ARGENTINA: Mining companies act against nature reserve expansion

ARGENTINA: Mining companies act against nature reserve expansion

By Pablo Icardi

12th December 2005

The mining scandal in Mendoza province (Argentina) seems to be escalating. While transnationals defy Mendoza´s sovereign right to administer its territory, regional organisations groups have now started to push for an anti-cyanide law.

Mining Companies Act Against Expansion of a Nature Reserve in Mendoza, Argentina

Mining company officials have begun their counter offensive against the Province of Mendoza, after the state approved a law expanding the natural reserve Laguna del Diamante in San Carlos, a law which prevents the continuation of mining exploration in the zone. Three firms which had prospecting rights and permits in the area denounced the government's decision before the Supreme Court, arguing that the action expanding the natural reserve was unconstitutional. The foreign companies located in Argentina are seeking gold and copper deposits. One of them is Anglo American, which is mining Cerro Vanguardia in Santa Cruz, the home province of President Néstor Kirchner.

In the region of the Laguna del Diamante, all eyes have been upon the companies for some time now. In 2003 the miners began the first exploration work, on foot and by helicopter. The government had even authorized the transit of vehicles throughout the park to carry out prospecting work, and had evaluated the Environmental Impact Report (produced by consultants AWS) for the prospecting.

But as the exploration works expanded, opposition from the residents of San Carlos also grew. This year it exploded in demonstrations and strong demands against the mining activities. The fear of contamination of the water was the key issue propelling these demands. In the face of these pressures, the Legislature, supported by the Executive branch, approved a law which expanded the Reserve to 170,000 hectacres, prohibiting minng activities in all parts of the Reserve. The controversies surrounding the issue resulted in the resignation of the provincial Director of Mining, Carlos Monjo (former Anglo American employee). Now the mining operations have been halted in San Carlos. The mining companies are demanding that the law expanding the limits of the Reserve be declared unconstitutional, and this is only the first demand. The companies are also demanding from the State compensation for supposed economic damage.

* See previous posting on this site: Argentine province aims to block Canada miner Tenke 7 September 2005; http://www.minesandcommunities.org/Action/press732.htm

Empresas mineras demandan al Estado por la ampliación de una reserva natural

Por Pablo Icardi

Mendoza, Argentina. Sabado 12 de noviembre 2005

http://www.losandes.com.ar/2005/1112/sociedad/nota284615_1.htm

Las mineras comenzaron su ofensiva contra el Estado mendocino, luego de que se aprobara una ley que amplia la reserva Laguna del Diamante (San Carlos) y les impide seguir explorando la zona. Tres firmas que tenían cateos y permisos de prospección minera en el área, denunciaron al Gobierno ante la Suprema Corte de Justicia por supuesta inconstitucionalidad de la ley que permitió extender el área protegida. Se trata de empresas con capitales extranjeros, radicadas en la Argentina, que buscaban cobre y oro.

Una de esas firmas es "Anglo-American". Su presentación (caratulada "Anglo contra el Gobierno de Mendoza) se basa en lo que creen es una "vulneración" de los derechos adquiridos en la zona y fue realizada en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Esa empresa tenía cateos mineros en la zona del perímetro de la reserva Laguna del Diamante (bautizados como Ninu). Con la ampliación quedaron dentro del área protegida. Los permisos que defiende esa minera estuvieron a nombre del ex director de Minería Carlos Monjo (quien trabajó en Anglo American) y la firma está patrocinada por la abogada Patricia Inzirillo.

En toda la zona de la reserva hay aproximadamente 62 permisos mineros expedidos. Las presentaciones se realizaron a mediados de octubre, antes de las elecciones, y según representantes de las empresas, antes informaron al Gobernador y a Fiscalía de Estado sobre lo que iban a hacer.

En la zona de Laguna del Diamante, están puestos los ojos de estas empresas desde hace tiempo. En 2003 comenzaron los primeros trabajos de exploración del terreno, a pie y en helicóptero. Incluso el Gobierno había autorizado hace un año el tránsito de vehículos por la reserva para realizar trabajos de prospección, y se evaluaba el estudio de impacto ambiental (realizado por la consultora AWS) para los trabajos de prospección.

Presión popular

A medida que los trabajos de exploración avanzaban, el rechazo de la población de San Carlos también crecía. Así, este año el tema explotó con puebladas y fuertes reclamos en contra de la actividad minera. El temor a la contaminación del agua fue el motor de esos reclamos. Ante la presión, la Legislatura (apoyado por el Ejecutivo) aprobó una ley que amplió la reserva a 170.000 hectáreas, prohibiendo así los trabajos mineros en todo ese terreno.

"El Gobierno reaccionó espasmódicamente y amplió enormemente la reserva sin consultar y sin fundamentos serios. Las empresas tenían derechos adquiridos. Los trabajos recién habían comenzado en San Carlos y faltaba mucho, no entendemos por qué se reaccionó así. por eso hay tres que fueron a la Justicia", dijo Gustavo Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Minería de Mendoza.

Las controversias por el tema terminaron con la renuncia del director de Minería. El Gobierno habría sido notificado oficialmente el lunes de los reclamos de las empresas (Los Andes intentó comunicarse con los responsables del área, pero no hubo respuesta). Según fuentes del sector, hay una fuerte disputa interna en Economía, en especial en la Dirección de Minería, para saber qué postura tomar con respecto al tema.

Ahora los trabajos mineros están detenidos en San Carlos. El intento para que sea declarada inconstitucional la ley de ampliación de la reserva sería sólo el primer paso. Es que desde las mineras apuntan a demandar al Estado también para reclamar un resarcimiento económico.

Otro tema que aún no está resuelto es la reglamentación de la ley de ambiente, que será parte del marco legal de la actividad.

En detalle

La zona. Laguna del Diamante es la reserva de agua en estado líquido más grande de Mendoza. Además, en la zona cordillerana están las nacientes de los ríos Papagayos y Yaucha, que riegan todo San Carlos.

Reserva. La reserva fue ampliada por ley a 170.000 hectáreas. Allí quedaron dentro del área protegida unos 62 permisos de exploración minera.

Quejas. Las protestas y demandas de las empresas no se hicieron esperar. Tres empresas extranjeras presentaron recursos en la Justicia para declarar inconstitucional la ampliación de la reserva. También pedirían un resarcimiento económico.

LINKS:
http://www.poraguapura.com.ar
http://www.frentediamante.org.ar/