Company Officials of "El Desquite" Mining Company Wanted by Authorities
Published by MAC on 2005-10-28
Company Officials of "El Desquite" Mining Company Wanted by Authorities
Press Release - Assemby of Vecinos Autoconvocados de Esquel (Self-Organized Community Members of Esquel)
October 28, 2005.
Esquel, Chubut, Argentina - Local authorities have issued a warrent ordering officials of mining company "El Desquite" to present themselves before the law, for criminally disobeying an environmental stop order, handed down by the Chubut courts, an order brought to court by the Esquel Public Prosecutor.
Public prosecutor Martín Zacchino has ordered Gonzalo Fernando Tufino, identified as the President of the mining firm "El Desquite," Edward Colt, company Vice President, Darcy Edward Marud, Chief of Exploration and Mónica Mariaca Pando, Chief Environmental Officer, to appear before local courts because "there is sufficient cause to suspect that they participated in the incidents under investigation."
The local judge stated that the company officials were ordered to present themselves as accused before the court on September 29. The date passed and they did not present themselves. Thus, prosecutor Zacchino filed a new order last week setting another date for the judge to file formal charges against the suspects.
According to court sources, some of the company officials have now left the country, which might mean that international arrest warrants will be issued, in case they do not present themselves before the local authorities.
In December 2002 a young Esquel resident filed an environmental claim which was upheld on February 19, 2003 by a Civil, Commercial and Labour Judge, Dr. Claudio Petris, who ordered that "the immediate halt of all operations and intention to carry out work in the mining area of Cordón Esquel on the part of the mining company El Desquite S.A., which includes the prohibition of new projects or associated works, and of work in all stages of the project, until it is proven that said works can be done within the limits established by law."
Among arguments put forth, the Prosecutor maintains that the cited company chiefs and officials "deceitfully and unlawfully disobeyed the judicial order," that is, the environmental stop order in place since February 2003, "through carrying out of certain works done by employees of the company and in other occasions through other subcontractors," added the prosecutor Zacchino.
Authorities will present proof that the mining company defied the court order by continuing with activities for the carrying out of the mining project, knowing that the judge had ordered the halting of all activities, such as:
* The setting up of meterological measuring equipment, as well as panels and machinery to measure the flow of rivers and streams on the grounds of the mining project
* Carrying out hydrogeological studies for which at least 22 wells were drilled, as well as continued geological mapping and charting activities
* Continued drilling to obtain rock, ore and soil samples, as well as the analysis and evaluation of the samples
High court sources predict that the case could go to a public trial on a criminal level; on conviction the penal code stipulates jail terms which range from 15 days to one year.
Directivos de minera "El Desquite" buscados por la justicia
Gacetilla de Prensa - ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS DE ESQUEL
Esquel, 28/10/05. Los máximos directivos de la empresa minera "El Desquite", están siendo buscados por la justicia local para que se presenten a declarar por el presunto delito de desobediencia al amparo ambiental dictado por la justicia chubutense, en el marco de la causa sustanciada en el Ministerio Publico Fiscal de esta ciudad.
El fiscal Martín Zacchino solicitó que se cite a declarar a Gonzalo Fernando Tufino, quien se desempeñaba como Presidente de "Minera El Desquite", Edward Colt, Vicepresidente de la empresa, Darcy Edward Marud, Gerente de exploración y Mónica Mariaca Pando, Gerente ambiental de la minera "por existir motivos suficientes para sospechar que tuvieron participación en los hechos investigados".
El Juez de Instrucción local, que actúa como juez de garantías, autorizó a que fueran llamados para prestar declaración en calidad de imputados y la audiencia se fijó para el día 29 septiembre pasado, pero no se presentaron. Por este motivo el fiscal Zacchino presentó la semana pasada un nuevo pedido de audiencia para que el Juez convoque a los sospechosos.
Según fuentes judiciales, varios de los directivos de la minera se encontrarían en el extranjero por lo que no se descarta un pedido de captura internacional para que comparezcan ante la justicia, en caso de persistir la ausencia de los mismos en los tribunales locales.
En diciembre del 2002 una joven esquelense interpuso una demanda de amparo ambiental a instancias de la cual el 19 de febrero de 2003 el Juez Civil, Comercial y Laboral del noroeste del Chubut, Dr. Claudio Petris, dispuso "de manera urgente, la paralización de toda obra o hecho a ejecutarse en el emprendimiento minero Cordón Esquel por parte de Minera El Desquite S.A, así como la prohibición de ejecutar nuevas obras, actos o hechos relacionados con ello, en cualquiera de las etapas del proyecto, hasta tanto se de cabal cumplimiento con lo establecido por ley".
Entre los argumentos esgrimidos, la Fiscalía sostiene que los directivos y funcionarios de la minera que están siendo citados "procedieron dolosa e ilegítimamente a desobedecer la orden judicial", es decir el amparo ambiental que rige desde febrero de 2003, "mediante la realización positiva de determinados trabajos encomendados a personal dependiente de la propia empresa y en ocasiones a otras empresas contratadas", agrega el Fiscal Zacchino.
En la causa, se encontrarían probados - entre otros hechos - que la minera incumplió la orden judicial con acciones de utilidad para el desarrollo de la actividad minera a sabiendas que el juez ordenó la paralización de la actividad, como por ejemplo:
· colocar en el predio donde se proyectó el emprendimiento, aparatos de medición meteorológica y también colocar paneles y aparatos de medición de caudal de arroyos existentes en el predio.
· ejecutar estudios hidrogeológicos para lo que debieron realizarse al menos 22 perforaciones así como también la elaboración de mapeos geológicos.
· efectuar perforaciones para obtener muestras de roca y suelos, como así también la medición y estudio de las mismas.
Altas fuentes judiciales estimaron que la causa podría llegar a la instancia de juicio oral y público pudiendo ser condenados por este delito, donde el código penal estipula una condena que podría ir de los 15 días hasta 1 año de prisión.