Mineros e indígenas en el noroeste venezolano

(English translation of introduction and summary of declaration at the end)

Mineros e indígenas en el noroeste venezolano

Richard Solly, Mines and Communities Network, Londres.

15 de marzo 2003

Una confrontación se está tejiendo a lo largo de la frontera Venezolana con Colombia: no es una extensión del conflicto en Colombia, ni la continua confrontación entre el gobierno del Presidente Hugo Chavez y sus oponentes, pero si una lucha entre las grandes compañías mineras extranjeras y las comunidades cuyas vidas pueden ser destruidas por los planes de estas compañías. De hecho, esta es una de las luchas en las cuales el gobierno y la oposición se encuentran del mismo lado debido a la devoción a los grandes proyectos generadores de dinero en efectivo como una señal de "progreso".

En el lado corporativo están la Compañía Anglo American plc, con sede en Londres, Ruhrkohl AG de Alemania, e Inter-American Coal NV, con sede en la isla caribeña de Aruba, trabajando con la corporación estatal de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Anglo American estaba profundamente a favor del estado de apartheid en Sur Africa y está actualmente obteniendo beneficios de los desplazamientos forzados de Indígenas y comunidades de descendientes Africanos en la costa Norte Colombiana, donde es integrante de un consorcio que maneja la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Los yacimientos de carbón que se están explotando en el departamento de La Guajira en Colombia, se extienden hasta el otro lado de las montañas de la serranía de Perijá en el estado de Zulia en Venezuela. La minería de carbón se ha desarrollado allí durante muchos años, pero si las compañías consiguen la manera se expandirá pronto enormemente.

En el otro lado se encuentran las docenas de comunidades Indígenas que están apunto de perder su tierra y su sustento debido al "desarrollo" económico que ellos no quieren y del cuál ellos no se beneficiarán, comunidades de pescadores que se hallaran frente a la perturbación debido al dragado y construcción del puerto, los ecologistas que están preocupados sobre los impactos en la calidad del agua y del aire de la región y las personas más conscientes de Maracaibo, la capital del estado, cuya agua potable proviene precisamente de la misma área sobre la cual las compañías mineras planean expandirse.

Yo estuve presente en una reunión en Campamento, en la Península de Guajira entre la frontera colombiana y el Golfo de Venezuela, el 13 de diciembre de 2002. Comunidades Indígenas Wayúu locales han sabido que la compañía minera Carbones de Guasare estaba planeando construir un puerto enorme cerca a Pararú y una línea de la vía férrea, a través de por lo menos veinte pueblos Wayúu, para transportar el carbón de una nueva mina que va a ser desarrollada en Socuy, 80 kilómetros al sur. Carbones de Guasare es propiedad de PDVSA a través de su empresa subsidiaria local Carbones de Zulia (CARBOZULIA), en unión con Ruhrkohl AG y Anglo American plc (a través de Anglo Carbón). Han estado diciéndoles a cada comunidad de Wayúu que las otras comunidades ya han aceptado el proyecto. Adelina Kambar, una anciana Wayúu quien descubrió por primera vez la presencia de obreros que inspeccionan la ruta de la propuesta línea de la vía férrea, decidió promover una resistencia unificada en contra de los planes de la compañía. La reunión en Campamento se organizó, para que las personas pudieran saber realmente que querían los miembros de las otras comunidades. A esta, asistieron representantes de los pueblos de Wayúu de Campamento, Wichepe, Miralejos, Sumaincaii y La Gloria y presidida por Isidro Fernández de la Organización Indígena del Territorio Wayúu (OITEWA).

Los miembros de la comunidad dijeron que ellos no habían sido consultados sobre la construcción del puerto o la vía férrea. Ellos señalaron que la reciente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela habla de los derechos de los pueblos Indígenas, incluso el derecho a ser consultado de antemano por cualquier compañía que deseara empezar proyectos en su tierra. La reunión en Campamento acordó un rechazo enfático a los planes de construcción del puerto y la vía férrea. Los miembros de la comunidad dijeron que ellos quieren unirse para luchar en contra de esta amenaza. Carbones de Guasare había estado deliberadamente fomentando la división entre las comunidades .

Cristina Fernández, Presidente de la Asociación de Vecinos de Wichepe, dijo que las comunidades necesitan unirse y organizarse para elevar su voz de protesta. Ellos no deben ser pasivos ante cualquier compañía que viola sus derechos. Y si ellos eran pasivos entonces tendrían que aceptar las consecuencias. Tiburcio Montiel, Presidente de la Sociedad de Vecinos de Miralejos, dijo que aunque carbón ya estaba extrayéndose, las comunidades locales no estaban recibiendo ninguna regalía. Y tampoco ellos estaban siendo empleados. En cada comunidad había centenares de desempleado, y la minería no había hecho nada que mejorar la situación. Leticia Gonzales, representante de la Sociedad de Vecinos de Sumaincaii, también rechazó el proyecto. Su comunidad tiene animales y pasto y es su derecho continuar con su estilo de vida como está garantizado por la constitución. Ella estaba acostumbrada a su estilo de vida, con su humilde morada y sus animales, y era su derecho continuar así. Marcionilla Fernández, representante de la comunidad de Wichepe, dijo que su comunidad se había organizado para expulsar a los representantes de la compañía. Ella dijo que las personas no deben tener miedo: en la unidad está la fuerza. Ellos han rechazado el mensaje de los representantes de la compañía y han mantenido una posición radical. Representantes de la compañía hicieron todo posible para convencer a la comunidad pero la comunidad se organizó y los expulsó del pueblo. Otros portavoces expresaron su miedo por el pastaje de los animales, sus cementerios y otros sitios sagrados, y por el mantenimiento del estilo de vida que ellos quieren seguir llevando.

El profesor Lusbi Portillo de la Universidad de Zulia explicó que esas comunidades Wayúu serán afectadas por dos minas, Paso Diablo y Mina Norte. Paso Diablo es propiedad de Carbones del Guasare, la cual actualmente transporta su carbón desde Santa Cruz de Mara, al norte de la capital del estado, Maracaibo. Actualmente se exportan siete millones de toneladas anualmente. Carbones del Guasare planea aumentar sus exportaciones a 18 millones de toneladas por año desarrollando una nueva mina en Socuy, al sur de Paso Diablo. Santa Cruz es demasiado pequeño para manejar semejante tonelaje, razón por la cuál la compañía quiere construir un puerto más grande en Pararú y cerrar Santa Cruz. El mar en Pararú no es profundo, y hay tortugas y una abundancia de peces. Para que los grandes barcos carboneros puedan entrar, las compañías tendrán que dragar la bahía, lo que causarán una enorme destrucción de la vida marina y la economía pesquera de la cual 36000 familias dependen.

Mina Norte es propiedad de Carbones de la Guajira, la cual a su vez es propiedad de CARBOZULIA e Inter-American Coal Holdings NV. Carbones del la Guajira produce 1.2 millones de toneladas de carbón al año y las exporta desde El Bajo, un pequeño puerto en el centro de una comunidad al sur de Maracaibo en la municipalidad de San Francisco, y Palmarejo, al sur de El Bajo, que es propiedad de Corpozulia. Corpozulia pertenece al Ministerio de Planificación y Desarrollo. Ellos necesitan ambos puertos. Carbones de la Guajira está considerando abrir otra mina, Cachiri, al sur de Socuy, para aumentar su producción a 4 millones de toneladas al año.

El Bajo y Palmarejo están lejos de las minas. Por eso Carbones de la Guajira quiere construir un nuevo puerto, Terminal Carbonero de San Bernardo, la primera etapa del proyecto enorme de construcción de Puerto América, que es un proyecto que planea construir un puerto de grandes proporciones en la boca de la ensenada que va desde el Golfo de Venezuela al Lago Maracaibo, en el Municipio de Almirante Padilla. Esto afectará una zona turística en la que el turismo es controlado por comunidades locales, y pescadores. La comunidad en el área es una mezcla de indígenas Wayúu y no-indígenas. El área está conformada por las islas de San Bernardo y San Carlos que se unieron al continente, como resultado del deposito del material dragado del lecho marino durante la construcción del canal de navegación a Santa Cruz de Mara.

El proyecto en San Bernardo afectará todo el potencial turístico de San Carlos y San Bernardo y es rechazado por los pescadores. Los camarones y otras especies pescadas por ellos viven a lo largo de la costa entre los dos puertos planeados. Los camarones durante su ciclo de vida viajan a lo largo de la costa, migrando desde el área cercana a Pararú hasta Lago Maracaibo y se regresan luego a Pararú, por lo tanto, los puertos afectarán la ruta de migración de los camarones. El área entera es muy sensible por su vida marina. El dragado y la presencia de grandes barcos tendrán un efecto permanente en la pesca de la zona. En San Bernardo hay planes de construir una plataforma marina, y dragado permanente porque el mar en esta área es poco profundo. Toda la arena alrededor de la costa del Golfo de Venezuela se deposita en los alrededores de San Bernardo debido a la prevalencia de corrientes, razón por la cual se debe hacer dragado de la zona constantemente. A pesar de esto, el proyecto fue aceptado por la compañía holandesa de ingeniería ambiental Royal Haskoning a través de un estudio financiado en parte por el gobierno holandés.

El carbón de las minas en el departamento de Norte de Santander en Colombia se transporta actualmente en camiones a los puertos de Palmarejo y El Bajo en Venezuela. Si se construyen puertos más grandes al norte de Venezuela, estarían muy lejos para llevar el carbón hasta allá por medio de camiones, y entonces tendría que ser transportado en barco por el Río Catatumbo y el Lago Maracaibo. El Río Catatumbo tendría entonces que ser dragado hasta el puerto llamado Encontrados en Venezuela, para facilitar el transporte de carbón, de acuerdo a los planes esbozados por Corpozulia. Esto causaría contaminación a lo largo del río hasta el Lago Maracaibo, debido al polvillo del carbón.

Actualmente, barcos pequeños llegan la carga de carbón destapada, hasta un barco más grande llamado Bulk Wayúu, el cuál está anclado en la bahía como plataforma fija o puerto flotante. Hay un barco similar en el canal del puerto El Bajo, que se encuentra anclado a un kilómetro de la costa. Este barco viene y va, pero el Bulk Wayúu está estático en su lugar y desde él se cargan barcos grandes. El carbón proveniente de las minas de Norte de Santander en Colombia, también es descargado en el Bulk Wayúu.

En San Bernardo no se construirá vía férrea pero es posible que se construiría una carretera con puente para ir desde el sur de la bahía entre Maracaibo y San Bernardo. Esto causaría problemas por el dragado y polución por el polvillo del carbón.

El Profesor Portillo está involucrado en un grupo de campaña e investigación ecológica establecido en Maracaibo llamado Homo et Natura (hombre y naturaleza). Los miembros de este grupo me dijeron que los problemas causados por las minas y puertos actualmente son los siguientes:

1. Cada semana hay uno o dos accidentes en la carretera causados por los camiones que transportan carbón. La mayoría de estos accidentes producen muertes, otros causan serias lesiones. Los camiones llevan entre 45-50 toneladas de carbón en un solo viaje. Los caminos no son buenos - son muy estrechos. Los camiones viajan las 24 horas del día, 365 días al año. Transitan a altas velocidades pues a los chóferes se les paga por viaje completado.

2. Los camiones que transportan el carbón son tan pesados que causan vibraciones que hacen que las paredes de las casas que quedan a los lados de las vías se agrieten.

3. En los puertos de Santa Cruz y El Bajo, hay viviendas cercanas las cuales son afectadas por el polvillo del carbón, el cual entra a las casas y además está en el aire, el agua y los pulmones de la gente.

4. La minería a cielo abierto causa deforestación. Esto afecta la hidrología del área entera. El Rio Paso Diablo casi ha desaparecido a consecuencia de esto. Otros ríos pequeños también han desaparecido o han sido contaminados con metales pesados. Los metales pesados también contaminan las aguas subterráneas. Las explosiones en las minas fracturan la piedra y hace que las aguas superficiales se profundicen.

El Dr Hebert Chacón, un concejal Wayúu en la municipalidad de Paez, donde el puerto de Pararú será construido, dice que cuando la Mina Norte comenzó a ser construida, la compañía prometió 2000 trabajos a las comunidades locales. Ellos realmente solo han creado 60 puestos de trabajo para las personas locales de las que 10 fueron a los Wayúu. Ningún beneficio ha recibido la comunidad local de la minería - sólo destrucción ecológica. En contraste con los 36000 empleos que produce la pesca los cuales podrían perderse si la construcción del puerto prosigue, la Mina Norte emplea un total de 240 personas. El puerto de San Bernardo empleará un máximo de 150 personas, personal educado y especializado. Paso Diablo emplea 1300 personas actualmente.

Dr Chacón admitió que hay Indígenas Wayúu que apoyan los proyectos propuestos. Mientras las comunidades tradicionales que habla el Wayúunaiki están en contra ellos, las comunidades más aculturadas solo pueden ver el desempleo alrededor de ellos y creen en las promesas de la compañía de creación de puestos de trabajos - a pesar del hecho que la evidencia a la fecha sugieren que las promesas serán insustanciales. Pero entre los oponentes también se incluyen muchos otros en el oeste de Zulia porque los efectos en el suministro y calidad de agua serán a su vez dañados. Los Wayúu tradicionalistas han encontrado aliados en las organizaciones ecológicas en Maracaibo, de la Iglesia y también de derechos humanos a nivel nacional y regional.

Las dos minas de carbón existentes y las otras tres planeadas que afectan a los Wayúu están todas ubicadas dentro de la cuenca de un solo río. Tres de los ríos que nacen en la Sierra de Perijá - el Guasare, el Cachiri y el Socuy - se unen para formar el Río Limón que desemboca en el mar cerca de San Carlos/San Bernardo. En los Ríos Socuy y Cachiri están los reservorios de agua potable que suplen a dos millones de habitantes de Maracaibo y muchas otras personas en el norte de Zulia. Las minas planeadas estarían ubicadas encima de estos reservorios. Todos los ríos que desembocan en el Lago Maracaibo del oeste nacen en la parte oriental de la Sierra de Perijá y todos serán afectados por la minería si todas las concesiones sean explotadas. El Río Guasare tenía un flujo de 30000 litros por segundo en 1973 según un informe del Ministerio de Ambiente venezolano. Ahora ha bajado a aproximadamente 10000 litros por segundo debido a la minería: en parte debido a la deforestación pero principalmente debido a las explosiones que hacen que el agua se vuelva subterránea, debido al agrietamiento del lecho de rocas.

La gente de la región y las organizaciones regionales que están apoyándolos están pidiendo apoyo internacional. Ellos piden que personas en Bretaña, los Países Bajos y Alemania sepan lo que están haciendo las compañías establecidas en sus países - la destrucción medioambiental y abuso de los derechos de la gente de la región, que resultará de estos proyectos que a su vez ayudarán a acelerar el cambio del clima global haciendo disponibles enormes cantidades extras de carbón mediante la explotación. Los residentes de esos países necesitan presionar multinacionales involucradas en los proyectos de expansión en Zulia para que los abandonen.

Miners and Indigenous Peoples in Venezuela's Wild North-West

Richard Solly, Mines and Communities Network, London.

March 15th 2003

A confrontation is looming along the Colombian border of Venezuela: not a spillover from the conflict in Colombia, nor the continuing confrontation between the government of President Hugo Chavez and his opponents, but a struggle between huge foreign mining companies and the communities whose lives their plans will wreck. In fact, this struggle is one in which government and opposition find themselves on the same side because of devotion to big, cash-generating projects as a sign of 'progress'.

On the corporate side are London-based Anglo American plc, Ruhrkohl AG from Germany, and Inter-American Coal NV, based on the Caribbean island of Aruba, working together with Venezuelan state corporation Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Anglo American was deeply involved in support for the former apartheid state in South Africa and is currently profiting from forced relocations of Indigenous and African-descent communities in northern Colombia, where it is part of a consortium running the world's largest coal strip mine. The coal deposits being worked in the Colombian department of La Guajira come close to the surface again on the other side of the Sierra de Perija mountains, in the Venezuelan state of Zulia. Coal mining has been going on there for many years, but if the companies get their way it will soon be enormously expanded.

On the other side are dozens of Indigenous communities who stand to lose land and livelihood because of economic 'development' which they do not want and from which they will not benefit, fishing communities who will find their fishery disrupted by dredging and port construction, ecologists concerned about the impacts on regional air and water quality, and the more aware members of the public in the state capital, Maracaibo, whose drinking water comes largely from the very areas into which the mining companies are planning to expand.

I was present at a meeting in Campamento, on the Guajira Peninsula between the Colombian border and the Gulf of Venezuela, on December 13th 2002. Local Wayuu Indigenous communities had learnt that mining company Carbones de Guasare was planning to construct a huge new coal port at nearby Pararu and a railway line, cutting through at least twenty Wayuu villages, to bring coal from a new mine to be developed at Socuy, 80 kilometres to the south. Carbones de Guasare is owned by PDVSA through its local subsidiary Carbones de Zulia (CARBOZULIA), Ruhrkohl AG and Anglo American plc (through Anglo Coal). It had been telling each Wayuu community that the other communities had agreed to the project. Adelina Kambar, the Wayuu elder who had first discovered the presence of workers surveying the route of the proposed railway line, decided to promote unified resistance to the company's plans. The meeting in Campamento was called so that people could discover what members of other communities really wanted. It was attended by representatives from the Wayuu villages of Campamento, Wichepe, Miralejos, Sumaincaii and La Gloria and chaired by Isidro Fernandez of the Organizacion Indigena del Territorio Wayuu (OITEWA).

Community members said that they had not been consulted about the construction of the port or the railway. They pointed out that the recent Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela speaks of the rights of Indigenous Peoples, including the right to be consulted beforehand by any company that wishes to start projects on their land. The Campamento meeting was an emphatic rejection of plans for rail and port construction. Community members said they wanted to unite to fight the threat. Carbones de Guasare had been deliberately fomenting division.

Cristina Fernández, President of the Asociacion de Vecinos de Wichepe, said that the communities needed to unite and organise to raise the voice of protest. They must not be passive in the face of any company that violates their rights. If they were they would have to accept the consequences. Tiburcio Montiel, President of the Sociedad de Vecinos de Miralejos, said that even though coal was already being extracted, local communities were not receiving any royalties. They were not receiving employment either. In each community there were hundreds of unemployed, and mining had done nothing to improve the situation. Leticia Gonzales, representing the Sociedad de Vecinos de Sumaincaii, rejected the project. Her community had animals and pasturage and it was their right to continue their way of life as guaranteed by the constitution. She was used to her way of life, with her humble dwelling and her animals, and it was her right to continue it. Marcionilla Fernandez, representing the community of Wichepe, said that the community had organised to throw out the company's representatives. She said people should not be afraid: in unity there is strength. They had rejected the message of the company's representatives and maintained a radical position. Company representatives did everything possible to convince the community but the community organised and expelled them from the town. Other speakers expressed fears for animals' pasturage, for cemeteries and other sacred sites, for the maintenance of a way of life which they wanted to continue.

Professor Lusbi Portillo of the University of Zulia explained that Wayuu communities will be affected by two mines, Paso Diablo and Mina Norte. Paso Diablo is owned by Carbones del Guasare. It currently transports its coal from Santa Cruz de Mara, just north of the state capital, Maracaibo. Currently exporting seven million tonnes annually, Carbones del Guasare plans to increase exports to 18 million tonnes a year by developing a new mine at Socuy, to the south of Paso Diablo. Santa Cruz is too small to handle such a tonnage, which is why the company wants to construct a bigger port at Pararu and to close down Santa Cruz. The sea is not deep at Pararu, and there are turtles and an abundance of fish. To get big coal boats in the coal companies will have to dredge the bay, thus causing enormous destruction to marine life and the fishing economy, on which 36000 families depend.

Mina Norte is owned by Carbones de la Guajira, itself owned by CARBOZULIA and Inter-American Coal Holdings NV. Carbones de la Guajira produces 1.2 million tonnes of coal a year and exports it from El Bajo, a small port in the middle of a community to the south of Maracaibo in the municipality of San Francisco, and Palmarejo, to the south of El Bajo, which is the property of Corpozulia. Corpozulia belongs to the Ministry of Planning and Development (Planificacion y Desarollo). They need both ports. Carbones de la Guajira is considering opening another mine, Cachiri, to the south of Socuy, to increase its production to 4 million tonnes a year.

El Bajo and Palmarejo are far from the mines, so Carbones de la Guajira wants to construct a new port, Terminal Carbonero de San Bernardo, the first part of the enormous Puerto America project, at the mouth of the inlet leading from the Gulf of Venezuela to Lake Maracaibo, on former islands in the Municipality of Almirante Padilla. This will affect a tourist zone, in which tourism is controlled by local communities, and fisheries. The community in the area is a mixture of Wayuu and non-Indigenous people. The area is made up of the former islands of San Bernardo and San Carlos, which were joined together, and to the mainland, with materials dredged from the seabed during construction of the navigation channel to Santa Cruz de Mara.

The San Bernardo project will affect all the tourist potential of San Carlos and San Bernardo and is opposed by fishers. Shrimps and other species caught by fishers exist along the coast between the two planned ports. Shrimp travel from an area near Pararu along the coast into Lake Maracaibo and back, so the ports will affect the migration route of the shrimp. The whole area is very sensitive for marine life. Dredging and the presence of large boats will have a permanent effect on the fishery. At San Bernardo a platform in the sea is planned, and permanent dredging because the sea is so shallow. All the sand around the coast of the Gulf of Venezuela ends up round San Bernardo because of the prevailing currents, so dredging will have to be constant. Despite this, the project was approved by Dutch environmental engineering company Royal Haskoning in a study part-funded by the Dutch government.

Coal from mines in the department of Norte de Santander in Colombia is currently taken in lorries to the ports of Palmarejo and El Bajo in Venezuela. If bigger ports are constructed to the north, it will be too far to take this coal by lorry, and it will need to be transported by boat using the Rio Catatumbo and Lake Maracaibo. The Rio Catatumbo will be dredged as far up as Encontrados in Venezuela to facilitate coal transport, according to plans drawn up by Corpozulia. There will be coal dust pollution all along the river and across the lake.

At the moment, small boats take uncovered loads of coal to a huge boat called Bulk Wayuu anchored in the bay as a fixed platform or floating port. There is a similar boat in the channel by the port of El Bajo, anchored one kilometre off shore. This big boat comes and goes, but Bulk Wayuu stays where it is and big boats load from it. Boats carrying Colombia coal will need to unload at Bulk Wayuu.

San Bernardo will not be served by a railway but a road bridge may be constructed from the south over the bay between Maracaibo and San Bernardo. This will itself cause problems of dredging and coal dust pollution.

Professor Portillo is involved with Maracaibo-based ecological research and campaign group Homo et Natura. Group members told me that the problems posed by the mines and ports at present include the following:
1. Each week there are one or two accidents on the road involving coal trucks. Most of these accidents result in deaths, others in serious injuries. The lorries carry 45-50 tonnes of coal at a time. The roads are not good - they are very narrow. Lorries travel 24 hours a day, 365 days a year. Trucks travel too fast because drivers are paid per journey completed.
2. The lorries transporting coal are so heavy that they cause vibrations which crack the walls of houses along the way.
3. At the ports of Santa Cruz and El Bajo, there are dwellings close by. They are affected by coal dust, which enters houses, the air, water, people's lungs.
4. Open pit mining causes deforestation. This affects the hydrology of the whole area. The Rio Paso Diablo has almost disappeared. Other small rivers have also disappeared or been polluted with heavy metals. Heavy metals also pollute subterranean water. Explosions at the mines fracture the rock and cause the water table to sink deeper.

Dr Hebert Chacon, a Wayuu councillor in the municipality of Paez, where the port of Pararu is to be built, says that when Mina Norte was being constructed, the company promised local communities 2000 jobs. They actually produced 60 jobs for local people, of which 10 went to Wayuu people. No benefits have come from mining to the local community - just ecological destruction. In contrast to the 36000 livelihoods in fishing which could be lost if port construction goes ahead, Mina Norte employs a total of 240 people. The port of San Bernardo will employ a maximum of 150 people, mostly educated and trained. Paso Diablo currently employs 1300 people.

Dr Chacon admitted that there are Wayuu people who support the proposed projects. While the traditional Wayuu-speaking communities are against them, the more acculturated communities can only see unemployment around them and believe the company's promises of jobs - despite the fact that evidence to date suggests the promises will prove vacuous. But opponents include many others in the west of Zulia because the effects on water supply and water quality will be so damaging. Wayuu traditionalists have found allies in ecological organisations in Maracaibo and Church and human rights organisations at national as well as regional levels.

The two existing and three planned coal mines affecting the Wayuu are all within the same river basin. Three of the rivers that rise in the Sierra de Perija - the Guasare, the Cachiri and the Socuy - join to form the El Limon, which flows into the sea close to San Carlos/San Bernardo. On the Rios Socuy and Cachiri there are reservoirs which supply the two million inhabitants of Maracaibo and many other people in northern Zulia with drinking water. The planned mines are above these reservoirs. All the rivers which flow into Lake Maracaibo from the west rise in the Sierra de Perija and all will be affected by mining if all the concessions are exploited. The Rio Guasare had a flow of 30000 litres a second in 1973 according to a report from the Venezuelan Ministry of Environment. Now it is down to about 10000 litres a second because of mining: partly because of deforestation but mostly because of blasting, which causes water to go further down into the earth because of the cracking of the bedrock.

Local people and the regional organisations which are supporting them are calling for international support. They want people in Britain, the Netherlands and Germany to be aware of what companies based in their countries are doing - the environmental destruction and abuse of local people's rights which will result from a project which will at the same time help to increase the rate of global climate change by making available enormous extra quantities of coal. Residents of those countries need to pressure multinationals involved in the expansion projects in Zulia to abandon them.