SOY TESTIGO

SOY TESTIGO
Por: Armando Pérez Araújo*

No es posible realizar una tarea, como ésta de relatar un testimonio triste y doloroso, con la tranquilidad y ánimo necesarios, prescindiendo de la rabia y decepción que nos produce saber que nos estamos alejando conscientemente de la Paz, en forma miserable y estúpida.

Algunas cosas ocurrieron en nuestro país, en términos de generación inicial de la violencia, cuando aún no se calculaba y cuantificaba bien el resultado, al parecer imprevisible en ese momento de la historia, de esas iniciativas generadoras de la guerra. Es igual a afirmar que aquellos eran una especie de agentes inocentes de la violencia que hoy nos aparece cruel, incontenible y generalizada en Colombia.

Imprudentes, imprevisivos, responsables o no de los dramáticos extremos de la guerra de ayer y hoy, esas personas, las de aquellas épocas, autoridades o simples actores comunes y corrientes de la guerra, resultan siendo unos ángeles celestiales, comparados con quienes en forma sistemática e inteligente, conscientes y previsivos, prohíjan actos como los que les vienen ocurriendo a las familias frágiles e indefensas del corregimiento de Tabaco, municipio de Hatonuevo, departamento de la Guajira, utilizando herramientas modernas de la guerra sucia como consecuencia de la increíble manipulación de los poderes del estado, especialmente de la rama judicial, o de una gran parte de la rama judicial, para ser más exactos.

Soy testigo, por ejemplo, de cómo la empresa norteamericana Intercor, ahora asociada con cuatro de las diez mineras más poderosas del universo (Billiton-BHP, Anglo American y Glencore) organizaron y planificaron, con el concurso activo y omisivo del gobierno, un ataque brutal, naturalmente desproporcionado, a la dignidad y el patrimonio de las familias campesinas del citado corregimiento guajiro. El auxilio efectivo y valioso de una juez de la república, retorciendo el claro significado de la ley en materia de expropiación judicial, conjuntamente con el también valioso concurso de más de quinientos hombres de la fuerza pública, hicieron posible la quiebra de la esperanza y la fe en las autoridades y la ley por parte de la opinión pública de la Guajira que no olvidará los hechos ocurridos el nueve y diez de Agosto del presente año en Tabaco.

Soy testigo, además, que el presidente de la estatal Carbocol, un prestigioso hijo de éste departamento y miembro muy apreciado del partido de gobierno, obtuvo permiso por tres días para retirarse de esa dignidad, precisamente para no estar en el cargo durante la fecha en que se autorizaba la solicitud de expropiación de un pedazo de tierra denominado Tabaco, haciendo abstracción fraudulenta, desde el punto de vista procesal y social, de la realidad político administrativa de ese corregimiento del municipio de Hatonuevo. Es decir, ocultando que se solicitaba la expropiación de un territorio guajiro poblado, con todas las connotaciones urbanísticas de estos poblados: calles, parques, templo católico, puesto de salud, oficina de Telecom, corregiduría, y, por supuesto, un centenar de viviendas ocupadas por seres humanos, que muchas veces salieron a votar llenos de ilusión por el hoy presidente de Carbocol y por el mismo presidente de los colombianos.

Y soy testigo también del histórico patrocinio jurídico de la diócesis de Riohacha a los intereses de las empresas mineras, a sabiendas que se les estaba propinando un golpe bajo a las comunidades. En el caso de Tabaco, lo mismo que ocurrió con Manantial y Oreganal, participaron sacerdotes de la Iglesia Católica, con el apoyo cómplice o encubridor de obispos, siempre alejados de los dictados evangélicos cristianos, y de las nuevas tendencias de la Iglesia universal.

En aquella época del desplazamiento forzado de Manantial, el templo de propiedad comunal fue vendido por la diócesis a Intercor, por ochocientos mil pesos, y la virgen de Fátima, secuestrada por la Policía Nacional e Intercor, reposa como un trofeo de la minería en la Capilla de la empresa norteamericana en Albania.

San Martín de Porres, el símbolo peruano de la Iglesia y de la Justicia Social, patrono de los habitantes de Tabaco, trofeo del cura Marcelo Graciosi, de la juez Martínez Padilla y de Intercor, está en manos de la Policía, luego de los heréticos y vulgares episodios contra el templo de Tabaco y la imagen del santo católico. La diferencia entre lo ocurrido en Manantial y Tabaco es simplemente en el terreno del vulgar precio, porque Graciosi negoció por treinta y ocho millones de pesos, convirtiendo de esa forma el antes refugio religioso en una cueva donde se acomodaron el nueve de Agosto civiles armados del cuerpo de seguridad de la empresa Intercor, convertida ahora dueña del edificio, para preparar el ataque a la comunidad.

También soy testigo de que después de los últimos hechos de Tabaco, periodistas e intelectuales, líderes sociales, universitarios, personas sin academia ni pergaminos, indígenas y campesinos de la Guajira, han adquirido un inusitado y valioso grado de sensibilidad social y jurídica sobre los tópicos negativos de la minería, que hace que la alerta en la Guajira se encienda para detener la marcha al abismo y rectificar el camino de la desinformación y la mal información entregada a la sociedad a través de cocteles y paseos y toda clase de estrategias publicitarias.