El Grupo Renco presentó la semana pasada una demanda ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington, pidiendo una indemnización de 800 millones de dólares.

'Debemos tomar las previsiones del caso en defensa del Estado que tiene todas las facultades. Este es un proceso en el que tenemos que ser muy cuidadosos, no quiero adelantar ningún juicio', dijo el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.

En marzo Doe Run fue multada con 2,55 millones de dólares por incumplir con el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (centro de Perú) dentro del plazo de 10 meses establecido legalmente.

Doe Run Perú paralizó en junio de 2009 su operación en la fundición luego de que un grupo de bancos cortara sus líneas de crédito tras una crisis financiera que la llevó al borde de la quiebra.

La minera, que controla el complejo metalúrgico de La Oroya desde que se privatizó en 1997, debe unos 200 millones de dólares a proveedores y al fisco por impuestos e incumple con el financiamiento de 160 millones de dólares para poner en práctica un plan de defensa del medio ambiente.

La ciudad de La Oroya, de 30.000 habitantes, vive de la minería desde hace más de 100 años, y es considerada una de las urbes más contaminadas del mundo.