Mining Transnational asking one million dollars in damages
Published by MAC on 2005-01-10
Canada's Ascendant mining company is sueing the Ecuadorian Intag newspaper for its criticisms.
Chapter 2 in Ascendant's slander suit against INTAG, a community newspaper: Mining Transnational asking one million dollars in damages
By Mary Ellen Fieweger - Editor, INTAG NEWSPAPER
10th January 2005
Ascendant Exploration, the Canadian mining company eager to begin copper production in Intag, has just opened a new chapter in its libel suit against periódico INTAG. The suit, filed in September, was sent to a criminal court in Ibarra in December. The mining transnational claims that damages suffered at the hands of our community newspaper come to a cool million dollars, and the company is also asking that we pay legal fees and court costs. As those of you who have checked out Ascendant's web site know, the company is very proud of its concern for the "human factor," which no doubt explains why John Bolaños Moreano, the mining company's representative, chose to begin criminal proceedings against INTAG two days before Christmas.
In his complaint, Mr. Bolaños argues that the company has taken this step because INTAG neglected to respond to its request for certified copies of the issue containing statements allegedly damaging to the company, and for information about the identify of the author of the article in question.
Said article appears on pages 1 and 2 of the July 2004 issue of INTAG. The title (the English equivalent) is: County Authorities and Community Organizations Meet with the National Director of Mines". The author is José Rivera, and his name appears right there, under the headline, on page 1.
We did not respond to the September 10, 2004 summons to appear in court simply because we never received the summons from the court in question. Instead, we found out that we are being sued because Ascendant sent us a copy of the complaint by mail.
But the major issue here is: What does Ascendant find offensive about the article cited? As far as we can tell, they are displeased that José reported what people at the meeting said. Among those whose statements are quoted and/or paraphrased, are the National Director of Mining, the lawyer for Cotacachi County, a parish authority, the mayor of Cotacachi, and a series of residents who provided statements on the company's activities in their communities. José attributes all statements to their respective source.
It appears that Ascendant has little use for freedom of expression, a right guaranteed by the constitution and laws of virtually every country in the world, including Ecuador (and Canada).
So, friends of Intag, and of periódico INTAG, we are once again in need of letters of support. Below are the addresses of Ascendant's CEO Christopher Werner and its president Paul Grist. When you write, please also send a copy of your letter to us at intag2001@yahoo.com For those of you who wrote back in October when this legal process began, would you mind doing so again? Something like this will do:
"Just a little note to say that I wrote to you back in October about this. I can't believe you're pursuing what is clearly a harassment suit. Shame on you." And send a copy of this to us as well.
And, if you've been following the Ascendant saga at this address or on the new English language online version of INTAG (www.intagnewspaper.org) you know that the mining company wants to raise money by going public, listing itself on the Toronto Stock Exchange. By sending a copy of your Ascendant letter to Francis Manns, the person in charge of Compliance and Disclosure for the Toronto Stock Exchange, you may raise a few eyebrows and also perhaps bring on some second thoughts about Ascendant's ethics.
Thank you all from the bottom of our collective heart. And we hope your new year is filled with peace and solidarity.
Mary Ellen Fieweger Editor, INTAG
Addresses for letters:
Christopher Werner cw@ascendantholdings.com
Paul Grist República del Salvador N34-183 Torre Azul, 3rd floor Quito, Ecuador info@ascendantexploration.com
Francis Manns, Ph.D. Compliance and Disclosure Toronto Stock Exchange Francis.Manns@tsx.com
Capítulo 2 en la demanda contra INTAG, un periódico comunitario TRANSNACIONAL MINERA PIDE UN MILLÓN DE DÓLARES EN DAÑOS Y PERJUICIOS
Por Mary Ellen Fieweger - Editora del periódico comunitario INTAG
La minera canadiense Ascendant Exploration, cuyo afán es explotar un yacimiento de cobre en la zona de Intag, acaba de abrir un nuevo capítulo en su juicio por injurias calumniosas contra el periódico INTAG, un medio escrito comunitario.
Un poco de contexto: Los moradores y moradoras de la zona de Intag ya llevan más de ocho años luchando para que la minería no se dé in nuestros bosques y fincas. En 1997 se logró echar a Bishimetals, subsidiaria de la Mitsubishi, una de las transnacionales más grandes del mundo. Luego, en 2002, el Ministerio de Energía y Minas subastó la misma concesión a Roque Bustamante, un traficante de concesiones mineras, pese al rechazo de las siete juntas parroquiales de la zona, el alcalde de Cotacachi Auki Tituaña, todos los/as miembros el Concejo Municipal, más de 20 organizaciones de base y casi todas las comunidades de Intag. Acto seguido, el señor Bustamante vendió sus derechos a una transnacional minera, Ascendant Exploration, empresa canadiense con un pintoresco y preocupante equipo: los guardaespaldas del ex diputado Ronald Andrade que andan siempre con las armas a la vista y que han agredido a líderes comunitarios; el mismo Andrade cuya transformación de ciudadano de medios modestos en hombre super rico durante su tiempo en el Congreso Nacional fue cuestionada en la prensa nacional; el general (r) César Villacís, graduado de la Escuela de las Américas, que ha dicho públicamente que existe "un triángulo de subversión" conformado por defensores de derechos humanos, indígenas y trabajadores; al capitán (r) Nelson Moreno, otro militar que se identificó como miembro de la "Comisión Anti corrupción" en una asamblea pero quien parece ser el encargado de la maquinaria de la minera. Según las denuncias que nos han llegado y los acontecimientos que hemos presenciado, estos personajes no dudan en utilizar toda herramienta, incluso amenazas de muerte, violencia, chantaje y la compra de conciencias. Una arma preferida es el juicio malicioso contra personas que expresan su desacuerdo con la minería. De hecho, con este juicio contra la editora del periódico, Ascendant ya ha puesto en marcha cuatro demandas: dos contra el líder comunitario Polibio Pérez (una por la supuesta tala ilegal de árboles, acusación que fue desechada por los inspectores del Ministerio del Ambiente y otra por supuestas injurias contra la minera durante una entrevista en Radio La Luna) y una contra el abogado del Centro de Derechos Económicos y Sociales José Serrano (por la misma entrevista con Radio La Luna).
La demanda contra el periódico INTAG, iniciada en septiembre en la fiscalía de Imbabura, fue enviada a la corte penal de Ibarra hace unos diez días. La transnacional dice que los daños sufridos a manos de nuestro periódico comunitario les han costado nada más ni nada menos que un millón de dólares estadounidenses, y la empresa pide además que paguemos los costos de representación y del proceso legal. En su página Web, la Ascendant se jacta de su preocupación por el "factor humano". Seguramente esto explica porqué John Bolaños Moreano, representante de la minera, decidió iniciar el proceso penal contra la editora del periódico INTAG dos días antes de la Navidad.
En su demanda, el señor Bolaños afirma que la compañía ha tomado este paso porque INTAG no respondió a su solicitud para copias certificadas de la edición en que consta el artículo supuestamente perjudicial para la compañía, y para información sobre la identidad del autor del artículo supuestamente ofensivo.
Dicho artículo aparece en las páginas 1 y 2 del número de julio 2004 de INTAG. El titular es: "Las autoridades cantonales y organizaciones de base inteñas se reúnen con el director nacional de Minería". La minera ya tiene por lo menos una copia de esta edición porque nos mandó fotocopias del artículo en cuestión. Y, el nombre del autor está allí debajo del título; se llama José Rivera.
Pero aunque nos pareció tendenciosa la demanda de la Ascendant, hubiéramos acudido a la oficina del fiscal con los documentos solicitados si nos habría citado el señor fiscal. Pero eso nunca pasó, pese a que la dirección de nuestra oficina en Apuela consta en cada número del periódico. De hecho, supimos de la existencia de la demanda porque la Ascendant nos mandó una copia del expediente por correo certificado. La encontramos en nuestra casilla postal en Otavalo el 24 de septiembre.
Pero el meollo de este asunto es: ¿Qué es lo que le ofende a la Ascendant en cuanto al artículo indicado? Aparentemente, no le gusta que José Rivera haya informado sobre lo que dijeron las personas presentes en la reunión en que se base el artículo. Entre lo reportado, se citan o se parafrasean las palabras del director nacional de Minería, el abogado del cantón Cotacachi, el presidente de la junta parroquial de Plaza Gutiérrez, el alcalde de Cotacachi y varios moradores y líderes comunitarios. José atribuye cada afirmación a su respectiva fuente.
O sea, aparentemente, le molesta a la Ascendant que el periódico INTAG haya ejercido su derecho a la libertad de expresión, y dado espacio a la comunidad inteña en contra de la minería, para que se exprese y denuncie los atropellos de la empresa minera.
Así que, una vez más, amigos y amigas de la zona de Intag, y del periódico INTAG, les pedimos que nos ayuden a difundir este nuevo atropello contra el periódico INTAG. Pueden difundir este boletín, utilizar los datos mencionados para elaborar una nota para otros medios de comunicación y/o escribir una carta de protesta a los jefes de Ascendant, cuyas direcciones electrónicas y terrestres aparecen a continuación. Pedimos además que nos manden al periódico INTAG una nota sobre cualquier paso tomado, y también una copia de cartas o artículos u otros documentos elaborados. Nuestra dirección es (intag2001@yahoo.com) Y si les podemos ayudar con mayor detalles, favor escríbenos, siempre tomando en cuenta que una respuesta no será instantánea porque solo tenemos acceso a correo electrónico al salir a Otavalo o Quito.
Y si están siguiendo la saga de la lucha contra Ascendant en nuestra página Web (inglés: www.intagnewspaper.org) o la página Web de la DECOIN (www.decoin.org), saben que la minera quiere reunir dinero para iniciar la minería en Intag mediante una oferta pública de acciones a través de la bolsa de Toronto. Así que, mande su carta también a la señora encargada de investigar la trayectoria moral y ética de empresas mineras antes de permitir que aparezcan en la Toronto Stock Exchange; incluimos su correo electrónica abajo.
Finalmente, este juicio significa el gasto de recursos que, francamente, no tenemos. Así que, si quiere contribuir económicamente a nuestra defensa, favor mándenos un cheque girado a favor del Periódico INTAG. Dirección: Periódico INTAG, Casilla 211, Otavalo-Imbabura, Ecuador. También puede apoyarnos mediante una suscripción a la versión impresa en español. Dentro del país, el costo de 12 números es de $20,00; suscripciones en el exterior cuestan $45,00.
Mil gracias desde el corazón colectivo de las personas que hacemos el periódico INTAG: Y que tengan un año nuevo lleno de paz y solidaridad.
Mary Ellen Fieweger Editora, INTAG
Direcciones:
Christopher Werner cw@ascendantholdings.com
Paul Grist República del Salvador N34-183 Torre Azul, 3rd floor Quito, Ecuador info@ascendantexploration.com
Francis Manns, Ph.D. Compliance and Disclosure Toronto Stock Exchange Francis.Manns@tsx.com
ASCENDANT DROPS MILLION DOLLAR LIBEL SUIT AGAINST PERIODICO INTAG
Press release - Intag Newspaper
March 5 2005
Transnational mining company Ascendant Exploration has dropped its lawsuit against Periódico INTAG. INTAG is a small community newspaper based in the sub tropical region of Cotacachi County, Imbabura Province.
Paul Grist, Ascendant president, requested an out-of-court settlement the day before the first hearing. Negotiations and the final decision took place during that hearing on Mary 10, in Criminal Court in Ibarra, capital of Ecuador.
Since Ascendant announced that it was suing INTAG’s editor for a million dollars, for damages allegedlyffered as a result of articles published in our pages, INTAG and friends/organizations launched a national and international campaign to inform people in Ecuador and the world about this attempt by a transnational mining company to silence the voices of INTAG’s contributors, most of whom are peasants from Intag. As a result, the president and CEO of Ascendant, as well as government officials, were inundated with hundreds of letters and hundreds of signatures on petitions, from people outraged by this violation of freedom of expression, a right guaranteed in the constitutions and laws of just about every country in the world.
Because INTAG exists for and is written by members of organizations and residents of Intag, the decision to accept Ascendant’s offer to “reconcile” and the content of the agreement finally reached, were worked out in a collective fashion by representatives of grassroots organizations present at the hearing, including the president of the Assembly for County Unity, the president of DECOIN, a member of the Young People’s Coordinating Committee of Cotacachi, members of INTAG’s team, and representatives of Hermanos Muñoz, a foundation that is currently setting up a community library in Intag. Negotiators were advised by Dr. Edgar Merlo, the newspaper’s lawyer, and Dr. José Serrano, the lawyer from the Center for Economic and Social Rights who is presenting the case for the illegality of the mining concessions in Junín to the Interamerican Human Rights Commission. Ascendant, you will remember, is interested in mining the copper under the forests and farms of Junín, and it is the position of residents and county government and grassroots organizations, that the government of Ecuador violated the constitution in auctioning off those concessions because they did so without consulting the people who will be directly affected by a copper mine in their backyards and forests.
The company’s decision to drop the case appears to be an implicit recognition (if only subconsciously) that they chose an inappropriate tactic, one destined to criminalize the struggle to defend the natural world and the rights of people who live in areas like Intag, a struggle that, in the end, is being carried out on behalf of all humankind given that we depend, now more than ever, on the integrity of the remaining forests and water sources to assure the survival and well being of future generations.
According to Dr. Serrano, this victory “is only the first step. What we hope for is not only to dismiss doubts raised about the real motives of people who, in the struggle, face daily threats resulting from their defense of their rights. Our final goal is to reveal how government authorities and the corporations they work with violate fundamental rights guaranteed in our constitution and in international treaties to which Ecuador is a party. And we want the persons responsible for these violations to be identified and punished. This is the major point the people of Cotacachi and Intag have been making, and this is their priority for the future.
SE ARCHIVA JUICIO CONTRA EL PERIODICO INTAG
5 de marzo de 05
Periódico Intag. Comunicado de prensa
La empresa Ascendant Exploration ha desistido en su juicio contra el periódico INTAG, con sede en la zona subtropical del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Una solución extra judicial fue propuesta al último momento por parte del presidente de la Ascendant Exploration, Paul Grist. Las negociaciones y la decisión final se dieron durante una audiencia de reconciliación celebrada en la Primera Sala de lo Penal en la ciudad de Ibarra el 10 de marzo.
Desde el anuncio en diciembre de la demanda interpuesta contra la editora del periódico INTAG por la minera por un millón de dólares por daños y perjuicios debido a supuestas injurias maliciosas encontradas en las páginas del periódico, el rotativo y organizaciones amigas lanzaron una campaña nacional e internacional para informar a la gente del Ecuador y el mundo de este intento por parte de una transnacional minera de silenciar las voces de los y las colaboradores del periódico INTAG, la gran parte de ellos campesinos y campesinas de la zona. Como consecuencia, tanto los ejecutivos de la empresa como las autoridades del Estado recibieron centenares de cartas y firmas en peticiones de personas radicadas en más de 30 países, expresando su rechazo e indignación por este atentado contra el derecho de libertad de expresión consagrado en las constituciones y leyes de prácticamente todos los países del mundo.
Puesto que el periódico INTAG existe por y para las organizaciones y comuneras y comuneros que colaboran con nuestro medio comunitario, la decisión de acceder a la petición de la minera fue tomada en forma colectiva durante la audiencia. En el análisis de la propuesta participaron el presidente de la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, la presidenta de Defensa y Conservación de Intag, una integrante de la directiva de la Coordinadora de Jóvenes Urbanos de Cotacachi, miembros del equipo del periódico INTAG, y representantes de la Fundación Hermanos Muñoz. Este grupo fue asesorado por el doctor Edgar Merlo, abogado defensor del periódico INTAG, y el doctor José Serrano, abogado del Centro de Derechos Económicos y Sociales encargado con la presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la ilegalidad de las concesiones mineras en Junín en donde la Ascendant quiere explotar los yacimientos de cobre que se encuentran debajo de las fincas y bosques de Junín.
La decisión de la compañía de no proseguir con este juicio se podría interpretar como un implícito reconocimiento de lo errado de tácticas prepotentes de esta naturaleza, cuyo único fin es criminalizar la lucha por la defensa de la naturaleza y de los derechos de personas que viven en zonas como la de Intag, una defensa, al fin y al cabo, a favor de toda la humanidad que depende, ahora más que nunca, de la integridad de los bosques y fuentes de agua para asegurar la supervivencia y bienestar de futuras generaciones.
Al comentar sobre esta victoria, el doctor Serrano enfatizó que “esto es solo el primer paso. Lo que se pretende es no solamente despejar las dudas que se arman en contra de ciudadanos y ciudadanas que se enfrentan a los atropellos que resultan de la defensa de sus derechos, sino establecer cómo las autoridades de gobierno y sus contratistas han violentado los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y en tratados internacionales, y al mismo tiempo exigir que se establezcan responsables y que sancionen los culpables. Es en este punto que el pueblo de Cotacachi e Intag ha argumentado y fundamentado sus prioridades a futuro”.