Argentinian proposal to reactivate uranium mining sparks protests
Published by MAC on 2004-07-15
Argentinian proposal to reactivate uranium mining sparks protests
English summary of Spanish articles (below): In the province of Mendoza, Argentina, a strong controversy has arisen over an immanent presidential decree, aimed at reactivating the old uranium mining complex, Sierra Pintada.
Since CNEA (the Nuclear Energy National Commission) announced in 2003 its intention to reactivate operations in Sierra Pintada, several social organizations have expressed their opposition: the Industrial Union, the Chamber of Commerce, the Rural Society of Apyme, the San Rafael Deliberative Council, and Oikos ONG, among others. All of them have urged restraint, until previous damages from mining have been rectified
The Sierra Pintada Complex occupies 2,000 hectares, yielded by Mendoza to the CNEA for uranium mining which commenced in 1979. In 1986 the mine was extended to an annual capacity of 60 to 120 tons of uranium. A decade later, in 1995, the mining operation was stopped. Throughout its period of operation, 1,600 tons of uranium were extracted, neessitatin the removal of 2,500,000 tons of overburden and ore; 182 people worked at the plant.
The CNEA plans to extract another 2,500 tons of uranium, over a period of about 20 years and by employing 200 people. Currently some 1,000 tons of solid waste is buried in 5,340 barrels, along with 1,700,000 tons of uranium tailings while 1,200,000 m3 of water is held in quarries and ponds used for evaporation.
La reactivación de Sierra Pintada divide aguas en San Rafael
Por Walter Aquindo, Diario de Los Andes (Mendoza, Argentina)
Los Andes newspaper
Lunes 19 de julio 2004
La eventual firma de un decreto presidencial para definir la reactivación del Complejo Sierra Pintada, para volver a extraer uranio, preocupa a las autoridades departamentales de San Rafael. Según la versión -no confirmada oficialmente- sería inminente un decreto del presidente Néstor Kirchner disponiendo el reinicio de las tareas en la mina. El Gobierno mendocino daría el visto bueno a esta propuesta.
El intendente Omar Félix aseguró ayer que pedirá las condiciones que impone la ley de Impacto Ambiental. "No tengo la confirmación oficial", advirtió el jefe comunal, quien está dispuesto a realizar un plebiscito en el departamento para que sea la ciudadanía sanrafaelina la encargada de opinar sobre este proyecto.
Gustavo Morgani, subsecretario de Medio Ambiente del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas provincial, dijo a Los Andes que tampoco conocía la existencia de un decreto. El funcionario aseguró que "más allá de que el presidente lo disponga, porque está en sus atribuciones, debe respetar y cumplir con la autoridad de aplicación que es la provincia de Mendoza.
A principio de mes, como adelantara Los Andes, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) presentó al Gobierno el estudio de impacto ambiental realizado por la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda (Buenos Aires). Allí surgió como novedad que la reactivación incluye el traslado a San Rafael de la planta Dioxitek para purificar el mineral y obtener el dióxido de uranio, mineral usado en la energía atómica
Morgani enfatizó que "nunca se convino el traslado de la planta Dioxitek y ahora aparece en el estudio de impacto ambiental presentado por la CNEA". El Gobierno recibió oficialmente este informe de la entidad nacional. "Pero no le hemos dado inicio formal al procedimiento", dijo Morgani.
La radicación de esta planta no vendría sola; según las versiones que circulan en San Rafael se se trasladarían también 10.000 tambores con colas de uranio (pasivos ambientales) que se sumarían a los más de 5.000 actualmente enterrados en el complejo sureño.
Desde que la CNEA anunció a mediados de 2003 su intención de reactivar la explotación de uranio en Sierra Pintada fueron varias las entidades que se opusieron. Así fueron expresando su oposición la Unión Empresaria, la Multisectorial, la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, Apyme, el Concejo Deliberante y la ONG Nativa, entre otras. A ellas se sumó Oikos de Mendoza.
Todas pidieron frenar la reactivación hasta que se remediaran los daños producidos anteriormente. Además hubo algunos hechos que molestaron a las fuerzas vivas sureñas, como una encuesta elaborada por la Consultora Delfos, de Córdoba, para conocer el grado de información de la gente sobre la actividad minera uranífera. Varios dirigentes calificaron de "tendencioso" al sondeo.
Sergio René Aldebert, jefe del Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, dijo que la CNEA "está dando los pasos exigidos para la reapertura del complejo, esto es conocido públicamente. Pero respetando a rajatabla lo que indica la ley de Impacto Ambiental, es decir no se abrirá a la fuerza como se quiere hacer pensar a la gente". Pero las autoridades del departamento abrieron el paraguas; por un lado los concejales ya emitieron sendos dictámenes oponiéndose a la reapertura.El intendente Félix aseguró: "Exigiré las medidas que dispone la ley de Impacto Ambiental, incluida la audiencia pública".
Es que siguiendo el refrán según el cual cuando el río suena es porque agua trae, no quieren encontrarse con un decreto presidencial firmado y no tener las herramientas para oponerse.
A fin de este mes habrá una importante reunión en el ministerio de Economía de Mendoza. En ese encuentro, las autoridades de la CNEA explicarán el informe presentado. Y a partir de allí se tomará la decisión política del gobierno mendocino.
Por otra parte aún duerme en el Senado un proyecto para derogar la Ley 5.330, que avaló el convenio firmado en su momento entre la CNEA y el gobierno mendocino.
Diputados lo aprobó, pero los senadores aún no dieron su opinión. Si esa ley fuera derogada obligaría a la entidad nacional a realizar un nuevo acuerdo bajo la nueva legislación mendocina, es decir incluyendo las normativas de impacto ambiental, y además dispondría las reglas de coparticipación.
El complejo en números
El Complejo Sierra Pintada ocupa 2.000 hectáreas, cedidas por Mendoza a la CNEA, para la explotación de uranio.
Comenzó su actividad minera en la década del '70 y la planta empezó a funcionar en 1979. Se enviaba lo extraído a Malargüe.
En 1986 se cerró la mina de Malargüe y se amplió Sierra Pintada, pasando a una capacidad anual de 60 a 120 toneladas de uranio.
En 1995 se detuvo la explotación minera. Durante todo el período de funcionamiento se extrajeron 1.600 toneladas de uranio (1.012 en San Rafael y 600 en Malargüe) para lo cual se removieron 2.500.000 toneladas de mineral.
Trabajaban unas 182 personas. Actualmente sólo hay 62 personas que realizan tareas de monitoreo y control del medio ambiente.
La idea de la CNEA es explotar unas 2.500 toneladas de uranio, tarea que demandaría unos 20 años y daría trabajo a unas 200 personas.
Hay 1.000 toneladas de residuos sólidos enterrados en 5.340 tambores y 1.700.000 toneladas de colas de uranio. Además existen 1.200.000 m3 de agua en las canteras y en los diques de evaporación.
Polémica por posible traslado de una planta atómica a San Rafael
Por Walter Aquindo, Diario de Los Andes (Mendoza, Argentina)
Los Andes newspaper
Martes 20 de julio 2004
Hace exactamente una década, los vecinos de Alta Córdoba comenzaron a preocuparse por el fuerte olor a amoníaco que salía de la central de tratamiento de uranio que funciona en el corazón de ese tradicional barrio cordobés. Desde entonces, hubo infinitas promesas de traslado de esa planta atómica que todavía sigue funcionando en Rodríguez Peña 3250, y ahora se debate si el nuevo destino para la fábrica de la firma Dioxitek será San Rafael.
En Mendoza se abrió una fuerte polémica porque sería inminente la firma de un decreto presidencial para la reactivación de la mina de uranio de Sierra Pintada, y la decisión incluiría también el traslado a San Rafael de la planta atómica de Córdoba.
En ese sentido, el intendente sanrafaelino Omar Félix ayer se reunió con líderes departamentales de otros partidos políticos. Todos concluyeron que necesitan un estudio serio de un organismo independiente, para después encarar un plebiscito popular, y que así la gente dé su opinión sobre el tema. Félix también viajaría a Buenos Aires (ver aparte).
En tanto que en Córdoba la noticia produjo una enorme preocupación en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ya que en la planta de Dioxitek -se trata de una empresa que pertenece a la Nación- se desempeñan 68 empleados.
No obstante, de lo informado por la empresa Dioxitek surge que el traslado no está decidido todavía y que, de resolverse, no sería inminente. Gustavo Navarro, vicepresidente de la firma, recalcó que la prioridad del Estado nacional es la reactivación de la mina de Sierra Pintada para la sustitución de las actuales importaciones de uranio, pero que el traslado de la planta de Córdoba es apenas una posibilidad.
La versión de la empresa
"Se presentaron en San Rafael los estudios de impacto ambiental para un posible traslado de la fábrica de Córdoba, pero no hubo más avances", explicó Navarro, quien recalcó que Dioxitek deberá retirar tarde o temprano su planta de la capital cordobesa, pero que tiene un amplio plazo para hacerlo: tres años desde el momento en que consiga la autorización para radicarse en otro lugar.
"Por el momento, la empresa avanza en el proyecto de reactivar la mina de uranio de Sierra Pintada. La posibilidad de trasladar a ese mismo destino la planta de procesamiento de uranio de Córdoba está en análisis; se presentaron los estudios de factibilidad, pero no es una decisión tomada", insistió el directivo.
Navarro destacó: "Lo que está claro es que Dioxitek debe irse de Alta Córdoba: la Municipalidad nos reclama eso desde hace años y también hay una ordenanza que le pone plazo al funcionamiento de la planta. Lo que es impensable es dejar de producir: en medio de esta crisis energética mantener las centrales nucleares es prioritario".
De más está decir que en el medio, el Estado nacional debería concretar la inversión millonaria que supone levantar la planta de Córdoba y construir nuevas instalaciones en Mendoza. Desde la sede porteña de Dioxitek se indicó que la resolución final sobre el tema será anunciada el martes próximo.
En la planta de Alta Córdoba se fabrica dióxido de uranio, material que se usa como combustible en las plantas atómicas de Embalse y Atucha. "En medio de la crisis energética que sufre el país, lo que puede descartarse es cualquier medida que ponga en riesgo la producción de dióxido de uranio", indicó Navarro.
En el pasado, especialmente durante la gestión del ex intendente Rubén Martí, fue la municipalidad de Córdoba la que exigió con insistencia el cierre de la planta atómica de Alta Córdoba. Las cosas parecen distintas en la actualidad: Sergio Miglietta, director general de Ambiente de la ciudad, explicó que hasta el momento la gestión de Luis Juez no tuvo tiempo de analizar este tema. La Voz del Interior
El decreto que firmaría Kirchner
Hasta ayer, el presidente Néstor Kirchner no había firmado el decreto correspondiente para el traslado de la planta Dioxitek, que actualmente se encuentra en la provincia de Córdoba, al departamento de San Rafael.
Sin embargo, según fuentes de la Casa Rosada, los funcionarios nacionales que manejan el tema son muy cautos con respecto a la información que pueda publicarse, porque quieren evitar "un nuevo Esquel".
Por otro lado, desde la Comisión Nacional de Energía Atómica sólo se anunció que el 27 de julio, el organismo nacional junto a funcionarios del Ministerio de Economía de la provincia darán a conocer el informe de impacto ambiente. No se informó sobre la posible firma del decreto.
Los primeros días de julio, la CNEA presentó al gobierno nacional el estudio de impacto ambiental realizado por la Universidad Tecnológica de Avellaneda. De allí surge la posibilidad de que la reactivación del Complejo de Sierra Pintada incluya el traslado al departamento sureño de la planta Dioxitek, para purificar uranio y obtener dióxido de uranio.
En ese sentido se supo que el intendente de San Rafael, Omar Félix, viajará hoy a Buenos Aires para realizar averiguaciones en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Reunión para analizar un posible plebiscito
San Rafael. Omar Félix tuvo su primera reunión con los partidos políticos desde que asumió la intendencia de San Rafael. Junto al jefe comunal se sentaron los titulares comunales del PJ, la UCR y el PD. El tema publicado por Los Andes sobre la casi inminente reapertura del complejo Sierra Pintada -para extraer uranio- fue el principal. Todos coincidieron en que se necesita un estudio serio y de una entidad independiente, para después apoyar un plebiscito popular.
"Es una decisión que no puede tomar sólo el intendente o las autoridades del departamento. Aquí debe involucrarse y opinar la comunidad", dijo el jefe comunal sureño.
Quedó como conclusión en esta mesa política que primero hay que informar y despejar todas las dudas a la población. Solicitarán al gobierno provincial (Félix lo hará hoy cuando, con el resto de los intendentes justicialistas, se junte con Cobos) que contrate una consultora, organismo científico o entidad profesional -no ligada ni a la Comisión Nacional de Energía Atómica ni al Estado- para realizar los estudios ambientales. "Éstos deben ser imparciales y serios, para determinar el verdadero impacto del complejo. Luego, una vez recabada toda la información, hay que consultar a la gente", expresó .
Los dirigentes políticos apoyaron lo dicho por el intendente. Pero también emitieron su punto de vista. "Hay divergencias, opiniones a favor y en contra, pero creemos que lo primero es informar a nuestros vecinos y hacerlo de manera imparcial", expresó Cesar Miras, titular de la UCR.
Para Mario Casteller, presidente del PD en el departamento, "se deben tener elementos claros, valederos y técnicamente comprobados por entidades serias e independientes, para saber si el complejo produce o no contaminación ambiental".
Casteller, que además es senador, dijo que se agilizará en la Cámara la derogación de la ley 5.330 (tiene media sanción de Diputados), que le dio marco legal al convenio entre la CNEA y Mendoza. Si eso ocurriera obligarían a la entidad nacional a realizar un nuevo acuerdo, según las normas vigentes, incluida la ley de impacto ambiental.
También se conoció que el Concejo Deliberante de San Rafael sancionó en 1996 la Ordenanza 5.382, que "prohíbe el emplazamiento de instalaciones nucleares no medicinales, localización, emplazamiento y/o almacenamiento de plantas de tratamiento o repositorios para residuos nucleares".
En el 2002, se aprobó la Ordenanza 6.909, por la cual se citaba a una reunión entre las autoridades de la CNEA, el Ministerio de Medio Ambiente, el intendente de San Rafael y los ediles, para obtener la información actualizada sobre los depósitos de residuos peligrosos. Pero nunca se cumplió.