Declaración Política Frente a la Inversion de las Multinacionales en Colombia y Contra el Cierre de
Published by MAC on 2004-02-24
Declaración Política Frente a la Inversion de las Multinacionales en Colombia y Contra el Cierre de Minercol
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Bogotá, febrero 24 de 2004
Los ciudadanos y ciudadanas del mundo abajo firmantes, informados por los trabajadores afiliados a Sintraminercol-FUNTRAENERGETICA-C.U.T., de los resultados de la investigación denominada LA GRAN MINERIA EN COLOMBIA: LAS GANANCIAS DEL EXTERMINIO, y de la decisión del Presidente Álvaro Uribe Vélez, de liquidar la Empresa
Estatal Minera de Colombia, Minercol Ltda., mediante el decreto 254 de Enero 28 de 2004,
declaramos públicamente:
1. La afirmación del Gobierno colombiano "...Minercol es una empresa industrial y comercial del Estado inviable, ineficiente y cada vez más dependiente del presupuesto nacional", no corresponde a la verdad. Esta obedece al cumplimiento de los mandatos de la banca mundial y del FMI como quedó demostrado en una reunión de varios sindicatos hace tres meses con el Ministro de Minas y Energía en la que éste funcionario expresó que la liquidación era una decisión política y que reconocía la recuperación económica de la empresa.
2. Repudiamos la violación a los derechos humanos que ocurre en departamentos de gran riqueza minera y petrolera, entre ellos Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Cesar, Arauca y Putumayo, donde el capital de las multinacionales ha incrementado el conflicto social y armado mediante operativos realizados por agentes estatales y/o por grupos paramilitares, lo cual se expresa en 6.626 homicidios y 433 masacres en 8 años y promedios anuales de 142 desapariciones forzadas, 117 heridos, 71 torturados, 355 amenazados de muerte, 150 detenciones arbitrarias, ocurridos desde 1995 al 2002 [1] en municipios mineros; el desplazamiento forzado de estos municipios corresponde al 68% [2] del desplazamiento nacional; el asesinato de los dirigentes sindicales del sector minero-energético equivale al 42% de los asesinatos de sindicalistas en el país y las detenciones arbitrarias en el actual gobierno se incrementaron aproximadamente en 1.500% durante el último año.
2. Reiteramos nuestra preocupación por los mandatos contenidos en el Plan Nacional de desarrollo colombiano, en particular los que vulneran la soberanía nacional y pretenden entregar totalmente a las multinacionales la exploración, explotación y administración de los recursos minerales, energéticos y públicos.
3. En la liquidación de Minercol, como ha sucedido con otras empresas estatales existen procedimientos comunes: Violación a los derechos de negociación colectiva, sindicalización y protesta, amenaza militar-paramilitar, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, amenazas y atentados contra el movimiento sindical.
4. La política de privatizaciones impulsada por el presidente ALVARO URIBE VELEZ enmarcada en la política de Seguridad Democrática se dirige al desmonte del Estado Social de derecho y genera más miseria y destrucción en un país que clama porque el conflicto social y armado tenga salidas humanitarias y propuestas concretas de inversión social y bienestar para todos y todas las colombianas.
5. Además de la entrega de los recursos mineros a los capitales trasnacionales, la liquidación de Minercol, es una retaliación a SINTRAMINERCOL, por haber hecho uso del derecho a la oposición política, el derecho a disentir de las políticas del gobierno, a pensar diferente y a desenmascarar los graves crímenes que se esconden tras la entrega de los recursos minerales (Oro, Plata, Platino, Níquel, Esmeraldas, Carbón, entre otros) pero ante todo, es una represalia por formular propuestas de desarrollo minero y medioambiental contrarios a la entrega de la soberanía Nacional.
6. Teniendo en cuenta que la investigación GRAN MINERIA EN COLOMBIA: LAS GANANCIAS DEL EXTERMINIO es un estudio riguroso, sustentado en documentos oficiales, testimonios directos de las víctimas y hechos cotidianos que afronta la población minera, apoyamos sus conclusiones en relación con la responsabilidad que le compete al gobierno colombiano y a las Multinacionales Mineras en el deterioro de las condiciones de vida y en la negación de derechos fundamentales de los trabajadores del sector minero y de las poblaciones que se encuentran ubicadas en zonas de amplia riqueza natural.
En consecuencia solicitamos:
Al gobierno de Álvaro Uribe Vélez:
Parar inmediatamente la liquidación de Minercol Ltda.
Proteger la vida, integridad, libertad y derechos sindicales de los sindicalistas del sector minero, petrolero y energético
Cesar la represión que bajo la justificación de lucha antiterrorista se viene aplicando contra líderes de organizaciones campesinas, negras, indígenas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, en zonas de riqueza minera, energética y donde hay pretensiones de privatizar la educación la salud y los servicios públicos.
Adelantar investigaciones exhaustivas en los casos de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos contra pequeños y medianos mineros que conduzcan a sancionar ejemplarmente a los responsables materiales e intelectuales y cuyos resultados sean de público conocimiento.
Reclamamos respeto al derecho de asociación, libertad sindical y negociación colectiva así como el cumplimiento a los pactos y convenios internacionales entre los cuales se encuentran los convenios con la OIT firmados y ratificados por el Estado Colombiano.
Al Congreso de Colombia:
No aprobar la Ley de Alternatividad Penal que pretende cubrir con el manto de la impunidad los graves crímenes cometidos por los grupos paramilitares contra el pueblo colombiano.
A la Comunidad Internacional:
Exhortar a los gobiernos de Canadá, Gran Bretaña, Suiza, Estados Unidos para que levanten la reserva de las cuentas bancarias de los altos funcionarios públicos colombianos que han firmado los contratos mineros y petroleros con las empresas multinacionales.
Solicitar a los Gobiernos y a los Parlamentos de los países desarrollados, una estricta vigilancia de las actividades de sus compañías multinacionales en el territorio Colombiano.
Llamamos al Parlamento Europeo para que conforme una comisión que investigue el uso y el destino de la ayuda militar de Gran Bretaña y España, pues se tienen serios indicios que ella ha sido dirigida a zonas donde compañías de esos países, desarrollan proyectos minero-energéticos o las van a desarrollar, produciendo gravísimas violaciones a los derechos humanos.
Al Congreso de los Estados Unidos a que investigue las actividades de las agencias de su gobierno, de sus multinacionales, de mercenarios de nacionalidad estadounidense, el destino de los dineros y la ayuda militar del Plan Colombia, que han sido utilizados para violar gravemente los derechos humanos de poblaciones mineras y petroleras.
A los organismos internacionales:
A la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia y al secretario general de la ONU Koffi Annan, a que conformen una comisión integrada por delegados internacionales, ONGs y sindicatos Colombianos, que investiguen de manera exhaustiva los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en zonas mineras y petroleras, cuyos resultados sean públicos y a realizar acciones de justicia y reparación a las víctimas y a la sociedad.
Llamamos a los fondos de inversión con responsabilidad social, a que condicionen la participación de las compañías mineras y petroleras en Colombia, al estricto respeto a los derechos humanos, económicos y sociales de los pobladores, o en caso contrario a que retiren sus fondos de empresas que sean señaladas como responsables de violaciones a los derechos humanos.
Por último y en aras de contribuir a crear condiciones que disminuyan las tensiones y la polarización que producen la guerra y la crisis social en Colombia, hacemos un llamado al gobierno Nacional a diseñar y ejecutar una política de recuperación de las empresas estatales como elemento de desarrollo económico del país y como muestra de buena voluntad ante los clamores de la comunidad nacional e internacional, de la imperiosa necesidad del respeto a los derechos humanos del pueblo colombiano; y en consecuencia, a revocar el Decreto 254 del 28 de Enero de 2004 y la resolución No. 180073 expedida el 27 de Enero de 2004 que ordenan la liquidación de Minercol.
Bogotá, febrero 24 de 2004
Firmas
Political Declaration on the Invesment of Multinational Corporations in Colombia and Against the Elimination of Minercol
We, the citizens of the world, have been informed by the workers affiliated to Sintraminercol-FUNTRAENERGETICA-CUT of the results of their study, titled Large-Scale Mining in Colombia: The Profits of Extermination, and of the decision of President Alvaro Uribe Vélez to liquidate the State Mining Company of Colombia, Minercol Ltda., through Decree 254 of January 28, 2004.
The Colombian government has expressed that Minercol "is a commercial and industrial state company that is unviable, inefficient, and ever more dependent on the national budget," in contradiction to the affirmation that the Minister of Mines and Energy made just three months ago to the unions, recognizing the economic recovery of the company and stating that the liquidation was a political decision of the Colombian State.
The signatories below have reiterated our concern in numerous occasions about the mandates contained in the Colombian National Development Plan, and particularly about those that violate national sovereignty and attempt, through the politics of paralysis, to give away the exploration, exploitation and administration of mineral, energy, and public resources to the multinational corporations.
The Communitarian State of President Alvaro Uribe Vélez, and its components, which include the policies of Democratic Security, the judicial system reform, the Anti-terrorism Law, the Law of Alternative Punishment, the fiscal reform, the labor reform, and the so-called renovation of public administration, are reproachable legal actions that express the interests of the international financial institutions, negate the social rule of law, and generate more misery and destruction in a country that is demanding a humanitarian settlement to the social and armed conflict and concrete proposals of social investment and wellbeing that would benefit all Colombians.
The proceedings in which the government liquidated the State Mining Company Minercol contain the same kinds of political foundations and legal tricks that were utilized in the liquidation of Telecom; also the same that are being utilized today in the indirect liquidation and privatization of the Municipal Corporation of Cali EMCALI EICE ESP; as well as in the privatization of the Colombian Petroleum Company ECOPETROL, the Social Security Institute ISS, the National Training Service SENA, and the public universities. This is just to name some of the labor conflicts which share common traits: the violation of rights of expression, of collective bargaining, and of unionization; military and paramilitary threats; summary executions; arbitrary detentions; threats; assassination attempts; and even the delivery of the national patrimony to the multinational corporations.
It is clear, that in addition to facilitating the delivery of these resources to big multinational capital, the liquidation of Minercol is a retaliation against SINTRAMINERCOL for having used their right of political opposition and their right to dissent from the politics of the government, for thinking differently and for unmasking the serious crimes that have been hidden below this delivery of mineral resources (including gold, silver, platinum, nickel, emeralds, and coal). More than anything else, this is a reprisal against the union for formulating proposals on mining sector development and on the environment that are contrary to the abandonment of national sovereignty.
In the view of the signatories below, the investigation "Large-Scale Mining in Colombia: The Profits of Extermination" is a rigorous study, based on the common reality that the mining communities confront, and proven with official documents that confirm the responsibility that the Colombian government and multinational mining companies both share in the deterioration in living conditions and in the negation of the fundamental rights of workers in the mining sector and of the people that are located in zones of great natural richness.
As a result, we request that:
The liquidation of Minercol Ltda be immediately revoked.
The Colombian Congress not approve the Law of Alternative Punishment.
The Antiterrorist Law be revoked, being the foundation of the criminalization and penalization of social protest and from which have been constructed inquisitory norms against organized social sectors such as the workers, peasants, indigenous people, Afro-Colombian communities, students, union leaders, and human rights defenders.
We exhort the governments of Canada, Great Britain, Switzerland, and the US to place holds on the bank accounts of the Colombian high public functionaries that have signed mining and oil contracts with multinational corporations.
We demand that the cases of human rights violations and crimes against humanity of workers in the small and medium sized mining sectors that are now languishing in impunity are reopened, are judged, and that the material and intellectual authors are appropriately sanctioned.
We demand that the repression against the communities located in zones of mineral and energy abundance cease and that the attempts to privatize health care, education, and public services also cease.
We demand respect for the rights of free association, union liberty, and collective bargaining, in agreement with pacts and international conventions such as the International Labor Organization Conventions that have been signed and ratified by the Colombian State.
We call on the Office of the High Commissioner of Human Rights of the United Nations in Colombia and the Secretary General of the United Nations Kofi Annan to form a commission of international delegates, NGOs, and Colombian trade unions, to exhaustively investigate the crimes against humanity and war crimes that are being committed in the mining and oil regions, whose findings would become public and provide the basis for juridical actions that will bring reparations to the victims and to society.
We call on the Member States of the European Parliament to form commissions to visit the regions of Colombia rich in minerals and oil, where the peasant, Afro-Colombian, and indigenous communities are being denied their civil, political, economic, social, and cultural rights in order to ensure investment by multinational corporations.
We call on the European Parliament to form a commission that investigates the use and destination of the military aid to Colombia given by Great Britain and Spain. In the studies that have been already developed, there are serious indications that this aid has been directed to areas where companies from these countries develop or will develop mining and energy projects, producing grave violations of human rights.
We call on the socially responsible investment funds to condition their investments in companies with mining and oil projects in Colombia on the strict respect of human, economic, and social rights of the local populations, and to divest their funds from these companies if they are shown to be responsible for these violations.
Finally, as a contribution to the creation of conditions that diminish the tension and polarization that has produced the civil war and social crisis in Colombia, we call upon the Colombian government to design and execute a policy of recuperation of the state industries as an element of the economic development of the country and as a show of good faith before the demands of the national and international community for the imperative necessity of greater respect for the human rights of the Colombian people; and as a consequence of this to revoke Decree 254 of January 28, 2004 and of Resolution 180073 expedited on January 27, 2004, that order the liquidation of Minercol.
Bogotá, February 24, 2004
Signatories:
Estados Unidos
Noam Chomsky - Escritor, Profesor de lingüística, MIT
Aviva Chomsky - Profesora de Historia, Salem State College
Comité por Justicia Social en Colombia, Nueva York, EE. UU
Carol Chomsky - Pensionada
Líndale Knight - Unitarian-Universalist Church of Greater Lynn
Donna Neff - Witness for Pace
Lynn Nadeau - Healthlink
Matt Buchanan - Profesor Salem High School
Heather Cahill - Estudiante Salem State
Susan Connell-Mettauer, Estudiante Salem State
Shaun Hayes - Veterans for Peace
Colombia
NOMBRE INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN/ PROFESION
Alirio Uribe Muñoz - Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"
Agustín Jiménez - Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Yesid Plaza Escobar - Sindicato de Trabajadores
de las Entidades Territoriales de los
Departamentos, Distritos, Municipios y
Corregimientos de Colombia SINTRAENTEDDIMCCOL -
Comité Seccional Bugalagrande
Berenice Celeyta Alayón - Asociación para la
Investigación y Acción Social NOMADESC
Ludivia Giraldo Díaz - Asociación para el Desarrollo Social Integral ECATE
Martha Lucía Renteria - Asociación para el Desarrollo Social Integral ECATE
Fernando Ramírez González - Fenasintrap
Yesenia Echavarria Zuleta Sintramin
Corporación Jurídica Alternativa Ciudadana - Héctor Castro Portilla
Ángela Ascencio - Corporación Trabajadores por la Tierra
Heberth Ruiz Ríos - Sindicato de Trabajadores de
la Industria Metalúrgica - Sintrametal Yumbo
Lilia Vargas - Corporación Social para la
Asesoría y Capacitación Comunitaria COS-PAC
Domingo Tovar Arrieta - CUT - Director Oficina de Derechos Humanos
Alexander López Maya - Representante a la Cámara
y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso
Marcela Pachon y Henry Villegas - Asoingeominas
Mauricio Rubiano - Asociación Iniciativa Juvenil
Iván Cepeda Castro - Fundación "Manuel Cepeda Vargas"
Claudia Girón Ortiz - Fundación "Manuel Cepeda Vargas"
[1] Datos del Banco de datos de Cinep y Justicia y Paz e investigación estadística de
Sintraminercol y Nomadesc.
[2] Cálculos tomados de la base de informes de Codhes, Nomadesc y Sintraminercol.